Manuel Aron Lemus Garcia
Expediente 679/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 679/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 17/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Manuel Aron Lemus Garcia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Morelia, Michoacán, a diecisiete de enero de dos mil veintitrés. Como de la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término previsto por el artículo 86, de la Ley de la Materia, para que las partes legitimadas recurrieran el auto de veintiuno de octubre de mil veintidós, en la que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Sin que se haga referencia al cómputo respecto de las autoridades responsables, en virtud de que no están legitimadas para interponer el recurso de revisión. Sirve de sustento a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número 22/2003, visible en la página 23, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del rubro siguiente: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir." Ahora bien, como de la misma constancia secretarial que antecede, se obtiene que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN, dado que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; lo anterior, de conformidad con los artículos 12, 14, y 21 fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, que disponen lo siguiente: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los Órganos Jurisdiccionales: En los Juzgados de Distrito: Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; Expedientes en los que se haya dictado una resolución, que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido; El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo, siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado Además, se precisa que no se ordenó la apertura del incidente de suspensión; asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, a dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Como según constancia secretarial que antecede se aprecia que en auto de veintiuno de octubre del año en curso, se ordenó notificar personalmente a la parte quejosa -, sin que a la fecha exista evidencia que se haya realizado; por tanto, se comisiona al Actuario adscrito a este Juzgado, a fin de que realice la notificación en los términos de dicho proveído. Notifíquese personalmente.
- Principal
Morelia, Michoacán, a veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Agréguense a los autos el oficio de cuenta signado por la autoridad en cita, al que adjunta copia certificada de constancias relativas al exhorto 8185/2022, girado dentro del juicio laboral número -; documentales que goza de valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. Luego, como en el juicio en que se actúa, el acto reclamado se hizo consistir en 1) la omisión de enviar en tiempo y forma el exhorto para realizar la notificación a la parte demandada -2) la omisión de requerir la remisión del exhorto; 3) la omisión de diligenciar el exhorto; y, 4) la omisión de remitir el exhorto diligenciado; y, como de las constancias que la responsable remitió como complemento a su informe de ley, se advierte que ya fue diligenciado el exhorto número -, por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, mismo que fue devuelto por oficio UJCFJEP/9465/2022 de tres de octubre del año en curso, a la Junta Especial Número 1 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, del que se aprecia que ya realizo el emplazamiento al juicio de origen a las demandadas -; luego entonces, se pone de manifiesto que han cesado los efectos de los actos reclamados, al actualizarse la causal de improcedencia establecida en el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo, que se cita al pie de página. De ahí que, si en el particular han cesado los efectos del acto reclamado, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio, al actualizarse la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Además, se estima válido concluir en la forma apuntada, sin necesidad de esperar el desarrollo de la audiencia constitucional, hasta el veintisiete de octubre del año en curso, porque ningún medio de prueba podría desvirtuar tan notables circunstancias, con relación al sobreseimiento; por lo tanto se deja sin efectos la fecha de la referida audiencia. Notifíquese personalmente.
- Principal
Morelia, Michoacán, a cinco de octubre de dos mil veintidós. Como de la certificación que antecede se advierte que transcurre el término de tres días concedido a la autoridad responsable en auto de siete de septiembre del año en curso, a fin de que dé cumplimiento al requerimiento realizado en dicho proveído; en consecuencia, para dar margen a lo anterior, se DIFIERE la celebración de la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL señalada para esta fecha y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, para su verificativo. En términos del artículo 5, fracción II, del referido Acuerdo General 21/2020, la audiencia constitucional se llevará a cabo a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes, para lo cual se hace de su conocimiento que en caso de ofrecer pruebas o formular alegatos, para ser considerados en la audiencia, resulta necesario que presenten de manera física los escritos correspondiente ante la Oficialía de Partes Común hasta un día antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, lo anterior tomando en consideración que ante la pandemia el personal de este Juzgado sólo puede recoger las promociones presentadas hasta el final del día, por lo que si la presentan en ese lugar el día de la audiencia sería extemporáneo porque se acordaría hasta el día siguiente cuando ya se habrá celebrado la audiencia constitucional; sin embargo, tales promociones, con la finalidad de que puedan ser consideradas en la audiencia podrán ser presentadas de manera electrónica si desean hacerlo el mismo día de la audiencia siempre y cuando sea previo a la hora señalada para su verificativo, apercibidas que de no hacerlo en los términos precisados, la promoción relativa se acordará con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese.
Quedan 7 actuaciones en este expediente
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