Manuel Arcos Soto

Expediente 1668/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 13 actuaciones registradas, la última del 16 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1668/2016
Año
2016
Actuaciones
13
Última actuación
16/01/2017

Partes del expediente

  • Manuel Arcos Soto

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciséis de enero de dos mil diecisiete. V i s t o el estado de los autos en el juicio de amparo 1668/2016, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido la sentencia terminada de engrosar el veintidós de diciembre de dos mil dieciséis; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 34 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que en el único resolutivo determinó negar el amparo y protección a la parte quejosa; HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de garantías como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Finalmente, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa, por consiguiente, de acuerdo al supuesto previsto en la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración; sin embargo, el original del cuaderno incidental, es susceptible de depuración en virtud de que se concedió la suspensión definitiva, debiendo quedar en autos copia de la demanda y de la citada resolución interlocutoria. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado Finalmente, toda vez que las autoridades responsables MAGISTRADOS DE LA SALA DEL SEGUNDO CIRCUITO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE MORELOS, remitió copia certificada de las actuaciones que emanan del juicio de origen; en esas condiciones, remítase a autoridad responsable las copias certificadas de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma la Licenciada Aletia González Huerta, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho por vacaciones del titular, concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/8737/2016, remitido por el Secretario Técnico, en sesión celebrada el trece de diciembre de dos mil dieciséis, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1668/2016-V, promovido por MANUEL ARCOS SOTO, con el carácter de Albacea de la Sucesión a Bienes de FACUNDO ARCOS GUZMÁN, contra actos de la Sala del Segundo Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos; y RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el diecisiete de diciembre de dos mil trece, ante la autoridad responsable, Sala del Segundo Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, MANUEL ARCOS SOTO, con el carácter de Albacea de la Sucesión a Bienes de FACUNDO ARCOS GUZMÁN, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto de esta autoridad, que hizo consistir en lo siguiente: ".IV.- ACTO RECLAMADO.- Lo constituye la RESOLUCIÓN de fecha 5 DE JULIO DE 2016, dictado dentro del TOCA CIVIL 1063/2015-1 por la hoy Autoridad Responsable y en el que se CONFIRMA el auto de fecha veintisiete de Mayo del 2016, dictado por la Juez SEGUNDO FAMILIAR DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE MORELOS, planteado por el Quejoso, violando mis garantías consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal.". SEGUNDO. Por razón de turno el asunto fue enviado al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, quien en el juicio de amparo directo civil 1098/2016, por resolución de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, se declaró legalmente incompetente y ordenó turnarlo al juzgado de distrito en turno en el Estado de Morelos. TERCERO. La Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnó los autos a este juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, el veintisiete de febrero de dos mil dieciséis, y por acuerdo de veintiocho de septiembre del mismo año, este juzgado se abocó a conocer del juicio, radicándose con el número 1668/2016-V, por lo que se admitió a trámite la demanda; se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se ordenó notificar a la parte tercero interesada. Finalmente se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, que dio inicio en términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36 y 114, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; en virtud de que los actos reclamados se atribuyen a autoridades residentes dentro del ámbito territorial donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Es cierto el acto que se reclama, en virtud de que así lo señaló la autoridad responsable, Sala del Segundo Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos; ello, en virtud de que así lo aceptó al rendir su informe justificado. Se corrobora, con la fotocopia certificada del toca civil 103/2016-18, a la que se concede eficacia probatoria plena, en términos de lo dispuesto por los numerales 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición de su artículo 2°, por tratarse de un documento público, al haber sido expedida por autoridad en ejercicio de sus funciones. TERCERO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio de fondo del asunto, deben examinarse las causales de improcedencia sea que las invoquen las partes o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. De esta manera, la parte tercero interesada, FIDEICOMISO DEL LAGO DE TEQUESQUITENGO y DELEGADO FIDUCUIARIO ESPECIAL DE NACIONAL FINANCIERA SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO, invoca que el juicio de amparo es improcedente al actualizarse la causal prevista en la fracción XII del artículo 63 de la Ley de Amparo, al no concebirse, afirma, una afectación al interés jurídico de la peticionaria de amparo, con la entrega del bien inmueble objeto del juicio de origen, porque, dice, esta obligación asiste a la quejosa desde dos mil tres. Es infundada la causal de improcedencia, porque de las fotocopias certificadas del juicio 24/1999, se puede advertir que la parte demandada ha sido condenada en los términos de la sentencia de siete de noviembre de dos mil dos, emitida por la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, a entregar a la aquí parte tercero interesada, a devolver el bien inmueble identificado como Fracción del lote once de la Sección Primera, Zona "El Mirador" ubicado en la Calle Lago Iberia de la Primera Sección, Municipio de Jojutla, Morelos, con las medidas y colindancias que en la sentencia se establecen (fojas 287 a 295 del anexo II). También, que el acto reclamado, que dirime el recurso de queja hecho valer contra el auto de veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, que desechó de plano el incidente de prescripción de la ejecución hecho valer por la parte demanda mediante escrito presentado el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis (fojas 445 a 451 del anexo II). Luego, por ser parte condenada en el juicio de origen, y porque el acto reclamado dirime el tema de la prescripción de la ejecución de la sentencia invocada por la parte demanda, es que se considera que no se actualiza la causal de improcedencia, porque sí le asiste interés jurídico para combatir la resolución explicada, que desde luego impacta en su esfera de derechos; pues está condenada a desocupar el citado bien inmueble. Adicionalmente, sostiene que se actualiza la causal de improcedencia del juicio que prevé el mismo artículo 63, de la Ley de Amparo, en la fracción XIV, porque la demanda se presentó extemporáneamente al ser promovida ante la propia autoridad responsable y no ante el Juez de Distrito, por lo que, afirma, el plazo de quince días no se suspendió con la presentación ante la autoridad responsable y que en el momento de la recepción por parte de este órgano jurisdiccional, ya había fenecido el referido plazo. Es igualmente infundada la causal de improcedencia que se explicó. Es así, porque el caso en que una demanda de amparo indirecto presentada como directo ante la responsable, y que se puede considerar presentada de manera extemporánea, una vez que llegó para el conocimiento al juez de distrito, implica que se den conjuntamente los supuestos siguientes: Que el mismo quejoso presente por segunda ocasión indebidamente una demanda de amparo indirecto ante la autoridad responsable; Con la finalidad de impugnar un acto dictado después de concluido el mismo juicio natural del que deriva el acto reclamado en el amparo previo; y, Que dicho acto constituya una resolución dictada en cumplimiento de una demanda de amparo indirecto; Siempre y cuando el tribunal colegiado al que se le turnó el primer amparo como directo, al declarar su incompetencia legal, haya explicado al quejoso los casos en los que procede el amparo directo, indicando que en contra de las resoluciones ahí reclamadas procede el amparo indirecto. En tales hipótesis, el juzgador de amparo contará con elementos suficientes para acreditar que el quejoso conocía la vía procedente, por lo que el error en la presentación de la demanda no debería interrumpir el plazo para la promoción del juicio de amparo y la fecha que se tomaría en cuenta para determinar la oportunidad del juicio sería aquella en la que llegó al conocimiento del juez de distrito y no en la que la recibió la autoridad responsable. Lo anterior, en virtud de que un primer error en la vía debe presumirse como una equivocación de buena fe procesal que no debe dejar al quejoso sin defensa; no obstante, una segunda equivocación en estas condiciones permite acreditar que el quejoso sabía cuál era la vía que debía iniciar y que la conducta procesal del quejoso está encaminada a entorpecer la buena marcha del juicio, por lo que en este supuesto, no se debe interrumpir el plazo para la promoción del juicio de amparo. El anterior criterio, se apoya en la jurisprudencia de la Décima Época, Registro: 2007052, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 13/2014 (10a.), Página: 275, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA COMO DIRECTO. CASO EN EL QUE PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DEBE CONSIDERARSE LA FECHA EN LA QUE LLEGÓ PARA SU CONOCIMIENTO AL JUEZ DE DISTRITO. En aquellos supuestos en que el mismo quejoso: i) presente por segunda ocasión indebidamente una demanda de amparo indirecto ante la autoridad responsable; ii) con la finalidad de impugnar un acto dictado después de concluido el mismo juicio natural del que deriva el acto reclamado en el amparo previo; y, iii) que dicho acto constituya una resolución dictada en cumplimiento de una demanda de amparo indirecto; el juzgador de amparo contará con elementos suficientes para acreditar que el quejoso conocía la vía procedente, por lo que el error en la presentación de la demanda no deberá interrumpir el plazo para la promoción del juicio de amparo y la fecha que se tomará en cuenta para determinar la oportunidad del juicio será aquella en la que llegó al conocimiento del juez de distrito y no en la que la recibió la autoridad responsable. Ello siempre y cuando el tribunal colegiado al que se le turnó el primer amparo como directo, al declarar su incompetencia legal, haya explicado al quejoso los casos en los que procede el amparo directo, indicando que en contra de las resoluciones ahí reclamadas procede el amparo indirecto. Lo anterior, en virtud de que un primer error en la vía debe presumirse como una equivocación de buena fe procesal que no debe dejar al quejoso sin defensa; no obstante, una segunda equivocación en estas condiciones permite acreditar que el quejoso sabía cuál era la vía que debía iniciar y que la conducta procesal del quejoso está encaminada a entorpecer la buena marcha del juicio, por lo que en este supuesto, no se debe interrumpir el plazo para la promoción del juicio de amparo.". Consecuentemente, al no demostrarse que en el caso a estudio se surtan las hipótesis descritas en la anterior jurisprudencia, no se estima actualizada la causal de improcedencia que invoca la parte tercero interesada. También refiere dicha parte tercero interesada, que se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque el quejoso promovió los diversos juicios de amparo 1052/2016, del índice de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos y 1050/2016, radicado ante el Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos; por lo tanto, que existe cosa juzgada. Es infundada igualmente la causal de improcedencia indicada. Es así, porque en el caso del primero de los juicios, el acto reclamado fue el acuerdo de veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, emitido en el juicio civil de origen; en tanto que en el presente juicio se reclama la resolución de cinco de julio de dos mil dieciséis, emitida en el toca 103/2016, la cual versa sobre el recurso de queja interpuesto por la parte aquí quejosa, precisamente contra aquél auto. En tanto que en el juicio de 1050/2016, radicado ante el Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, no se ha emitido sentencia, como se demuestra con las fotocopias remitidas por dicho órgano jurisdiccional (fojas 108 a 111); y, por lo demás, se señala un acto distinto, como es la ilegal orden de ejecución, embargo y requerimiento de pago que se pretende realizar en bienes de su propiedad. Consecuentemente, no se actualiza la hipótesis de improcedencia del juicio, prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo. CUARTO. ESTUDIO DE FONDO. Al no existir causa de improcedencia hecha valer por las partes o que este tribunal de oficio advierta que se actualice, procede realizar el estudio de fondo de la cuestión planteada. Al respecto, se estiman, en una parte, inoperantes, y en otra, infundados, los conceptos de violación, por los razonamientos que a continuación se expondrán. Conviene citar como antecedentes del juicio, que por sentencia de veinte de mayo de dos mil dos, se absolvió a la parte demandada FACUNDO ARCOS GUZMÁN, de las prestaciones que le reclamó la parte tercero interesada, FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO, esencialmente, la reivindicación del bien inmueble identificado como Fracción del lote once de la Sección Primera, Zona "El Mirador" ubicado en la Calle Lago Iberia de la Primera Sección, Municipio de Jojutla, Morelos, con las medidas y colindancias que en la sentencia se establecen y se declaró que el aquí quejoso, se había convertido en propietario de dicho bien inmueble (fojas 264 a 274 anexo II); Inconforme la parte actora, interpuso recurso de apelación, que se resolvió el siete de noviembre de dos mil dos, emitida en el toca 1213/02, por la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en el sentido de revocar la sentencia de primer grado y declarar que había procedido la acción de la parte actora y que se declaraba a esta como propietaria del bien inmueble descrito, condenándose al demandado, aquí quejoso, a su desocupación y entrega (fojas 287 a 295 anexo II). Y se aclaró esta resolución el diecinueve de noviembre de dos mil dos (foja 355 anexo II). En sesión de veintisiete de marzo de dos mil tres, el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito, resolvió el amparo directo 36/2003, promovido por FACUNDO ARCOS GUZMÁN, contra la sentencia definitiva descrita en el párrafo anterior, negándose el amparo y protección de la justicia de la Unión (fojas 296 a 320 del anexo II). Se advierte de autos del juicio natural, que MANUEL ARCOS SOTO, con el carácter de Albacea de la Sucesión a Bienes de FACUNDO ARCOS GUZMÁN, promovió incidente de prescripción de la ejecución mediante escrito presentado el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis (fojas 445 a 451 del anexo II); desechado mediante auto de veintisiete de mayo de dos mil dieciséis (foja 461 a 463 del anexo II). Contra el acuerdo anterior, dicha parte demandada del juicio natural, promovió recurso de queja que se resolvió en sentencia de cinco de julio del año en curso, en el toca 103/2016, emitida por la Sala del Segundo Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, quien confirmó el auto recurrido, siendo el acto que se combate en esta instancia (fojas 20 a 33 del anexo I). Ahora bien, como se dijo, son en una parte infundados, y en otra, inoperantes, los conceptos de violación esgrimidos, que se tienen por reproducidos aquí en obvio de trascripciones. Esto es así, porque en el auto de veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, para desechar por notoriamente improcedente el incidente de prescripción de la ejecución promovido por el demandado del juicio, el juez estableció básicamente las siguientes razones: Que el plazo de cinco años contenido en el artículo 714 del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos, para la ejecución de la sentencia, debe interpretarse que es únicamente para efecto de solicitar la ejecución, pero no para realizar dentro de él, todos los actos tendientes al cumplimiento de la sentencia y que en el caso, la actora efectuó su solicitud de ejecución el veintiuno de enero de dos mil cuatro, y que en esa misma fecha se había admitido a trámite la ejecución forzosa de la sentencia, lo que impedía la actualización de la prescripción; y Que con independencia de lo anterior, la parte actora había realizado de forma continua, actos tendientes a obtener la ejecución forzosa de la sentencia, inclusive dentro de lapsos menores al plazo previsto en el artículo 714 del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos; por lo que ello también implicó la interrupción del plazo para que operara la prescripción. Al plantearse el recurso de queja contra la resolución anterior, MANUEL ARCOS SOTO, con el carácter de Albacea de la Sucesión a Bienes de FACUNDO ARCOS GUZMÁN, esencialmente, expresó los siguientes agravios: Que habían transcurrido catorce años desde la emisión de la sentencia definitiva, sin que hubiera sido ejecutada, por lo que al no darse en el plazo previsto en el artículo 714 del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos, se encontraba prescrita acción de ejecución. Que el juez aquo no había precisado cuáles actos interrumpían la prescripción para la ejecución; Que iniciada la ejecución no se permite la eternización, por lo que si el juez aquo refirió que se solicitó la ejecución en dos mil cuatro, de todas maneras habían transcurrido ya doce años y que el juez no había señalado con precisión cuáles eran los actos de impulso de la ejecución realizados en dicho lapso. Que si con antelación se había iniciado la ejecución de la sentencia, pero por alguna razón no se había concluido, puede válidamente volver a intentarse, siempre y cuando no haya transcurrido el lapso para hacerlo. En este punto, citó los siguientes criterios: Época: Novena Época Registro: 169271 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVIII, Julio de 2008 Materia(s): Civil Tesis: VI.3o.C. J/67 Página: 1600 LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA. SÓLO PUEDE ESTUDIARSE EN LA SENTENCIA DEFINITIVA. Debe distinguirse la legitimación en el proceso, de la legitimación en la causa. La primera es un presupuesto del procedimiento que se refiere o a la capacidad para comparecer al juicio, para lo cual se requiere que el compareciente esté en pleno ejercicio de sus derechos civiles, o a la representación de quien comparece a nombre de otro. En este sentido, siendo la legitimación ad procesum un presupuesto procesal, puede examinarse en cualquier momento del juicio, pues si el actor carece de capacidad para comparecer a él o no justifica ser el representante legal del demandante, sería ociosa la continuación de un proceso seguido por quien no puede apersonarse en el mismo. En cambio, la legitimación en la causa, no es un presupuesto procesal, sino una condición para obtener sentencia favorable. En efecto, ésta consiste en la identidad del actor con la persona a cuyo favor está la ley; en consecuencia, el actor estará legitimado en la causa cuando ejercita un derecho que realmente le corresponde. Como se ve, la legitimación ad causam atañe al fondo de la cuestión litigiosa y, por tanto, lógicamente, sólo puede analizarse en el momento en que se pronuncie la sentencia definitiva. Época: Décima Época Registro: 2011508 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo III Materia(s): Civil Tesis: I.9o.C.32 C (10a.) Página: 2526 PRESCRIPCIÓN EN MATERIA CIVIL. AUN CUANDO SE ESTÉ EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, NO ES ADMISIBLE QUE EL JUEZ LA INVOQUE DE OFICIO, SINO QUE ÉSTA SÓLO OPERA CUANDO ES OPUESTA COMO EXCEPCIÓN POR EL SUJETO PASIVO. La prescripción opera, únicamente, por lo que hace a los derechos de carácter procesal que la ley concede a las partes, dentro de las diferentes fases procedimentales. En este orden, la prescripción como excepción procesal se encuentra sometida al principio de justicia rogada, ello porque es una excepción perentoria que destruye una acción que tuvo existencia y, como excepción que debe ser opuesta por el demandado, habida cuenta que cabe la posibilidad jurídica de que el obligado renuncie a la prescripción adquirida y decida cumplir con el convenio o sentencia elevada a categoría de cosa juzgada. En efecto, puede existir la posibilidad de que el sujeto pasivo decida cumplir con la obligación contraída, o bien, disponer de lo surgido a su favor como resultado de la inercia de su contraparte, siendo ésta la razón por la que el juzgador no puede analizarla de oficio. Ahora bien, el artículo 529 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal dispone: "La acción para pedir la ejecución de una sentencia, transacción o convenio judiciales, durará diez años contados desde el día en que se venció el término judicial para el cumplimiento voluntario de lo juzgado y sentenciado.". Esta disposición prevé el plazo que dura la acción para solicitar la ejecución de una sentencia, transacción o convenio judicial, esto es, se refiere al plazo de su prescripción. Así las cosas, la prescripción a que se refiere el precepto transcrito, no puede analizarse de oficio por el juzgador, ya que corresponderá al beneficiado con la prescripción que haga valer la excepción correspondiente, para que la autoridad se ocupe de determinar su procedencia. Así, la excepción derivada de no ejercer el derecho regulado por el citado artículo 529 requiere excepción de parte para que se declare, pues aun cuando el derecho a ejecutar un convenio no puede adquirir la calidad de perpetuo ni imprescriptible y el abandono de ese derecho por más de diez años que establece el referido artículo para ejercer la acción de ejecución, da origen a la figura de la prescripción, ésta constituye una excepción propia que debe oponer la parte obligada, quien puede renunciar a la prescripción sobrevenida, que regula el artículo 1141 del Código Civil para el Distrito Federal, que dispone que las personas con capacidad para enajenar pueden renunciar a la prescripción ganada y, en consecuencia, no obstante la inercia del titular del derecho durante todo el plazo fijado en la ley para su ejercicio, con la consecuente extinción de la relación jurídica, si así lo decide la voluntad del sujeto pasivo, éste puede cumplir con lo que se obligó, ya que puede disponer de lo que por la adecuación de la situación de hecho a la situación de derecho, quedó dentro de su patrimonio y así, ésta es la causa por la cual, en el juicio seguido contra el obligado, aun cuando se esté en el periodo de ejecución de sentencia, no es admisible que el Juez invoque, de oficio, la prescripción, sino que ésta sólo opera cuando es opuesta como excepción, pues depende de la voluntad del sujeto pasivo cumplir con la obligación contraída, o bien, disponer de lo surgido a su favor como resultado de la inercia de su contraparte. Época: Décima Época Registro: 2008097 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I Materia(s): Civil Tesis: 1a. CDXIV/2014 (10a.) Página: 230 EJECUCIÓN DE SENTENCIA DEFINITIVA. LA INSTITUCIÓN JURÍDICA QUE ACTUALIZA LA PÉRDIDA DEL DERECHO PARA PEDIRLA ES LA PRESCRIPCIÓN Y NO LA PRECLUSIÓN. La facultad de exigir lo sentenciado en un proceso jurisdiccional, mediante un procedimiento de ejecución, constituye un verdadero derecho sustantivo, al traducirse en el derecho a accionar la maquinaria judicial, a fin de obtener lo reconocido en la sentencia con autoridad de cosa juzgada. Así, a partir de esa premisa, se deduce que esa facultad de exigencia se rige por la prescripción y no por la preclusión, pues si bien ambas instituciones constituyen medios extintivos de las relaciones jurídicas, la primera de ellas, entre otras de sus notas distintivas opera, por regla general, respecto de derechos sustantivos en los que existe una relación de derecho-deber identificable en la sentencia de condena que, en sentido civil, es siempre una conducta que el ejecutado debe realizar y que el ejecutante puede recibir; mientras que la segunda, responde a la necesidad de dar certidumbre jurídica al interior de un proceso o procedimiento jurisdiccional y, en tal virtud, parte del supuesto de que el proceso está dividido en etapas previamente definidas en donde, si las partes no cumplen con las cargas prescritas en la ley, deben someterse a los efectos perjudiciales de su no hacer que pueden trascender al resultado del juicio. Luego, si en la sentencia definitiva se define una relación derecho-deber respecto de los que formaron parte de la relación procesal y ésta se encuentra dotada de la calidad de cosa juzgada, sus efectos no son potestativos ni se dirigen a tutelar la certeza jurídica que debe regir en el proceso, antes bien, con el dictado de la sentencia que acoge sus pretensiones, el beneficiario de la condena habrá obtenido un título nuevo diferente del que fue materia del juicio, por virtud del cual comenzará para él una nueva prescripción, la de la actio judicatti, es decir, la de la acción dirigida a pedir la ejecución de la sentencia. Por tanto, el derecho para ejecutar la sentencia no puede ser objeto de la preclusión, ya que la institución jurídica apta para actualizar la pérdida del derecho para pedir la ejecución de una sentencia es la prescripción, al tratarse aquél de un derecho de naturaleza sustantiva. Época: Décima Época Registro: 2008341 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 14, Enero de 2015, Tomo III Materia(s): Civil Tesis: VI.1o.C.66 C (10a.) Página: 1899 EJECUCIÓN DE SENTENCIA O DE CONVENIO ELEVADO A LA CATEGORÍA DE COSA JUZGADA. PRESCRIBE EL DERECHO A TERMINAR EL PROCEDIMIENTO, TANTO EN MATERIA MERCANTIL COMO CIVIL, SI TRANSCURREN MÁS DE DIEZ AÑOS SIN QUE AQUÉL SE IMPULSE. Atento a que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 1a./J. 104/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, diciembre de 2001, página 23, con número de registro digital 188209, de rubro: "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE INTERESES. EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN RELATIVA NO ESTÁ SUJETO A LA FIGURA JURÍDICA DE LA PRECLUSIÓN, SINO A LA DE LA PRESCRIPCIÓN (LEGISLACIÓN PARA EL DISTRITO FEDERAL).", sustentó en la ejecutoria relativa que: a) una vez formada la sección de ejecución de la sentencia, deben realizarse todos los actos tendentes para hacerla efectiva; b) iniciada esa ejecución no se permite su eternización; y, c) si con antelación se inició la ejecución de la sentencia y por alguna razón no se concluyó, puede válidamente volverse a intentar, siempre y cuando no haya transcurrido el lapso para hacerlo (diez años); reiteró dichas consideraciones en la ejecutoria que dio origen a la diversa jurisprudencia 1a./J. 21/2002, publicada en el mismo medio de difusión y Época, Tomo XV, abril de 2002, página 314, con número de registro digital 187149, de epígrafe: "PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE EXTINGUE O CONSUMA LA OPORTUNIDAD PROCESAL DE REALIZAR UN ACTO.". Por tanto, al ser las citadas jurisprudencias de observancia obligatoria, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, y determinarse en ellas que aun cuando existe la posibilidad de que se reinicie nuevamente la ejecución de la sentencia, ello sólo es posible siempre y cuando no transcurran los diez años de la prescripción, se concluye que tanto en materia mercantil como civil, el derecho a ejecutar una sentencia o convenio elevado a la categoría de cosa juzgada, a pesar de haberse comenzado a ejercer, prescribe si no se impulsa el procedimiento en el término de diez años. No pasa inadvertido que en ambas jurisprudencias se interpretó el artículo 529 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y no el 1047 del Código de Comercio, ya que dichos criterios resultan aplicables por la naturaleza de las materias mercantil y civil, amén de que la diferencia en su redacción (una genérica y otra específica), no pone de manifiesto alguna circunstancia que imposibilite dicha aplicación. Además de que el Código de Comercio anterior a las reformas de mil novecientos noventa y seis, al igual que el de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, analizado en los criterios invocados, no prevé la caducidad para los procedimientos de ejecución de sentencia y, no por ello una vez obtenida sentencia ejecutoriada, el derecho a ejecutarla adquiere la calidad de perpetuo e imprescriptible, de manera que la ejecución pueda permanecer abandonada indefinidamente a voluntad del actor, siendo la consecuencia del abandono del derecho su prescripción. A su vez, en la resolución combatida, de cinco de julio de dos mil dieciséis, la Sala responsable declaró que confirmaba el acuerdo reclamado y para ello, señaló: Que era fundado que el juez primario no había precisado cuáles eran los actos de impulso en la ejecución de la sentencia definitiva, pues había referido de manera genérica que la actora había realizado de forma continua, actos procesales tendientes a obtener la ejecución forzosa del fallo definitivo. Sin embargo, que la Sala estableció que si bien era fundado tal agravio, también era inoperante, en virtud de que del juicio natural sí se desprendían diversos escritos del abogado patrono de la parte actora, citando los siguientes: de veintiuno de enero de dos mil cuatro, siete de abril, seis de julio y veintisiete de octubre, todos de dos mil nueve; tres de noviembre de dos mil diez; diecisiete de octubre de dos mil catorce; veintisiete de agosto y diez de septiembre ambos de dos mil quince y doce de mayo de dos mil dieciséis y que de ellos sí se desprendía la solicitud de la actora, para que se ejecutora forzosamente la sentencia definitiva, pues se había solicitado que se comisionara al personal del juzgado para que con auxilio de la fuerza pública y la fractura de cerraduras, se pusiera en posesión de la actora, del bien inmueble sujeto a litigio. De igual manera, que a través de los acuerdos de veintiuno de enero de dos mil cuatro, veintiséis de octubre de dos mil nueve, cinco de noviembre de dos mil diez y veinte de octubre de dos mil catorce, la juez natural había ordenado poner en posesión a la actora, del citado bien inmueble, y que había autorizado, de ser necesario, el auxilio de la fuerza pública y la fractura de cerraduras, de ser necesario. Así mismo, la sala responsable refirió en su resolución, que obraba en autos del juicio de origen, la razón actuarial de siete de diciembre de dos mil cuatro, de la que se advertía la imposibilidad de dar cumplimiento al auto de veintiuno de enero de esa anualidad. También refirió la existencia del acta de tres de febrero de dos mil once, en la que la fedataria pública asentó la imposibilidad para la entrega del bien inmueble, en cumplimiento al auto de cinco de noviembre de dos mil diez, ante la falta de conocimientos para delimitar el inmueble, requiriendo la asistencia de un perito. Así mismo, refirió el Tribuna responsable, que se apreciaba en autos el acta de la diligencia de treinta y uno de marzo de dos mil once, donde la Actuaria hizo constar la imposibilidad de dar cumplimiento al auto de cinco de noviembre de dos mil diez, porque en el instante de desarrollar la diligencia llegaron aproximadamente veinte personas quienes refirieron que vivían en el inmueble sujeto a controversia. Entonces, concluyó la Sala, que ante dichas constancias de actuaciones procesales, devenía fundado pero inoperante el agravio del recurrente, porque todas ellas estaban encaminadas a que se ejecutara la sentencia de primer grado. Por otra parte, la Sala estableció que el demandado del juicio, recurrente en la queja, había aducido como agravio, que de un simple cómputo se podía advertir que habían transcurrido doce años desde que de había solicitado la ejecución, en dos mil cuatro, sin que se hubiera conseguido. Pero que ello era infundado, bajo la misma consideración ya explicada consistente en que la actora había solicitado en diversos momentos, de manera continua, la ejecución forzosa y que el juez natural había emitido también los respectivos acuerdos que ordenaron la ejecución forzosa, y que se había ajustado por ello al plazo previsto en el artículo 714 del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos, motivo por el cual había obrado correctamente al desechar el incidente de prescripción de la ejecución. Para apoyar su dicho, citó los siguientes criterios: Época: Novena Época Registro: 181566 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Mayo de 2004 Materia(s): Civil Tesis: VI.1o.C.62 C Página: 1771 EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN JUICIO CIVIL. EL HECHO DE QUE INICIE EL PLAZO PARA PEDIRLA NO TRAE CONSIGO EL QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE TAL ACCIÓN, AUNQUE DURANTE SU TRÁMITE TRANSCURRA EL TÉRMINO DE CINCO AÑOS O UNO MAYOR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). El artículo 551, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles prevé: "La acción para pedir la ejecución de una sentencia durará cinco años, contados: I. Desde la fecha de la notificación de la sentencia.". Lo anterior debe entenderse en el sentido de que la parte que obtuvo sentencia favorable en un juicio civil, tiene cinco años para pedir la ejecución de la sentencia, una vez que ha sido notificado de ella, mas no se advierte de ello que una vez iniciado dicho procedimiento pueda operar la prescripción de tal acción, no obstante que en el trámite respectivo transcurra ese término, o uno mayor sin que se haya logrado la ejecución del fallo, ya que esta última situación no aparece reglamentada en el precepto legal en cita. Época: Novena Época Registro: 204975 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo I, Junio de 1995 Materia(s): Civil Tesis: III.3o.C.1 C Página: 443 EJECUCION DE SENTENCIA, ACCION PARA PEDIR LA. UNA VEZ EJERCITADA YA NO OPERA LA PRESCRIPCION. (LEGISLACION DEL ESTADO DE JALISCO). El artículo 503 del Código de Procedimientos Civiles del Estado dispone que dura diez años la acción para pedir la ejecución de una sentencia. Ahora bien, cuando esa ejecución ya se ha iniciado no puede operar la prescripción de tal acción no obstante que en el trámite respectivo hubiera transcurrido el término referido sin que el fallo esté ejecutado totalmente, toda vez que esa situación, aparte de que implicaría hacer nugatorio un derecho ejercitado oportunamente, ocasionaría la creación de una nueva norma como lo es la de establecer otro plazo para el dictado de la resolución que viniera a poner fin a la etapa de ejecución. Una cosa es que la acción para pedir la ejecución de una sentencia dure diez años, y otra pretender que ese fallo se ejecute ineludiblemente en tal lapso; aspecto este último que no aparece reglamentado en el ordenamiento citado. Por otro lado, en los conceptos de violación, la parte quejosa, hace valer los siguientes argumentos: Que las actuaciones que interrumpen la prescripción únicamente son las tendientes a ejecutar la sentencia de referencia y no las diversas actuaciones; que como se desprende del sumario, no existe ninguna actuación que dé impulso a la ejecución de la sentencia definitiva. Entonces, que se violan flagrantemente en perjuicio del quejoso, las garantías de los artículos 8, 14 y 16 constitucionales, al no haberse admitido el incidente de prescripción de la ejecución de sentencia definitiva, sin que se funde y motive dicha resolución dictada en segunda instancia; porque se desecha por notoriamente improcedente aquél, actuando de una forma arbitraria y prejuzgando, sin especificar cuales han sido los actos y promociones en los cuales fueron con la intención de que la parte actora haya impulsado el procedimiento de ejecución forzosa, y que por el transcurso del tiempo en el cual ya han transcurrido mas de 10 años y no señala con la debida fundamentación en cuales han sido las promociones que han dado impulso a la ejecución y terminación del mismo. Que por ese motivo, se viola el derecho de petición, desde el momento en que se desecha del incidente de prescripción por notoriamente improcedente y se le niega el derecho de que, por lo menos, se entrara al estudio y análisis del tiempo que ha transcurrido sin que la parte actora haya dado cumplimiento a una ejecución forzosa en la cual en ningún momento le fue impedido ese derecho. Otro lado, sostiene que el incidente de prescripción tenía la finalidad de que la autoridad responsable entrara a estudio del impulso procesal de acuerdo a los lineamientos del procedimiento civil, en la etapa de ejecución forzosa; recordando que por el transcurso del tiempo se adquieren derechos como puede ser la prescripción positiva o negativa. Sin embargo, que se desechó el incidente de prescripción de ejecución de sentencia, sin estar debidamente fundada ni motivada dicha resolución, prejuzgando de forma arbitraria la ejecución de sentencia. Invocó las tesis que a continuación se enuncian: Época: Décima Época Registro: 2008097 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I Materia(s): Civil Tesis: 1a. CDXIV/2014 (10a.) Página: 230 "EJECUCIÓN DE SENTENCIA DEFINITIVA. LA INSTITUCIÓN JURÍDICA QUE ACTUALIZA LA PÉRDIDA DEL DERECHO PARA PEDIRLA ES LA PRESCRIPCIÓN Y NO LA PRECLUSIÓN. La facultad de exigir lo sentenciado en un proceso jurisdiccional, mediante un procedimiento de ejecución, constituye un verdadero derecho sustantivo, al traducirse en el derecho a accionar la maquinaria judicial, a fin de obtener lo reconocido en la sentencia con autoridad de cosa juzgada. Así, a partir de esa premisa, se deduce que esa facultad de exigencia se rige por la prescripción y no por la preclusión, pues si bien ambas instituciones constituyen medios extintivos de las relaciones jurídicas, la primera de ellas, entre otras de sus notas distintivas opera, por regla general, respecto de derechos sustantivos en los que existe una relación de derecho-deber identificable en la sentencia de condena que, en sentido civil, es siempre una conducta que el ejecutado debe realizar y que el ejecutante puede recibir; mientras que la segunda, responde a la necesidad de dar certidumbre jurídica al interior de un proceso o procedimiento jurisdiccional y, en tal virtud, parte del supuesto de que el proceso está dividido en etapas previamente definidas en donde, si las partes no cumplen con las cargas prescritas en la ley, deben someterse a los efectos perjudiciales de su no hacer que pueden trascender al resultado del juicio. Luego, si en la sentencia definitiva se define una relación derecho-deber respecto de los que formaron parte de la relación procesal y ésta se encuentra dotada de la calidad de cosa juzgada, sus efectos no son potestativos ni se dirigen a tutelar la certeza jurídica que debe regir en el proceso, antes bien, con el dictado de la sentencia que acoge sus pretensiones, el beneficiario de la condena habrá obtenido un título nuevo diferente del que fue materia del juicio, por virtud del cual comenzará para él una nueva prescripción, la de la actio judicatti, es decir, la de la acción dirigida a pedir la ejecución de la sentencia. Por tanto, el derecho para ejecutar la sentencia no puede ser objeto de la preclusión, ya que la institución jurídica apta para actualizar la pérdida del derecho para pedir la ejecución de una sentencia es la prescripción, al tratarse aquél de un derecho de naturaleza sustantiva.". Refiere el quejoso violación a las garantías consagradas en el Artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que entre otras cosas prescribe: nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los Tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Afirma que una vez intentada la acción de ejecución de la sentencia, deben realizarse todos los actos tendentes para hacerla efectiva; sin embargo, que el aquo no precisa cuáles son los actos tendientes que permiten hacer la efectiva y que es de explorado derecho que no todos los actos realizados por las partes impulsó el procedimiento, es de entenderse que las promociones que se realizan para el señalamiento de nuevo domicilio, nombramiento de personas autorizadas, solicitud de copias no impulsan la ejecución al ser cualquier escrito. Agregó que en el caso, el juez natural prejuzga mediante el auto que ordena el desechamiento de la demanda, en virtud de no precisar con qué actos apoya la afirmación siguiente: ".QUE LA PARTE ACTORA HA EFECTUADO DE FORMA CONTINUA ACTOS TENDIENTES PARA OBTENER LA EJECUCION FORZOSA DEL FALLO DEFINITIVO... " También estableció que iniciada esa ejecución no se permite su eternización, por ende, al promover la ejecución forzosa desde dos mil cuatro, se podía deducir de un simple computo, que habían trascurrido doce años. Y que ni el juez natural, ni mucho menos la autoridad responsable, precisan cuáles son los actos de impulso en la ejecución de la sentencia definitiva durante este lapso de tiempo. Aunado a lo anterior, que no se señala con especificación cuales fueron las razones de motivación y fundamentación para haber confirmado que el juez de primera instancia haya desechado por notoriamente improcedente el incidente de prescripción promovido en contra de la ejecución de sentencia. Que si con antelación se inició la ejecución de la sentencia y por alguna razón no se concluyó, puede válidamente volverse a intentar, siempre y cuando no haya transcurrido el lapso para hacerlo, lo anterior se apoya en las siguientes tesis: Época: Novena Época Registro: 169271 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVIII, Julio de 2008 Materia(s): Civil Tesis: VI.3o.C. J/67 Página: 1600 LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA. SÓLO PUEDE ESTUDIARSE EN LA SENTENCIA DEFINITIVA. Debe distinguirse la legitimación en el proceso, de la legitimación en la causa. La primera es un presupuesto del procedimiento que se refiere o a la capacidad para comparecer al juicio, para lo cual se requiere que el compareciente esté en pleno ejercicio de sus derechos civiles, o a la representación de quien comparece a nombre de otro. En este sentido, siendo la legitimación ad procesum un presupuesto procesal, puede examinarse en cualquier momento del juicio, pues si el actor carece de capacidad para comparecer a él o no justifica ser el representante legal del demandante, sería ociosa la continuación de un proceso seguido por quien no puede apersonarse en el mismo. En cambio, la legitimación en la causa, no es un presupuesto procesal, sino una condición para obtener sentencia favorable. En efecto, ésta consiste en la identidad del actor con la persona a cuyo favor está la ley; en consecuencia, el actor estará legitimado en la causa cuando ejercita un derecho que realmente le corresponde. Como se ve, la legitimación ad causam atañe al fondo de la cuestión litigiosa y, por tanto, lógicamente, sólo puede analizarse en el momento en que se pronuncie la sentencia definitiva. Época: Décima Época Registro: 2011508 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo III Materia(s): Civil Tesis: I.9o.C.32 C (10a.) Página: 2526 PRESCRIPCIÓN EN MATERIA CIVIL. AUN CUANDO SE ESTÉ EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, NO ES ADMISIBLE QUE EL JUEZ LA INVOQUE DE OFICIO, SINO QUE ÉSTA SÓLO OPERA CUANDO ES OPUESTA COMO EXCEPCIÓN POR EL SUJETO PASIVO. La prescripción opera, únicamente, por lo que hace a los derechos de carácter procesal que la ley concede a las partes, dentro de las diferentes fases procedimentales. En este orden, la prescripción como excepción procesal se encuentra sometida al principio de justicia rogada, ello porque es una excepción perentoria que destruye una acción que tuvo existencia y, como excepción que debe ser opuesta por el demandado, habida cuenta que cabe la posibilidad jurídica de que el obligado renuncie a la prescripción adquirida y decida cumplir con el convenio o sentencia elevada a categoría de cosa juzgada. En efecto, puede existir la posibilidad de que el sujeto pasivo decida cumplir con la obligación contraída, o bien, disponer de lo surgido a su favor como resultado de la inercia de su contraparte, siendo ésta la razón por la que el juzgador no puede analizarla de oficio. Ahora bien, el artículo 529 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal dispone: "La acción para pedir la ejecución de una sentencia, transacción o convenio judiciales, durará diez años contados desde el día en que se venció el término judicial para el cumplimiento voluntario de lo juzgado y sentenciado.". Esta disposición prevé el plazo que dura la acción para solicitar la ejecución de una sentencia, transacción o convenio judicial, esto es, se refiere al plazo de su prescripción. Así las cosas, la prescripción a que se refiere el precepto transcrito, no puede analizarse de oficio por el juzgador, ya que corresponderá al beneficiado con la prescripción que haga valer la excepción correspondiente, para que la autoridad se ocupe de determinar su procedencia. Así, la excepción derivada de no ejercer el derecho regulado por el citado artículo 529 requiere excepción de parte para que se declare, pues aun cuando el derecho a ejecutar un convenio no puede adquirir la calidad de perpetuo ni imprescriptible y el abandono de ese derecho por más de diez años que establece el referido artículo para ejercer la acción de ejecución, da origen a la figura de la prescripción, ésta constituye una excepción propia que debe oponer la parte obligada, quien puede renunciar a la prescripción sobrevenida, que regula el artículo 1141 del Código Civil para el Distrito Federal, que dispone que las personas con capacidad para enajenar pueden renunciar a la prescripción ganada y, en consecuencia, no obstante la inercia del titular del derecho durante todo el plazo fijado en la ley para su ejercicio, con la consecuente extinción de la relación jurídica, si así lo decide la voluntad del sujeto pasivo, éste puede cumplir con lo que se obligó, ya que puede disponer de lo que por la adecuación de la situación de hecho a la situación de derecho, quedó dentro de su patrimonio y así, ésta es la causa por la cual, en el juicio seguido contra el obligado, aun cuando se esté en el periodo de ejecución de sentencia, no es admisible que el Juez invoque, de oficio, la prescripción, sino que ésta sólo opera cuando es opuesta como excepción, pues depende de la voluntad del sujeto pasivo cumplir con la obligación contraída, o bien, disponer de lo surgido a su favor como resultado de la inercia de su contraparte. De igual manera, el quejoso invocó la violación al artículo 16 de la Carta Magna, que prevé en esencia, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Sostiene que, en la especie, al sostener la responsable su actitud de desechar por notoriamente improcedente, sin fundar ni motivar dicho, violó tal garantía, al dictarse el auto de desechamiento del incidente y luego al confirmar dicho proveído, existió un distanciamiento de lo exigido por la norma constitucional transcrita. Invocó la tesis: Época: Décima Época Registro: 2008341 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 14, Enero de 2015, Tomo III Materia(s): Civil Tesis: VI.1o.C.66 C (10a.) Página: 1899 EJECUCIÓN DE SENTENCIA O DE CONVENIO ELEVADO A LA CATEGORÍA DE COSA JUZGADA. PRESCRIBE EL DERECHO A TERMINAR EL PROCEDIMIENTO, TANTO EN MATERIA MERCANTIL COMO CIVIL, SI TRANSCURREN MÁS DE DIEZ AÑOS SIN QUE AQUÉL SE IMPULSE. Atento a que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 1a./J. 104/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, diciembre de 2001, página 23, con número de registro digital 188209, de rubro: "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE INTERESES. EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN RELATIVA NO ESTÁ SUJETO A LA FIGURA JURÍDICA DE LA PRECLUSIÓN, SINO A LA DE LA PRESCRIPCIÓN (LEGISLACIÓN PARA EL DISTRITO FEDERAL).", sustentó en la ejecutoria relativa que: a) una vez formada la sección de ejecución de la sentencia, deben realizarse todos los actos tendentes para hacerla efectiva; b) iniciada esa ejecución no se permite su eternización; y, c) si con antelación se inició la ejecución de la sentencia y por alguna razón no se concluyó, puede válidamente volverse a intentar, siempre y cuando no haya transcurrido el lapso para hacerlo (diez años); reiteró dichas consideraciones en la ejecutoria que dio origen a la diversa jurisprudencia 1a./J. 21/2002, publicada en el mismo medio de difusión y Época, Tomo XV, abril de 2002, página 314, con número de registro digital 187149, de epígrafe: "PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE EXTINGUE O CONSUMA LA OPORTUNIDAD PROCESAL DE REALIZAR UN ACTO.". Por tanto, al ser las citadas jurisprudencias de observancia obligatoria, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, y determinarse en ellas que aun cuando existe la posibilidad de que se reinicie nuevamente la ejecución de la sentencia, ello sólo es posible siempre y cuando no transcurran los diez años de la prescripción, se concluye que tanto en materia mercantil como civil, el derecho a ejecutar una sentencia o convenio elevado a la categoría de cosa juzgada, a pesar de haberse comenzado a ejercer, prescribe si no se impulsa el procedimiento en el término de diez años. No pasa inadvertido que en ambas jurisprudencias se interpretó el artículo 529 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y no el 1047 del Código de Comercio, ya que dichos criterios resultan aplicables por la naturaleza de las materias mercantil y civil, amén de que la diferencia en su redacción (una genérica y otra específica), no pone de manifiesto alguna circunstancia que imposibilite dicha aplicación. Además de que el Código de Comercio anterior a las reformas de mil novecientos noventa y seis, al igual que el de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, analizado en los criterios invocados, no prevé la caducidad para los procedimientos de ejecución de sentencia y, no por ello una vez obtenida sentencia ejecutoriada, el derecho a ejecutarla adquiere la calidad de perpetuo e imprescriptible, de manera que la ejecución pueda permanecer abandonada indefinidamente a voluntad del actor, siendo la consecuencia del abandono del derecho su prescripción. Sostuvo también la parte quejosa, que no se debe soslayar, que tanto las autoridades responsables deben proteger sus derechos humanos, e invocó la jurisprudencia de la Décima Época, Registro: 2008516, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, Febrero de 2015, Tomo III, Materia(s): Constitucional, Tesis: XXVII.3o. J/25 (10a.), Página: 2256, que se cita enseguida: "DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIÓN DE PROTEGERLOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1o., PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El párrafo tercero del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone como obligaciones generales de las autoridades del Estado Mexicano las consistentes en: i) Respetar; ii) Proteger; iii) Garantizar; y, iv) Promover los derechos humanos, de conformidad con los principios rectores de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. De ahí que para determinar si una conducta específica de la autoridad importa violación a derechos fundamentales, debe evaluarse si se apega o no a la obligación de protegerlos. Ésta puede caracterizarse como el deber que tienen los órganos del Estado, dentro del margen de sus atribuciones, de prevenir violaciones a los derechos fundamentales, ya sea que provengan de una autoridad o de algún particular y, por ello, debe contarse tanto con mecanismos de vigilancia como de reacción ante el riesgo de vulneración del derecho, de forma que se impida la consumación de la violación. En este último sentido, su cumplimiento es inmediatamente exigible, ya que como la conducta estatal debe encaminarse a resguardar a las personas de las interferencias a sus derechos provenientes de los propios agentes del Estado como de otros particulares, este fin se logra, en principio, mediante la actividad legislativa y de vigilancia en su cumplimiento y, si esto es insuficiente, mediante las acciones necesarias para impedir la consumación de la violación a los derechos. De ahí que, una vez conocido el riesgo de vulneración a un derecho humano, el Estado incumple su obligación si no realiza acción alguna, sobre todo, porque, en el caso de sus propios agentes, está obligado a saber todo lo que hacen. Citados los conceptos de violación sostenidos por el quejoso, se arriba a la conclusión de que son, en una parte, inoperantes, e infundados, en otra. En primer término, son inoperantes los argumentos de la parte quejosa en los que argumenta en torno a la ilegalidad del acuerdo de veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, a través del cual el juez natural desechó el incidente de prescripción de la ejecución, porque al recurrirse mediante el recurso de queja aquél acuerdo, se emitió luego la resolución de cinco de julio de dos mil dieciséis, en el toca 103/2016, por parte de la Sala responsable, que dirimió dicho medio de defensa, de manera que son las consideraciones de la Sala las que rigen el tema de la improcedencia de la prescripción de la ejecución y no las del auto del juez de primer grado. Es aplicable la jurisprudencia de la Novena Época, Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO PRIMER CIRCUITO, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XIV, Septiembre de 2001, Tesis: XXI.1o. J/19, Página: 1137, del rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE, COMBATIENDO EL FONDO DEL ASUNTO, NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES QUE LA RESPONSABLE TOMÓ EN CUENTA PARA DECLARAR INOPERANTES LOS AGRAVIOS ESGRIMIDOS. Si la responsable emite declaratoria de inoperancia respecto de los agravios formulados, y el quejoso esgrime argumentos orientados a combatir el fondo del asunto, mas no a desvirtuar las consideraciones que aquélla tomó en cuenta para dictar el fallo reclamado, ello trae como consecuencia que los conceptos de violación se estimen inoperantes.". Por otra parte, se analizan en conjunto los argumentos en los que esencialmente el quejoso sostiene que ni el juez natural, ni mucho menos la autoridad responsable, precisan cuáles son los actos de impulso en la ejecución de la sentencia definitiva durante este lapso de tiempo; de igual manera, que iniciada la ejecución forzosa no se permite su eternización, por ende, al promoverla la parte actora desde dos mil cuatro, se podía deducir de un simple computo, que habían trascurrido doce años. Así mismo, que si con antelación se inició la ejecución de la sentencia y por alguna razón no se concluyó, puede válidamente volverse a intentar, siempre y cuando no haya transcurrido el lapso para hacerlo. Son infundados, en una parte, e inoperantes, en otra, los argumentos anteriores. Es así, porque como ya se explicó en párrafos precedentes, en la resolución combatida de cinco de julio de dos mil dieciséis, la Sala responsable estableció que era fundado pero inoperante, que el juez primario al desechar el incidente de prescripción de la ejecución, no había precisado cuáles eran los actos de impulso en la ejecución de la sentencia definitiva, sino que había hecho de manera genérica que la actora había realizado de forma continua, actos procesales tendientes a obtener la ejecución forzosa del fallo definitivo. Ello, explicó, virtud de que del juicio natural sí se desprendían diversos escritos del abogado patrono de la parte actora, citando los siguientes: de veintiuno de enero de dos mil cuatro, siete de abril, seis de julio y veintisiete de octubre, todos de dos mil nueve; tres de noviembre de dos mil diez; diecisiete de octubre de dos mil catorce; veintisiete de agosto y diez de septiembre ambos de dos mil quince y doce de mayo de dos mil dieciséis y que de ellos sí se desprendía la solicitud de la actora, para que se ejecutora forzosamente la sentencia definitiva, pues se había solicitado que se comisionara al personal del juzgado para que con auxilio de la fuerza pública y la fractura de cerraduras, se pusiera en posesión de la actora, del bien inmueble sujeto a litigio. De igual manera, que a través de los acuerdos de veintiuno de enero de dos mil cuatro, veintiséis de octubre de dos mil nueve, cinco de noviembre de dos mil diez y veinte de octubre de dos mil catorce, la juez natural había ordenado poner en posesión a la actora, del citado bien inmueble, y que había autorizado, de ser necesario, el auxilio de la fuerza pública y la fractura de cerraduras, de ser necesario. De la misma forma, la sala responsable refirió en su resolución, que obraba en autos del juicio de origen, la razón actuarial de siete de diciembre de dos mil cuatro, de la que se advertía la imposibilidad de dar cumplimiento al auto de veintiuno de enero de esa anualidad. También refirió la existencia del acta de tres de febrero de dos mil once, en la que la fedataria pública asentó la imposibilidad para la entrega del bien inmueble, en cumplimiento al auto de cinco de noviembre de dos mil diez, ante la falta de conocimientos para delimitar el inmueble, requiriendo la asistencia de un perito. Así mismo, refirió la Sala responsable, que se apreciaba en autos el acta de la diligencia de treinta y uno de marzo de dos mil once, donde la Actuaria hizo constar la imposibilidad de dar cumplimiento al auto de cinco de noviembre de dos mil diez, porque en el instante de desarrollar la diligencia llegaron aproximadamente veinte personas quienes refirieron que vivían en el inmueble sujeto a controversia. Entonces, concluyó la Sala responsable, que ante dichas constancias de actuaciones procesales, devenía fundado pero inoperante el agravio del recurrente, porque todas ellas estaban encaminadas a impulsar la ejecución de la sentencia de primer grado. En estas condiciones, si los argumentos del quejoso tienden a establecer que la Sala responsable no especifica cuáles han sido los actos procesales de la parte actora que impulsaron el procedimiento de ejecución forzosa, en esa parte son infundados, pues contrario a esa afirmación, dicha responsable sí fue puntual en describir uno a uno, los actos de la parte quejosa que tuvieron esa finalidad; así como también lo hizo por cuanto a los autos emitidos y las actuaciones del ejecutor en lograr el cumplimiento de la sentencia; de ahí que no le asista la razón a la quejosa, en cuanto a que se viola el artículo 16 de la Carta Magna. Ahora, por cuanto a los argumentos relativos a que, iniciada la ejecución forzosa no se permite su eternización, por ende, al promoverla la parte actora desde dos mil cuatro, se podía deducir de un simple cómputo, que había trascurrido doce años. Y que en todo caso, si con antelación se inició la ejecución de la sentencia y por alguna razón no se concluyó, puede válidamente volverse a intentar, siempre y cuando no haya transcurrido el lapso para hacerlo; devienen inoperantes. Es así, pues tal argumento soslaya combatir la argumentación de la Sala, donde sostiene que la parte quejosa promovió la ejecución en tiempo, de acuerdo al plazo previsto en el artículo 714 del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos, esto desde el veintiuno de enero de dos mil cuatro, y que en lo sucesivo realizó distintas actuaciones procesales de forma continua, tendientes a impulsar la ejecución de la sentencia definitiva y que por lo tanto, interrumpen el plazo de la prescripción de la ejecución. Luego, es patente que si la Sala refirió las actuaciones que consideró interrumpieron el plazo de la prescripción de la ejecución, y a su vez la quejosa no endereza sus conceptos de violación para expresar consideraciones acerca del porqué estima que es equivocado lo sostenido por la Sala, o sea, que los actos procesales no interrumpieron tal plazo; es decir, no hay argumentación acerca de los motivos por los que considerara que, inclusive, aun cuando se hubiera solicitado la ejecución forzosa desde el veintiuno de enero de dos mil cuatro, de todas maneras se había consumado el plazo de la prescripción después de la petición de la ejecución, por haber transcurrido íntegramente el aludido plazo previsto en el artículo 714 de la legislación procesal ya indicado, a pesar de los actos procesales tanto de la actora, juez y Actuario ejecutor, realizados después del veintiuno de enero de dos mil cuatro y hasta la fecha de la promoción del incidente de prescripción. Entonces, dado que los conceptos de violación no combaten los argumentos de la Sala que sostuvieron la existencia de actuaciones que impidieron que se consumara el plazo de la prescripción y que la llevaron a confirmar el auto de veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, que desechó el incidente de prescripción de la ejecución, es motivo suficiente para calificar de inoperantes los argumentos de la quejosa, porque este tribunal no puede suplir la deficiencia de la queja y analizar las consideraciones que esencialmente sustentan el sentido del acto combatido. Es aplicable la jurisprudencia de la Novena Época, Registro: 178786, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, Materia(s): Común, Tesis: IV.3o.A. J/4, Página: 1138, del rubro y tenor siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES POR INSUFICIENTES SI NO ATACAN TODOS LOS ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL SENTIDO DE LA SENTENCIA COMBATIDA. Resultan inoperantes los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo directo que no controvierten todas las consideraciones y fundamentos torales del fallo reclamado, cuando, por sí solos, pueden sustentar el sentido de aquél, por lo que al no haberse controvertido y, por ende, no demostrarse su ilegalidad, éstos continúan rigiendo el sentido de la resolución combatida en el juicio constitucional. De ahí que los conceptos de violación resulten inoperantes por insuficientes, pues aun de resultar fundados no podrían conducir a conceder la protección constitucional solicitada.". A igual consideración de inoperancia se arriba, por cuanto a la cita de las diversas tesis y jurisprudencias que refiere, en la medida en que si bien puede considerarse que hace suyos los criterios en ellas contenidas, no explica por qué a través de dichos criterios se controvierten las razones que sustentan la sentencia combatida. Por otro lado, el concepto de violación en el que el quejoso sostiene que la responsable confirma el desechamiento del incidente de prescripción de la ejecución, sin fundar ni motivar dicho, se califica de infundado. Ello es así, porque la Sala responsable sí motivó el por qué consideró que los agravios del quejoso eran fundados pero inoperantes, citando argumentos para establecer que en autos del juicio natural, existieron actuaciones de la parte actora encaminados a que se ejecute la sentencia definitiva y que evitaron la consumación de la prescripción de la ejecución; fundándose para ello en los artículos 690 y 774 del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos; de ahí que no asista razón a la parte quejosa, en cuanto a la carencia de fundamentación y motivación en los argumentos que sustentaron el acto reclamado. Finalmente, la parte quejosa sostuvo que no se debe soslayar, que tanto las autoridades responsables deben proteger sus derechos humanos, e invocó la jurisprudencia con el rubro: "DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIÓN DE PROTEGERLOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1o., PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Al respecto, debe decirse que ese deber se ejerce con bordes bien delineados; pues si bien del precepto constitucional referido deriva la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, lo cierto es que ese compromiso se limita a que se ejerza, dentro de la competencia de cada autoridad en particular; de ahí que aun cuando se pudiera advertir una evidente violación a los derechos humanos, lo correcto es que esta se valore por la autoridad responsable e inclusive en presente juicio de garantías, en su propia dimensión y en términos del procedimiento de ley que resulte aplicable y no de manera caprichosa, pues de otra manera se corre el riesgo de desnaturalizar los juicios y excederse en facultades. En lo conducente, es aplicable la jurisprudencia de la Décima Época, Registro: 2012228, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Común, Tesis: P./J. 5/2016 (10a.), Página: 11, que se cita enseguida: DERECHOS HUMANOS. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO DE AMPARO DE PROMOVERLOS, RESPETARLOS, PROTEGERLOS Y GARANTIZARLOS, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SÓLO SE ACTUALIZA EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, POR LO QUE CARECE DE ATRIBUCIONES PARA PRONUNCIARSE RESPECTO DE VIOLACIONES A LOS QUE NO FORMEN PARTE DE LA LITIS CONSTITUCIONAL. Si bien del precepto constitucional referido deriva la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, lo cierto es que ese compromiso se limita a que se ejerza dentro de la competencia de cada autoridad en particular. Así, un órgano de amparo sólo puede conocer de las violaciones a los derechos humanos que le sean planteadas como controversia conforme a los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales deberá resolver en atención a lo previsto en los aludidos preceptos y en los que resulten aplicables de su Ley Reglamentaria. Por tanto, si durante el trámite o resolución de un juicio de amparo se advierte la posible violación de un derecho humano en perjuicio del quejoso, del tercero interesado o de cualquier otra persona, en relación con un acto distinto del señalado como reclamado y, en su caso, por parte de autoridades que no necesariamente hayan sido designadas como responsables, el órgano de amparo está impedido para pronunciarse al respecto pues, de lo contrario, modificaría la litis constitucional, desnaturalizaría el fin último del juicio, afectando los principios que le rigen, entre otros, el de instancia de parte, y vulneraría distintos derechos inherentes a quienes resultaren afectados por el pronunciamiento que así se hiciera, como pudieran ser los derechos afines al principio de congruencia, al de debido proceso y al de legalidad, reconocidos por los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. Por tanto, cuando se advierta una violación a derechos humanos ajena a la controversia esencial que es materia del juicio, el órgano de amparo debe denunciar, dar vista o poner en conocimiento de la autoridad que resulte competente de investigar los hechos correspondientes, o que sea directamente responsable de promover, respetar, proteger y garantizar dichos derechos, teniendo especial cuidado de que, con ese actuar, no incluya pronunciamiento alguno sobre la determinación de existencia de aquella violación, que sólo debe tratarse como probable. A la vez, tampoco debe emitirse al respecto condena, recomendación o incluso sugerencia de carácter vinculatorio en relación con las consecuencias de la probable violación ni a la forma de restituir el derecho que se advierta posiblemente violado, sin que ello descarte la posibilidad de que a la denuncia, vista o puesta en conocimiento, se acompañen elementos técnicos que permitan a la autoridad competente apreciar objetivamente la posible violación a derechos humanos, las razones que lo sustenten e incluso, los aspectos que se considere habrían posiblemente evitado que se incurriera en la citada violación; lo anterior, precisamente porque las sentencias de amparo tienen un peso jurídico, e incluso moral que, de no tenerse el especial cuidado expresado, podrían hacer vinculatorios determinados pronunciamientos sin que se emitan en un juicio o procedimiento en el que las partes involucradas tengan la oportunidad de hacer valer los argumentos y pruebas y demás defensas que fuesen procedentes en cada caso. Así, aunque se advierta una evidente violación a los derechos humanos, lo correcto es que la autoridad competente la valore en su propia dimensión y en términos del procedimiento de ley que resulte aplicable. Con este proceder, los órganos de amparo, sin desnaturalizar el juicio, ni excederse en sus facultades, reafirman su compromiso en materia de derechos humanos. En las condiciones anteriores, al resultar infundados, en una parte e inoperantes, en otra, los conceptos de violación expuestos y no observarse materia qué suplir en deficiencia de la queja, se debe negar el amparo y protección de la justicia federal. Por lo expuesto, fundado se; RESUELVE: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A MANUEL ARCOS SOTO, Albacea de la Sucesión a Bienes de FACUNDO ARCOS GUZMÁN respecto de la sentencia de cinco de julio de dos mil dieciséis, emitida en el toca 103/2016-18, que se reclamó a la Sala del Segundo Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, que las labores de este Juzgado lo permitieron, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que da fe.

  3. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte quejosa, la sentencia de veintidós de diciembre del dos mil dieciséis, que en lo conducente establece: ...ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege...

  4. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte tercero interesada JERÓNIMO BERNAL SOLIVERAS EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE A PARTE INTERESADA FIDEICOMISO DEL LAGO DE TEQUESQUITENGO, la sentencia de veintidós de diciembre del dos mil dieciséis, que en lo conducente establece: ...ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege...

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