Manuel Bandala Andrés y Otros.

Expediente 1076/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1076/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
07/11/2016

Partes del expediente

  • Manuel Bandala Andrés y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el proveído que desechó su demanda de amparo, sin que lo hiciera valer; por tanto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo CAUSÓ ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este asunto como concluido.Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se tuvo por desechada la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    Manuel Bandala Andrés, Virginia Bello Lino, Alfonso y Jhony ambos de apellidos Bandala Bello promueven juicio de amparo contra actos del Fiscal Primero en la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Décimo Distrito Judicial, con residencia en Tlapacoyan, Veracruz; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 1076/2016 que le corresponde. PROPUESTA DEMOSTRATIVA De la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, como se explica a continuación. HIPÓTESIS NORMATIVA El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. Por su parte el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo prevé: "El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)". Asimismo, el artículo 107, fracción V, de la Ley mencionada establece: "El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". El primero de los artículos, refiere que el juicio de amparo es improcedente, en los demás casos en que resulte de alguna disposición de la ley; por su parte, el segundo artículo dispone, en su fracción relativa, que el amparo indirecto procede limitativamente ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Por tanto, el juicio de amparo es improcedente contra actos en el juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Cabe destacar que jurisprudencialmente se ha considerado que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, únicamente, cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, o bien, cuando se afecta en grado predominante o superior algún derecho adjetivo, mas no en los casos en que se afecte de forma simple derechos adjetivos o procesales. Por tanto, si el acto reclamado no afecta en forma directa e inmediata los derechos sustantivos del oferente, ni en grado predominante o superior alguno adjetivo, se considera que los efectos jurídicos producidos por éste son meramente intraprocesales y aun cuando no obtenga una sentencia favorable, tiene su derecho expedito para alegarlo como violación procesal en términos del artículo 172 de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo que en vía directa promueva contra la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio. Por otro lado, el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala: "Art. 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. N. DE E. EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL D.O.F. DE 18 DE JUNIO DE 2008, QUE MODIFICA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas. Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día. Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por infracción de los reglamentos gubernativos y de policía, no excederá del equivalente a un día de su ingreso. N. DE E. EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULOS SEGUNDO Y TERCERO TRANSITORIOS DEL DECRETO PUBLICADO EN EL D.O.F. DE 18 DE JUNIO DE 2008, QUE MODIFICA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley. El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional(.)" De la interpretación del citado artículo, es posible advertir que el orden jurídico actual reconoce como una labor fundamental de la autoridad ministerial la investigación y prosecución de posibles hechos delictuosos, sin que otorgue a los indiciados el derecho de oponerse a su continuación, aun cuando sean considerados probables responsables. Por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterio en el sentido de que el amparo es improcedente contra actos emitidos durante la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase no irroga a la parte quejosa perjuicio alguno, pues, en todo caso, el mismo se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal libre la correspondiente orden de aprehensión. Tiene aplicación la tesis siguiente: Novena Época Registro: 180028 Instancia: Primera Sala Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, Diciembre de 2004, Materia(s): Penal Tesis: 1a. CXXXV/2004 Página: 351 "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad." HECHOS Del análisis íntegro de la demanda de amparo, se advierte que los promoventes señalan como acto reclamado: La supuesta privación en forma definitiva de la propiedad, posesión y disfrute de sus derechos agrarios ejidales, con motivo de la integración de la carpeta de investigación UIPJ/DX/1/112/2016 del índice de la Fiscal Primero en la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Décimo Distrito Judicial, con residencia en Tlapacoyan, Veracruz. Por otra parte, cabe precisar que los promoventes bajo protesta de decir verdad, manifestaron que el Fiscal responsable en la carpeta de investigación UIPJ/DX/1º/112/2016 de su índice, se encuentra investigando posibles hechos constitutivos del delito de robo, incluso que han sido citados en diferentes ocasiones; aunado a que la supuesta privación en forma definitiva de la propiedad, posesión y disfrute de sus derechos agrarios ejidales, fue emitida de manera verbal (fojas 2 y 5). CONCLUSIÓN Por lo tanto, se concluye respetuosamente que tal acto por el momento, no irroga perjuicio alguno a la parte quejosa, pues éste, en todo caso, se puede materializar hasta que la autoridad judicial competente, que conozca de la causa o proceso penal que corresponda, determinara procedente el libramiento de la respectiva orden de aprehensión o de algún acto que excepcionalmente haga procedente el juicio de amparo (imposición de medidas cautelares). Así, dicho acto no se advierte de imposible reparación, porque no se afectan los derechos sustantivos de los promoventes, máxime que se trata de facultades discrecionales de la autoridad responsable de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la integración de la carpeta de investigación, de ahí que sea manifiesta e indudable la causa de improcedencia. Además, debe precisarse que el acto que por esta vía se impugna no causa un perjuicio actual a la parte quejosa, que haga procedente la acción constitucional indirecta, ya que durante el procedimiento penal pueden ser desvirtuados los hechos que se atribuyan a los promoventes, con las pruebas que para tal efecto se ofrezcan y desahoguen, en los términos, así como con los requisitos fijados por la ley; máxime que la supuesta privación de la propiedad, posesión y disfrute de sus derechos agrarios ejidales, fue emitida de manera verbal por el Fiscal responsable (fojas 2 y 5). En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Por otra parte, debido a que los promoventes señalan como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado de Distrito, con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones que emanen de este asunto, incluso las de carácter personal, efectúensele por lista de acuerdos. Asimismo, se faculta como sus autorizados en términos de la última parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que nombra; esto es, solamente para oír notificaciones e imponerse de autos, debido a que no cuentan con cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a la parte quejosa que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V, 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; tiene derecho a oponerse para que se publiquen o se den a conocer sus datos personales, en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que solicite, contenga información reservada que ponga en peligro su vida, seguridad o salud, o bien, sea confidencial, por así establecerse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

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