Manuel Arnaud Gil
Expediente 560/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 560/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León · Nuevo León
Partes del expediente
- Manuel Arnaud Gil
- Juez de Control y de Juicio Oral Penal en el Estado de Nuevo León
Actuaciones
- Principal
.... Vista la certificación de cuenta, se advierte que feneció el plazo de cinco días establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de diez de julio del presente año, donde se desechó de plano la demanda de amparo, sin haberse realizado manifestación alguna; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, se declara que el mismo ha causado estado para todos los efectos legales. En atención que no existe trámite pendiente alguno, con fundamento en el numeral 214, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente expediente, como asunto totalmente concluido. En esa virtud, conforme a lo ordenado en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, se concluye que este juicio es susceptible de destrucción, transcurridos tres años de su conclusión, lo anterior, en virtud de que se desechó de plano la demanda de amparo, sin obrar documentos originales. Hágase las anotaciones de las circunstancias indicadas con anterioridad en la carátula del presente cuaderno, así como la fecha de su archivo; y, una vez transcurrido el plazo establecido, procédase a la destrucción de este expediente. ...
- Principal
... Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el escrito aclaratorio signado por Manuel Arnaud Gil, en su carácter de defensor particular del directamente quejoso José Raymundo Treviño Hernández, mediante el cual cumple con el requerimiento formulado el seis de los cursantes. Tal documento adquiere valor, toda vez su remisión fue a través de un sistema autorizado, según lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En esa tesitura, una vez analizado su escrito inicial de demanda y el citado ocurso, este tribunal considera viable su desechamiento, al ser notoria, manifiesta e indudable la improcedencia, misma debe ser examinada de manera preferente a cualquier otra cuestión, por ser de orden público, conforme a lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo. Como cuestión preliminar, cabe destacar, el hecho de que la invocada legislación establezca diversas causales que motivan la improcedencia de la acción constitucional no implica una violación al derecho humano de acceso a la justicia, en su vertiente del recurso judicial efectivo, toda vez que dicha prerrogativa está condicionada o limitada a los plazos y términos fijados en las leyes; de modo que, en éstas pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales se encuentren en condiciones de entrar al fondo del asunto planteado y decidir sobre la cuestión debatida. Cierto, las causales de improcedencia comprendidas en la legislación aplicable a la materia tienen una existencia justificada, pues atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse o, bien, a los principios reguladores, surge la inviabilidad para examinar el fondo del asunto, lo cual en modo alguno lesiona el derecho a la administración de justicia. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, relativa al Caso de los Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú, determinó en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados, deben concurrir amplias garantías judiciales, entre las cuales se encuentran las formalidades a observarse para avalar el acceso a ellas; por razones de seguridad jurídica, para la correcta administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, ya sea de carácter judicial o de cualquier otra índole. También puntualizó, si bien esos recursos internos deben estar disponibles para el interesado y resolver en forma efectiva el asunto planteado, así como eventualmente proveer la reparación adecuada, no cabría considerar siempre y en cualquier caso, los tribunales internos deben pronunciarse sobre el fondo, sin importar la verificación de presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. A la luz de las anteriores consideraciones es dable concluir que las causales de improcedencia previstas en la Ley de Amparo constituyen, por regla general, son parámetros objetivos que cumplen a cabalidad con el estándar internacional y no configuran una denegación de justicia; antes bien, de permitir al gobernado acudir al juicio de amparo bajo ninguna condición racional, podría propiciarse un retardo generalizado en la administración de justicia a causa de la interposición de interminables juicios biinstanciales. ..... .... Como se observa del escrito inicial de demanda, el acto reclamado por la parte quejosa se hace consistir esencialmente en lo siguiente: La resolución emitida en la audiencia del veintisiete de junio del dos mil veintitrés, dentro de la carpeta judicial 15161/2022, en la que el Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado, ordenó al quejoso J****, acudiera de forma presencial al recinto judicial ubicado en avenida Rodrigo Gómez y Penitenciaria, colonia Valle Morelos, en Monterrey, Nuevo León, el diez de los actuales, a fin de resolver su situación jurídica. En esa tesitura, a criterio de quien resuelve, se surte la causal de improcedencia contenida en el ordinal 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; en razón de que, la parte quejosa previo a accionar el presente medio de defensa, soslayó acatar una de las directrices rectoras del juicio de amparo, consistente en el principio de definitividad. Dicha máxima, destaca la naturaleza del juicio de amparo como medio de control constitucional de carácter extraordinario, y consiste en que antes de promover la acción constitucional, el quejoso tiene la obligación de agotar todos los recursos o medios de defensa ordinarios a través los cuales los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o confirmados, pudiendo así, resarcir las prerrogativas transgredidas sin la necesidad de acudir a solicitar la protección de la Justicia de la Unión. Su base constitucional se encuentra inserta en el artículo 107, fracción III, inciso b), del Pacto Federal y desarrollada en el precepto 61, fracción XVIII, de la normativa de la materia. Conforme a los dispositivos en cita, el juicio de amparo es improcedente cuando la parte impetrante no hace valer, previo a su promoción, los recursos ordinarios o medios de defensa establecidos en la legislación que rige el acto reclamado, pues entre los presupuestos fundamentales donde se sustenta la acción constitucional se encuentra el de definitividad, según el cual, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa sólo procedente en los casos de excepción previsto en la Constitución Federal y la legislación reglamentaria de sus preceptos 103 y 107. Si el propósito del legislador a través de lo dispuesto por el aludido arábigo 61, fracción XVIII, de este último ordenamiento, fue sin duda establecer la exigencia que los gobernados, antes de promover la vía constitucional contra un acto de autoridad, hagan valer el medio de impugnación a su alcance, a través del que pueda ser modificado, revocado o anulado dicho acto, conforme a las leyes que lo rijan, entonces, para operar la causal de improcedencia por incumplimiento al principio de definitividad, basta que se omita promover tal recurso. .... Expresado de otra manera, se surte la referida hipótesis cuando la parte quejosa tiene a su alcance un recurso en la vía ordinaria por medio del cual la determinación impugnada podía ser revocada, modificada o nulificada, pero pasó por alto hacerlo valer. En ese tenor, el artículo 465, del Código Nacional de Procedimientos Penales, dice: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación. El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda." El citado precepto estipula que el recurso de revocación, es un medio de defensa que procede en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en el que interviene la autoridad judicial, para combatir resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. Por tanto, el auto que no admite el recurso de apelación, debe considerarse como una determinación de mero trámite, que se dicta dentro del procedimiento penal, que califica dentro de los supuestos de procedencia del recurso de revocación, -como en la especie acontece-, ya que no resuelve el fondo de la causa penal o pone fin al procedimiento, sino que se trata de una determinación relativa al trámite y prosecución del procedimiento penal; por tanto, encuadra dentro del supuesto del primer párrafo del referido numeral 465 del relacionado cuerpo de leyes. ... Lo antes precisado indica que existe un medio de defensa para atacar las determinaciones de mero trámite dictadas por las autoridades judiciales, las cuales se resuelvan si sustanciación, antes de acudir a la instauración del juicio constitucional. Por ello, la aquí quejosa antes de promover el presente juicio constitucional, debió haber agotado el recurso que prevé la legislación de la materia del proceso de origen. De esta manera, si el amparista no lo hizo, claro es que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En consecuencia, con apoyo en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, por su manifiesta e indudable improcedencia. ....
- Principal
..... Visto lo de cuenta, se tiene recibida la demanda de amparo presentada por Manuel Arnaud Gil, en representación del directamente quejoso José Raymundo Treviño Hernandez; al efecto, regístrese el expediente relativo bajo el número 560/2023-II, que le correspondió en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado. En esas condiciones, antes de proveer sobre la admisión de la presente demanda, con fundamento en el artículo 108, fracción I, y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días, siguientes a aquél en que surta efectos la notificación de este acuerdo, por escrito y bajo protesta de decir verdad, cumpla con los siguientes términos: a) Justifique la personalidad con la que comparece, es decir, si lo hace como apoderado legal o defensor particular del citado quejoso. Impone requerir en los términos antes indicados, toda vez que Manuel Arnaud Gil, promueve la demanda de amparo en representación del directamente quejoso José Raymundo Treviño Hernandez, manifestando que está autorizado dentro de la carpeta judicial de origen, sin precisar si tiene el carácter de defensor particular o si lo hace como apoderado legal del citado Treviño Hernandez; pues de la documental que acompaño no se advierte que sea patrocinador jurídico del directo quejoso. De ahí que, al no advertirse dicha información se le requiere para que cumpla con el requisito precisado en artículo 108, fracción I, y en caso de que se ostente como representante legal, justifique dicho carácter. b) Exhiba copias suficientes del escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a los anteriores requerimientos, en el término establecido, se tendrá por no presentada la demanda, según lo previsto en el penúltimo párrafo del arábigo 114 de la ley reglamentaria de los ordinales 103 y 107 de la Carta Magna. Por otra parte, se tiene a la parte quejosa autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a********************, ya que facilitó el número de las cédulas profesionales; información corroborada por la secretaría, mediante una consulta a la página electrónica oficial http://www.cedulaprofesional .sep.gob.mx/cedula/indexAvanzada.action, según se desprende de la certificación asentada en párrafos precedentes; además, constituye hecho notorio para este Tribunal, en términos del arábigo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. .... En cuanto a su solicitud de que se autorice el usuario "marnaudg", a fin de recibir notificaciones y consultar el expediente electrónico, dado se cumplen los requisitos establecidos en el Acuerdo General Conjunto 12/2020, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Esto es, solicitarlo expresamente a través de una promoción al órgano jurisdiccional, así como proporcionar el nombre de usuario creado en la página web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, se provee de conformidad su petición, autorizándole el uso de las facilidades del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, es decir, para recibir las notificaciones y consultar el presente expediente. Se hace del conocimiento de las partes, atento a lo solicitado por el ocursante, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de abril de dos mil cuatro, téngasele manifestado la oposición para la publicación de los datos personales del directo quejoso; por lo tanto, háganse las anotaciones correspondientes. Finalmente, se informa a las partes que en atención a lo dispuesto por el artículo 3, fracción I y III del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, - publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte y reformado el veintiocho de octubre de dos mil veintidós- todas las actuaciones del sumario constarán únicamente en el expediente electrónico sin que deban imprimirse ni agregarse al expediente impreso, con excepción de las presentadas de forma física; en el entendido que es el expediente electrónico el que tiene validez para todos los efectos legales conducentes. ....
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