Manuel Campos Rubio
Expediente 516/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 516/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Manuel Campos Rubio
Actuaciones
- Principal
Agréguese a sus antecedentes la razón de la actuaria judicial de la adscripción, mediante la cual hace del conocimiento a este juzgado de distrito, su imposibilidad de notificar el proveído de diecisiete de enero de dos mil dieciocho al notario público número cuatro licenciado... en virtud de que fue informada por la secretaria del despacho, que dicho fedatario falleció el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete; en tales condiciones, gírese atento oficio a la Dirección de Notarías Públicas del Estado, con sede en Saltillo, Coahuila, a fin de que informe en el término de cinco días siguientes de que quede debidamente notificada de este proveído, quién se encuentra en sustitución del licenciado... notario público 4, así como el lugar donde se ubica actualmente dicha notaría, con el apercibimiento de que en caso de ser omiso a lo anterior, se hará acreedor a una multa de... conforme lo dispone el artículo Segundo Transitorio, del Decreto por el que se declara reformada y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de febrero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, en relación con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Notifíquese; mediante oficio a la Dirección de Notarías Públicas del Estado, con sede en Saltillo, Coahuila.
- Principal
Se notifica auto a quejoso. Vista la certificación puesta por la secretaria de este juzgado, deriva que el quejoso y la tercera interesada no desahogaron la vista relativa al cumplimiento del fallo protector, por tanto, es procedente examinar y determinar si las autoridades responsables cumplieron con la ejecutoria de amparo, lo cual se realiza en los términos siguientes. En principio, conviene citar el contenido del artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el cual a continuación se transcribe: "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla". El precitado numeral señala que, para determinar si en el caso las autoridades responsables cumplieron o no con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones básicas y complementarias hayan sido correctamente cumplidas, pues incluso es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Es aplicable la tesis P./J. 54/2014 (10a.), sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 19, libro 12, noviembre de 2014, tomo I, visible en el la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, cuyo texto es el siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo". En efecto, para estar en condiciones de analizar el cumplimiento del fallo protector, es necesario establecer los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo, los cuales son los siguientes: "1. Dejar insubsistente todo lo actuado en el procedimiento administrativo de ejecución del crédito fiscal determinado en el oficio número 5866/DITM/2012, de ocho de agosto de dos mil doce, relativo a la omisión de pago del impuesto predial del inmueble con clave catastral U064065010, por la cantidad de $20,179.90 (veinte mil ciento setenta y nueve pesos 90/100 moneda nacional), en contra del solicitante de amparo, incluyendo el embargo, remate y adjudicación del bien inmueble ubicado en Avenida de los Ahuehuetes, número 237, del Fraccionamiento Rincón San Alberto, en Gómez Palacio, Durango, así como la orden de firmar la escritura correspondiente en rebeldía. 2. Ordene reponer el procedimiento hasta la determinación del crédito fiscal en comento. 3. Realice todas las acciones necesarias para que se restituya al quejoso la propiedad del bien inmueble citado". Precisado lo anterior, esta juzgadora estima que en el caso se cumplieron los anteriores efectos de la ejecutoria de amparo, pues de las constancias remitidas por las autoridades responsables Tesorero Municipal, Registro Público de la Propiedad y el Comercio y Notaria Pública Número 4, todos con residencia en Gómez Palacio, Durango (fojas 184 a 193, 217 a 217, 224 a 233 y 244 a 247) las cuales gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, aparece que dichas autoridades ordenaron la reposición del procedimiento administrativo de ejecución 5866/DITM/2012, dado que declararon insubsistente todo lo actuado con posterioridad al auto de diez de agosto de dos mil doce, relativo a la notificación por estrados del contribuyente, así como todo lo actuado con posterioridad, esto es el requerimiento de pago y embargo, la audiencia de remate y adjudicación, el cambio de propietario del inmueble dentro del sistema de ingresos y catastro municipal (foja 188). Por otro lado, la diversa autoridad responsable Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con residencia en Gómez Palacio, Durango, informó que canceló la inscripción relativa a la adjudicación del bien inmueble ordenada en el precitado procedimiento de origen, restituyéndose a su antiguo dueño y -aquí quejoso Manuel Campos Rubio-, cuya cancelación fue inscrita con el número 2245, tomo 30, sección cancelaciones de fecha treinta de octubre del dos mil diecisiete, por ello, registró nuevamente el inmueble en favor el aludido quejoso, según lo acreditó con el certificado de libertad o gravamen que exhibió mediante oficio de treinta de octubre y dieciocho de diciembre, ambos de dos mil diecisiete (fojas 215 a 217 y 244 a 247), las cuales también gozan de valor probatorio pleno, en términos de la legislación supletoria ya mencionada. De igual forma, la diversa autoridad responsable Notaria Pública Número 4, con residencia en Gómez Palacio, Durango, informó que canceló la escritura pública número nueve mil trescientos sesenta y seis volumen número doscientos cuatro, de once de julio de dos mil trece, la cual contiene la escritura de adjudicación dentro del procedimiento administrativo de ejecución número 5866/DITM/2012, instaurado en contra del quejoso Manuel Campos Rubio (fojas 223 a 233). Lo anterior, sin que haya inconformidad con el último cumplimiento decretado por las precitadas autoridades responsables, pese a que se dio vista del mismo a la parte quejosa y tercera interesada. En esas condiciones, se acredita que el agravio sufrido por el solicitante del amparo fue reparado conforme al fallo protector en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, por lo que, se declara que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida. Sin que este juzgadora advierta que las autoridades señaladas como responsables hayan incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento, debido a que, como ya se precisó, cumplieron con la obligación a que se les constriñó, sin ir más allá de lo estrictamente requerido en el fallo protector, o haberla omitido. Por tales motivos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Conforme al prudente arbitrio de esta juzgadora este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y encuadra en la hipótesis prevista por la fracción IV de dicho precepto, pues se trata de un juicio en el que, otorgó la protección constitucional y debido a ello es susceptible de depuración; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que para tal efecto señale la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado. Notifíquese personalmente al quejoso Manuel Campos Rubio y agente del Ministerio Público adscrito; mediante a oficio a las autoridades responsables y tercero interesado Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con residencia en Gómez Palacio. Así lo acordó y firma la licenciada Marta Elena Barrios Solís, Juez Primero de Distrito en la Laguna, asistida de la secretaria licenciada Claudia Valeria Delgado Urby, que autoriza las actuaciones y da fe. Doy fe.
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