Manuel Candelario Chavez Hernandez

Expediente 138/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
138/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
28/03/2022

Partes del expediente

  • Manuel Candelario Chavez Hernandez

Actuaciones

  1. Principal

    I-Visto el contenido de la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que señala el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que se hubiese recurrido el auto de siete de marzo de dos mil veintidós, mediante el cual este juzgado desechó la demanda de amparo, promovida por Manuel Candelario Chávez Hernández; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente por disposición expresa del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, carátula del presente cuaderno, y en su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En consecuencia, en cumplimiento al artículo 21, inciso b) del Capítulo Octavo, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción después de los tres años siguientes a partir del presente acuerdo. Asimismo, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de valor jurídico o histórico y al no considerarse de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 15 del Capítulo Quinto, del citado acuerdo. Finalmente, vista la certificaron de cuenta, se advierte que el presente expediente no contiene documentos originales que deban ser recogidos por la parte promovente. Notifíquese por lista a la parte promovente.

  2. Principal

    I-ANOTACIONES Vista la demanda de amparo de cuenta en la que Manuel Candelario Chávez Hernández, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama de la Sala Constitucional con competencia temporal en materia civil y mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado en Chetumal, Quintana Roo, con residencia en esta ciudad. Con la demanda de que se trata, se ordena formar expediente, registrarlo en el Libro de Gobierno bajo el número 138/2022-I-B. En primer término, debe destacarse el contenido del artículo 112 de la Ley de Amparo, mismo que establece: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite." En ese contexto, el ordinal transcrito impone que dentro del plazo de veinticuatro horas el órgano jurisdiccional deberá resolver si la demanda de amparo es susceptible de desecharse, prevenirse o admitirse. DESECHAMIENTO. Ahora bien, el suscrito procede al estudio de la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Para lograr tal propósito es necesario precisar el acto que se controvierte y demás presupuestos procesales que hacen, en caso de actualizarse, procedente el juicio. Ello mediante el análisis integral de la demanda de amparo a efecto de determinar la intención de la parte promovente, en términos del criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 55/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, Agosto de 1998, página 227, del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo". Igualmente debe tenerse en cuenta que tal determinación ha de realizarse prescindiendo de los calificativos y apreciaciones valorativas que la parte quejosa les atribuya, pues esto último corresponde a la evaluación de los actos reclamados que dicha parte interesada efectuó, a la cual no se encuentra vinculado el juez de amparo, en tanto que su función jurisdiccional implica efectuar el análisis correspondiente. Es aplicable, el criterio contenido en la jurisprudencia 9 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima época, tomo VI, Apéndice 2000, página 11, que dispone: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACIÓN SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD. Si al enunciarse los actos reclamados se formulan apreciaciones valorativas sobre ellos, las mismas no deben de tomarse en consideración al estudiar el problema de la existencia de dichos actos, puesto que tales observaciones se refieren al fondo del asunto y su análisis procederá en el supuesto de que, al no presentarse ninguna causal de improcedencia, se tenga que entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos". Así, el análisis integral del ocurso de demanda, pone de manifiesto que el promovente comparece a la presente instancia constitucional a reclamar: "De la autoridad responsable se reclama, el considerando quinto y resolutivos primero I, segundo II, tercero III y cuarto IV, de la sentencia interlocutoria dictada con fecha 18 de febrero, del año 2022, dentro del toca civil número 60/2021." Además, bajo protesta de decir verdad señaló como antecedentes del acto reclamado los siguientes: 1. CON FECHA 29/01/2021, SE PRESENTÓ ANTE LA OFICIALIA DE PARTES DEL JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA, DEL DISTRITO JUDICIAL DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO UNA DEMANDA CIVIL DE NULIDAD, PROMOVIDA POR EL SEÑOR MANUEL CANDELARIO CHAVEZ HERNANDEZ, EN CONTRA DE LOS SEÑORES ABUNDIO UC PUC, MARCELINA CHAC POOT, ASI COMO EN CONTRA DEL INSTITUTO DEL SUELO SUSTENTABLE (INSUS) Y EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, QUINTANA ROO 2.-ADMITIDA LA DEMANDA SE LE ASIGNÓ EL NÚMERO DE EXPEDIENTE CIVIL NUMERO 06/2021, ASI MISMO SE ORDENÓ EMPLAZAR A CADA UNO DE LOS DEMANDADOS. AL MOMENTO DE EMPLAZAR A LA DEMANDADA MARCELINA CHAC POOT, SE INFORMÓ QUE ESTA HABIA YA FALLECIDO, EN RELACION AL ACTA ACTUARIAL LEVANTADA, EL JUEZ DE ORIGEN DIO VISTA A LA PARTE ACTORA AL RESPECTO, POR LO QUE SE AMPLIO LA DEMANDA HACIA LOS HIJOS DE LOS DEMANDADOS CITADOS, C.C., CLAUDIA MARISOL UC CHAC, NESTRO EFRAIN UC CHAC, ANGEL SANTIAGO UC CHAC, NAYLA DEL ROCIO UC CHAC, ADRIAN ELEAZAR UC CHAC, MANUEL ENRIQUE UC CHAC. DE ESTA PERSONAS TRES DE ELLOS NO FUE POSIBLE SU LOCALIZACIÓN DE SUS DOMICILIOS, PREVINIENDO EL JUZGADO DE ORIGEN A LA PARTE ACTORA, PARA QUE PROPORCIONE LOS DOMICILIOS DE LOS C.C ADRIAN ELEAZAR UC CHAC, MANUEL ENRIQUE UC CHACY CLAUDIA Y MARISOL UC CHAO. POR LO QUE LA PARTE ACTORA SOLICITO AL JUEZ DE ORIGEN A QUE SOLICITARA AL INSTITUO NACIONAL ELECTORAL (INE) A QUE PROPORCIONARA LOS DOMICILIOS REGISTRADOS ANTE ESTE INSTITUTO. FUE ASI QUE EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL MEDIANTE OFICIO DE FECHAS DE OCTUBRE, DEL AÑO 2021, PERSONAS. INE/QROO/JLE/VRFE/5966/2021, INFORMO DE LOS DOMICILIOS DE ESTAS TRES PERSONAS. YA CON LOS DOMICILIOS PROPORCIONADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, SE SOLICITO AL JUEZ NATURAL A QUE PROCEDIERA A EMPLAZAR A DICHAS PERSONAS EN LOS DOMICILIOS PROPORCIONADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 3.- EL CASO ES QUE AL PRESENTARSE LA ACTUARIA DEL JUZGADO CIVIL DE FELIPE CARRILLO POR EL INE, EN EL PEDIO DEL SEÑOR ADRIAN ELEAZAR UC CHAC EN ESTA CIUDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO, ENTENDIO LA DILIGENCIA DE EMPLAZAMIENTO CON LA ESPOSA DEL DEMANDADO ADRIAN ELEAZAR UC CHAC, Y QUE ESTA LE INFORMO QUE SU ESPOSO SE FUE A TRABAJAR A PLAYA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD QUINTANA ROO Y QUE VIENE AL PREDIO EN DOS O TRES SEMANAS. ANTE ESTA SITUACION FUE QUE LA ACTUARIA DEL JUZGADO CIVIL NO LLEVO A ACABO LA NOTIFICACION DEL EPLAZAMIENTO DE LA DEMANDA, AL SEÑOR ELEZAR UC CHAC. N BASE A ESTA ACTUACION EL JUEZ ORIGEN MEDIANTE AUTO DE FECHA 29 DEL MES DE OCTUBRE, DEL AÑO 2021., PREVIENE A LA PARTE ACTORA A QUE PROPORCIONE OTRO DOMICILIO DONDE EMPLAZASR AL DEMANDADO ADRIAN ELEAZAR UC CHAC. INCONFORME CON DICHA PREVENCION FUE QUE SE INTERPUSO EL RECURSO DE APELACION EN CONTRA DE DICHO AUTO, TENIENDO CONOCIMIENTO DEL RECURSO CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL ESTADO, CON COMPETENCIA TEMPORAL EN MATARIA CIVIL Y MERCANTIL, APELACION; LA SALA. 4.- LA SALA CONSTITUCIONAL CON COMPETENCIA TEMPORAL E MATERIA CIVIL Y MERCANTIL CON FECHA 18 DE FEBRERO, DEL AÑO 2022, DICTA LA RESOLUCION DENTRO DEL TOCA CIVIL NUMERO 60/2021, MISMA RESOLUCION QUE CONFIRMO EL AUTO IMPUGNADO DE FECHA 29 DE OCTUBRE, DEL AÑO 2021. LA SENTENCIA DICTADA POR LA SALA CONSTITUCIONAL AL CONFIRMAR EL AUTO IMPUGNADO CAUSAR PERJUICIO EN LOS DERECHOS HUMANOS DE LA PARTE ACTORA, SIENDO EL MOITVO POR EL CUAL, SE PROMUEVE EL PRESENTE RECURSO DE AMPARO (.)." Precisado lo anterior y tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. En ese tenor, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, la cual se comparte, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, de epígrafe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente, el criterio jurisprudencial de mérito refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el caso a estudio, quien resuelve advierte, de oficio, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." De la interpretación de las porciones normativas reproducidas, se concluye que el juicio de amparo indirecto sólo procede contra actos en el juicio que tengan efectos que sean de imposible reparación, es decir, aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados y convenciones internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. 4Luego, un acto con efectos de imposible reparación es aquél que vulnera de modo directo e inmediato los derechos fundamentales consagrados en la constitución y en los tratados internacionales; en oposición a los actos intraprocesales que no reúnen estas características para por sí mismos afectar a los gobernados, puesto que sus consecuencias pueden o no manifestarse en el contenido de la sentencia que ponga fin al procedimiento, en cuyo caso podrán interponerse recursos e incluso recurrirlos en vía de amparo. Así, los actos procesales que tienen resultados sobre las personas o cosas, no tienen el carácter de irreparables mientras la transgresión no incida directamente en sus derechos sustantivos y exista la posibilidad legal que el agraviado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso las secuelas intraprocesales producidas por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos únicamente producen derivaciones de carácter formal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vistas a obtener un fallo favorable. Además, cabe señalar que de la reciente interpretación realizada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para fines de la procedencia del juicio de amparo indirecto debe entenderse aquellos actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera. Por consiguiente, el legislador estableció que para que esos actos sean calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además de que esa afectación deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. La interpretación de mérito se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso: la primera, consiste en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos" lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho de forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual, a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender el desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En ese sentido, como ya se adelantó respecto del acto reclamado, se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; pues no es de aquellos dictados dentro de juicio, que tengan sobre la persona o las cosas del quejoso, una ejecución de imposible reparación, por no afectarse materialmente sus derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Se afirma lo anterior, porque en el presente caso, la parte quejosa impugna a través de la vía de amparo indirecto, la determinación de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, dictada en autos del toca civil 60/2021, del índice de la Sala Constitucional en Materia Civil y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia, con sede en esta ciudad, donde confirmó la diversa determinación de veintinueve de octubre último, dictada en el expediente civil 6/2021, de la estadística del Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Felipe Carrillo Puerto en Quintana Roo, en el que previno a la parte quejosa para que proporcionara domicilio para emplazar al demandado Adrián Eleazar Uc Chac. De lo anterior se advierte que lo reclamado no es un acto dentro de juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, pues el hecho de que la señalada sala responsable hubiera confirmado la determinación que previno a la parte actora -aquí quejosa-, para que proporcionara domicilio para emplazar al demandado del juicio natural, no afecta materialmente ningún derecho sustantivo consagrado en la Constitución o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, sino que sus efectos son meramente intraprocesales. Se afirma lo anterior, pues la afectación al interés jurídico que pudiera producir el acto reclamado está supeditado al resultado final del juicio, ya que la sentencia que se dicte en el mismo puede ser favorable a los intereses de la parte agraviada, y así, en caso de que hubiera existido alguna violación en la resolución que se reclama, ésta sería inocua ante ella. Además, en caso de obtener una sentencia no favorable a sus pretensiones, si la violación trascendió al resultado del fallo, podrá el inconforme reclamarla en el juicio de amparo directo que en su caso promueva contra dicho fallo. De ahí que no se puede concluir que el acto reclamado tenga efectos que sean imposibles de reparar y, por ende, no procede el amparo indirecto en su contra, pues los efectos que produce son solo procesales, en la medida en que únicamente tienen incidencia dentro del procedimiento en el que se originaron y, por ello, si el amparista logra una sentencia favorable, las violaciones de las que ahora se queja se extinguirán sin haber causado afectación alguna a sus derechos sustantivos. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, visible en la página 741 del Semanario Judicial de la Federación, Libro VIII, Tomo I, Mayo de 2012, en materia civil y común, cuyo rubro y texto son: "EMPLAZAMIENTO. LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA NULO EL REALIZADO POR EDICTOS, Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO A FIN DE QUE SE EMPLACE NUEVAMENTE A LA DEMANDADA POR ESE MEDIO, NO GENERA UNA AFECTACIÓN CIERTA E INMEDIATA A LOS DERECHOS SUSTANTIVOS DEL ACTOR RESPECTO DEL PAGO QUE HIZO DE LAS PUBLICACIONES, POR LO QUE LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE HABERLAS PAGADO NO HACE PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (MATERIA CIVIL). La determinación judicial que en definitiva declara nulo el emplazamiento por edictos y ordena reponer el procedimiento para que se emplace nuevamente a la demandada por ese medio no constituye una afectación a los derechos sustantivos de la actora respecto del pago que hizo de las publicaciones respectivas, sino una de tipo adjetivo, ya que la sola circunstancia del impacto patrimonial consistente en dejar sin efectos los edictos cuya publicación subvencionó, jurídicamente está vinculada con su respectiva carga procesal en el litigio, de las que son propias e inherentes a todo procedimiento judicial. Esto último encuentra explicación en que si el contenido del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, revela que fue voluntad del legislador proscribir que el juicio de amparo indirecto proceda indiscriminadamente respecto de cualquier acto en el juicio, y si es máxima de la experiencia que en la prosecución de los juicios civiles, es regla general que las partes se ven determinadas a efectuar diversas erogaciones de tipo patrimonial a fin de responder a las cargas procesales, o hacer peticiones derivadas del interés que tienen en que se resuelva el juicio a favor de sus pretensiones, entonces debe admitirse que jurídicamente y para efectos de fijar el alcance conducente del citado artículo 114, fracción IV, la sola circunstancia consistente en el impacto patrimonial que sufre el actor al cumplir con la carga procesal de pagar las publicaciones de edictos para emplazar a su contrario en la tramitación de un juicio, no afecta sus derechos sustantivos, sino sólo los adjetivos, pues las anotadas erogaciones patrimoniales no pueden desligarse ni entenderse sin atender a la conducta procesal que le dio origen. Lo anterior, sin perjuicio de que se pueda analizar en cada caso particular, si es que existen otras consecuencias de la reposición del procedimiento (diferentes a la sola circunstancia de que el actor tuvo que erogar los gastos de la publicación de los edictos correspondientes) que puedan significar una afectación de imposible reparación para los efectos de decidir sobre la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados dentro de juicio." Por tanto, queda de manifiesto que la violación procesal en comento, dada su naturaleza, no es en modo alguno irreparable, cuando es precisamente la irreparabilidad y la circunstancia de que se afecten derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, los únicos supuestos en que sería procedente el juicio de amparo indirecto, en términos de lo previsto en el artículo 107 fracción V de la Ley de Amparo. En este sentido, cabe establecer que excepcionalmente, los actos que se realicen en juicio pueden reclamarse mediante el juicio de amparo indirecto, tal como lo prevé el artículo 107, fracción III, inciso b) y c) de la Constitución Federal, y en el artículo 107 fracción V de la Ley de Amparo; siempre y cuando se trate de actos dentro de juicio, que tengan una ejecución de imposible reparación en la persona o cosas de la parte quejosa y la afectación material de sus derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo cual no aconteció en el presente caso. Esto es, el juicio de amparo indirecto promovido contra actos dictados dentro de juicio, resulta procedente cuando se afecten derechos sustantivos; pero no lo es cuando se reclamen violaciones a las garantías individuales, puesto que éstas no son derechos sustantivos, ya que como su nombre lo indica, garantizan la aplicación de la ley en cuanto a los procedimientos seguidos ante tribunales, con el objeto de proteger la integridad física, la libertad y los bienes, siendo éstos, los derechos fundamentales del gobernado, entre otros; es decir, las garantías individuales, no son derechos sustantivos, sino que constituyen el instrumento constitucional establecido por la propia norma fundamental del país, para salvaguardar tales derechos. En relatadas condiciones, resulta claro que la resolución que constituye el acto reclamado por la parte promovente, emitida en el expediente civil 60/2021, del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia, del Distrito Judicial de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, no se encuentra dentro de las hipótesis previstas en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, toda vez que al haberse verificado dentro de juicio, no afecta materialmente los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues en todo caso, solo afectaría derechos procedimentales y se continua con la secuela del procedimiento. Por tanto, como las consecuencias del acto reclamado son de carácter intraprocesal y éste no tiene una ejecución de imposible reparación cuyas consecuencias sean susceptibles de afectar en forma material e inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución a través de sus garantías o bien los tratados internacionales suscritos por México; es de concluirse que la determinación en estudio, no cumple los requisitos necesarios para poder ser atacada por esta vía constitucional, porque sólo afecta los derechos adjetivos o procesales, que se traducen en violaciones que podrían no trascender al sentido de la resolución que ponga fin a juicio; y los efectos intraprocesales pueden ser reparados si se obtiene resolución favorable, y en el supuesto de que no lo fueran, estarían en aptitud de promover en su contra el juicio de amparo directo donde podrían delatar las violaciones procesales; por lo que no hay duda de que no se está en presencia de un acto en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, y, por tanto, en su contra no procede el amparo biinstancial. Máxime que, en el caso concreto, es aplicable lo dispuesto por el artículo 172, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 170, fracción I, del mismo ordenamiento, en virtud de que el amparo directo procede contra sentencias definitivas respecto de las cuales no proceda recurso alguno por virtud del cual puedan ser modificadas o reformadas, por violaciones cometidas en ellas o durante el procedimiento, si estas últimas afectan a las partes en forma sustancial, de manera que se deje sin defensa al quejoso, lo que se precisa toda vez que, aún en el caso de que en la sentencia que se llegara a dictar en el expediente de origen fuera adverso a los intereses de la parte quejosa, ésta tiene oportunidad de hacer valer la violación de la que ahora se duele en el juicio de amparo directo, de conformidad, con los numerales ya invocados, al establecerse expresamente la hipótesis analizada. Es aplicable la jurisprudencia I.7o.C. J/3, del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, registro 215164, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: 'VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formularse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado, razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aun ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio este que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a infracción de derechos sustantivos, que como excepción la Corte Suprema ha considerado para dar procedencia al juicio de garantías.' En mérito de lo anterior, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y por el 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia invocada. En otra tesitura, conviene dejar en claro que la actualización de la hipótesis de improcedencia analizada no implica una denegación al derecho de acceso para el promovente a la impartición de la justicia prevista en los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en virtud de que el reconocimiento de tales prerrogativas no genera el alcance de soslayar o inobservar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia del amparo, como lo es el analizado en la presente determinación, dado que al estimarse el juicio de amparo como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe someterse a las condiciones de procedencia, lo cual no implica que se le está negando el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se le permite al gobernado acudir al juicio de amparo bajo tal condición y de lo contrario, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como el generar un retardo generalizado en la administración de justicia a causa de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende la causa de improcedencia analizada, constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, por ende, no configura una denegación de justicia. Además, sostener lo contrario, implicaría que los órganos jurisdiccionales dejen de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función, lo que provoca un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, porque se desconocería la forma de actuación de tales órganos, además de que se afectarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables, máxime que, debe recordarse que al firmarse la Convención Americana sobre Derechos Humanos, México se comprometió a observar tales disposiciones en armonía con todo su sistema jurídico compuesto con todas y cada una de las leyes que lo conforman, y así tenemos que en la propia legislación mexicana se encuentra el medio de defensa sencillo y rápido a que nos hemos referido en líneas anteriores. Sirve de apoyo la tesis 2a. LXXXI/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIV, Noviembre de 2012, tomo 2, página 1587, que dice: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables." EXHORTO A LAS PARTES PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN LINEA. Ahora, teniendo en cuenta que constituye un hecho evidente que la pandemia por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), subsiste como un peligro para la salud, de modo que el esquema de reactivación en los órganos jurisdiccionales no se realiza en un contexto de "normalidad" y por tanto, se privilegia el trabajo a distancia, haciendo necesaria la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector de la labor jurisdiccional; por tanto, de conformidad con los artículos 22, 28, 29, 30 y 31 del citado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, tomando en consideración la situación de contingencia actual, al inicio precisada, que ha obligado a restringir el acceso a las instalaciones de este juzgado federal, transiten hacia la actuación desde el "Portal de Servicios en Línea" y utilicen oportunamente las herramientas tecnológicas dispuestas para ello, lo anterior para que se continúe la tramitación del caso mediante el esquema del juicio "en línea". Para tales efectos, con fundamento en el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, deberán solicitar por sí, o por conducto de sus representantes, la consulta del expediente electrónica y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, la cual requiere la autorización de este órgano jurisdiccional y la utilización de una firma electrónica vigente. Asimismo, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y a la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito inicial de demanda, y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a José Dolores Uitz Quintal, toda vez que tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Circuito y en términos restringidos del mismo numeral a Rony Rafael Sosa Panti, por así solicitarlo expresamente la parte quejosa. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS PARA LOS ACTUARIOS JUDICIALES. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17, Constitucional, con fundamento en el arábigo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Finalmente, con fundamento en el artículo 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena la protección de los datos personales y la información relativa a la vida privada de los particulares, en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en este expediente, en caso de su requerimiento vía solicitud de acceso a la información, no obstante que las partes no se opongan a la publicación de los datos personales. Notifíquese personalmente a la parte promovente.

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