Manuel Blanco Zumaya

Expediente 907/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
907/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
15/12/2020

Partes del expediente

  • Manuel Blanco Zumaya

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase recibido el escrito signado por *** autorizada de la parte quejosa , mediante el cual, solicita se autorice al Juez Segundo del Ramo Mercantil en esta ciudad, para el cumplimiento de la sentencia dictada en autos poner en posesión material y jurídica a María Francisca *** respecto del inmueble ubicado en ***. Atento a lo solicitado, dígasele que no ha lugar acordar de conformidad su petición, en virtud de que la concesión del amparo fue para restituir en el goce de sus derechos al quejoso Pedro ***.

  2. Principal

    ... Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 25/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Demanda Téngase por recibida vía electrónica la demanda de amparo promovida por Manuel Blanco Zumaya, contra actos de la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, conforme lo prevén el artículo 3, párrafo quinto y séptimo, de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Por lo anterior, se ordena a la responsable del Registro del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), la integración del expediente electrónico, y su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 907/2020-7. Desechamiento Del análisis de la demanda de amparo, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que impone desechar de plano el libelo constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este Juzgado estima que respecto de la demanda de cuenta, se actualiza la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6°, ambos de la Ley de Amparo, y el arábigo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los que por su orden establecen: LEY DE AMPARO "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley."- "ARTÍCULO 6°. El Juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la Fracción I del artículo 5°, de esta ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley". CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]". El contenido del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de la parte agraviada; y en los términos del artículo 6o., en relación con el 5o, ambos de la Ley de la materia, el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que reclama, pudiendo hacerlo por sí o por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, o por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que esta ley lo permita expresamente y sólo podrá seguirse por el agraviado y por su representante legal o por su defensor. De manera que, cuando el artículo 5, fracción I, de la Ley de la materia, señala como parte del juicio de amparo al agraviado o agraviados, debe entenderse a la luz de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6° del ordenamiento legal citado. Preceptos que señalan como presupuesto para la procedencia del juicio de amparo que sea promovido a instancia de parte agraviada, es decir que la persona que resienta el agravio personal y directo, sea la que acuda al juicio de amparo, ya sea por sí o a través de su representante, esa voluntad debe ser exteriorizada expresamente a través del signo gráfico conocido comúnmente como la firma que estampe el quejoso en el escrito inicial de demanda o en documentos anexos a ella, pues es a través de la que se da validez a cualquier actuación escrita. En ese orden de ideas, la firma electrónica (FIREL) es el equivalente electrónico al de la firma manuscrita y se trata de un conjunto de datos que se adjuntan a un mensaje electrónico, cuyo propósito es identificar al emisor del mensaje como autor legítimo de éste, como si se tratara de su firma autógrafa, produciendo los mismos efectos que ésta de conformidad con los artículos 3, 10, 12, inciso f) y 13, inciso d), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico. Luego, resulta incuestionable que el ejercicio de la acción de amparo por vía electrónica, también debe regirse por el mismo principio que impera para la presentación de la demanda de amparo por escrito, es decir, que el juicio de amparo se siga siempre a "instancia de parte agraviada", pues la implementación del Sistema Electrónico y la utilización de la firma electrónica, de ninguna manera implicó soslayar uno de los principios rectores del juicio, como lo es el de "instancia de parte agraviada". Por tanto, tomando en consideración que en el escrito de demanda no obra la firma electrónica (FIREL) del directo quejoso; se constata que no expresó su voluntad para dar trámite a la presente demanda, sin que sea el caso prevenirla en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, en tanto que no se trata de una irregularidad que sea susceptible de subsanarse. De ahí que, al no contener la firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, con apoyo en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Al efecto se invoca el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la página 5 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 62, enero de 2019, Tomo I, del rubro y contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano." Así como el diverso razonamiento sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P./J. 8/2019 Décima Época, publicada en la página 79 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 65, Abril de 2019, Tomo I, del rubro y contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." Domicilio y autorizados De conformidad con los numerales 24, y 26, fracción III, en relación con el 27, fracción III, inciso a), todos de la Ley de Amparo, se tiene únicamente como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa los estrados del juzgado; lo anterior, al tener en consideración que según lo plasmado en párrafos que precede se advierte que la demanda de amparo que nos ocupa carece de firma, lo que se traduce en la ausencia de la petición para acordar de conformidad el domicilio y personas señalados en el escrito de cuenta. Uso de aparatos electrónicos Con fundamento en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles y con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, se faculta a las partes así como a sus autorizados, para imponerse de los acuerdos dictados en el juicio de amparo en que se actúa, a través de su reproducción con el uso de aparatos electrónicos de uso personal; esto es desde luego bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial que designe el Secretario de acuerdos respectivo, salvo que se trate de información confidencial o reservada. Hágase saber a las partes, la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico para consulta del expediente, debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no vulnerar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a las labores que esencialmente debe prestar. Lo anterior, previa constancia que se deje en autos. Notificaciones Asimismo, con el objeto de evitar dilaciones en el trámite de este juicio, con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilita al actuario adscrito para que las notificaciones que surjan en este juicio de amparo, sean practicadas incluso en horas y días inhábiles. Transparencia Luego, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8º, 18, fracción II y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Gubernamental y artículos 34 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, en caso de que se publique la sentencia que se dicte en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes. Notifíquese personalmente.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 11,606 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano