Manuel Arana Saenz

Expediente 1211/2016 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 10 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1211/2016
Año
2016
Actuaciones
10
Última actuación
27/06/2019

Partes del expediente

  • Manuel Arana Saenz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Juicio de Amparo Directo

    AGREGUESE EL OFICIO DE CUENTA SIGNADO POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, MEDIANTE EL CUAL ACUSA RECIBO DE LO QUE REFIERE, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. EN TAL VIRTUD, AL NO EXISTIR DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE. POR OTRA PARTE, EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTUA ES DESTRUIBLE Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL; TODA VEZ QUE NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS QUE PREVÉ EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL NUMERAL Y ACUERDO CITADO.

  2. Juicio de Amparo Directo

    SE NOTIFICA A LAS PARTES POR MEDIO DE LISTA LA EJECUTORIA DICTADA POR ESTE TRIBUNAL COLEGIADO, EN LA QUE SE DECIDIO: "UNICO.-SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO PROMOVIDO." SE GIRA EL OFICIO A LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, CON COPIA CERTIFICADA DEL TESTIMONIO DICTADO POR ESTE TRIBUNAL, Y AUTOS DEL SUBYACENTE; EN SU OPORTUNIDAD ARCHIVESE EL ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO RESPECTIVO.

  3. Juicio de Amparo Directo

    VISTO EL ESTADO DE AUTOS DE LOS QUE SE ADVIERTE QUE TRANSCURRIO EL TÉRMINO CONCEDIDO A LA PARTE QUEJOSA, SIN QUE HAYA RECIBIDO PROMOCIÓN ALGUNA DE SU PARTE. FINALMENTE, DEVUELVASE EL PRESENTE ASUNTO A LA PONENCIA DEL MAGISTRADO JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ GONZÁLEZ, PARA QUE FORMULE EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE.

  4. Juicio de Amparo Directo

    V I S T O el proyecto de resolución propuesto por el Magistrado José Guadalupe Sánchez González, en sesión de veintisiete de mayo del año que transcurre, en el cual se determina sobreseer en el juicio de amparo directo civil 1211/2016 (en conecte con los diversos directos civiles 1221/2016 y 1222/2016) promovido por Manuel Arana Sáenz, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción IX, del artículo 61, en relación con el diverso 63 fracción V, de la Ley de Amparo. Ello, al estimarse, esencialmente lo siguiente: "(.) QUINTO. Resulta innecesaria la reproducción de la controvertida al igual que los conceptos de violación formulados en su contra, porque en el caso, en términos del artículo 62, de la Ley de Amparo, se advierte de oficio la actualización de la hipótesis fáctica contenida en el 61, fracción IX, de dicho ordenamiento, consistente en que el acto reclamado fue emitido en cumplimiento a una diversa ejecutoria de amparo en la que no se dejó libertad de jurisdicción, por lo cual constituye cosa juzgada, lo que da lugar al sobreseimiento del juicio de derechos. El invocado normativo 61, fracción IX, de la ley de la materia, establece: "El juicio de amparo es improcedente: (.) IX. Contra resoluciones dictadas en los "juicios de amparo o en ejecución de las mismas; (.).". Para mayor claridad y evidenciar la configuración de la aludida causa de inviabilidad, es pertinente precisar algunos antecedentes del caso. El veintinueve de noviembre de dos mil doce, Manuel Arana Sáenz, promovió juicio ejecutivo mercantil contra Irma Revilla Aguilar, María de Lourdes Patricia Revilla Aguilar y María de Jesús Eugenia Revilla Aguilar y/o María Eugenia Revilla Aguilar y/o María Eugenia Revilla, a quienes les reclamó el pago de la cantidad de dos millones de pesos, así como los intereses ordinarios y moratorios generados y de gastos y costas que se originaran con la tramitación de dicho juicio. El treinta de octubre de dos mil quince, el juez de primer grado dictó sentencia en la que absolvió a las demandadas de las prestaciones exigidas en su contra. El desacuerdo con dicho pronunciamiento por parte de Manuel Arana Sáenz, se patentizó al interponer recurso de apelación, en tanto, María de Lourdes Patricia Revilla Aguilar e Irma Revilla Aguilar, recurrieron preventivamente, la primera los autos de doce, dieciocho y veintidós de abril de dos mil trece y la segunda los de nueve y dieciséis de julio de dos mil catorce; medios de impugnación, de los cuales tocó su conocimiento al entonces Segundo Tribunal Unitario del Vigésimo Noveno Circuito, mismo que el veintinueve de enero de dos mil dieciséis, resolvió en el sentido de confirmar los proveídos impugnados y revocar la absolutoria apelada. Inconforme con esta resolución, el actor Miguel Arana Sáenz, promovió el juicio de amparo directo que se radicó como 208/2016, del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, el cual en sesión de seis de octubre de dos dieciséis, resolvió declarar inoperante el único concepto de violación, en cuanto a la indebida resolución sobre los intereses moratorios; y, por ende, negarle el amparo solicitado. De la misma manera, Irma Revilla Aguilar y María de Lourdes Patricia Revilla Aguilar, instaron juicios de derechos, los cuales fueron registrados como 209/2016 y 210/2016, que fueron resueltos en sesión de seis de octubre de dos mil dieciséis, en el sentido de conceder la protección de la Justicia Federal con la finalidad de que los intereses tanto ordinarios como moratorios se redujeran al seis por ciento anual. En seguimiento de esas ejecutorias, la autoridad responsable, dejó insubsistente la aludida sentencia y el trece de octubre de la anualidad indicada emitió una nueva en la que reiteró todo lo relativo al examen de la acción intentada y nuevamente condenó a las demandadas a pagar la cantidad de dos millones de pesos, más los intereses ordinarios y moratorios calculados al tipo legal; y en su resolutivo cuarto insistió que no procedía condenar al pago de gastos y costas de la instancia. Como se advierte de la anterior reseña, las ejecutorias dictadas en los juicios de amparo últimamente identificados, no dejaron libertad de jurisdicción alguna a la responsable para emitir el cumplimiento respectivo; pues, por una parte, como se destacó, ordenó reiterar lo relativo al análisis de la acción deducida y, por otra, exclusivamente la constriñó a declarar viable el pago de los intereses ordinarios y moratorios no en el porcentaje reclamado, sino al tipo legal del seis por ciento anual. Sobre el preciso punto materia de la concesión, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, que emitió los fallos anteriores, para sustentar el otorgamiento de la protección constitucional, expresó: "(.) En cambio, de conformidad con la jurisprudencia 1ª./J.47/2014 (10ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro 'PAGARÉ. SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LA TASA DE INTERESES PACTADA CON BASE EN EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO ES NOTORIAMENTE USURARIA PUEDE, DE OFICIO, REDUCIRLA PRUDENCIALMENTE'; este Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, considera, que la responsable sí transgredió los derechos fundamentales de la impugnante al condenarla al pago de los intereses ordinarios en un porcentaje del seis por ciento anual y los moratorios a esa misma tasa, cuando sostuvo:__ '120. Ello, dado que los intereses ordinarios son aquellas cantidades que como ganancia obtiene el acreedor por el solo hecho de haber otorgado a las demandadas una cantidad de dinero para satisfacer sus necesidades; y los moratorios, son las cantidades generadas con motivo del incumplimiento de las obligaciones contraídas, por tanto, con fundamento en los artículos 78, 362 y 1330 del Código de Comercio, es procedente condenar a las demandadas, Irma Revilla Aguilar, María de Lourdes Patricia Revilla Aguilar y María de Jesús Eugenia Revilla Aguilar o María Eugenia Revilla Aguilar o María Eugenia Revilla al pago de los mismos, dado que por lo que ve a los intereses ordinarios, del contrato fundatorio de la acción se desprende la obligación de la parte demandada al pago de los mismo, por el solo hecho de haber reconocido el adeudo existente con el accionante, sin que las demandadas hubiesen demostrado el pago de dichos intereses ordinarios pactados en el fundatorio de la acción.__ 121. En tanto que, por lo que ve a los intereses moratorios, procede la condena a su pago, por virtud de que resultan ser una consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contraídas, esto es, del pago del capital del reconocimiento de adeudo.__ 122. Sobre la procedencia de la condena tanto al pago de intereses ordinarios como moratorios, se invoca la Jurisprudencia 1a./J. 29/2000, de rubro: 'INTERESES ORDINARIOS Y MORATORIOS EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. COEXISTEN Y PUEDEN DEVENGARSE SIMULTÁNEAMENTE'.__ (.).__ 132. Por tanto, se estima procedente que al tratarse de un adeudo entre particulares, deba ajustarse la condena al interés legal, establecido en el primer párrafo del artículo 362 del Código de Comercio, que establece:__ (Se transcribe).__ (.).__ 137. Así tomando en cuenta los factores destacados, la suscrita estima que las tasas de intereses ordinarios y moratorios, deberán reducirse a la tasa del 6% (seis por ciento) anual, el cual es el interés legal.__ (.).__ 144. Por lo que respecta a la tasa a la que deberán pagarse los intereses moratorios generados, quien resuelve estima que deberá reducirse a una tasa del 6% (seis por ciento) anual, conforme a las consideraciones expuestas.'.__ Lo cual, transgredió los derechos humanos de quien ahora aquí se agravia, porque, del contenido de la jurisprudencia del Máximo Tribunal del País, identificada con la clave 1ª./J 46/2014 (10ª) del tenor:__ 'PAGARÉ. EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, PERMITE A LAS PARTES LA LIBRE CONVENCIÓN DE INTERESES CON LA LIMITANTE DE QUE LOS MISMOS NO SEAN USURARIOS. INTERPRETACIÓN CONFORME CON LA CONSTITUCIÓN [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 132/2012 (10a.) Y DE LA TESIS AISLADA 1a. CCLXIV/2012 (10a.)]'.__ Se advierte, que el Juzgador que aprecie oficiosamente lo usurario del pacto de los intereses contenidos en un pagaré, los podrá reducir prudencialmente, de tal suerte que no resulten excesivos, mediante la apreciación de oficio y de forma razonada y motivada de las mismas circunstancias particulares del caso y, de las constancias de actuaciones que válidamente tenga a la vista al momento de resolver; lo cual puede dar lugar a que la condena respecto de ese rubro, es decir, de intereses tanto moratorios como ordinarios se reduzca hasta el interés legal.__ Entonces al disminuir el Segundo Tribunal Unitario de Circuito, el monto de los intereses ordinarios al interés legal del seis por ciento, y los moratorios a igual tasa, violentó las prerrogativas de la solicitante de la tutela constitucional, porque por ambos conceptos habría de pagar un porcentaje del doce por ciento anual, siendo que del precepto 362, del Código de Comercio, se sigue que el interés legal por los actos de comercio es del seis por ciento por año.__ De donde, existen elementos objetivos que llevan a colegir, que la desproporción es de tal magnitud que justificaba ejercer a la autoridad responsable su facultad prudencial y efectuar la reducción de los intereses al tipo legal por ambos conceptos, es decir, por intereses ordinarios y moratorios; y, al no considerarlo así, se violaron los derechos humanos de la quejosa.__ Es con base en las razones expuestas, que se estima procedente conceder el amparo solicitado para el efecto de que la autoridad responsable, deje insubsistente la reclamada; y en su lugar, pronuncie otra, en donde reiterando la condena del pago de la suerte principal, determine que por concepto de intereses sólo se deberá cubrir el seis por ciento anual, en términos de la invocada disposición normativa.". De ello se aprecia que la concesión del amparo fue para el específico punto de que la autoridad responsable condenara al pago de los intereses ordinarios y moratorios al tipo legal del seis por ciento anual, por lo que en la nueva sentencia que aquí se reclama, el Tribunal Unitario no gozó de libertad de jurisdicción para pronunciarse, sino que su actuación se sujetó a los lineamientos que las propias ejecutorias dictadas en los juicios de amparo 209/2016 y 210/2016, establecieron, por tanto, debe estimarse que la condena al pago de lo reclamado, el porcentaje al que habría de cubrirse los intereses y la absolución de gastos decretadas en la sentencia controvertida, han quedado firmes, por virtud del referido fallo constitucional, sin que exista posibilidad de una impugnación posterior, puesto que las consideraciones que la sustentan ya fueron motivo de análisis y pronunciamiento en un juicio de derechos previo a la luz de los disentimientos que en su momento expresó la propia quejosa, por lo que las condenas no pueden ser modificadas en un juicio de garantías postrer, porque ello afectaría el principio de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica para las partes. Es aplicable al caso, por su contenido, la jurisprudencia de la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impresa en el folio ochenta y nueve, Volumen cincuenta y cuatro, Quinta Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, con registro 24934, que establece: "AMPARO DIRECTO, IMPROCEDENCIA DEL, CONTRA LAUDOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA DE AMPARO.". Así como la tesis CCXXVI/2015, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos siete, Libro veintidós, correspondiente al mes de septiembre de dos mil quince, Tomo uno, Materia Constitucional, Común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2010008, cuyo tenor es: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO, NO TRANSGREDE EL DERECHO DEL GOBERNADO A CONTAR CON UN RECURSO EFICAZ. En el particular, precisa establecer, que no se inadvierte que en el quinto concepto de violación, se argumentó que debió de condenarse a las demandadas a al pago de costas, en términos del precepto 1084, fracción V, del Código de Comercio. No obstante, ello, no torna procedente el juicio constitucional, por cuanto, como se dijo, en el primigenio no se dejó libertad de jurisdicción a la responsable para actuar, lo que en su caso, pudiera originar que ésta incurriera en una violación con motivo del amparo otorgado en el de derechos previo. Así, como ya se vio, en el caso particular, no se dejó libertad de jurisdicción al Tribunal Unitario, sino que se le constriñó a emitir una sentencia en la que reiterara lo relativo a la acción principal y condenara al pago de los intereses ordinarios y moratorios al tipo legal sin cuestión diversa, por lo cual no basta que se aduzca una violación derivada de la protección constitucional, sino que debe atenderse a tal y como aparece demostrado el acto reclamado, en acatamiento a la ejecutoria de amparo que le dio origen, para determinar si es posible su examen o no; de ahí, se insiste, si en el caso no se otorgó libertad de jurisdicción a la responsable, es inconcuso que no pudieron existir violaciones posteriores al otorgamiento de la protección constitucional. En ese orden de ideas, al actualizarse de oficio la causa de improcedencia prevista por el guarismo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio, en términos del arábigo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal.". Luego, en términos del segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, concediéndole un plazo de tres días a fin de que manifieste lo que a su derecho convenga. Hecho lo anterior, devuélvanse al Magistrado José Guadalupe Sánchez González los presentes autos, para formular el proyecto de resolución correspondiente. Consideración que tiene apoyo, en la determinación del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 325/2014, sustentando la Jurisprudencia consultable con el registro 2008790, en la página 8, del libro 17, abril de 2015, Tomo I, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que textualmente establece: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, DE DAR VISTA AL "QUEJOSO CUANDO ADVIERTA DE OFICIO UNA CAUSAL NO ALEGADA POR ALGUNA DE LAS PARTES NI ANALIZADA POR EL INFERIOR, PARA QUE EN EL PLAZO DE 3 DÍAS MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, SURGE CUANDO EL ASUNTO SE DISCUTE EN SESIÓN. -

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