Manuel Armando Comas Bolio
Expediente 976/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 976/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Manuel Armando Comas Bolio
Actuaciones
- Principal
MESA VII.- Mérida, Yucatán, treinta de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a éstos autos el informe justificado oficio signado por el JUEZ PRIMERO MERCANTIL DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde su informe de ley. Ahora bien, del análisis del acto reclamado, de las constancias remitidas por la autoridad responsable con el informe justificado, a juicio de la suscrita, sobreviene la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, como se expondrá. Se dice lo anterior, pues del contenido íntegro de la demanda de amparo, se advierte que el acto que reclama lo constituye la negativa de resolver el incidente de nulidad de actuaciones en el expediente 1109/2019, así como la omisión de acordar los escritos presentados el nueve de noviembre de dos mil veintiuno. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y dos, del tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Novena época que a la letra señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Por otra parte, la responsable informa que el diez de mayo de dos mil veintidós, emitió la respectiva resolución interlocutoria relativa al incidente de nulidad de actuaciones en el expediente 1109/2019; acuerdo que le fue notificado al hoy quejoso en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, el diecinueve de mayo de los corrientes. Por su parte, mediante acuerdo de doce de abril de dos mil veintidós, la responsable proveyó en relación a los escritos presentados el nueve de noviembre de dos mil veintiuno; acuerdo que le fue notificado al hoy quejoso en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, el dieciocho de abril de los corrientes. Por lo que se impone considerar la pertinencia de decretar el sobreseimiento del presente juicio, aún fuera de la audiencia constitucional, de acuerdo con las razones siguientes: Cabe acotar que diversas tesis integradas por órganos del Poder Judicial de la Federación sostienen que el sobreseimiento fuera de audiencia puede darse en casos notoriamente evidentes tales como: 1) El desistimiento; 2) La muerte del quejoso; 3) La cesación de los efectos del acto reclamado, y; 4) El cambio de situación jurídica. Teniéndose en cuenta que la actualización de alguna de las anteriores hipótesis debe ser tan evidente que ni aún en la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con algún medio probatorio que pudieran allegar las partes, por lo que en consecuencia, el sentido del fallo siempre sería el mismo. Robustece el criterio anterior la jurisprudencia del Pleno entre la sustentada en la contradicción de tesis 26/2002-PL, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." De lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 81 fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo en vigor, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. De lo anterior, se desprende que cuando la causa de improcedencia que opere en un determinado asunto sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Además de acuerdo con el principio rector del juicio de amparo, que consagra la obligación del tribunal que conoce de este medio de control constitucional de examinar de oficio y en cualquier etapa del juicio las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, el cual se encuentra plasmado en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor, se procederá a su estudio. En la especie el motivo de inconformidad materia del presente juicio, lo constituye en esencia la negativa de resolver el incidente de nulidad de actuaciones en el expediente 1109/2019; y la omisión de acordar los escritos presentados el nueve de noviembre de dos mil veintiuno. En ese contexto, la omisión reclamada ha cesado en sus efectos, debido a que la responsable el diez de mayo de dos mil veintidós, emitió la respectiva resolución interlocutoria relativa al incidente de nulidad de actuaciones en el expediente 1109/2019; resolución que le fue notificado al hoy quejoso en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, el diecinueve de mayo de los corrientes; Y mediante acuerdo de doce de abril de dos mil veintidós, la responsable proveyó en relación a los escritos presentados el nueve de noviembre de dos mil veintiuno; acuerdo que le fue notificado al hoy quejoso en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, el dieciocho de abril de los corrientes. Por lo que es evidente que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61 fracción XXI de la ley de la materia, que a la letra establece, "que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado", volviendo las cosas a su estado normal como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular. Sirve de sustento a las consideraciones anteriores, la tesis jurisprudencial que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." Así como la diversa jurisprudencia que aparece en el que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia de análisis, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63 fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, en virtud de que en el particular opera de manera notoria, plena e indubitable, una cesación de efectos del acto reclamado originalmente, que no podría ser desvirtuada ni aún en la audiencia constitucional. No constituye obstáculo a lo anterior que no haya sido emplazado el tercero interesado que la parte quejosa señaló en su escrito de demanda, toda vez que el sentido de este auto no le causa afectación a sus derechos. Por lo anterior queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para el día de HOY. Finalmente, de conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el presente acuerdo día de su publicación, con la certificación secretarial respectiva en versión pública; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA IV.- Vista la cuenta que antecede y como se advierte de la certificación secretarial de cuenta que antecede de la que se advierte que el sobre devuelto de la empresa de mensajería acelerada que contiene el oficio 22943/2022 de veintiséis de abril de dos mil veintidós dirigido Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, del que se advierte como motivo de devolución la leyenda "mal dirigido" mismo que se remitió a fin de solicitar el cumplimiento de la autoridad responsable. En consecuencia, a fin de evitar dilación en el presente asunto, gírese atento oficio vía servicio de mensajería con copia del acuerdo de trece de septiembre de dos mil veintiuno, para que se encuentren en aptitud de dar cumplimiento a la sentencia de amparo al: SUBDIRECTORA EJECUTIVA DE LO CONTENCIOSO ADSCRITA A LA COORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN REPRESENTACIÓN DEL TITULAR DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS con domicilio en Marina Nacional, número 60, 4° piso, ala B, Colonia Tacuba, Demarcación Territorial Miguel Hidalgo Código Postal 11410 en la Ciudad de México.
- Principal
MESA I.- Vista la certificación secretarial que antecede, en el sentido que de la constancia actuarial de doce de enero de dos mil veintidós, se advierte que al momento de notificarle al quejoso el auto inicial, no manifestó si ratificaba la demanda interpuesta a su favor; y que de igual manera no obra constancia de la notificación del acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, mediante el cual, se ordenó al actuario requiriera al quejoso indicara si ratificaba o no la demanda promovida a su favor; en consecuencia, comisiónese al Actuario de la adscripción, en turno, para que se constituya al domicilio del directo quejoso, a fin de que una vez ante su presencia, le requiera para que indique si ratifica la demanda promovida a su favor, o bien, lo haga dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de este acuerdo, con el apercibimiento que de no ratificar la misma, se procederá conforme a los párrafos tercero, cuarto y quinto del artículo 15 de la Ley de Amparo, y se tendrá por no presentada la demanda de amparo promovida a su favor. En consecuencia, para dar margen a que se cumpla con todo lo anterior, SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL señalada para tener verificativo el día de hoy y se fijan como nueva hora y fecha para su celebración las DOCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTCINCO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. NOTIFÍQUESE y personalmente al quejoso.
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