Manuel Benitez de la Vega
Expediente 1095/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1095/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 13/10/2015
Partes del expediente
- Manuel Benitez de la Vega
- Delegada Y Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad Y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Puebla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, trece de octubre de dos mil quince. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta suscrito por el Magistrado Presidente de la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por medio del cual acusa recibo de los oficios 9546/2015 de fecha catorce de julio de dos mil quince y 21083/2015 de dieciocho de septiembre de dos mil quince, así como de la copia certificada del juicio de nulidad 1235/08-12-01-5.
- Principal
Vistos para resolver los autos del juicio de amparo número 87/2015 (antes 226/2015), promovido por EFECTIVO INMEDIATO SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE a través de su apoderado Iván García Serrano; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el diecinueve de febrero de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, y turnado al entonces Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Puebla, al día siguiente, EFECTIVO INMEDIATO SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE a través de su apoderado Iván García Serrano, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal respecto del acto del Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa de Trámite Par de Atlixco, Puebla consistente en: "la ilegalidad contenida en el acuerdo de fecha tres de enero de año dos mil quince, emitido dentro de la Averiguación Previa número 569/2014/ATLIX, por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia del Ministerio Público de Atlixco, Puebla, Mesa Par; específicamente en el cuerpo de dicho acuerdo que en la parte última dice . . . lo transcribe . . , violentándosele mi representada las garantías establecidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. " (foja 3). SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de veinte de febrero de dos mil quince, se admitió a trámite la demanda, registrada en el libro de gobierno bajo el número 226/2015, por el entonces Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, se ordenó dar la intervención que legalmente correspondía a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se solicitó el informe justificado; ordenó emplazar a la tercera interesada; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento, se celebró al tenor del acta que antecede; y, TERCERO. REASIGNACIÓN DE NÚMERO DE EXPEDIENTE. En cumplimiento al Acuerdo General 23/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veintinueve de mayo de dos mil quince, el presente amparo indirecto 226/2015, causó egreso y se registró en el nuevo índice de este Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, como amparo indirecto 87/2015, con efectos a partir del uno de junio de dos mil quince, razón por la cual se resuelve bajo el nuevo número de expediente. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37 de la Ley de Amparo en vigor, 48 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 8/2013 y 23/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el primero relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, y el segundo relativo al cambio de denominación, domicilio y competencia de los once Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla; a la conclusión de funciones del Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, y su transformación en Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal del Estado de Puebla; al inicio de funciones, denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial y domicilio del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los órganos jurisdiccionales de la entidad en mención, y a la creación y cambio de denominación de las respectivas oficinas de correspondencia común, por reclamarse una resolución emitida por una autoridad dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO En principio, es necesario precisar el acto reclamado, que se desprende a plenitud del estudio íntegro de la demanda de amparo y de las constancias existentes en el expediente, pues constituyen un todo, acorde con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, así como con la tesis P.VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De la lectura íntegra de la demanda, y de las constancias de autos se aprecia que la parte quejosa reclama: El acuerdo de tres de enero de dos mil quince, dictado en la averiguación previa 569/2014/ATLIX, del índice de la Agencia del Ministerio Público adscrito a la Mesa de Trámite Par de Atlixco, Puebla, en el que se niega la entrega del vehículo Chevy, color azul, placas de circulación TYA-2397 del Estado de Puebla, a la sociedad quejosa. Realizada la anterior precisión se procede a determinar sobre la existencia o no del acto reclamado de la autoridad responsable. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. El Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa de Trámite Par de Atlixco, Puebla al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto que se le reclama (fojas 31). Como apoyo a su dicho, el Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa de Trámite Par de Atlixco, Puebla, remitió copia certificada de la averiguación previa 569/2014/ATLIX, de su índice, de la que deriva el acto reclamado, documental que adquiere valor pleno en términos de los normativos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su arábigo 2º, y del que se desprende la existencia del mismo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 226, del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse de oficio la procedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público, pues así lo dispone el precepto 62 de la Ley de Amparo. En la especie, este juzgado considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 constitucionales. En efecto el aludido artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Por otra parte, los numerales 17 y 18, de la citada ley establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.". Así, en términos del artículo 18 de la ley de la materia claramente se observa que el término para la presentación de la demanda de amparo es de quince días, que se contará, desde el día hábil siguiente al en que: 1) Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo reclamado. 2) El quejoso tenga conocimiento del acto o su ejecución. 3) Se haya ostentado sabedor de los mismos. Destacando que el legislador hizo especial énfasis en tres formas para computar el plazo de quince días dentro del cual ha de interponerse la demanda de amparo para tenerla por oportunamente presentada, todas ellas con características propias y excluyentes entre sí, pues de la primera debe apuntarse la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable en virtud de la cual, en fecha precisa, hace saber al agraviado el acto reclamado; como característica adicional, las notificaciones practicadas se estiman legales y, por ende, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de amparo, mientras tanto el quejoso no combata su nulidad o ilegalidad. La segunda manera para computar el plazo de quince días, importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación-, de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve a la certeza de que este último "tuvo conocimiento" en determinada fecha de los actos reclamados; pero tal conocimiento debe producir la convicción de que el peticionario de amparo conoció en forma directa, plena y completa el acto reclamado; es decir, de manera integral, según lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia que aparece publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, Tomo VI, consultable a página 6, cuyo rubro y texto se leen: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TERMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones." Por su parte, en la hipótesis contenida en el artículo 18 de la Ley de Amparo, al establecer que el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo se contará desde el día siguiente "al en que se hubiera ostentado sabedor de los mismos", implica una expresión exclusiva del quejoso, a través de la cual se manifiesta que sabe del acto reclamado; conducta que puede estimarse entraña una confesión expresa por parte del afectado, porque se supone que la fecha en que se ostenta sabedor del acto reclamado con respecto a la presentación de la demanda, le perjudica. Es aplicable el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, 193-198 Primera Parte, página 71, que se lee como sigue: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado.". Así como, la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible a página 1931, Tomo XXXI, Enero de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y tenor: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." Con lo aquí expuesto, deriva inconcuso que la omisión de interponer el juicio de amparo dentro del término a que se refiere el artículo 17, de la Ley de Amparo, entraña un consentimiento tácito, entendiéndose por tal, la actitud pasiva que asume el supuesto afectado por el acto de autoridad de no defenderse de éste, en términos del precepto de que se trata. En el caso en concreto, la parte quejosa EFECTIVO INMEDIATO SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE a través de su apoderado Iván García Serrano se ubica en el segundo supuesto relativo a que el término se computa a partir del día siguiente al en que el quejoso tenga conocimiento del acto o su ejecución. En efecto, el inconforme se duele del acuerdo de tres de enero de dos mil quince, dictado en la averiguación previa 569/2014/ATLIX, del índice de la Agencia del Ministerio Público adscrito a la Mesa de Trámite Par de Atlixco, Puebla, en el que se le niega la entrega del vehículo Chevy, color azul, placas de circulación TYA-2397 del Estado de Puebla, afecto a la causa. El proveído reclamado de tres de enero de dos mil quince, fue dictado en cumplimiento a la sentencia amparadora dictada en el juicio de amparo indirecto 1152/2014 del índice del entonces Juzgado Primero de Distrito en el Estado, juicio del que obra copia certificada en autos como anexo I -a la que se le otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo previsto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente en el presente juicio según lo previsto en el diverso 2 de la Ley de Amparo- y en la que se observa que mediante proveído de doce de enero de dos mil quince (foja 91 anexo I), se ordenó dar vista a la parte quejosa con el referido cumplimiento - proveído de tres de enero de dos mil quince- y que constituye también el acto reclamado en el presente juicio. En consecuencia el actuario judicial adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado, el trece de enero de dos mil quince, a las trece horas cinco minutos, se constituyó en el domicilio del "Lic. Iván García Serrano" en su carácter de apoderado de "EFECTIVO INMEDIATO S.A. DE C.V." y al no encontrarlo, con fundamento en el artículo 27, fracción I, incisos a y b de la Ley de amparo, le dejó citatorio para que acudiera al Juzgado Primero de Distrito en el Estado, dentro de los dos días siguientes, a notificarse personalmente del mencionado auto (foja 93 anexo I). Transcurridos los dos días para notificarse, el actuario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, notificó por lista del dieciséis de enero de dos mil quince, el proveído de doce de enero de dos mil quince, con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo. De lo anterior se advierte que al quejoso le fue dada a conocer la resolución que por esta vía impugna mediante notificación de dieciséis de enero de dos mil quince. Por otra parte el artículo 31, fracción II, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 31. Las notificaciones surtirán sus efectos conforme a las siguientes reglas: II. Las demás, desde el día siguiente al de la notificación personal o al de la fijación y publicación de la lista que se realice en los términos de la presente Ley. Tratándose de aquellos usuarios que cuenten con Firma Electrónica, la notificación por lista surtirá sus efectos cuando llegado el término al que se refiere la fracción II del artículo 30, no hubieren generado la constancia electrónica que acredite la consulta de los archivos respectivos, debiendo asentar el actuario la razón correspondiente". Considerando que el artículo 22 de la Ley de Amparo prescribe que los plazos se contarán por días hábiles, y comenzarán a correr a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación y se incluirá en ellos el del vencimiento, podemos concluir que de conformidad con tal numeral los términos empezarán a correr al día siguiente en que surta sus efectos la notificación, razón por la que si la notificación del acto reclamado a la parte quejosa acaeció el dieciséis de enero de dos mil quince, ésta surtió sus efectos el diecinueve de enero de dos mil quince, y el cómputo de quince días para presentar la demanda de amparo, empezó a correr al día siguiente esto es, desde el veinte (día 1) de enero de dos mil quince, prosiguiéndole los días veintiuno (día 2), veintidós (día 3), veintitrés (día 4), veintiséis (día 5), veintisiete (día 6), veintiocho (día 7), veintinueve (día 8), treinta (día 9), todos de enero de dos mil quince; tres de febrero (día 10), cuatro (día 11), cinco (día 12), seis (día 13), nueve (día 14), y diez (día 15) todos de febrero de dos mil quince, siendo el diez de febrero el último día para la presentación de la demanda de amparo en tiempo. En razón de lo anterior, se advierte que la empresa promovente estuvo en aptitud para presentar la demanda de amparo desde el veinte de enero de dos mil quince, por tanto, toda vez que a la fecha de presentación de la misma, transcurrieron los quince días que establece el precepto legal que regula el plazo para solicitar el amparo, pues dicho término debe contarse a partir del día siguiente en que surtió sus efectos la notificación del acto reclamado, transcurriendo del veinte de enero al diez de febrero de dos mil quince; y como se advierte de la demanda de amparo, fue presentada el diecinueve de febrero de dos mil quince, por lo tanto resulta extemporánea su presentación. Bajo esa perspectiva, si la demanda de amparo que aquí se analiza fue presentada fuera del término de quince días hábiles señalado en el artículo 17 de la Ley de Amparo, da lugar a que se actualice la causa de improcedencia del juicio de amparo contenida en la citada fracción XIV del artículo 61 ibídem, por lo que procede decretar el sobreseimiento en términos de la fracción V, del artículo 63 del citado ordenamiento legal, respecto al acto reclamado consistente en el acuerdo de tres de enero de dos mil quince, dictado en la averiguación previa 569/2014/ATLIX, del índice de la Agencia del Ministerio Público adscrito a la Mesa de Trámite Par de Atlixco, Puebla, en el que niega la entrega del vehículo Chevy, color azul, placas de circulación TYA-2397 del Estado de Puebla, a la sociedad quejosa. En virtud de ello, no se estudiarán los razonamientos tendentes a demostrar la violación de derechos fundamentales que se hacen valer en la demanda. Sirve de apoyo la Jurisprudencia II.3o. J/58, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente". QUINTO. PUBLICIDAD. Si bien, de conformidad con el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que causen ejecutoria y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, en los diversos numerales 6 y 7, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la referida legislación, se obtienen los términos en que procederá la consulta de los expedientes que tienen en resguardo tanto los órganos jurisdiccionales como la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por tanto, de conformidad con el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares, considerada como confidencial la que, de acuerdo con los artículos 18 de la citada ley y 8 del referido reglamento, debe ser entendida como aquélla cuya difusión, comercialización o distribución requiere necesariamente consentimiento expreso de las personas titulares de la misma. En este contexto, al encontrarse obligado este órgano jurisdiccional a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no hayan hecho valer ese derecho, se ordena la publicación de esta resolución, con supresión de datos personales a que se refiere el artículo 3°, fracción I, de la citada legislación. Sustenta lo considerado el criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVA DE SU PROTECCIÓN. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares. Por otro lado, los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha ley, prevén como información confidencial aquélla cuya difusión, comercialización o distribución, requiere necesariamente del consentimiento expreso de las personas que son titulares de los datos, por lo que deberá protegerse dicha información en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en los expedientes jurisdiccionales o administrativos, independientemente de que las partes hayan hecho valer el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos. En este sentido, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición, no exime a los órganos jurisdiccionales y a las unidades administrativas de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en los expedientes bajo su resguardo, y que fueron requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos". SEXTO. SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Finalmente, de conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio promovido por EFECTIVO INMEDIATO SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE respecto del acto reclamado del Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa de Trámite Par de Atlixco, Puebla que se precisó en el considerando segundo, de conformidad con el cuarto considerando de la presente resolución. SEGUNDO. En términos de la parte final del considerando quinto, se realiza la publicación respectiva con supresión de datos. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el último considerando de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro.
- Principal
Agréguense a los presentes autos los sobres que contienen los oficios 224/2015 y 230/2015, dirigidos respectivamente a Luz del Rayo Moreno Mendoza, Agente adscrita a la Dirección de Agencias del Ministerio Público Zona Sur- Oriente Foránea Tehuacán, Puebla y Jesús Hernández Herrera Agente adscrito a la Dirección de Agencias del Ministerio Público Zona Sur-Oriente Foránea Tehuacán, Puebla, devueltos por el Administrador de la Oficina de Servicios Directos del Servicio Postal Mexicano, Poder Judicial Siglo XXI, en San Andrés Cholula, Puebla, con la leyenda "Rehusado."; en tales condiciones, con fundamento en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la notificación de los oficios antes citados a las aludidas autoridades, para los efectos legales procedentes. Por otra parte, en relación al sobre que contiene el oficio 235/2015, dirigido a los Agentes Ministeriales de la Primera Comandancia adscritos a Tehuacán, Puebla, se ordena reenviar el mismo con la denominación correcta de dicha autoridad; siendo Comandante de la Primera Comandancia de la Policía Ministerial de Tehuacán, Puebla, para los efectos legales procedentes.
- Principal
ACÚSESE RECIBO DEL OFICIO NÚMERO II-564/2015 Y ANEXOS QUE SE ACOMPAÑARON AL MISMO AL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO, ADJUNTÁNDOLE AL MISMO COPIA AUTORIZADA DEL AUTO DE CUATRO DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, LO ANTERIOR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.
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