Manuel Carlos Canseco Alarcon

Expediente 876/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
876/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
27/09/2017

Partes del expediente

  • Manuel Carlos Canseco Alarcon

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y en virtud de que la certificación que antecede, asentada por el Secretario de este Juzgado Federal, se advierte que la parte promovente de amparo, no interpuso recurso de queja en contra del proveído de once de septiembre de dos mil diecisiete, de conformidad con el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, dentro del término concedido en el numeral 98 de la Ley en cita, proveído en el cual SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por ***; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en relación con su numeral 2°, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por tanto, ARCHÍVESE el presente Juicio de Amparo, por tratarse de un asunto concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de la Materia. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio de amparo se desechó de plano la demanda de amparo promovida, éste expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse archivado.

  2. Principal

    Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, contra actos que reclama de la Cámara de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, todos con sede en la Ciudad de México; actos que estima violatorio de los derechos que se encuentran consagrados en los artículos 1, 3, 4, 13, 16, 25, 26, 27, 28, 31 fracción IV, 81 fracción I, 123 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivamente, bajo el número 876/2017-I.2, anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias referentes para la integración del expediente electrónico, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado Federal. En la inteligencia que el expediente electrónico estará a disposición de las partes tan pronto como el Consejo de la Judicatura Federal desarrolle los requerimientos técnicos indicados en el artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, así como lo dispuesto por el diverso Acuerdo 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una vez analizada la demanda promovida, de conformidad con lo que establece el artículo 113 de la Ley de Amparo, se obtiene que la misma resulta improcedente, por lo que procede desecharla. El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dice: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En el caso, del análisis pormenorizado de la demanda de amparo, se desprende que el promovente Manuel Carlos Canseco Alarcón, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que reclama de la siguiente manera: Se reclama la mecánica que se aplicó para la retención del Impuesto Sobre la Renta; señalando de manera conjunta como actos reclamados el artículo 93, fracción IV y V de la Ley del Impuesto sobre la Renta en vigor a partir del 1 de enero de 2014. Así mismo reclamo la inconstitucionalidad del artículo 155 de la misma ley del Impuesto sobre la Renta. En específico, de cada autoridad responsable reclamo los siguientes actos: A. De la Cámara de Diputados y de la de Senadores, del H. Congreso de la Unión: a. La discusión, aprobación y expedición del decreto por el que se expide la Ley del Impuesto Sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2013, concretamente el artículo 93, fracciones IV y V y 155 de dicha Ley. B. Del C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos se reclama la promulgación de la ley identificada en el apartado anterior. C. Del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, se reclama la aplicación de los artículos 93, fracciones IV y V de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y 165 de su reglamento. Precisión que encuentra apoyo en las Jurisprudencias siguientes: Jurisprudencia 55/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, agosto de 1998, Materia Común, página 227, del tenor literal siguiente: ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo. Jurisprudencia 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Materia Común, página 32, de rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Luego entonces, sostiene la quejosa en el apartado designado como PROCEDENCIA DE LA VIA lo siguiente: Previo a desarrollar los conceptos de violación mediante los cuales se demuestra la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de las normas impugnadas, es preciso recordar que, en el caso, el suscrito quejoso, reclama los artículos 93, fracciones IV y V y 155 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en el año 2016, por virtud de su primer acto de aplicación. Al respecto, el artículo 107, fracción I de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril del año 2013, establece que el amparo indirecto procede en contra de normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación causen perjuicio a la quejosa. En este orden de ideas, conforme a lo manifestado en la presente demanda de garantías, es evidente que dicho plazo debe computarse a partir del día siguiente al en que tuve pleno conocimiento de la aplicación de las normas reclamadas, es decir a partir del 20 de abril de 2017, fecha en la cual a través de la página de internet www.sat.gob.mx, en la pestaña de trámites, apartado de declaraciones, el sistema del Servicio de Administración Tributaria realizó el cálculo correspondiente a mis ingresos por jubilación y determinó un impuesto a pagar. Luego entonces, la quejosa señala en su demanda de garantías que fue sabedora del acto reclamado el día veinte de abril de dos mil diecisiete. En este orden, tomando en cuenta la fecha en que la quejosa se hizo sabedora del acto reclamado; el término de quince días para promover la demanda de amparo inicio a computarse precisamente a partir del veintiuno de abril al quince de mayo de dos mil diecisiete. De lo anterior expuesto, se advierte que en la especie se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, lo cual trae como corolario desechar de plano la demanda en estudio, por su notoria e indudable improcedencia, acorde con lo establecido por el numeral 113 del mismo ordenamiento legal antes citado; toda vez que la demanda de amparo fue presentada, en forma extemporánea a los quince días a que se refiere el segundo de los preceptos legales invocados y con ello consentida, conforme al primero de los mencionados artículos; ya que fue el siete de septiembre del presente año en que presentó su demanda de amparo en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad. Es aplicable la jurisprudencia J/7, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Julio de 2005, Página 1035, cuyo contenido es el siguiente: DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN CUANDO EL QUEJOSO MANIFIESTA EXPRESAMENTE LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO.- El artículo 21 de la Ley de Amparo contempla tres supuestos para fijar el término de quince días con que cuenta el quejoso para presentar la demanda de garantías; a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o acuerdo que reclame, conforme a la ley del acto; b) A partir del día siguiente a la fecha en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; y c) A partir del día siguiente a la fecha en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Para el caso concreto del último supuesto, éste se actualiza, entre otras formas, cuando el agraviado presenta ante la autoridad responsable un escrito, sin fecha precisa, mediante el cual solicita se le tenga por notificado del acto que posteriormente reclama en amparo; sin que sea acertada la pretensión de que la manifestación de la voluntad así exteriorizada, sólo cobre eficacia hasta una vez que se dicta el proveído correspondiente a dicha petición. En ese tenor, no puede computarse a partir del proveído de referencia, el término correspondiente para la presentación de la demanda, aunado a que el supuesto que se estima actualizado, dispone que éste empieza a computarse a partir del día siguiente al en que la parte quejosa se haya ostentado sabedora del acto o, en su caso, el día en que aparece fechado tal ocurso, al ser ello lo que refleja la manifestación inequívoca de su parte, acerca del conocimiento pleno del acto, sin soslayarse que con tal manifestación, el propio interesado hizo a un lado los requisitos que debía reunir la notificación del acto conforme a la ley de la materia. Así como la diversa tesis del Semanario Judicial de la Federación, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo XIII-Enero, Octava Época, consultable a página 201, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 6° Transitorio de la Ley de Amparo Vigente, ya que su contenido no se opone en lo sustancial con el citado cuerpo de leyes, cuyo tenor literal es el siguiente: DEMANDA DE AMPARO, PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA. CASOS EN QUE SE PUEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO AUN CUANDO NO ESTA COMPROBADA LA NOTIFICACIÓN FORMAL DEL ACTO RECLAMADO AL QUEJOSO. Para sobreseer en el juicio de amparo con base en la causal prevista en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, no es necesario exigir que esté probada la notificación formal del acto reclamado al quejoso, sino que basta la prueba plena de que éste tuvo conocimiento de su existencia para que, a partir del día siguiente a la fecha de tal conocimiento, se inicie el cómputo de los quince días a que se refiere el artículo 21 del ordenamiento legal en cita, conforme a esa propia disposición. Lo anterior, es así toda vez que el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, textualmente dice: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Esto es, del contenido de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se obtiene que, entre otras hipótesis, el término de quince días para promover el juicio de amparo, empezará a computarse a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame ( o incluso al día siguiente, en que se haga sabedor del acto); y del diverso numeral 61 fracción XIV, se desprende que, para el caso de no promoverse el juicio de amparo dentro del término a que se refiere el indicado artículo 17, se tendrán por consentidos tácitamente los actos reclamados. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, en razón de que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, y por ende, el promovente consintió el acto reclamado, siendo así que se considera que tácitamente es una consecuencia lógica y jurídica, puesto que el término para la promoción de la demanda de amparo inició a correr como se dijo, a partir del veintiuno de abril de dos mil diecisiete, concluyendo el quince de mayo siguiente. Por todo ello, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia establecida en el artículo 61 fracción XIV, en relación con el diverso numeral 17, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que NO SE PROMOVIÓ el juicio de amparo dentro del término de quince días que al efecto señala el segundo de los preceptos legales invocados; se desecha la demanda promovida por ***. Es aplicable la Tesis consultable en la página 235, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, Junio de 1993, Octava Época, Materia Común, instancia de los Tribunales Colegiados de Circuito; de epígrafe y contenido siguiente: ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita. Y por lo que informa, en su parte conducente, la Jurisprudencia número 27/96, obtenida de la Contradicción de Tesis número 30/94, entre las sustentadas por el Primero y Segundo Tribunales Colegiados del Décimo Primer Circuito, visible en la página 57, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Junio de 1996, Novena Época, Materia Común, instancia del Pleno; cuyo rubro y texto a la letra dicen: DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." (El subrayado es de este Juzgado de la Federación). Es de precisarse que son aplicables las tesis invocadas, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 6° Transitorio de la Ley de Amparo Vigente, ya que su contenido no se opone en lo sustancial con el citado cuerpo de leyes, que dice: SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. Ahora bien, en razón de que el promovente señala lo que denominó como los estrados de este Tribunal para recibir notificaciones de carácter personal, siendo que éstos no constituyen un domicilio propiamente dicho, hasta en tanto se dé cumplimiento a lo establecido en el artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo, la notificación de este auto y las subsecuentes que tengan ese carácter practíquense a la promovente por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este Juzgado de la Federación, conforme a las reglas que al efecto establece el diverso numeral 29 de la invocada Ley. Finalmente, téngase como autorizados del peticionario de amparo en términos restringidos a ***, en virtud de que no tienen debidamente registrada su cédula profesional en la base de datos que se configuró en cumplimiento al acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias; esto último con fundamento el artículo 21 tercer párrafo, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece.

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