Manuel Avena Rojo

Expediente 492/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
492/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
26/05/2021

Partes del expediente

  • Manuel Avena Rojo

Actuaciones

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. Firme desechamiento. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la cual se advierte que transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del auto de siete de mayo de dos mil veintiuno, que desechó la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme para todos los efectos legales procedentes. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, conforme al artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Archivo y anotaciones. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. Exhorto diligenciado. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales, el oficio y anexo remitidos vía interconexión por el Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana; atento a lo anterior; téngase a la autoridad oficiante devolviendo debidamente diligenciado el exhorto con número de orden ***, del índice de este Juzgado, en la cual se advierte que el quejoso ****, fue notificado por conducto de su autorizada del proveído de siete de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo. Acuse de recibo. Resulta innecesario acusar recibo del presente exhorto, dado que fue recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, (SISE), el cual genera el acuse de recibo respectivo. Notifíquese.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, a siete de mayo de dos mil veintiuno. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por ****, contra actos del Fiscal General del Estado de Baja California con sede en Mexicali y otras autoridades; se ordena formar el expediente respectivo, y registrar su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 492/2021. Improcedencia. En principio, es importante precisar que el artículo 113, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, constitucionales, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, agosto de 1994, Octava Época, página 64, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." En ese contexto cabe puntualizar que, del escrito de demanda, se advierte que el quejoso, señala como acto reclamado: ( La orden de conclusión del puesto que desempeñaba el quejoso como Comandante del Área de Investigación de la Guardia Estatal de Seguridad en Tijuana, Baja California; y, La orden de cambio de adscripción al comisionarlo a la Dirección General de Policía de Proximidad Social de la Guardia Estatal de Seguridad, con residencia en esta ciudad de Mexicali, Baja California. De lo anterior, se advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." De lo anterior se aprecia que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que prevé la citada ley y sin exigir mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de suspenderse de acuerdo con dicha Ley. En términos generales, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107 de la Ley de Amparo, en su fracción II, el juicio de amparo es procedente contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; sin embargo, para la procedencia del juicio de amparo en esas condiciones, debe siempre atenderse al principio de definitividad. Conforme a lo transcrito, para que se actualice la causal de improcedencia invocada debe de concurrir lo siguiente: a) Se trate de actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b) Dichos actos u omisiones deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. c) Se prevea la suspensión de los efectos de dichos actos con la interposición del recurso o medio de defensa legal, ello con independencia de que el acto en sí mismo sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la ley. d) Que la ley del recurso no exija mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, ni mayor plazo para el otorgamiento de la suspensión provisional. Luego, del texto del precepto anteriormente transcrito (61, fracción XX, de la Ley de Amparo), se advierte la actualización de la causa de improcedencia invocada y prevista por dicho numeral, ello es así, dado que, la parte quejosa no agotó el principio de definitividad, ya que previo a acudir al juicio de amparo debió promover el juicio de nulidad ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, a través del cual es posible que obtenga la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado. En el caso a estudio, se determina que debió agotarse el principio de definitividad, puesto que, el acto reclamado no se ubica en alguna de las hipótesis de excepción previstas por la Ley de Amparo, es decir, no se alega que este falto de fundamentación y motivación, sino que la parte quejosa, aduce más bien una indebida fundamentación y motivación, supuesto distinto al primero de los citados; tampoco alega únicamente violaciones directas a la Constitución y, en tercer término el recurso o medio de defensa está previsto en la propia ley, es decir, es esta la que prevé el juicio de nulidad en contra de aquel y, de igual forma dispone que promovida la demanda relativa, también de pronunciarse sobre la suspensión de dicho acto, legislación secundaria que, en la actualidad ya no exige mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva y, sobre todo, tampoco establece un plazo mayor para el otorgamiento de la suspensión provisional. De ahí entonces que, al no ubicarse el acto reclamado dentro de las excepciones previstas por la Ley de Amparo, es inconcuso que, antes de acudirse a la instancia constitucional, la parte quejosa está obligada a agotar, mediante la interposición del juicio de nulidad promovido ante la autoridad ordinaria, el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, de ahí que al no haberlo hecho y no ubicarse el acto reclamado en alguno de los supuestos de excepción no opera, entonces, la procedencia del juicio de amparo, máxime porque en el caso particular, la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, reformada en el decreto número 218, mediante el cual se aprobó la reforma a los artículos 49, 90, 91 y 94, de la citada ley, publicada en el periódico oficial del Estado de Baja California, el veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, entrando en vigor al día siguiente de su publicación, no establece un plazo mayor que el previsto por la Ley de Amparo, para el otorgamiento de la suspensión provisional, impedimento único que subsistía hasta antes de esa reforma para dar procedencia al juicio de amparo, empero, al haberse superado el mismo, es inconcuso que debe agotarse el principio de definitividad previo a acudir a la instancia constitucional y, si ello no fue así, el juicio de amparo es improcedente. Lo que se constata al imponerse del contenido de los artículos 49 y 56, de la citada Ley local vigente, que respecto a la admisión de la demanda y solicitud de suspensión provisional, disponen: "Artículo 49. La demanda se admitirá dentro de las veinticuatro horas siguientes al de su presentación. En el mismo auto se aceptará o rechazará la intervención del tercero y se señalará fecha para que tenga verificativo la audiencia dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la admisión de la demanda." "Artículo 56. La suspensión provisional de los actos impugnados deberá resolverse por el Magistrado de la Sala en el mismo auto en que se admita la demanda, haciéndolo saber a la autoridad demandada, para su cumplimiento, si se concede." Como se aprecia de los numerales transcritos, la demanda de nulidad debe admitirse dentro de veinticuatro horas siguientes al de su presentación y sobre la suspensión provisional de los actos impugnados debe resolverse en el mismo auto en que se admita la demanda, por lo que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado cuenta con plazo de veinticuatro horas para acordar la solicitud de suspensión. Por su parte, el artículo 112 de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 112.- Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite." De la transcripción anterior se advierte que sobre la admisión de la demanda de amparo debe proveerse dentro del plazo de veinticuatro horas desde su presentación y en igual término la autoridad responsable debe decidir sobre la suspensión del acto reclamado. Por tanto, es indiscutible que en dicho aspecto la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, establece un plazo igual que la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión provisional de los actos reclamados, por lo que se actualiza una condición necesaria para que opere el motivo de improcedencia previsto en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo; luego, la parte quejosa se encontraba obligada a promover el medio ordinario de impugnación (juicio de nulidad) previo al juicio de amparo. Al caso, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 60/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 933 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXI (junio de 2013), tomo 1, Décima Época, con rubro y contenido siguiente: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO. De los artículos 254 a 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, no se advierte la exigencia de mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado que los consignados en los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo, toda vez que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales para otorgar esa medida cautelar, sólo con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio; de ahí que el juicio de amparo indirecto sea improcedente contra las resoluciones impugnables a través del juicio de nulidad si éste no se agota previamente, en acatamiento al principio de definitividad" En congruencia con todo lo anterior lo conducente en el caso es, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, desechar de plano la demanda de amparo relativa. Al efecto, cabe citar la tesis sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página dos mil novecientos cincuenta y tres del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XCI, que con rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DE LA. Conforme al artículo 145 de la Ley de Amparo, el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, para desechar de plano la demanda de amparo, por su notoria improcedencia debe desprenderse de la propia demanda de amparo." Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y oportunamente archívese el presente expediente como asunto concluido. Autorizados. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *****, toda vez que se encontraron registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, y únicamente para oír y recibir notificaciones a (i) Cynthia Jacqueline Jiménez Molina. Consulta electrónica. Respecto a su solicitud, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se autoriza el acceso al expediente electrónico del presente juicio al nombre de usuario "BPABOGADOSBC", vinculado al correo electrónico bpabogadosbc@gmail.com. Notificaciones por vía electrónica. Asimismo, como lo solicita, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, el Actuario de la adscripción, deberá notificar las determinaciones dictadas en el presente asunto a través del "Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación." SISE. Lo anterior, hágase del conocimiento de la persona encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", por conducto del Actuario Judicial adscrito, para los efectos legales a que haya lugar; en el entendido de que es responsabilidad de la parte promovente que el nombre de usuario con el que se registró tal autorizado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, esté plasmado en forma clara y precisa, esto es, tal y como debe escribirse, pues de lo contrario, la encargada del aludido sistema no podrá autorizar el acceso respectivo. Domicilio. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir toda clase de documentos y notificaciones el ubicado en ******; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, gírese atento exhorto al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, en turno, con residencia en Tijuana, Baja California; a fin de que en auxilio de las labores de este Juzgado Federal, comisione a quien corresponda para que notifique personalmente a la parte quejosa el presente proveído, y lo requiera para que, dentro del término de tres días, posterior al en que le surta efectos la notificación de trato, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, en el entendido que de no hacerlo así, las posteriores notificaciones, aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se lleva en este juzgado de conformidad con los artículos 26 y 27 de la Ley de Amparo y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°. Se autoriza al Juez exhortado para que habilite días y horas inhábiles, así como para que emita los acuerdos correspondientes a fin de lograr su diligenciación, para el caso de ser necesario; se solicita acuse de recibo correspondiente. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Digitalización. De conformidad con el artículo 3°, párrafo octavo, de la ley de la materia, procédase a la digitalización de las promociones, resoluciones y documentos judiciales, para los efectos legales conducentes. Medios electrónicos. En términos de la circular 12/09 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para que se impongan de los autos de este juicio, desde luego, bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial respectivo, haciéndose saber al interesado que la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico, no puede trastocar el buen funcionamiento del tribunal al grado que el uso de esa prerrogativa se convierta en instrumento de abuso, por lo que debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no obstaculizar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a un funcionario público en las labores que esencialmente debe prestar en su servicio. Asimismo, para mayor eficacia en la notificación de las comunicaciones oficiales, se autoriza para efectos de enviarlas y recibirlas, el uso de los medios electrónicos, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria. Transparencia y acceso a la información. De conformidad con los artículos 3°, 6°, 8°, 68, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes no sólo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de sus nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. De igual forma, hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Exhortación a todas las partes a continuar juicio en línea. Por otro lado, con fundamento en el artículo 22 y 28, segundo párrafo, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid19, se exhorta a todas partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", y propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente; ello, con la finalidad de mejorar la comunicación con las partes. Debiendo precisarse a la parte quejosa que, para que un expediente se pueda tramitar "en línea", resulta determinante que, con independencia de que la demanda, recurso, solicitud o promoción inicial se hubiere presentado a través del Portal de Servicios en Línea, las partes y/o sus autorizados deben solicitar expresamente el acceso al expediente electrónico para consultar, notificarse y actuar electrónicamente desde el "Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación", con dirección electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea; misma liga en donde se encuentra toda la información necesaria para que las partes puedan tener acceso al juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada (FIREL O FIEL), y pueden acceder al expediente electrónico relativo al presente asunto así como consultar todas las actuaciones llevadas a cabo en éste. Se instruye a los actuarios judiciales adscritos. Por otro lado, conforme al artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, a efecto de que una vez que lleven a cabo las notificaciones respectivas integren de inmediato y debidamente el expediente electrónico del presente juicio de amparo. Asimismo, en tanto el presente juicio no se tramite en su totalidad bajo el esquema de juicio en línea, se les instruye a los actuarios para que las notificaciones personales que en su caso sean ordenadas, las realicen con estricta observancia a lo dispuesto por la normatividad aplicable con relación a la protección de la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. En virtud de lo antes citado, por cuestiones de seguridad e higiene, con la intención de salvaguardar tanto la integridad física y salud del personal de este juzgado como de las partes que intervienen en el presente juicio, además de cortar probables cadenas de contagio del virus SARS-CoV2 que ocasiona la enfermedad denominada COVID 19, se solicita de los actuarios adscritos a este juzgado que para la práctica de notificaciones personales, en el acta de notificación respectiva, asienten que leyeron y entregaron copia de los acuerdos relativos, además deberán abstenerse de recabar las firmas relativas, lo que también deberán anotar en el acta, con la finalidad de respetar los protocolos sanitarios de sana distancia, en términos de los artículos 2 y 23 fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales Ante la Contingencia por el Virus Covid-19. Notifíquese personalmente a la parte promovente.

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