Manuel Arturo Badillo Pelayo
Expediente 449/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 24 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 449/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 11/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Manuel Arturo Badillo Pelayo
- Comisión Federal de Electricidad, con sede en Córdoba, Veracruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, a once de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2 de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; e insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Se precisa que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, se determina que el presente juicio principal una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto deberá ser destruido, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción I, de citado Acuerdo General, por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, deberá ser destruido, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto por el artículo 20, fracción III, del citado Acuerdo General, pues se negó la suspensión definitiva. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, se establece que una vez transcurridos seis meses deberá ser destruido, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Luego, tomando en consideración que se encuentra glosado a este expediente un documento original presentado por el quejoso, se le requiere a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibirlo dentro del término de noventa días naturales, con el apercibimiento que de no hacerlo, el referido documento será destruido. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa
- Principal
Córdoba, Veracruz, a once de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2 de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; e insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Se precisa que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, se determina que el presente juicio principal una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto deberá ser destruido, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción I, de citado Acuerdo General, por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, deberá ser destruido, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto por el artículo 20, fracción III, del citado Acuerdo General, pues se negó la suspensión definitiva. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, se establece que una vez transcurridos seis meses deberá ser destruido, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Luego, tomando en consideración que se encuentra glosado a este expediente un documento original presentado por el quejoso, se le requiere a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibirlo dentro del término de noventa días naturales, con el apercibimiento que de no hacerlo, el referido documento será destruido. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa y Agente del Ministerio Público Federal adscrito y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, POR LISTA DE ESTRADOS, ASÍ COMO EN UNA PÁGINA ELECTRÓNICA DEL PORTAL DEL PODE JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, LA SENTENCIA DE CATORCE DE ABRIL DE LA PRESENTE ANUALIDAD: CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia, sea que las partes las invocaran o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5°, del propio ordenamiento legal, los cuales disponen: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)". De la interpretación armónica de ambos preceptos, se obtiene que existen dos reglas para acudir al juicio de amparo. Una, que establece que el referido juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien alega ser titular de un derecho (interés jurídico); y otra, que se refiere a un interés legítimo individual o colectivo; en ambos casos, siempre que se alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución Federal, y con ello se afecte su esfera jurídica, sea de manera directa (interés jurídico), o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). De no demostrarse esa afectación al interés jurídico o legítimo del quejoso, como lo señala el último precepto transcrito, el juicio de amparo será improcedente. En el asunto que nos ocupa, el quejoso manifestó contar con interés jurídico, al precisar en su demanda que desde hace más de diez año vive con sus padres en el domicilio ubicado en Privada Mar de Plata, casa 56, Fraccionamiento Santa Cecilia, Colonia La Luz Francisco I. Madero, en esta Ciudad; y que su madre Claudia Genoveva Pelayo Cervera contrató el servicio de suministro de energía eléctrica, pero que personal de la Comisión Federal de Electricidad procedió a cortar dicho servicio. En relación con ello, es pertinente precisar que el interés jurídico consiste en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado, y b) que el acto de autoridad afecte ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Al respecto, se invoca como apoyo el criterio (...) En ese entendido, si la demanda de amparo se observa que el quejoso reclama el derecho de gozar del servicio de energía eléctrica, porque en el lugar donde habita, la autoridad responsable suspendió o canceló el suministro de energía eléctrica; por tanto, para acreditar su interés jurídico debió demostrar que contrató dicho servicio. Sin embargo, únicamente exhibió como prueba el aviso recibo con número de servicio 873100501680, a nombre de Claudia Genoveva Pelayo Cervera, relativo al inmueble ubicado en Privada Mar de Plata, casa 56, Fraccionamiento Santa Cecilia, Colonia La Luz Francisco I. Madero, en esta Ciudad. Medio de convicción que resulta ineficaz para acreditar su interés jurídico, pues sólo pone en evidencia que el servicio se proporcionaba a nombre de Claudia Genoveva Pelayo Cervera. Por otro lado, de las constancias que remitieron las responsables se observa que el servicio 873100501680 fue contratado por Claudia Genoveva Pelayo Cervera. Por tanto, el impetrante no demuestra el interés jurídico que le asiste para promover el amparo, el cual debió acreditar fehacientemente; máxime si en el procedimiento el quejoso tuvo oportunidad de acreditar el derecho que estima vulnerado, lo que no aconteció. Cobra aplicación la tesis (...) En las relatadas circunstancias, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63, de la Ley de Amparo. Dado el sustento del fallo en torno al acto reclamado, no es jurídicamente posible emprender el análisis de los conceptos que se dirigen a combatir las violaciones a las garantías establecidas en los artículos 14 y 16 constitucionales en contra de la autoridad responsable, por estar vinculadas con el fondo del asunto. Sirve de apoyo, la jurisprudencia (...) QUINTO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que por auto admisorio se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no hacían manifestación alguna ello conllevaría a la no aprobación a tal publicación. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74 y 75, de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por **********, contra el acto reclamado de las autoridades responsables Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos y Comisión Federal de Electricidad Distribución, ambas con sede en esta Ciudad, precisadas en los resultandos primero y tercero, por los motivos expuestos en el considerando cuarto, de esta resolución. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y Agente del Ministerio Público Federal adscrito y por oficio a las autoridades responsables.
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