Manuel Bolom Pale

Expediente 1550/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 6 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1550/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
13/02/2019

Partes del expediente

  • Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH)
  • Manuel Bolom Pale

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; trece de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 86, de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la citada Ley, se acuerda: Como la parte quejosa no recurrió dentro del término legal el auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio, se declara que ha causado estado para los efectos legales procedentes. Atento al dispositivo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese este asunto como concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo que se sobreseyó fuera de audiencia y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintitrés de enero de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos los informes justificados signados por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje y secretario auxiliar de amparo; así como del Actuario adscrito a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, ambos con domicilio en esta ciudad, mediante el cual remite copias certificadas del juicio laboral de origen *** del índice de dicha junta, en el que contiene el convenio celebrado entre las partes de siete de enero de dos mil diecinueve, anexando en el mismo la reinstalación del quejoso. Documentales a las que se le concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora bien, del estado de autos se desprende que, la parte quejosa ***, reclama, esencialmente, de las autoridades responsables, lo siguiente: "1.- ORDENADORA: A El Titular De La Junta Especial Número Tres De La Local De Conciliación Y Arbitraje En El Estado, EL SEÑALAR FECHA Y HORA FUERA DE LOS TERMINOS LEGALES la ESTABLECE EL ARTICULO 763 parte fine de la Ley Federal del Trabajo , para que tenga verificativo la celebración de un incidente de previo y especial pronunciamiento de Nulidad de actuaciones violando con ello en mi perjuicio los siguientes artículos artículo 685, 686 Y 873 de la Ley Federal del Traba¡o y Las Garantías De Certeza y seguridad Jurídica de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25: Protección Judicial de La Convención Americana Sobre Derechos Humanos 2.- A las ordenadoras ACTUARIO ADSCRITO A LA MESA DE TRAMITE 1 Y 2 DE LA JUNTA ESPECIAL NUMERO TRES DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN EL ESTADO, se le reclama la orden OMISION de notificar a los demandados terceros interesados en el presente juicio de garantías. 3.- Por lo que se le reclama a las autoridades responsable que señale fecha y hora en el término de 24 horas que establece el numeral 763 de la Ley Federal, verifique y vigile que el actuario adscrito cumpla con lo que ordena en el acuerdo, a efecto de que tenga verificativo la celebración de un incidente de previo y especial pronunciamiento de Nulidad de actuaciones, y no sigan violando las AUTORIDADES RESPONSABLES en mi perjuicio los siguientes artículos artículo 685, 686 Y 763 de la Ley Federal del Trabajo, solicitando se notifiquen a las partes en conflicto con 24 horas de anticipación a la fecha que a efecto señalen. .. En ese contexto, en el caso, este operador jurídico determina que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que a continuación se transcribe: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica .". El precepto trascrito alberga la improcedencia del juicio de amparo cuando se promueve contra un acto de autoridad que con posterioridad se consuma de un modo irreparable, esto, por haber operado un cambio de situación jurídica. La fracción en estudio contempla un supuesto de irreparabilidad del acto reclamado, pero se refiere a la jurídica, no a la física, que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación de tal acto. Lo anterior es así, debido a que en realidad no existiría imposibilidad física alguna para reparar las violaciones que hubiera ocasionado un acto de autoridad por la circunstancia de que la situación jurídica hubiese cambiado, pues el amparo que contra aquél se concediera bien podría alcanzar en sus efectos a esta nueva situación y aún invalidarla, pero permitir tales efectos haría factible que se destruyeran actos de autoridad que quizá tuvieran un fundamento y una motivación que al no formar parte o ya no poder ser parte de la litis constitucional, no serían valorados en el juicio en que la sentencia de amparo fuese pronunciada y que posiblemente fueran justificados. A esta breve conclusión se debe agregar que el cambio de situación jurídica resulta del convenio celebrado entre las partes emitido dentro del juicio laboral de origen *** del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con domicilio en esta ciudad. Esto es, el cambio de situación jurídica a que se hace referencia se presenta cuando habiéndose complementado una etapa procesal en todas sus partes, queda superada, dando pauta a que se inicie el siguiente conjunto de actos que conforman una nueva etapa o situación jurídica, o bien, cuando concluye definitivamente el juicio o procedimiento relativo. Entonces, la sana intelección del precepto normativo en estudio, permite concluir que los elementos con los que se integra la causa de improcedencia que regula, son los siguientes: a Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento jurisdiccional, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Mediante la concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en estudio, que de cobrar aplicación en un caso específico, evidentemente el juicio de garantías resultaría improcedente. Sirve de apoyo a las consideraciones expuestas, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro y texto los siguientes: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Ahora, de la constancias que remite la autoridad responsable, se advierte que la parte quejosa *** celebro convenio con el tercero interesado ******, convenio que se llevó a cabo el siete de enero del año que transcurre, emitido dentro del juicio laboral de origen *** del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con domicilio en esta ciudad, por lo que se deja de tener una afectación en la esfera jurídica del quejoso, toda vez que en consecuencia la junta ordeno la reinstalación del quejoso, la cual se llevó a cabo en la misma fecha en que se celebró el convenio antes citado. En ese orden, es inconcuso que la parte quejosa aluda la omisión de señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia del incidente previo y especial pronunciamiento de nulidad de actuaciones en el juicio laboral de origen ***; así como la omisión de notificar a los terceros interesados por parte de los actuarios adscritos a la junta, toda vez que como se hace constar por parte de la autoridad responsable, el quejoso y el tercero interesado llegaron a un mutuo acuerdo, el cual se materializo firmando el convenio que se menciona en líneas anteriores, es decir, ha operado un cambio de situación jurídica, esto dentro del procedimiento laboral de referencia; de modo que la afectación en la esfera de derechos de la parte quejosa quedó consumada de modo irreparable, por virtud de esa nueva situación jurídica. Es por las razones apuntadas que deben estimarse irreparablemente consumadas las violaciones alegadas por la parte quejosa, lo que de suyo impide examinar la constitucionalidad delos actos reclamados, sin afectar la situación creada por el nuevo mandato que la sustituyó, ya que este es autónomo e independiente dados sus propios fundamentos, pero sobre todo porque con motivo de la emisión de este mandato es que el acto aquí impugnado ha dejado de surtir sus efectos. En estas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia señalada y ante los motivos manifiestos e indudables de improcedencia, da lugar a SOBRESEER EN EL JUICIO FUERA DE AUDIENCIA, en términos del numeral 61, fracción XVII de la Ley de Amparo. Por otro lado, es menester destacar que el análisis de las causas de improcedencia, constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia; además, las causas de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo. Al respecto, es dable invocar la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la Décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 3, página 2066, registro electrónico 2002537, consultable con el epígrafe y contenido siguientes: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos Pacto de San José de Costa Rica, consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia". En ese mismo tenor, es aplicable la tesis consultable en la Décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la instancia de los Tribunales Colegiados de Circuito, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 3, página 1641, registro electrónico 2004217, cuyo texto es el siguiente: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo". Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veinte minutos del veinte de febrero de dos mil diecinueve. Notifíquese por lista al tercero interesado; personalmente a la parte quejosa y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y mediante oficio a las autoridades responsables.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiuno de enero de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos y tomando en consideración que se encuentra transcurriendo el término de quince días concedido a las autoridades responsables Titular de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, Actuario adscrito a la Mesa de Trámite Número uno y Actuario Adscrito a la Mesa de Trámite Número dos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con domicilio en esta ciudad, en proveído veintiuno de diciembre del año anterior (fojas 12-15), para que rindan su respectivo informe justificado; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fija como nueva fecha para su celebración las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Lo anterior, tiene sustento en lo dispuesto por el numeral 115, párrafo segundo de la Ley de Amparo, para la fecha señalada es con el fin de dar oportunidad a efecto de que se integre este sumario constitucional. Notifíquese.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; catorce de enero de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la tercera interesada *****, para que señalaran domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que lo haya hecho; por lo que, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de de veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho (foja 12 al 15). En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, notifíquesele por lista de acuerdos este proveído, así como las subsecuentes determinaciones, aun las de carácter personal, en tanto señalen domicilio en esta ciudad para tal efecto, salvo que se actualice el supuesto del artículo 26, fracción I, inciso k), de la ley en la materia. NOTIFÍQUESE.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez · 10,116 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano