Manuel Arturo Kumul Tolosa
Expediente 1747/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 12 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1747/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 13/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Manuel Arturo Kumul Tolosa
- MANUEL ARTURO KUMUL TOLOSA y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
ELECTRONICO. Mérida, Yucatán, trece de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio, firmada el veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, pues se concedió tanto la suspensión provisional como definitiva solicitadas, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Hágase del conocimiento de las partes, lo expuesto, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, no existiendo motivo alguno para que continúe en la secretaría de este Juzgado el toca de apelación 139/2021 remitido por la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado y el expedientillo de suspensión correspondiente; así como el anexo que la Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, remitió en su oportunidad, relativo a copias certificadas deducidas del juicio ejecutivo civil 171/2020. En consecuencia, devuélvanse los mismos a las autoridades antes señaladas, para los efectos legales del caso; debiendo acusar recibo la Sala responsable, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
ELECTRONICO Abierta la audiencia de ley, el Secretario hace constar la inasistencia de las partes. Acto continuo, hace una relación de todas y cada una de las constancias que se encuentran integradas al juicio de amparo en que se actúa, y da cuenta con el informe justificado rendido por la autoridad responsable, mismo que se puso a la vista con conocimiento de las partes. Seguidamente, el Juez acuerda: téngase por hecha la relación secretarial y por rendido en tiempo y forma el aludido informe justificado de la responsable. Abierto el período de pruebas, el Secretario da cuenta al Juez con las documentales remitidas por la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, por conducto de su Magistrado, relativas al toca 139/2021 y a las copias certificadas del expediente 171/2020 (tomos I a III). A lo que el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas de referencia, mismas que quedan desahogadas por su propia y especial naturaleza, por lo que se declara cerrado este período. A continuación, abierto el período de alegatos el Secretario certifica que las partes no hicieron uso de ese derecho. A lo que el Juez acuerda: téngase por hecha la certificación secretarial, para los efectos legales correspondientes. Seguidamente, cerrado el período de alegatos, no habiendo diligencias por desahogar, el Juez declara visto el expediente y se procede a dictar la siguiente resolución. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 1747/2021-II-A, promovido por EDGAR IVÁN CANTO TORRES, apoderado legal de Manuel Arturo y Jorge Antonio, ambos de apellido Kumul Tolosa, en contra del acto que reclama de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el trece de julio de dos mil veintiuno, ante la Secretaria de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, compareció EDGAR IVÁN CANTO TORRES, apoderado de Manuel Arturo y Jorge Antonio, ambos de apellido Kumul Tolosa, promovió juicio de amparo directo en contra del acto que reclama de la citada autoridad. SEGUNDO. Se remite al Tribunal Colegiado. Mediante oficio 571 de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, el Presidente de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, remitió la demanda de mérito al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, el cual la registró bajo el número de expediente A.D. 643/2021. TERCERO. Incompetencia. Por auto de dos de septiembre de dos mil veintiuno, el Tribunal Colegiado antes señalado, se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo, al considerar que el acto reclamado se trataba de un acto intraprocesal dictado dentro de juicio, por lo que su conocimiento correspondía a un Juzgado de Distrito, por lo que una vez que causó estado dicha determinación, mediante oficio 4982 de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, ordenó su remisión a la Oficialía de Partes de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, la cual por razón de turno, fue remitida a este Juzgado de Distrito. CUARTO. Admisión de la demanda. Previo cumplimiento dado al requerimiento de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, por auto de ocho de octubre siguiente, se admitió a trámite la demanda; por tal motivo se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde; se ordenó notificar lo anterior a las partes y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49, en relación con el 60, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, lo siguiente: Las violaciones procesales cometidas durante la tramitación del Toca número 139/2021 de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, que trascienden en el fallo emitido en la sentencia de fecha cuatro de junio de dos mil veintiuno dictada en el juicio de origen, que trascendió en el resultado del fallo, en relación con la inexacta aplicación del Artículo 554 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, así como la negativa de la Sala responsable de entrar al estudio del incidente de falta de personalidad. TERCERO. Certeza de actos. Son ciertos los actos reclamados a la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, pues así se advierte de su informe justificado rendido por el Magistrado Presidente. CUARTO. Actualización de causales de improcedencia. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, del siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie, se concreta la causal de inviabilidad del juicio de amparo que establece que éste resulta improcedente tratándose de actos que no afecten la esfera jurídica de la parte quejosa. En efecto, los preceptos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5º fracción I y 61 fracción XII de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley.". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]". Conforme a los preceptos transcritos, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos de los quejosos, es decir, hacen referencia a que éstos sean titulares de un derecho subjetivo, el cual debe ser afectado por el acto reclamado para que se actualice la causal de improcedencia. Ahora bien, cabe precisar que las normas que tutelan el interés jurídico, son susceptibles de generar derechos subjetivos en beneficio de personas determinadas; pueden ser individualizadas de tal manera que se afecte inmediata y directamente el status jurídico de la persona. Así, el interés jurídico debe quedar plenamente acreditado para que la acción de amparo resulte procedente. Pues supone que se acredite la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado, y que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente que podrá o no estar justificado, pero que legitima el ejercicio de la acción, por ejemplo: quien pretende defender un bien de su propiedad frente a un acto concreto de la autoridad, debe demostrar por una parte, ser propietario del bien que considera afectado, y por otra, que el acto que reclama de la responsable está referido a ese bien; esto es, la relación entre el derecho subjetivo y el acto de autoridad reclamado. Por tanto, para la procedencia del juicio de amparo es necesario que la parte agraviada acredite contar con un interés jurídico. Sin embargo, es preciso señalar, que en el caso, el quejoso se encuentra obligado a justificar que tiene interés jurídico, puesto que reclama actos provenientes de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado con sede en esta ciudad. En ese orden de ideas, en la especie los actos reclamados en la presente controversia de derechos fundamentales, se hacen consistir en lo esencial, en la resolución de cuatro de junio de dos mil veintiuno, dictada por la Sala responsable en el toca 139/2021, y todas las violaciones procesales que dice se cometieron dentro de la tramitación de la excepción de competencia que planteó la parte demanda en el juicio de origen. Ahora bien, es importante señalar que de las constancias certificadas (anexos I, II y III) remitidas por la responsable, que merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedidas por una autoridad en el ejercicio de sus funciones, se desprende lo siguiente: 1.- Que la parte aquí quejosa promovió juicio ejecutivo civil en contra de Eloina Carmen Lizama Ojeda, de quien reclamó el cumplimiento de diversas prestaciones; juicio que quedó radicado bajo el número de expediente 171/2020, del índice del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. 2. Una vez admitida la demanda, al dar contestación a la misma la parte demandada interpuso la excepción de incompetencia, por lo que mediante auto de doce de noviembre de dos mil veinte, se remitieron los autos a la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, para su substanciación. 3. En fecha nueve de febrero de dos mil veintiuno, la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad admitió a trámite la excepción de incompetencia bajo el número de toca 139/2021. 4. Por escrito de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, EDGAR IVÁN CANTO TORRES, apoderado de Manuel Arturo y Jorge Antonio, ambos de apellido Kumul Tolosa, promovió incidente de falta de personalidad en relación a la de la parte demandada. 5. Mediante proveído de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, la Sala responsable se pronunció respecto del incidente de personalidad promovido por la parte actora, y determinó que no había lugar a su admisión, pues al tratarse de una excepción dilatoria la misma debería resolverse ante el juez competente que correspondiera resolver sobre el juicio en lo principal. 6. En contra de dicha determinación Edgar Iván Canto Torres, con el carácter reconocido, interpuso recurso de revocación, el cual fue admitido mediante proveído de tres de marzo de dos mil veintiuno. 7. Resolución de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, mediante la cual la Sala responsable declaró improcedente el recurso de revocación y confirmó el auto de dieciocho de febrero del mismo año; misma que le fue notificada a la parte actora aquí quejosa, el trece de mayo siguiente. 8. Mediante determinación de cuatro de junio de dos mil veintiuno, la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, declaró improcedente la excepción de incompetencia planteada por la parte demandada en el juicio de origen, y que la Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, era competente para conocer del juicio hasta su conclusión. Conforme a lo anterior se obtiene que la Sala responsable declaró improcedente la excepción de incompetencia en autos del toca de origen, y al efecto determinó que quien debía conocer del juicio hasta su conclusión, era precisamente la Juez ante quien la parte aquí quejosa interpuso el juicio ejecutivo civil de origen, es decir, la Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. De ahí que se estime que dicha determinación y las posibles violaciones procesales que se hubiesen cometido durante la tramitación y resolución de la excepción en comento, no le causen perjuicio alguno a la parte quejosa; es decir, que lo resuelto en ese procedimiento no lesiona la esfera jurídica de derechos fundamentales del amparista. Por ello, es dable concluir que procede sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XII, de la ley de la materia. Situación que impide analizar el fondo del asunto, de conformidad con el criterio sustentado en la tesis de jurisprudencia número 509 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio.". Pues incluso, a mayor abundamiento, debe decirse que el acto reclamado al no derivar de lo determinado en relación a la incompetencia planteada, sino del incidente de falta de personalidad, propuesto dentro del de incompetencia referido, que ahora se pretende hacer valer como una violación procesal, resulta ser un acto de carácter intraprocesal contra el cual no es procedente el juicio constitucional, en términos de lo dispuesto en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción III, interpretado en sentido en contrario, ambos de la Ley de Amparo. Toda vez, que por una parte, la supuesta violación procesal no trascendió al resultado de la determinación que resolvió lo conducente a la incidencia de incompetencia planteada, dado que se resolvió en forma favorable a los intereses de la parte quejosa, al haberse desestimado la misma, y resolver que es procedente el juez ante quien se planteó la demanda natural. Y por la otra, porque tampoco se puede considerar que dicha supuesta violación haya afectado en forma alguna los derechos subjetivos públicos de la parte quejosa, ya que las cuestiones de personalidad sólo contravienen aspectos de carácter adjetivo y no así de derechos fundamentales, como lo ha sostenido en los últimos criterios la Suprema Corte de Justicia de la Nación; por lo que ello evidencia aún más la improcedencia del juicio de amparo. QUINTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, en vigor, es de resolverse y se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por EDGAR IVÁN CANTO TORRES, apoderado legal de Manuel Arturo y Jorge Antonio, ambos de apellido Kumul Tolosa, en contra del acto que reclamó de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad; por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, once de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan estos autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese el oficio SGG/DGJG-408/2021 signado por el Director General Jurídico y de Gobierno de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, que remite en cumplimiento al requerimiento efectuado por proveído de veintinueve de octubre pasado, mediante el cual informa y acredita las gestiones efectuadas, en coordinación con la Secretaría de Administración y Finanzas, a fin de otorgarle la asesoría requerida al Ayuntamiento de Seyé para obtener los recursos necesarios a efecto de lograr el pago del laudo condenatorio dictado en autos del juicio laboral 307/2010 y acumulados. Al efecto, se tienen por informadas las gestiones realizadas por la aludida autoridad a fin de auxiliar en el cumplimiento de la sentencia ejecutoria dictada en este asunto. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan estos autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese a los mismos el oficio RAN/YUC/SR/DJ/2700/2021 signado por la encargada del Despacho del Registro Agrario Nacional Delegación Yucatán, con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña, que remite en cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en este asunto. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de tres días siguientes al en que surta sus efectos la notificación que se les haga de este acuerdo, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda. Con el apercibimiento que de no hacerlo, éste Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese personalmente.
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