Manuel Cabrera Ortiz

Expediente 238/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
238/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
09/06/2023

Partes del expediente

  • Manuel Cabrera Ortiz
  • Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial de Morelia, Michoacán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de junio de dos mil veintitrés. 1. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta se desprende que, a la fecha, transcurrió el término legal de que disponían las partes, a fin de recurrir la sentencia definitiva dictada en el presente, en la que se sobreseyó el juicio de amparo, sin que lo hubieren hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que sea necesario realizar el cómputo a la autoridad responsable respecto de la notificación de la resolución de mérito, 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.04.b6 MAIRA FLOR LÓPEZ VALENCIA pues en términos del párrafo segundo del artículo 871 de la Ley de Amparo, ésta carece de legitimación para impugnar la sentencia constitucional. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada, hecho lo anterior, deberá ser entregado al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 3. Valoración. En términos del artículo 20, fracción I2 , del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio del año en curso, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 4. Incidente de suspensión. Consecuentemente, de conformidad con el artículo 20, fracción III del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva, se determina que el original del incidente de suspensión es DESTRUIBLE. Entonces, una vez que transcurran tres años contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del mencionado Acuerdo General. De conformidad con el natural 34 del multicitado acuerdo, hágase constar en la carátula del expediente relativo, la valoración correspondiente. 5. Constancia. Toda vez que no se agregará a este expediente el cuaderno incidental, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éste, para los efectos legales procedentes. 1 "Artículo 87. Las autoridades responsables sólo podrán interponer el recurso de revisión contra sentencias que afecten directamente el acto reclamado de cada una de ellas; tratándose de amparo contra normas generales podrán hacerlo los titulares de los órganos del Estado a los que se encomiende su emisión o promulgación. Las autoridades judiciales o jurisdiccionales carecen de legitimación para recurrir las sentencias que declaren la inconstitucionalidad del acto reclamado, cuando éste se hubiera emitido en ejercicio de la potestad jurisdiccional." 2 "Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: I. Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; ." 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.04.b6 MAIRA FLOR LÓPEZ VALENCIA ??????????????? 6. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. 7. Devolución de tomo de pruebas. Finalmente, en atención a que resulta innecesario conservar el tomo de pruebas que se formó con las constancias que remitió la autoridad responsable, devuélvase el mismo, sin que sea necesario acusar de recibo puesto que el sello de recepción produce los mismos efectos. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.

  2. Principal

    VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 238/2023, promovido por Manuel Cabrera Ortiz, por conducto de su mandatario judicial, por alegada violación de los artículos 1o., 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, atribuida al juez Sexto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del distrito judicial de Morelia, Michoacán, este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO DE AMPARO Lo anterior al tenor de las siguientes CONSIDERACIONES: PRIMERO. Precisión de la norma general, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama del juez Sexto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del distrito judicial de Morelia, Michoacán, lo siguiente: La orden de embargo precautorio decretada en proveído de veinticinco de enero de dos mil veintitrés en el juicio especial oral familiar 244/2021, sobre guarda y custodia de los infantes de iniciales E.M.C.M. e I.G.C.M., promovido por Claudia Paola Meza Ruíz frente a Manuel Cabrera Ortiz, mediante el cual se tuvo al demandado incumpliendo con su obligación alimentaria y se ordenó requerirle la suma de $43,541.00 (cuarenta y tres mil quinientos cuarenta y un pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de alimentos provisionales, autorizándose al ministro ejecutor para que, en caso de no cubrir dicha cantidad, embargara bienes suficientes y bastantes. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer del juicio, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General Número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se reclama una determinación de requerimiento de pago y embargo, cuya ejecución debe tener verificativo en Morelia, Michoacán, territorio en que este órgano judicial ejerce jurisdicción. TERCERO. Norma general, acto u omisión cuya existencia sí quedó acreditada. Es cierto el acto que se reclama al juez Sexto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del distrito judicial de Morelia, Michoacán, ya que así lo aceptó al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con las copias certificadas relativas al juicio especial oral familiar 244/2021, que remitió en apoyo al mismo, las cuales cuentan con valor probatorio pleno, al ser expedidas por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones, de conformidad con los dispositivos 129, 130, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. CUARTO. Improcedencia. Conforme al estudio oficioso que exige realizar el artículo 62 de la Ley de Amparo, se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, del mismo ordenamiento, al advertirse que la parte quejosa consintió tácitamente un acto previo al que reclama, toda vez que no promovió la demanda en el plazo de quince días de que disponía para ello, por lo que el acto del que se duele deriva de uno previamente consentido En efecto, de las constancias del juicio especial oral familiar 244/2021, se advierte lo siguiente: Claudia Paola Meza Ruíz, demandó de Manuel Cabrera Ortiz, la guarda y custodia de los infantes de iniciales E.M.C.M. e I.G.C.M. Mediante acuerdo de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda bajo el número 244/2021 y se concedió la custodia provisional de E.M.C.M. e I.G.C.M., en favor de su progenitora Claudia Paola Meza Ruíz. En acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, el juez responsable decretó alimentos provisionales en favor de E.M.C.M. e I.G.C.M., por la cantidad de treinta días de salario mínimo general vigente, esto es, por $5,186.10 (cinco mil ciento ochenta y seis pesos 10/100 moneda nacional). Ante el incumplimiento del deudor alimentario de otorgar la pensión provisional decretada, mediante auto de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, el juez de origen ordenó al ministro notificador se constituyera en el domicilio del demandado y le requiriera el pago de $43,541.00 (cuarenta y tres mil quinientos cuarenta y un pesos 00/100 moneda nacional), asimismo, autorizó que, de no pagar esa suma en favor de los acreedores, se procediera al embargo de bienes suficientes y bastantes. Del anterior relato se advierte que desde el veintitrés de marzo de dos mil veintidós, el juez de origen fijó alimentos provisionales en favor de los infantes de iniciales E.M.C.M. e I.G.C.M., por la cantidad de treinta días de salario mínimo general vigente, esto es, por la suma de $5,186.10 (cinco mil ciento ochenta y seis pesos 10/100 moneda nacional), a cargo de su progenitor Manuel Cabrera Ortiz. Pero que fue ante la contumacia del deudor de pagar dicha suma, que a petición de la actora, en auto de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, se ordenó requerirle la cantidad de $43,541.00 (cuarenta y tres mil quinientos cuarenta y un pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de adeudo de pensión alimenticia provisional, autorizándose el embargo de bienes. En tales condiciones, se observa que el acto de autoridad que pudo haber agraviado al quejoso en el tema de alimentos provisionales, esto es su monto y obligación de pagarlo, es el acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, del cual quedó debidamente notificado desde el veinticinco de mayo del año pasado, según obra en autos; no obstante, lo consintió al no haberlo impugnado vía amparo indirecto en el plazo de quince días que prevé el artículo 17, de la Ley de Amparo. Por tanto, el diverso proveído de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, que se reclama en este asunto, no es sino un acto derivado de aquel de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, en tanto que en él únicamente se determinó el monto que el quejoso debía cubrir en razón de los meses en que incurrió en adeudo de pensión alimenticia provisional, mientras que en el primer auto se justificó la suma decretada. De tal forma que si el quejoso expone a lo largo de su demanda que previo a computar dicha cantidad fijada como alimentos provisionales, el juez debió solicitar pruebas en las que se advirtiera el monto de sus ingresos y dicha cantidad le impide llevar una vida digna, debió expresar esas inconformidades en contra del auto de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, pues en ese momento era oportuno el análisis de la legalidad del monto determinado como alimentos provisionales. Por ende, el acuerdo de veinticinco de enero de dos mil veintitrés (acto reclamado), se trata solamente de una consecuencia directa y necesaria del auto emitido el veintitrés de marzo de dos mil veintidós, pues la suma que se ordenó requerir en el primero indicado fue computada en base a la cantidad que el deudor debía enterar por alientos provisionales previamente establecidos en el segundo mencionado, siendo que ante su adeudo, el juez de origen ordenó el requerimiento de pago y eventualmente el embargo respectivo. Sirve de aplicación la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 217-228, Primera Parte, página 9, registro digital 232011, de contenido literal siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél." También sirve de orientación la tesis XXX.2o.3 K (11a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 20, Diciembre de 2022, Tomo III, página 2649, de rubro y texto siguientes: "ACTO DERIVADO DE OTRO CONSENTIDO. CUANDO SE RECLAMA EN EL JUICIO DE AMPARO SE ACTUALIZA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE ES DE ORIGEN JURISPRUDENCIAL, SIEMPRE QUE SE CUMPLAN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS AL EFECTO POR LA DOCTRINA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Hechos: Una persona promovió juicio de amparo indirecto contra actos emitidos en el periodo de ejecución de una sentencia dictada en primera instancia; seguido el curso del procedimiento, el Juez de Distrito, en lo que para el caso resulta relevante, estimó que uno de los actos reclamados era improcedente, en virtud de que derivaba de otro consentido, razón por la cual, al estimar actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, relacionada con sus diversas fracciones XII y XIV, así como con el artículo 217, ambos de la Ley de Amparo, sobreseyó en el juicio. Inconforme con dicha resolución, la persona quejosa interpuso recurso de revisión, alegando que no existe jurisprudencia del Alto Tribunal del país que establezca que cuando se reclama un acto que derive de otro consentido, se actualiza una causa de improcedencia del juicio de amparo. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que cuando en un juicio de amparo se reclama un acto que es derivado de otro consentido, se actualiza una causa de improcedencia del juicio de amparo, la cual es de origen jurisprudencial. Lo anterior, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a saber, que el acto: i) sea una consecuencia natural y legal del acto antecedente; y, ii) no se impugne por vicios propios, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad se haga derivar de los actos consentidos. Justificación: Es así, porque si bien algunos de los criterios del Alto Tribunal del país en que se ha desarrollado la causal de improcedencia citada son tesis aisladas y las mismas no son obligatorias y/o vinculantes en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, no puede desconocerse que sí tienen un grado orientador e, incluso, persuasivo para los juzgadores constitucionales, con independencia del "grado de vinculación" u "obligatoriedad" que suponen los llamados criterios aislados de la Suprema Corte Justicia de la Nación. Se considera de esta manera, ya que como se estableció en el recurso de reclamación 966/2020, resuelto por la Segunda Sala del Máximo Tribunal: "la pericia reflejada en el precedente de la Suprema Corte y los valores de uniformidad garantizados por la adhesión nacional a una interpretación única, sugieren que los tribunales inferiores deben seguir acatando los precedentes del Tribunal Constitucional". Ello, pues precisamente asegura una medida de uniformidad de la aplicación del derecho. Además, en virtud de que la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las contradicciones de tesis 126/2022-PS, 140/2003-PS, 18/2009 y 388/2012, así como los amparos en revisión 1067/2007, 104/2008, 1013/2016, 1016/2016 y 1061/2016, han reconocido de manera expresa por una parte e implícita en otra, que sí es posible sobreseer en el juicio cuando se reclamen actos que derivan de otros consentidos; aunado a que en estos asuntos no se desprende que la Corte Mexicana haya aclarado que el criterio de rubro: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA.", no constituye jurisprudencia, o bien, hubiese indicado que los precedentes que la conformaron, al versar sobre otros tópicos no relacionados expresamente con la procedencia de la acción constitucional, la lleven a apartarse de lo ahí sostenido." En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la misma legislación, se sobresee en el juicio de amparo promovido por Manuel Cabrera Ortiz, por conducto de su mandatario jurídico. En virtud de lo anterior, existe impedimento legal para emprender el estudio de los conceptos de violación, pues el sobreseimiento impide abordar las cuestiones de fondo, acorde con la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, volumen 24, tercera parte, página 49, registro digital 239006, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Finalmente, en relación con los alegatos formulados por la agente del Ministerio Público de la adscripción, no se emite mayor pronunciamiento al no ser parte de la litis en el juicio de amparo, lo cual se constriñe a lo expuesto en la demanda de amparo, el informe justificado y los datos observados de las constancias del acto o procedimiento de origen. Por expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Manuel Cabrera Ortiz, en relación con el acto reclamado al juez Sexto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del distrito judicial de Morelia, Michoacán, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente el día de hoy veintiocho de abril de dos mil veintitrés, Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Citlali Linda Fraga Salcedo.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. 1. Diferimiento de audiencia constitucional. Visto el estado procesal, así como la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que transcurre el plazo para que la tercera interesada Claudia Paola Meza Ruiz, por sí y en cuanto representante de los menores de iniciales E.M.C.M. y I.G.C.M., se imponga del informe rendido por la autoridad responsable, recibido mediante proveído de treinta de marzo de dos mil veintitrés; por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha, fijándose las TRECE HORAS DEL VEINTISIETE DE ABRIL DE MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. 2. Asesor ofrece pruebas y formula alegatos. Incorpórese al sumario el escrito de cuenta, signado por Alejandro León Cortes, representante especial de los menores de iniciales E.M.C.M. y I.G.C.M., atento a su contenido, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas ofertadas por el representante especial dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngasele al Asesor Jurídico Federal, formulando los alegatos que vierte en su escrito de cuenta, los cuales serán tomados en consideración en el momento procesal oportuno. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.04.b6 MAIRA FLOR LÓPEZ VALENCIA Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE EMPLAZA Y NOTIFICAN AL TERCERO INTERESADO LAS DETERMINACIONES DE FECHAS TREINTA Y DEL SIETE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN SÍNTESIS DICEN: Morelia, Michoacán, treinta de marzo de dos mil veintitrés. 1. Informe justificado. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase a la Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, rindiendo su informe justificado; mismo con el que se ordena dar vista a las partes para los efectos legales conducentes. 1.1. Prueba. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la responsable ofreciendo como prueba las documentales que adjunta, sin perjuicio de hacer relación de ello en la audiencia de ley. 1.2 Se forma tomo de pruebas. Con las constancias que acompañó la autoridad responsable, fórmese un cuaderno de prueba por separado para mejor manejo del expediente, identificándose como Tomo I. 2. Emplazamiento del tercero Interesado. En ese orden y toda vez que en proveído de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, se reservó el emplazamiento de la tercera interesada Claudia Paola Meza Ruiz, por sí y en cuanto representante de los menores de iniciales E.M.C.M. y I.G.C.M., en consecuencia, se comisiona al actuario de la adscripción para que se constituya en el domicilio procesal ubicado en calle Aristeo Mercado, número dos mil ciento dieciocho, colonia Nueva Chapultepec, en Morelia, Michoacán y emplace a la citada tercera interesada; pues el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, establece que siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial, la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio natural. En este sentido, se solicita que al actuario comisionado para llevar a cabo el emplazamiento correspondiente, se ajuste a las reglas siguientes: a. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso a) y III, inciso b), párrafo primero, de la Ley de Amparo, deberá buscar a los citados terceros interesados, en el domicilio señalado con antelación, cerciorándose de su identidad, entregándole copia de la resolución a notificar. De negarse a recibir la notificación, deberá asentarlo en autos y tener por hecha la notificación. b. Con apoyo en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, si en el referido domicilio procesal no encuentra a la tercera interesada, dejará constancia de que es el domicilio buscado y le dejará citatorio para que dentro del término de dos días hábiles siguientes acuda al órgano jurisdiccional a notificarse. Dicho citatorio deberá dejarlo con la persona que lo atienda. Si no acude a notificarse, deberá hacerse por lista la notificación y por lista en una página electrónica. c. Con sustento en el artículo 27, fracción I, inciso c), si el actuario encuentra cerrado el domicilio y nadie acude a su llamado, debe asentar que es el domicilio buscado y fijar aviso en la puerta a fin de que dentro de los dos días hábiles siguientes acuda a notificarse; y no haciéndolo, la notificación se hará por lista y en una lista en página electrónica. d. Toda manifestación que reciba el diligenciario, en el sentido de que la tercera interesada a Claudia Paola Meza Ruiz, por sí y en cuanto representante de los menores de iniciales E.M.C.M. y I.G.C.M., no vive en el domicilio, no habita o que no trabaja en él, no será obstáculo para llevar a cabo la notificación. Tampoco lo será el que reciba información en el sentido de que ya no se lleva su representación legal en ese lugar o que no se les conoce. Lo anterior, pues en términos del artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, la notificación encomendada deberá efectuarse en el domicilio procesal que se haya señalado en el juicio de origen, por lo que resulta irrelevante que ahí no viva, trabaje o habite la persona buscada, menos aún que ya no se lleve en ese lugar su representación legal o que haya dejado de ser domicilio de su parte para recibir notificaciones, pues lo que se sigue de una interpretación finalista del precepto en cuestión, es que se emplace en el domicilio que se haya señalado en autos de la controversia natural, debiéndose entender que para los efectos concomitantes fue designado por la interesada, siendo, entonces, en su perjuicio, el que no informe al órgano jurisdiccional oportunamente su revocación y el señalamiento de uno nuevo. Por tanto, comisiónese al actuario de la adscripción respectivo, para que se constituya en el domicilio señalado y emplace al tercero interesado, a quien deberá correr traslado con copia simple de la demanda de amparo, del auto admisorio y del presente proveído, y la requiera para que: Si lo estiman necesario, comparezcan al juicio a hacer valer sus derechos (ofrecer pruebas y formular alegatos); y, En el acto de la diligencia o en el plazo de tres días, computado legalmente, señalen domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad; apercibidos que, de no hacerlo, se practicarán por lista las siguientes -sin ulterior acuerdo-, inclusive las de carácter personal, con apoyo en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Además, deberá informarle que la audiencia constitucional se encuentra programada para las DIEZ HORAS DEL VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS. . Notifíquese; emplácese a la tercera interesada y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia. Y Morelia, Michoacán, siete de marzo de dos mil veintitrés. 1. Cumple prevención. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por Danierit Garnica Lúa, quien se ostenta mandatario judicial de Manuel Cabrera Ortiz, por medio del cual cumple con la prevención que le fue formulada mediante proveído de dos de marzo de dos mil veintitrés. 2. Admisión. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por Danierit Garnica Lúa, mandatario judicial de Manuel Cabrera Ortiz, - carácter que se le reconoce de conformidad al artículo 11 de la Ley de Amparo, al tenor de la copia siempre que exhibe del auto de diez de octubre de dos mil veintidós, emitido dentro del expediente 244/2021, del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia-, contra actos del Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia. 3. Suspensión. Por separado y duplicado tramítese el incidente de suspensión. 4. Audiencia constitucional. Cítese a las partes a la audiencia constitucional, que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS. 5. Informe justificado. Pídase informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá: 5.1. Rendirlo con la oportunidad necesaria para que sea tomado en cuenta en la audiencia constitucional, lo que deberá hacer por correo electrónico a la cuenta 1jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, confirmando su recepción al teléfono 443 3226960 extensión 1181, salvo que por la propia naturaleza de las constancias que haya de remitir se haga necesario que las presente directamente ante el juzgado, verbigracia cuando envíe tomos de prueba, discos compactos y otros documentos análogos. 5.2. Remitir copia certificada legible de las constancias que contienen el acto reclamado. Apercibida que, de no hacerlo, se le impondrá una multa de doscientas Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $ $20,748.00 (veinte mil setecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I, 259 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo. 6. Ministerio público. Dese a la agente del Ministerio Público de la Federación, la intervención que legalmente le corresponde, en términos del artículo 5, fracción IV, del ordenamiento legal en cita. 7. Tercero interesado. En ese orden, en términos de los normativos 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se reconoce el carácter de tercera interesada a Claudia Paola Meza Ruiz por sí y en cuanto representante de los menores de iniciales ********************, quien tiene su domicilio para ser emplazada en la calle Aristeo Mercado, número dos mil ciento dieciocho, colonia Nueva Chapultepec, en esta ciudad. En consecuencia, por conducto del actuario adscrito a este juzgado de Distrito, emplácese a la citada tercera interesada, en el domicilio referido, a quien deberá correrle traslado con copia del escrito inicial de demanda y notificarle el contenido íntegro del presente auto admisorio; por otra parte, hacerle de su conocimiento la fecha y hora señala para que tenga verificativo la audiencia constitucional. En la inteligencia de que además, se le deberá hacer mención al momento de la diligencia o dentro de los tres días siguientes al en que quede legalmente notificado del presente proveído, proporcione domicilio donde recibir notificaciones de carácter personal en esta ciudad capital, bajo apercibimiento que de no hacerlo así, sin previo acuerdo, las subsecuentes que sean de esa naturaleza, se le practicarán por lista de acuerdos que se publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, como lo establecen los dispositivos 26, fracción III, y 27, fracción II, de la Ley de Amparo. En el entendido de que no fuera posible el emplazamiento en el domicilio indicado, y al momento de la diligencia le fuere proporcionado diverso domicilio del referido tercero interesado y se encontrare dentro de su jurisdicción, proceda a realizar la diligencia sin previo acuerdo; lo anterior, a fin de evitar mayores dilaciones procesales. 7. Representante especial. Tomando en consideración que en los antecedentes de la demanda se desprende que el juicio de origen versa sobre un juicio familiar, en el cual se encuentran en conflicto intereses de los progenitores de los menores, de ahí que resulta procedente la representación especial de los menores de iniciales ********************, en términos del artículo 8° de la Ley de Amparo, pues podría generarse un perjuicio para los intereses jurídicos éstos, ante la posibilidad de que el juicio de garantías se haya promovido con el fin de favorecer los intereses del propio promovente. Por lo que, atendiendo a proteger el interés superior de las citadas menores, de conformidad con el artículo 4° de la Constitución Federal, así como los artículos 1, 13 y 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en relación con el artículo 8° de la Ley de Amparo, gírese oficio al Delegado de la Defensoría Pública Federal del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, para que tenga a bien designar representante especial de los menores de iniciales ********************,, para que intervenga en el juicio de amparo. 8. Pruebas. Con apoyo en el precepto legal 119, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa ofreciendo como prueba de su parte las documentales que anexa, mismas que por su propia naturaleza se tienen por rendidas y desahogadas, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional y tenerlas por recibidas en ese acto. Notifíquese, emplácese a la tercera interesada y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.

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