Manuel Bastida Araujo
Expediente 297/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 297/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/04/2017
Partes del expediente
- Manuel Bastida Araujo
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; veinte de abril de dos mil diecisiete. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio suscrito por la Secretaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, mediante el cual remite copia certificada del testimonio de la ejecutoria celebrada en la sesión de cinco de abril de dos mil diecisiete, por el citado órgano colegiado en el recurso de queja civil 57/2017 de su índice estadístico, interpuesto por el quejoso Manuel Bastida Araujo, cuyo punto resolutivo es del tenor literal siguiente: "ÚNICO. Es INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por MANUEL BASTIDA ARAUJO contra la resolución de veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, emitida por el Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, en el juicio de amparo indirecto 297/2017, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente determinación." En consecuencia, hágase lo anterior del conocimiento de las partes, acúsese recibo de estilo a la Superioridad y realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, con fundamento en lo establecido en el artículo 21, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa que el presente expediente por tratarse de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo, es susceptible, en su oportunidad de ser destruido. Se comunica a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11, 20 y 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, Archivos, y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo se procederá a su destrucción, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado, Azucena Lazalde Iñiguez, que autoriza, firma y da fe. Doy fe.
- Principal
vii. Para conocimiento de las partes, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, agréguese el comunicado de cuenta mediante el cual el Titular de la Unidad Jurídica de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, rinde informe previo, señala domicilio para oír y recibir notificaciones y designa delegados. Atento a lo anterior, téngase por rendido el informe de mérito y dese cuenta en la audiencia incidental; asimismo, de conformidad con los artículos 26, fracción II, inciso a) y 9°, de la Ley de Amparo, como domicilio el que se indica y delegados a los que se señalan. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, se tienen con el carácter de autoridades responsables a la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana del Gobierno del Estado de México y Secretaría de Infraestructura del Estado de México; en consecuencia, hágase de su conocimiento que se fijaron las diez horas del veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, para celebrar la audiencia incidental; de igual forma, se les hace saber el contenido del auto de nueve de marzo del año cursante (fojas 103 a 114), a efecto de que cumplan sin demora con los requerimientos insertos y acaten en sus términos la suspensión provisional concedida. "Toluca, Estado de México; nueve de marzo de dos mil diecisiete. Como está ordenado en auto de esta fecha dictado en el cuaderno principal relativo al juicio de amparo 1289/2016-VII, promovido por Gael Armando García Fernández, Diego Alonso García Fernández, María José García Fernández, Sergio García Romero, Jesús García Romero, Leslie Xizel Hernández Bermudez, Kenia Hernández Bermudes, Tania Yareli Trejo Hernández, José Luis Fernandez Fernández, Hiaddy Fernández Fernández, Saúl Alejandro Fernández Tiburcio, Julieta Fernández Tiburcio y Celene Romero Gil, en su calidad de indígenas, contra actos del Presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades, se integra por duplicado el presente incidente. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 138, 139 y 140 de la citada Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe previo el que deberán rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas; al efecto, remítase copia simple de la demanda y escritos aclaratorios. ... Se apercibe a las responsables que en caso de ser omisas en rendir su informe previo, se presumirán ciertos los actos reclamados para el sólo efecto de la suspensión, además, de conformidad con los preceptos legales 238 y 260, fracción I, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se harán acreedoras a una multa equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Ahora bien, en el caso a estudio los actos reclamados consisten esencialmente en el desconocimiento de sus derechos como indígenas y que se traducen esencialmente en la perdida de la posesión y propiedad de la extensión territorial de la localidad de San Francisco Xochicuautla, enclavada en el Municipio de Lerma, Estado de México, respecto del tramo en el que aducen los quejosos se lleva a cabo la construcción de la Autopista Toluca-Naucalpan. No obstante a ello, los quejosos también en su demanda de amparo también señalaron como actos reclamados los siguientes: "A).la emisión del Plan Nacional de Desarrollo 2005-2011 .la posible expropiación de las tierras de nuestra comunidad. B).la omisión absoluta en el deber de garantizar y proteger nuestros derechos, ya que su obligación es la defensa y protección de las niñas, niños y jóvenes. C).autorizar, ejecutar y mandar ejecutar el proyecto de autopista Toluca Naucalpan. D).ejecutar y mandar ejecutar el proyecto y cualquier acto en el que haya intervenido para efecto de autorizar la autopista Toluca Naucalpan. E).su participación en la concesión referida en el hecho inmediato posterior, así como cualquier autorización o acto administrativo emitido con respecto al proyecto. F).se reclama la concesión otorgada a favor de Autopistas de Vanguardia S.A. de C.V. (.) G).autorizar en materia de impacto ambiental el cambio de uso de suelo en terrenos forestales del proyecto carretero Toluca Naucalpan. H). la omisión en acciones de defensa de mi comunidad, sus recursos naturales, y nuestros derechos. I).la posible emisión del cambio de uso de suelo forestal. L).la posible certificación de inmuebles a expropiar sin mencionar que los mismos tenían algún valor histórico, artístico y/o cultural. M). la discusión, aprobación y publicación del Decreto legislativo por el que se crea la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en concreto se reclama la inconstitucionalidad de sus artículos 28 al 35 bis 3. N). el desacato judicial a la sentencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, el 02 de mayo de 2014, con sede en Naucalpan, no. De expediente 48/2014, por violar nuestros derechos humanos. O). los efectos del desacato judicial a la sentencia de cumplimiento de ejecutoria del 15 de mayo de 2014, emitida por el Tribunal Unitario Agrario No. 9 con sede en Toluca, en el expediente no. 647/2014, por violar mis derechos humanos. P). los efectos del desacato judicial a la sentencia en el incidente de suspensión 1123/2015 de fecha 30 de septiembre del 2015, por violar nuestros derechos humanos. Q). los efectos del desacato judicial a las suspensiones definitivas ordenadas en el expediente 771/2015 por el Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo con residencia en Toluca, de fecha 03 de marzo del 2016, por violar nuestros derechos humanos. R). proteger ilegalmente a la constructora en nuestro territorio indígena, para la construcción de la autopista y permitiendo el derribo de la casa de nuestra hermana indígena Dulce Gisela Garcua Jaimes, y nuestro bosque, actuando ilegalmente como guardias blancas protegiendo a una empresa privada. . U). la omisión de proteger de manera integral nuestros derechos garantizando la aplicación del principio de interés superior de la niñez en nuestro beneficio y protección de nuestros derechos, obligación establecida en la Constitución Mexicana, la Convención de los Derechos de los Niños y la Convención Americana de Derechos Humanos y la Ley Federal de (SIC). V). la omisión de proteger, garantizar y respetar mi derecho a un medio ambiente sano para nuestro desarrollo y bienestar tutelado por la Constitución Política Mexicana. X). la omisión de proteger, garantizar y respetar nuestro derecho a la salud reconocido por la Constitución Política Mexicana. Y). la omisión de proteger, garantizar y respetar nuestro nivel de vida adecuado para mi desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social reconocido por la Convención de los Derechos del Niño". Precisado lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 131 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa, respecto de actos reclamados precisados en los incisos A), C), D), E), F), G), N), O), P), Q) y R), en virtud de que dichos actos ya fueron emitidos y ejecutados por las autoridades responsables, lo que evidencia que se trata de actos consumados, contra los cuales no procede la medida cautelar, ya que de concederla se le daría efectos restitutorios los cuales son propios de la sentencia que se pronuncie en el juicio principal de donde deriva este incidente. Es aplicable la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 45, del tomo IV, Segunda Parte-1, del Semanario Judicial de la Federación, julio-diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, octava época, con número de registro 226599, que establece: "ACTOS CONSUMADOS SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión pues equivaldría darle efectos restitutorios los cuales son propios de la sentencia definitiva en el amparo que se pronuncie." En diverso orden, por cuanto hace a los actos reclamados precisados en los incisos B), H), U), V), X) y Y), se niega la suspensión provisional solicitada pues se trata de actos de naturaleza omisiva, que carecen de ejecución, ya que implica una abstención por parte de las autoridades responsables, por tanto, no existe materia para conceder la suspensión, porque implicaría darle efectos constitutivos de derechos a la suspensión y ello es materia de la sentencia definitiva que llegare a dictarse en el juicio principal, es decir, la suspensión no puede tener como efecto el constreñir a la responsable a que emita y/o realice determinado actuar, porque entonces el juicio de amparo quedaría sin materia. Es aplicable la tesis XXI.2o.11 K, consultable en la página 214, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Abril de 1997, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, con número de registro 199059; con el rubro y texto siguientes: "ACTOS DE OMISIÓN, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL SOLICITADA EN CONTRA DE LOS. Si del análisis que de los actos reclamados hace el Juez de Distrito, advierte que se hacen consistir en una abstención u omisión por parte de las autoridades responsables en la realización de dichos actos, debe considerarse que la suspensión provisional solicitada al respecto es improcedente, en virtud de que de acuerdo con su naturaleza, no requieren de ejecución material alguna; por tanto, no pueden ser materia de la medida cautelar solicitada." Igualmente, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, publicada en la página 312, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación, Junio de 1993, Octava Época, con número de registro 216236, que establece: "SUSPENSIÓN, NATURALEZA DEL ACTO QUE SE RECLAMA PARA CONCEDER O NEGAR LA. En el juicio de amparo es importante precisar la naturaleza del acto que se reclama para estar en aptitud de decidir si existe algún efecto que pudiera ser susceptible de suspenderse, o se trata de actos consumados contra los cuales no procede la medida cautelar por carecer de materia sobre la cual recaen. Existen dos tipos de actos para efectos suspensionales, a saber: los positivos y los negativos. Los primeros se traducen siempre en una conducta de hacer de la autoridad y se subclasifícan en: a) actos de ejecución instantánea, b) de ejecución continuada o inacabada y c) actos de ejecución de tracto sucesivo. Si la ejecución es instantánea, únicamente podrá otorgarse la suspensión antes de que el acto se consume, nunca después, porque carecería de materia y de concederse se darían efectos restitutorios propios de la sentencia de fondo; los actos de ejecución continuada o inacabada son aquellos en los que la autoridad debe actuar un número determinado de veces para consumar el acto reclamado, entonces, al otorgar la suspensión el efecto será impedir que se siga materializando la ejecución al momento en que se concede la medida cautelar, pero lo ya consumado no puede afectarse porque se darían efectos restitutorios también; por lo que toca a la ejecución de tracto sucesivo, la autoridad actúa constantemente y un número ilimitado de ocasiones, ejerciendo presión táctica sobre la situación de la persona del quejoso, de sus bienes, de su familia, posesiones, etcétera, pues de no hacerlo así la ejecución cesaría de inmediato; por lo que, la suspensión concedida actúa desde el momento mismo en que se otorga hacia el futuro, pero nunca sobre el pasado. En relación con los actos negativos, la clasificación se da de la siguiente manera: a) abstenciones, b) negativas simples y c) actos prohibitivos; las abstenciones carecen de ejecución, pues implican un no actuar de la autoridad, por lo tanto, no existe materia para conceder la suspensión; las negativas simples sólo implican el rechazo a una solicitud del particular, y dada su naturaleza, tampoco admiten suspensión porque se darían efectos constitutivos de derechos a la medida cautelar; finalmente, los actos prohibitivos no son iguales a los negativos simples, porque implican en realidad una orden positiva de autoridad, tendiente a impedir una conducta o actividad del particular previamente autorizada por el gobierno. En este último supuesto, la suspensión sí es procedente, pero debe examinarse cada caso concreto, sopesándose cuidadosamente, por una parte, el interés legítimo del gobernado en realizar la conducta prohibida y por la otra, el interés público de la autoridad en impedirla, así como las consecuencias o perjuicios que a cada uno de ellos se puede seguir con la concesión o negativa de la medida." Es aplicable la tesis I.3o.C.25 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado En Materia Civil Del Primer Circuito, publicada en la página 1468, del Tomo XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Marzo de 2002, Novena Época, con número de registro 187375, que establece: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS PROHIBITIVOS O NEGATIVOS. Si bien en la Ley de Amparo no existe disposición alguna que establezca que debe negarse la suspensión cuando el acto reclamado es prohibitivo o negativo, el criterio del Poder Judicial de la Federación ha sido constante en el sentido de que la suspensión no procede contra actos que tienen ese carácter, porque el objetivo de la medida cautelar es paralizar y detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el amparo, hipótesis que obviamente no se actualiza ante una prohibición de proceder para el particular o ante una negativa de la autoridad a actuar de determinada manera, como sería admitir una prueba o un recurso, o negar eficacia a ciertas diligencias; por lo que si la suspensión se otorgara contra ese tipo de actos, no tendría ya el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran al solicitar la protección constitucional, sino efectos restitutorios que sólo son propios de la sentencia que, en su caso, otorgue la protección de la Justicia Federal. De ahí que la interpretación del artículo 124 de la Ley de Amparo, que establece los requisitos para otorgar esa medida cautelar, debe partir de la premisa de que el acto sea suspendible, de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por dicho artículo, como es que la solicite el agraviado, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto, no existiría materia que suspender." A su vez, respecto del acto reclamado precisado en el inciso M), que los quejosos hacen consistir en la discusión, aprobación y publicación del Decreto Legislativo por el que se crea la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en concreto la inconstitucionalidad de sus artículos 28 a 35 bis 3, se niega la medida cautelar solicitada, pero en específico en lo que concierne al proceso legislativo que entraña la creación de los preceptos que constituyen los actos reclamados en este incidente de suspensión, es decir, respecto de su iniciativa de ley, discusión, aprobación, votación, promulgación, expedición, refrendo y publicación, del Decreto y resoluciones reclamadas; pues resulta improcedente conceder la medida cautelar toda vez que cuando una ley u ordenamiento general se encuentra ya expedida y promulgada, no puede decretarse suspensión alguna en su contra, por cuanto hace al proceso legislativo que se llevó a cabo para su creación, porque la materia de la suspensión es la ejecución o aplicación de la Ley, y no ésta en sí, y su inconstitucionalidad, que es lo que puede perjudicar a la quejosa, es materia del fondo del amparo y no del incidente de suspensión. Es aplicable la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 656, del Tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación, de julio de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, con número de registro 211597, que establece: "LEYES, SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE CONTRA EXPEDICIÓN Y PROMULGACIÓN DE LAS. No puede concederse la suspensión contra la promulgación y expedición de las leyes, si aquéllas ya se llevaron a cabo." Finalmente, respecto de los efectos y consecuencias de los actos reclamados, precisados en los incisos A), I) y L), que consisten esencialmente en la expropiación de la extensión territorial perteneciente a de localidad de la que aducen ser partes los quejosos en su calidad de indígenas, a saber, de San Francisco Xochicuautla, la cual se encuentra enclava en el Municipio de Lerma, Estado de México, pero en específico, respecto del tramo en el que refieren los quejosos se lleva a cabo la construcción de la Autopista Toluca-Naucalpan, el cambio de uso de suelo forestal, y la certificación de inmuebles a expropiar; cabe decir que en el artículo 128 de la Ley de Amparo, se establecen como requisitos para su concesión los siguientes: a) Que la solicite el quejoso; b) Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 131 de la Ley de Amparo: "Artículo 131. Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento. - - - En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda." En ese sentido, es propio destacar que de las manifestaciones hechas en el escrito inicial de demanda, se obtiene que los promoventes aducen acudir a la presente instancia en su calidad de indígenas; de ahí que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 2º y 107, fracción X, Constitucionales, así como en atención al Protocolo de Actuación Para Quienes Imparten Justicia en Casos que Involucren Derechos de Personas, Comunidades y Pueblos Indígenas, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el suscrito con la finalidad de salvaguardar los derechos de propiedad y posesión de los quejosos en su calidad de indígenas sin que ello implique el pleno reconocimiento de dicho carácter, así como de un derecho a su favor, pues en todo caso tal circunstancia podrá acreditarse en el fondo del asunto , se estima necesario conceder la suspensión provisional de los actos reclamados por cuanto hace a sus efectos y consecuencias. Al respecto y previo a precisar los efectos de la concesión de la suspensión provisional, es de vital importancia, mencionar que al igual que otros protocolos emitidos por la Presidencia de la Suprema Corte, el Protocolo de Actuación para quienes imparten Justicia en casos que involucren Derechos de Personas, Comunidades y Pueblos Indígenas, presenta los lineamientos necesarios de actuación judicial para dar cabal cumplimiento a lo dispuesto por la Constitución y las normas internacionales en la materia. Dicho Protocolo puntualiza la doble obligación de restituir a las personas en el ejercicio de sus derechos cuando les son violentados y garantizar un acceso pleno a la justicia, respetando todos los derechos procesales, como medio fundamental para la exigibilidad de los derechos humanos. Asimismo, señala que históricamente las personas y pueblos indígenas han sido víctimas de procesos en los que no se consideran sus lenguas, sus especificidades culturales, ni su frecuente condición de marginación y exclusión social, lo que, en la mayor parte de las ocasiones, ha redundado en condenas injustas o excesivas, así como en el quebranto de las instituciones propias de los pueblos. Además, precisa que se debe impartir justicia a los miembros de los pueblos indígenas u originarios de México, adecuándose a los más altos estándares nacionales e internacionales, tal como lo marca el artículo 1° de la Carta Magna. Igualmente, anuncia como marco normativo que vincula al Estado mexicano con los derechos de los pueblos indígenas, tanto a la Constitución, como a los instrumentos internacionales relativos y la jurisprudencia interpretativa desarrollada por los órganos encargados de su supervisión . Por lo que a partir de la reforma constitucional de dos mil once, los derechos humanos contenidos en la Carta Magna y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano no sea parte, deben ser aplicados por las y los jueces. Asimismo, el núcleo del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas está previsto en el artículo 2° de la Constitución cuyo texto actual deviene del decreto de catorce de agosto de dos mil uno, en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicado el veinticinco de septiembre de mil novecientos noventa y en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas cuyo decreto es de trece de noviembre de dos mil siete. En estos ordenamientos existe una amplia gama de derechos, tanto sustantivos como de carácter procedimental y estos últimos con implicaciones ineludibles para la actuación jurisdiccional. A su vez, el artículo 15 del Convenio 169 de la Organización Nacional del Trabajo, establece la obligación de brindar una protección especial de los recursos naturales que existen en las tierras de los pueblos, lo que implica la participación de los indígenas en la utilización, administración y conservación de los mismos, artículo es armónico con lo dispuesto por el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al considerarlos propiedad de la nación. Sin embargo, dicho Convenio señala la obligación de consultar a los pueblos interesados a fin de determinar si sus intereses -y derechos- serían perjudicados y de qué manera lo serían, antes de emprender proyectos expropiatorios o extractivos; asimismo se establece que en la medida de lo posible, los pueblos deben participar de los beneficios de las actividades extractivas y recibir una indemnización equitativa por los daños que les pudieran ocasionar estas actividades. El referido Convenio regula en su artículo 16, el traslado (excepcional) de los pueblos respecto de sus tierras y en el 17 determina que se deben respetar las modalidades de transmisión de derechos sobre la tierra indígena. También establece la disposición de proteger estas superficies contra el abuso que, producto del desconocimiento o de la buena fe, puedan hacer personas extrañas con el fin de apropiárselas, así como las sanciones legales a las infracciones cometidas en relación con estas normas. El derecho al territorio ha ido evolucionando en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a partir del derecho a la propiedad reconocido en la CADH, pero interpretado a la luz de lo reconocido por el Convenio 169 de la OIT. De esta manera se garantiza la protección de sus territorios, importantes indemnizaciones cuando algún daño ya no puede ser resarcido a la comunidad y la exigencia de realización del derecho a la consulta, particularmente en el caso de grandes obras o proyectos que afectan la vida y la cultura de estos pueblos. De ahí la necesidad de llevar a cabo consultas que salvaguarden una amplia gama de derechos reconocidos que se pueden ver conculcados antes, durante y posteriormente a la ejecución de estos proyectos. En síntesis, conforme al aludido Protocolo de Actuación para quienes imparten Justicia en casos que involucren Derechos de Personas, Comunidades y Pueblos Indígenas, es conveniente precisar que las principales obligaciones de un Juzgador para un proceso en donde estén involucrados las personas o los pueblos indígenas, entre otros son: a) En caso que involucren sus tierras, territorios y recursos naturales, incluso los que son propiedad de la Nación, pero cuya extracción o explotación implica una afectación, de tierras indígenas, se deben tomar todas las medidas de protección especial consagradas en los artículos 13 a 17 del Convenio 169 de la OIT, aun cuando sean diferentes o complementarias a lo dispuesto por el derecho agrario y el derecho procesal agrario; b) En todos los casos en los que el fondo del asunto implique medidas administrativas o legislativas que afecten o hayan afectado a los pueblos indígenas, se les debe -o debió- haber consultado, y en ciertos casos se debió haber llegado al consentimiento libre, previo e informado. Aun cuando la ley nacional establezca que los derechos sobre recursos del subsuelo forman parte del patrimonio nacional, el Estado tiene la obligación de consultar con los pueblos indígenas y tribales que pudieran ser afectados antes de autorizar actividades de exploración, explotación o expropiación de los recursos ubicados en territorios indígenas. La consulta se requeriría no solo cuando las tierras que pudieran ser afectadas por una medida o actividad hayan sido reconocidas como tierras indígenas por el derecho interno se plantea siempre que estén en juego sus intereses particulares, incluso si dichos intereses no corresponden a un derecho a la tierra. Establecido lo anterior, y como ya se indicó con fundamento en lo dispuesto en los artículos 2º, 107, fracción X, este último relativo al principio de la apariencia del buen derecho y peligro en la demora, y el referido Protocolo de Actuación para quienes imparten Justicia en casos que involucren Derechos de Personas, Comunidades y Pueblos Indígenas, respecto de los efectos y consecuencias de los actos reclamados, se concede la suspensión provisional para el efecto de que no se desconozcan a la parte quejosa sus derechos como integrantes de una comunidad indígena y como consecuencia de ello, no se sean privados de manera temporal de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos indígenas, respecto de la superficie de terreno que en esta instancia defienden, relativa al tramo en el que arguyen se lleva a cabo la construcción de la Autopista Toluca-Naucalpan, el cual se encuentra en la localidad de San Francisco Xochicuautla, que se encuentra enclavada en el Municipio de Lerma, Estado de México; ello en atención, como se dijo en líneas precedentes, al principio de la apariencia del buen derecho y peligro en la demora y considerando que se ostentan como personas pertenecientes a una comunidad indígena. Se precisa a las partes que la presente medida cautelar no surtirá efectos si el desconocimiento de sus derechos como indígenas, en específico respecto de la superficie de terreno que en esta instancia defienden (relativa al tramo en el que refieren se lleva a cabo la construcción de la Autopista Toluca-Naucalpan, el cual se encuentra ubicado en la localidad de San Francisco Xochicuautla, la cual a su vez se halla enclavada en el Municipio de Lerma, Estado de México), emana del algún decreto expropiatorio en el que se haya otorgado garantía de audiencia a quienes legalmente representen a la comunidad indígena Otomí-Mexica a la que aducen pertenecer, o bien si los actos reclamados provienen de diversas autoridades a las señaladas como responsables. Igualmente, se precisa que la medida cautelar no implica que no se sigan, de ser el caso, procedimientos expropiatorios en los que se encuentre enclavado el predio y/o extensión de terreno que en esta instancia defienden, sino en todo caso, que se otorgue la garantía de audiencia respectiva a la comunidad indígena quejosa. Sirve de apoyo la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 315, del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de diciembre de dos mil nueve, Novena Época, con número de registro 165659, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.", sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida." En diverso aspecto, se previene a la parte quejosa para que, en el caso de que las autoridades señaladas como responsables, no existan con la denominación que indica en su demanda, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo, (que precisa las obligaciones de la parte quejosa, entre las que se encuentra el señalamiento preciso de las autoridades responsables- tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la ley de la materia), se le tendrá como inexistente y por ende no se le dirigirán comunicaciones procesales, además de que en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o que la parte quejosa corrija hasta antes de la celebración de la audiencia incidental el señalamiento de la denominación de las autoridades responsables; tomando en consideración que le corresponde a la quejosa estar pendiente de la tramitación en su asunto, circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de celeridad procesal. . Como lo establece el artículo 13 de la Ley de Amparo, y en virtud de solicitarlo expresamente la parte quejosa, se tiene como representante común de los peticionarios de la protección constitucional a Celene Romero Gil. En otro aspecto, del expediente principal del cual deriva este incidente de suspensión se evidencia que por auto de veintidós de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 351 y 352 del juicio principal), se tuvo a María Teresa de Jesús Rodríguez Medrano y Oscar Merced Olivares Salazar, en su carácter de Asesores Jurídicos Federales adscritos al Instituto Federal de la Defensoría Pública Delegación Estado de México, como representantes especiales, la primera respecto de los menores quejosos Gael Armando García Fernández, Diego Alonso García Fernández, María José García Fernández, Sergio García Romero, Jesús García Romero, Leslie Xizel Hernández Bermudez y Kenia Hernández Bermudes; y el segundo, respecto de los menores Tania Yareli Trejo Hernández, José Luis Fernández Fernández, Hiaddy Fernández Fernández, Saúl Alejandro Fernández Tiburcio y Julieta Fernández Tiburcio. Asimismo, que en el acuerdo referido en el párrafo anterior, así como en el de veintiocho de septiembre del año próximo anterior (foja 515 del juicio principal), se tuvo como domicilio para oír y recibir notificaciones de los citados representantes especiales el ubicado en las Oficinas que ocupa la el Instituto Federal de la Defensoría Pública, sito: Avenida Doctor Nicolás San Juan, número ciento cuatro, edificio anexo, tercer piso, Colonia Ex Rancho Cuauhtémoc, Toluca, Estado de México. Por tanto, para efectos de la tramitación del presente incidente, se tiene por reconocido el carácter de representantes especiales de los menores quejosos a María Teresa de Jesús Rodríguez Medrano y Oscar Merced Olivares Salazar, en su carácter de Asesores Jurídicos Federales adscritos al Instituto Federal de la Defensoría Pública Delegación Estado de México; y por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones. Acorde con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Por otra parte, en términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 176/2012, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en la página 1253, libro XVI, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de 2013, Décima Época, con número de registro 2002576, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se le notificarán por medio de lista que se fija en este Juzgado de Distrito. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada."
- Principal
III.- Visto el oficio de cuenta, signado por el Presidente Municipal Constitucional de Texcalyacac, Estado de México, mediante el cual manifiesta su imposibilidad para dar cumplimiento al requerimiento que le fue formulado mediante auto de veintidós de febrero de dos mil diecisiete (fojas 519 a 524), consistente en la reconexión de la línea de conducción de agua potable del pozo 56, toda vez que se encuentra ubicado en la localidad de San Lorenzo Huehuetitlán, Municipio de Tianguistenco, Estado de México, esto es, está fuera de su jurisdicción, aunado a ello, el Sistema Lerma SACMEX, de la Ciudad de México y CAEM, son quienes operan el referido pozo; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese para que surta los efectos legales procedentes. Por tanto, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, por el plazo de tres días, computado a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga respecto a lo aducido por la autoridad responsable, en el sentido de su imposibilidad material para dar cabal cumplimiento al fallo protector; con el apercibimiento de que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las responsables. Por otra parte, visto el escrito de cuenta signado por el quejoso Jorge Valencia Alonso, mediante el cual desahoga la vista ordenada el dos de marzo de dos mil diecisiete, y al respecto manifiesta su inconformidad en cuanto al pretendido cumplimiento dado al fallo protector por parte de las autoridades responsables; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese para que surta sus efectos legales procedentes. En esas condiciones, ténganse por hechas sus manifestaciones y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, tómense en consideración al momento de realizar el pronunciamiento relativo al cumplimiento dado a la sentencia de amparo, una vez que fenezca el plazo concedido al quejoso en la presente determinación.
- Principal
ii. El estado procesal de los autos evidencia que no obran constancias de notificación por medio de las cuales se les hayan comunicado a las autoridades responsables Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, Presidente los Estados Unidos Mexicanos, Secretario de Gobernación, Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Delegación Estado de México del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la sentencia dictada en el presente juicio de amparo el nueve de febrero de dos mil diecisiete (fojas 109 a 125). En virtud de lo anterior, a fin de evitar mayores dilaciones procesales, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su precepto 2°, notifíquese por oficio la sentencia dictada en el presente sumario constitucional y remítase copia autorizada de la misma a las autoridades responsables de referencia.
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