Manuel Armando Comas Bolio

Expediente 153/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
153/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
15/02/2021

Partes del expediente

  • Manuel Armando Comas Bolio

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, contra el acuerdo de veintisiete de enero del año en curso, con el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se indica que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión y se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en el inciso d), del citado punto artículo, éste debe ser destruible, toda vez que en el mismo se desechó de plano la demanda de amparo. Finalmente, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse.

  2. Principal

    Se notifica por lista de estrados a la parte quejosa el acuerdo de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de amparo 153/2021-VI, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, que dice: Vista la demanda de amparo promovida por **** contra el acto que reclama del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y de otras autoridades, se provee: Fórmese expediente, regístrese con el número 153/2021-VI, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Una vez hecho lo anterior, debe decirse que, en el caso, la suscrita estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5°, ambos de la Ley de Amparo, así como el diverso 107 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El primero de los numerales prevé una causa genérica de improcedencia del juicio de amparo, que bien pueden derivar de la Constitución Federal o de la propia Ley de Amparo. Por su parte, el artículo 5° de la Ley de Amparo prevé que el amparo únicamente puede promoverse por la parte que aduzca ser titular de un derecho subjetivo o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de ese ordenamiento y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Finalmente, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, dice que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esa Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De esos preceptos se desprende que uno de los principios que rige el juicio de amparo es el de instancia de parte agraviada, que consiste en que el procedimiento constitucional se seguirá únicamente a instancia de la parte a quien le perjudique o le cause agravio el acto o ley que reclame y puede seguirse únicamente por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, por sí, por su representante legal, por su apoderado o por cualquier otra persona en los casos previstos en la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, para cumplir el citado principio y como una de las formalidades indispensables para la procedencia del juicio de amparo es necesario que la demanda de amparo contenga la firma autógrafa o electrónica de quien promueve o bien, de quien promueva a nombre de una diversa persona, al constituir el signo gráfico o criptográfico con el que externa la voluntad de instar la vía del amparo, con fundamento en el capítulo sexto del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Así, en el presente asunto, del análisis de la demanda de amparo que nos ocupa, así como de la certificación de cuenta, se desprende que la misma no fue firmada de manera autógrafa u electrónica por el directo quejoso. Aunado a que la propia Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, ante quien se presentó el libelo de demanda, asentó textualmente, en el apartado correspondiente, la leyenda: "Firma: NO". Por consiguiente, tal situación se considera como la ausencia de manifestación de voluntad de instar el juicio constitucional, lo que hace improcedente el mismo. Cuenta habida que además, no se promovió en términos del artículo 15 de la Ley de la Materia, de ahí que necesariamente debía contener la firma autógrafa del impetrante. Apoya al anterior razonamiento la tesis P./J. 8/2019 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, perteneciente a la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro sesenta y cinco, abril de dos mil diecinueve, que a la letra dice: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida. Máxime que, en el caso, se insiste, el Oficial de Partes que recepcionó el escrito de demanda, hizo constar en la boleta correspondiente, así como en los sellos que constan en el escrito de demanda, que la misma fue presentada sin firma; lo que revela la ausencia de voluntad de la parte impetrante de amparo para instar el juicio de control constitucional. En las relatadas circunstancias, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5° de la Ley de Amparo, procede DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la materia. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por si mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica para tal efecto en su demanda de amparo; y como sus autorizados a las personas que señala, pero con las limitaciones que establece la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, hasta en tanto acrediten el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa, el uso de aparatos electrónicos como cámaras, escáneres o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos, siempre y cuando sea con la supervisión del personal de este Juzgado, previo señalamiento de la actuación que pretenda reproducir. Finalmente, a fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el arábigo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio.

  3. Principal

    Agréguese a estos autos el escrito signado por Rodrigo Ortega Olivares, autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo de la empresa quejosa "TIENDAS CHEDRAUI", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, mediante el cual realiza diversas alegaciones respecto de la vista que se le diere en acuerdo de dieciocho de los corrientes, en cual se pusieron a la vista los dictámenes periciales de los peritos ALFONSO RUBIO PERAZA, CONSUELO LEYVA MANRIQUEZ y URIEL DÉMANOS MELCHOR; en mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formuladas las manifestaciones vertidas en vía de alegatos para que sean relacionadas y tomadas en consideración al momento de celebrarse la audiencia constitucional respectiva.

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