Manuel Arturo Ancira García

Expediente 608/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
608/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
17/04/2023

Partes del expediente

  • Manuel Arturo Ancira García

Actuaciones

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS. Agréguese a sus autos para que surta los efectos legales procedentes el escrito de cuenta, suscrito conjuntamente por Aristeo Robles Maravillas, Cirila Murillo Barba y Roberto Núñez Ortega, en su carácter de Presidente, Secretaria y Tesorero, del Comisariado Ejidal del Ejido denominado "LAURELES Y GONGORA" del Municipio de San Blas, Nayarit, parte tercera interesada en el presente juicio; luego, en atención a su contenido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngaseles a los promoventes formulando alegatos en el presente sumario; asimismo, con fundamento en el diverso numeral 119 de la Ley de la Materia, téngaseles ofreciendo como medios de convicción las pruebas presuncional en su doble aspecto legal y humana e instrumental de actuaciones; sin perjuicio de hacer relación nuevamente tanto de los referidos alegatos, como de las aludidas probanzas al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Luego, respecto de la prueba testimonial que ofrecen los promoventes a cargo de Nivardo Pérez Ceja y Alfredo Ramírez Pérez, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, dígasele a los promoventes que no ha lugar a admitir esa probanza, toda vez que dicho medio de convicción no fue anunciado oportunamente antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional fijada para las doce horas con cuarenta y dos minutos del diez de abril de dos mil veintitrés, por lo que le precluyó ese derecho procesal, no obstante se haya diferido la aludida audiencia constitucional para el quince de mayo del presente año; ello es así, pues dicho medio de convicción al ser anunciado mediante escrito recibido en este Juzgado el catorce de abril de dos mil veintitrés, es evidente que no se anunció con la anticipación de cinco días hábiles que establece el mencionado numeral 119 de la Ley de Amparo, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia, la que en el caso, se reitera, fue fijada para el diez de abril de dos mil veintitrés, pues tenía hasta el veintiocho marzo del año que transcurre para ello, tomando en consideración que el tres de marzo del presente año, fueron emplazados a juicio, y no obsta a tal circunstancia el que se haya diferido, acorde con lo establecido en la jurisprudencia P./J.7/96 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 53, Marzo de 1996, Tomo III, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, con Registro digital: 200200, que dice: "PRUEBAS PERICIAL, TESTIMONIAL Y DE INSPECCION JUDICIAL EN EL AMPARO. SU OFRECIMIENTO DESPUES DEL DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA. Este Pleno modifica la jurisprudencia que en la compilación de 1988, Segunda Parte, página 2435, aparece con el número 1533 y que establece "PRUEBAS TESTIMONIAL Y PERICIAL EN EL AMPARO, CUANDO SE DIFIERE LA AUDIENCIA.- Es procedente admitir las pruebas testimonial y pericial para la audiencia en el amparo, cuando la inicialmente señalada ha sido diferida de oficio por el Juez de Distrito, y no a petición de las partes"; y, asimismo, se aparta del criterio contenido en la última tesis relacionada con dicha jurisprudencia, que establece, esencialmente, que es inexacto que cuando la audiencia se difiere de oficio, se puedan ofrecer dichas pruebas para la audiencia diferida, agregando que cuando no se anuncian oportunamente para la primera audiencia, no pueden ofrecerse para la segunda, porque ya se perdió el derecho. Partiendo de la hipótesis de que las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial no fueron ofrecidas antes de la audiencia inicial, que ésta se difirió y que en el nuevo periodo sí se ofrecieron con la anticipación requerida por el artículo 151 de la Ley de Amparo, en relación con la fecha de la segunda audiencia, el nuevo criterio sostenido por este Pleno se apoya en dos principios básicos: En primer lugar, el de la expeditez del procedimiento de amparo que deriva de su naturaleza sumaria, de acuerdo con el cual, si las mencionadas pruebas no se ofrecen con la anticipación exigida por el citado precepto, ya no pueden ofrecerse con posterioridad por haber precluido ese derecho procesal; y en segundo, el cimentado en el respeto a la garantía de defensa de la parte oferente, lo que significa que ésta, para gozar de la oportunidad de ofrecer las pruebas aludidas, no sólo debe contar con el plazo de cinco días hábiles antes del señalado para la audiencia constitucional, sin incluir el del ofrecimiento ni el señalado para la celebración de la audiencia, sino además, que tal plazo se dé a partir de la fecha en que tenga conocimiento del hecho que trate de probar o desvirtuar con dichas probanzas, conocimiento que puede inferirse de los datos y elementos objetivos de los autos. Así, por ejemplo, cuando la parte oferente ya tenga conocimiento del hecho o situación cuya certeza trata de probar o desvirtuar con tiempo anterior al término señalado en el citado artículo 151, tomando como referencia la audiencia inicial, ya no podrá válidamente ofrecerlas en el período posterior, porque ha precluido su derecho por su abandono; en cambio, si el oferente no conocía el hecho con la oportunidad legal suficiente, como cuando el quejoso se entera de él con motivo del informe justificado rendido poco antes de la audiencia, o como cuando el tercero perjudicado es llamado a juicio sin tiempo suficiente para ofrecer esos elementos probatorios, entonces sí pueden proponerse legalmente con posterioridad a la primera fecha de la audiencia, respetando siempre los términos del artículo 151, sólo que tomando como indicador la segunda fecha, ejemplos que pueden multiplicarse teniendo en común, todos ellos, que desde el punto de vista jurídico el oferente no debe quedar indefenso en la materia probatoria examinada, por causas ajenas a su descuido o negligencia dentro del procedimiento. Conforme a este criterio, por tanto, carece de importancia el hecho de que la audiencia se haya diferido de oficio o a petición de parte, debiendo atenderse a los principios expuestos, cuya aplicación permite dar a cada parte el trato que amerita su propia situación procesal. De igual forma, resulta aplicable al caso, la jurisprudencia 360, visible en la página 306, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro es: "PRUEBAS PERICIAL, TESTIMONIAL Y DE INSPECCIÓN JUDICIAL EN EL AMPARO. TÉRMINO ENTRE LA NOTIFICACIÓN DE LA DEMANDA Y DE LA AUDIENCIA". Por último, previo a proveer respecto de la prueba pericial topográfica que señalan en su escrito de cuenta, requiéraseles a los promoventes para que dentro del plazo de tres días, contado a partir al en que surta efectos la notificación del presente auto, precisen si lo que pretenden es ofrecer esa prueba de su parte, o bien, es ampliar el cuestionario presentado por la parte quejosa al momento de ofrecer la prueba pericial, misma que fue admitida mediante auto de diez de abril del año en curso y en atención al requerimiento hecho en dicho auto designa como perito de su parte al diestro que menciona en su ocurso de cuenta; bajo apercibimiento que de no hacerlo, se hará efectivo el apercibimiento contenido en dicho proveído y por no ofrecida la aludida prueba. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE TERCERA INTERESADA.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que feneció el término de tres días que se otorgó al quejoso ALFREDO ESTRADA HERRERA, mediante proveído de trece de marzo de dos mil veintitrés, para que compareciera ante este Juzgado de Distrito, a recoger la carta rogatoria con sus anexos, a fin de emplazar a la tercera interesada Rafaela García Angulo y para que realizara las traducciones correspondientes para su remisión a la Secretaría de Relaciones Exteriores, de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento realizado en proveído de trece de marzo de dos mil veintitrés; por ende, se sobresee en el presente juicio de amparo por falta de interés en su prosecución, toda vez que este juzgador federal advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5°, fracción III, 27, fracción III, inciso b), todos de la Ley de Amparo; los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: a) La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista; b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso; (.)" "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: (.) III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: (.) b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo." Ello es así, dado que de la lectura de tales numerales se advierte que la improcedencia del juicio de amparo, además de los supuestos particulares que prevé el artículo 61, establece una causal genérica, que se actualiza cuando se vincula con algún otro precepto de la propia Ley de Amparo y, el último artículo de referencia, consagra el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando la parte quejosa no acredite dentro del término de veinte días, que entregó para su publicación los edictos ordenados a efecto del llamamiento a juicio del tercero interesado. Es conveniente precisar que, para poder afirmar que se han cumplido las formalidades esenciales del procedimiento, es necesario que se cumpla cuando menos con los siguientes requisitos: a) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; b) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; c) La oportunidad de alegar; y d) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Corrobora tal aseveración, la tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1 , de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.". En segundo término, se tiene que el primer requisito que se exige para que se pueda considerar que en un juicio se han cumplido con las formalidades esenciales del procedimiento, lo es precisamente la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias. Novena Época, Registro: 200234, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Diciembre de 1995, Materia(s): Constitucional, Común, Tesis: P./J. 47/95, Página: 133 Esto es, el emplazamiento se constituye como un acto formalísimo y trascendental mediante el que se salvaguarda la garantía de audiencia establecida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que su omisión o indebida verificación conlleva una violación procesal de tal magnitud que, de actualizarse, impide a la parte demandada oponer las defensas y excepciones respectivas, ofrecer los medios de prueba con que cuente y ser escuchada a favor de sus intereses, situándola en un plano de desigualdad en la controversia frente a la parte actora. De ahí, que sea indispensable que en esa actuación procesal se cumplan en su totalidad las formalidades previstas por la ley, pues de lo contrario se dejaría de cumplir con el objetivo de la garantía de audiencia, que es precisamente el de evitar la indefensión del afectado. Por tanto, la exigencia de realizar el trámite correspondiente, en el caso recoger la carta rogatoria con los anexos de Ley, a fin de que realizara las traducciones correspondientes y dispusiera lo necesario para que este Juzgado estuviera en aptitud de proceder a su remisión a la autoridad exhortada, Secretaría de Relaciones Exteriores, se encuentra plenamente justificado, aunado a que las propias leyes internacionales establecen a cargo de quien debe recaer el gasto que genere dicho trámite -como se precisó en el auto de trece de marzo de dos mil veintidós-, sin que ello implique violación alguna sobre los derechos de acceso a la impartición de justicia y de justicia gratuita reconocidos por el artículo 17 de la Ley Fundamental, ya que el hecho de que el órgano legislativo establezca condiciones para el acceso a los tribunales y regule distintas vías y procedimientos es legal, porque resulta jurídicamente aceptable que cada procedimiento tenga diferentes requisitos de procedencia que deberán cumplirse para justificar el accionar del órgano jurisdiccional al no ser un derecho absoluto, que contravenga el principio de gratuidad en la administración de justicia, ya que encuentra su justificación al velar porque se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento que protegen los intereses de ambas partes. En consecuencia, la causa de improcedencia que se invoca tiene su razón de ser en la contumacia en que incurre la parte quejosa al no justificar que realizó los trámites para la traducción respectiva de la carta rogatoria, en términos de lo ordenado en la "Convenio de La Haya sobre la Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales o Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial", a fin de emplazar al presente juicio de amparo a la tercera interesada Rafaela García Angulo, lo que lleva a estimar que incumplió con un presupuesto procesal que imposibilita al suscrito para pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional, pues tal omisión, atribuible al peticionario del amparo, queda paralizado el juicio de amparo, lo que contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional, sino, como se dijo, a la propia parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto constitucional, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso, del impetrante de amparo, pues con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídica procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad; razones éstas que llevan a determinar que en el caso lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, aun fuera de audiencia, en términos del ordinal 63, fracción V, de la Ley de Amparo, conforme lo dispuesto por el artículo 61 fracción XXIII en concordancia con el numeral 27 fracción III, inciso b), segundo párrafo, ambos de la Ley de Amparo. Asimismo, se estima que al respecto queda garantizada la impartición de justicia de manera pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 Constitucional, evitándose además, que la falta de trámite y resolución del juicio de amparo quede al arbitrio de la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página dos mil setecientos setenta y nueve del tomo veintisiete correspondiente al mes de enero de dos mil ocho del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo texto dice: "EXHORTOS O CARTAS ROGATORIAS EN UN JUICIO DE AMPARO. EL PAGO DE LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES A SU RECEPCIÓN EN EL EXTRANJERO CORRE A CARGO DEL INTERESADO CONFORME A LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE EXHORTOS Y CARTAS ROGATORIAS Y DEL PROTOCOLO ADICIONAL A DICHA CONVENCIÓN.". Asimismo, por analogía, se invoca la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo dieciséis, julio de dos mil dos, página doscientos once, que textualmente dice: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso." Sin que sea obstáculo a lo anterior, la diversa jurisprudencia 2a/J.108/2010, sustentada por la Segunda Sala del más Alto Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y Su Gaceta, en el Tomo XXXII, agosto de dos mil diez, visible en la página 416, Novena Época, cuyo rubro dice: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO"; toda vez que de las constancias que integran los autos del juicio de amparo biinstancial en que se actúa, no se advierte la imposibilidad del quejoso ALFREDO ESTRADA HERRERA, para cubrir los gastos que se generen con la traducción de la carta rogatoria y sus anexos ya mencionados, ni se advierte que existan indicios que demuestren que no tiene la capacidad económica para financiar dicha tramitación, así como tampoco obra manifestación alguna por parte del aludido peticionario de amparo, en el que haya manifestado dicha incapacidad; sino por el contrario, de autos se demuestra un evidente desinterés por parte del promovente del amparo para la continuación del juicio constitucional, como se ha señalado con antelación; de ahí, que se proceda en los términos ya precisados. A mayor abundamiento, resulta aplicable al caso concreto, la jurisprudencia II.2o.C. J/27, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en la página 1868, Tomo XXXII, julio de dos mil diez, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO POR OMISIÓN DE RECOGER EDICTOS CON EL FIN DE EMPLAZAR A LA PARTE TERCERA PERJUDICADA. ANTE LA AUSENCIA DE NORMA QUE ESTABLEZCA TAL HIPÓTESIS, ES CORRECTA LA APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA RELATIVA." Por último, en atención a lo acordado en los párrafos que anteceden, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, fijada para las doce horas con treinta y dos minutos del diez de abril del año en curso. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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