Manuel Balderas Turrubiates

Expediente 16/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
16/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
26/01/2023

Partes del expediente

  • Manuel Balderas Turrubiates

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos en los que se actúa, así como el contenido de la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, sin que la parte quejosa Manuel Balderas Turrubiates, haya interpuesto recurso alguno en contra del auto de diez de enero de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme el citado auto para todos los efectos legales procedentes. En tales condiciones, hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y de conformidad con lo estipulado en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, se archiva el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Notifíquese; electrónicamente a la parte quejosa.

  2. Principal

    téngase por recibido el escrito signado por Manuel Balderas Turrubiates, mediante el cual en cumplimiento a la prevención contenida en el proveído de cinco de enero de dos mil veintidós, manifiesta que no es su deseo señalar como autoridad responsable a la Sala Regional del Golfo Norte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, residente en esta ciudad. Al respecto, se tiene por desahogado en tiempo el requerimiento efectuado a través de proveído de antes citado. Ahora, en el escrito inicial de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso hace consistir como acto reclamado lo siguiente: IV.- ACTO RECLAMADO:- La omisión de la Autoridad señalad como responsable al dejar de dar cumplimiento con la sentencia dictada en fecha 30 de mayo del año dos mil veintidós, por la sala regional del golfo norte, en el expediente 347/22-18-01-8, en la que se determina la procedencia del juicio por haberse acreditado por el suscrito la acción y se declara la nulidad de la resolución negativa ficta para los efectos que precisa el considerando tercero de la resolución fiscal, que lo fue para que la institución ahora autoridad responsable emita un acto debidamente fundado y motivado donde calcule y determine los incrementos a la pensión de la parte actora, es decir al suscrito y en su caso realice los ajustes correspondientes y pague las diferencias con motivo de su omisión a partir del año 2019, y como consecuencia de ello se actualice mi pensión". Al respecto, como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse a las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad hace el promovente en el escrito de la demanda de amparo, y así considerarla probada sin lugar a dudas, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la parte quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que pudiera causarle perjuicio. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61 en relación con el diverso artículo 217 de la Ley de Amparo que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. [.]" De conformidad con los preceptos antes transcritos, se puede advertir del primero, que el juicio de amparo resultaría improcedente al contravenir disposiciones contenidas en la Norma Superior de la Nación o en la propia Ley de Amparo. En esa virtud, como ya se mencionó, la parte impetrante en esencia reclama de la autoridad responsable la omisión de cumplir con la sentencia de treinta de mayo de dos mil veintidós, emitida por la Sala Regional del Golfo Norte, dentro del expediente 347/22-18-01-8, pues considera que con dicha omisión o falta de cumplimiento se demora la administración de justicia, lo cual transgrede en su perjuicio la garantía de acceso a la impartición de justicia pronta y expedita contenida en el artículo 17 Constitucional. Al respecto, debe decirse que la procedencia del juicio de amparo para lograr la cumplimentación de una determinación, resolución o sentencia dictada por un tribunal jurisdiccional, estaba reservada para aquellos tribunales que carecían de medios coercitivos para ello, es decir, no eran Tribunales de Plena Jurisdicción de manera que a través del Juicio de amparo se podía cumplir con la garantía consagrada en el artículo 17 Constitucional de obtener la plena ejecución de las sentencias, como sucedía con el entonces Tribunal Fiscal de la Federación, que al ser un Tribunal de mera anulación, sin facultades coercitivas o de imperio para hacer cumplir sus determinaciones, era menester acudir al juicio de garantías para ello. Luego, en la hipótesis en que se encuentra la ahora quejosa, la falta u omisión de cumplir con la sentencia de treinta de mayo de dos mil veintidós, emitida por la Sala Regional del Golfo Norte, dentro del expediente 347/22-18-01-8; tal determinación fue dictada por un órgano jurisdiccional que cuenta con plena jurisdicción lo que implica que, como tal sí cuenta con los medios coercitivos para lograr la plena ejecución de los fallos, como se advierte del artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que establece: "ARTÍCULO 58.- A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: I.- La Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere pronunciado la sentencia, podrá de oficio, por conducto de su Presidente, en su caso, requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento de la sentencia. Se exceptúan de lo dispuesto en este párrafo las sentencias que hubieran señalado efectos, cuando la resolución impugnada derive de un procedimiento oficioso; Concluido el término anterior con informe o sin él, la Sala Regional, la Sección o el Pleno de que se trate, decidirá si hubo incumplimiento injustificado de la sentencia, en cuyo caso procederá como sigue: Impondrá a la autoridad demandada responsable una multa de apremio que se fijará entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario que estuviere vigente en el Distrito Federal, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas de apremio en los términos de este inciso, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada. II.- El auxilio de la fuerza pública, que deberá proporcionarse en el momento que fuere solicitado; III.- El cateo por orden escrita. En cada caso se especificará su objeto y podrá autorizarse la rotura de cerraduras si las circunstancias así lo exigen; y, IV.- El arresto hasta por 36 horas. La Policía deberá informar al Juzgado, en cada caso, la fecha en que se llevó a cabo la detención. Todo requerimiento con apercibimiento de emplear medios de apremio, deberá notificarse personalmente a la parte que corresponda. Si fuese insuficiente el apremio, se procederá contra el rebelde conforme al Código Penal." Y en el caso, tales medios de apremio se pueden legalmente aplicar a la Subdelegación de Prestaciones Económicas de la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores en el Estado de Tamaulipas, pues le asiste el carácter de demandado dentro del juicio de origen. De ahí que, le asiste el carácter de parte demandada (no de autoridad), en el expediente 347/22-18-01-8, del que deriva la omisión de cumplir con la sentencia de treinta de mayo de dos mil veintidós, emitida por la Sala Regional del Golfo Norte, pues se trata de un sujeto que es parte de la relación jurídica sustancial que se debate o debatió en el proceso (parte propiamente dicha), pero que fue requerido por el Juez natural para la ejecución y participación en el procedimiento, en este caso, para que se sirva cumplir con la sentencia dictada en el procedimiento natural, de ahí que la Subdelegación de Prestaciones Económicas de la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores en el Estado de Tamaulipas no pueda ser considerado como autoridad para efectos del juicio de amparo, pues tiene el carácter de parte demandada dentro de un procedimiento jurisdiccional ventilado ante un Tribunal que goza de plena jurisdicción. En tal virtud, con fundamento la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 217 de la Ley de Amparo, en concordancia con el ordinal 113 del ordenamiento legal mencionado, se desecha de plano la demanda de amparo que se trata, por la causa manifiesta e indudable de improcedencia destacada. Consecuentemente, SE DESECHA DE PLANO la demanda que se trata, en términos del artículo 113, ibídem. Notifíquese; electrónicamente a la parte quejosa.

  3. Principal

    antes de proveer respecto de la admisión o no de la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, fracción I y 108 de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que en el plazo de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, realice lo siguiente: 1. Manifieste si es su deseo o no señalar como autoridad responsable a la Sala Regional del Golfo Norte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, residente en esta ciudad. Lo anterior, en atención a que en el capítulo relativo al acto reclamado manifiesta que reclama "el dejar de dar cumplimiento con la sentencia dictada en fecha 30 de mayo de dos mil veintidós, por la sala regional del golfo norte, en el expediente 347/22-18-01-8, en la que se determina la procedencia del juicio por haberse aprobado por la suscrita y se declara la nulidad de la resolución negativa ficta para los efectos que precisa el considerando tercero de la resolución fiscal, que lo fue para que la institución ahora autoridad responsable emita un acto debidamente fundado y motivado donde calcule y determine los incrementos a la pensión de la parte actora, es decir al suscrito y en su caso realice los ajustes correspondientes y pague las diferencias con motivo de su omisión a partir del año 2019, y como consecuencia de ello se actualice mi pensión." Lo anterior en virtud que, este órgano de control constitucional no está facultado para suponer de oficio cuál o cuáles son las autoridades a quienes se les señala el acto reclamado, sino que la expresión con precisión de tales autoridades es una atribución exclusiva de la parte quejosa, lo que constituye un requisito que debe cumplir la demanda de amparo en términos de los artículos 108 y 114, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, lo cual el legislador instituye para que el tribunal que conozca de la demanda esté en condiciones de atender las cuestiones planteadas en la demanda, solicitar el informe justificado, así como para que la responsable pueda rendirlo, dar contestación a lo que se le atribuye, otorgar a las demás partes la legal intervención que les corresponde. Lo anterior, bajo el apercibimiento de que de no cumplir con lo requerido dentro del plazo señalado para ello, la demanda de amparo se tendrá por no presentada, en términos del párrafo séptimo del numeral 114 de la ley de la materia en vigor. Finalmente, deberá de exhibir copias de su escrito aclaratorio necesarias para la tramitación del presente juicio, a fin de correr traslado a cada una de las partes. Notifíquese; por correo electrónico a la parte quejosa.

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