Manuel Aquino Martínez o Manuelito Aquio Martínez

Expediente 1178/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1178/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
03/11/2022

Partes del expediente

  • Manuel Aquino Martínez o Manuelito Aquio Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, toda vez que el proveído de trece de octubre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; se declara que HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales correspondientes. Archivo y valoración documental. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente de ésta, este juzgado determina que este expediente carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del citado ordenamiento. De conformidad con el artículo 21 del citado Acuerdo General, este expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años después de ser conservado en el archivo de este órgano jurisdiccional, una vez destruido deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, téngase a la secretaria haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de octubre de dos mil veintidós. Radicación de demanda Por recibida la demanda de amparo que promueve Elena Soriano Aquino, quien se ostenta como endosataria en procuración de MANUEL AQUINO MARTÍNEZ o MANUELITO AQUINO MARTÍNEZ, contra el acto reclamado al juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zaachila, Oaxaca, que hace consistir sustancialmente en el auto de doce de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 120/2021 - que promovió en contra de Edith González Villareal, por un monto de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 moneda nacional) -, en el que niega girar oficio al Departamento de Recursos Humanos del I.E.E.P.O., para que dé cumplimiento al embargo del treinta por ciento del sueldo de la demandada. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y regístrese bajo el juicio de amparo indirecto 1178/2022. Desechamiento de la demanda. La demanda debe desecharse de plano por motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, ya que en el caso se actualiza la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual dispone que el juicio de amparo es improcedente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." De la trascripción que antecede se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. La fracción en cita, establece además tres excepciones al principio de definitividad ahí consagrado, las cuales son las siguientes: i) Cuando se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ii) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y iii) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Estableciéndose en la parte final de la fracción en estudio que cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Ahora bien, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se actualiza cuando se reúnen los siguientes elementos: a). Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo. b). Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c). Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d). Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Establecido lo anterior, en el caso, el acto reclamado deriva de un juicio ejecutivo mercantil, tramitado ante autoridad judicial como lo es el juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zaachila, Oaxaca, en el que, el monto de lo reclamado asciende a la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos), y lo que se reclama es el auto que niega girar oficio para que se dé cumplimiento al embargo realizado en el salario de la demandada; por lo que en su contra procede recurso de revocación a que se refiere el artículo 1334 del Código de Comercio que establece: "De la revocación y reposición. Artículo. 1,334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición." "Artículo 1,340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $682,646.89 (Seiscientos ochenta y dos mil seiscientos cuarenta y seis pesos 89/100 M.N.) por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339." Es así, porque atendiendo a la naturaleza de la cuantía reclamada, el auto del que se agravia, no es apelable conforme al artículo 1340 del Código de Comercio; por ende, procede el recurso de revocación, toda vez que constituye un acuerdo de trámite dictado por el juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zaachila, Oaxaca, y porque se tratar de un proveído que por sus características no tiene fuerza definitiva. En apoyo de lo anterior, en lo conducente, se invoca la 1a./J. 23/2016 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materias(s): Común, Civil, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, página 876, Registro digital: 2013072, de rubro y texto: "RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1334 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE IMPUGNA EL AUTO QUE NIEGA DECRETAR LA CADUCIDAD DE LA PRIMERA INSTANCIA EN JUICIOS MERCANTILES, SI POR RAZÓN DE LA CUANTÍA NO PROCEDE EL DE APELACIÓN. El auto que niega decretar la caducidad de la primera instancia en un juicio que, conforme a los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio, por su cuantía menor no admite el recurso de apelación, debe impugnarse por medio del recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del código referido, el cual procede contra los autos que no son apelables y los decretos, antes de promover el juicio de amparo. Lo anterior es así, porque la negativa a decretar la caducidad de la instancia constituye un auto que no paraliza la prosecución del juicio, pues resuelve sobre dicha pretensión pero sin concederse, pudiendo continuar aquél hasta dictarse la sentencia que ponga fin al proceso. Esto es, no se trata de una sentencia definitiva, pues no resuelve el negocio o la acción de fondo; no analiza las acciones deducidas ni las excepciones opuestas, ni absuelve o condena, como lo exigen los artículos 1077, párrafo primero, y 1325 al 1327 del código citado, sino que niega la pretensión de que se decrete la caducidad de la instancia y resuelve una cuestión durante el proceso que es indispensable dirimir antes de llegar a la sentencia que pone fin al juicio. Por lo tanto, debe agotarse el recurso de revocación en contra del auto que niega la caducidad de la instancia para estar en aptitud de impugnarlo a través del juicio de amparo; con la salvedad del caso en el que se trate de una sentencia interlocutoria, pues en este último caso no será procedente el recurso de revocación." Así, el recurso de revocación tiene por objeto que el juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zaachila, Oaxaca, confirme, revoque o modifique el acuerdo impugnado. Sin que en la especie se actualice alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad previstos en el propio artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, puesto que no se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tampoco el acto reclamado consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; y, tampoco es promovida por persona extraña al procedimiento. De igual manera, resulta aplicable la jurisprudencia P./J.11/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 8, registro 2017117, de rubro y texto: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo". Por las razones expuestas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 del citado ordenamiento jurídico. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la calle Lázaro Cárdenas esquina Palmeras sin número, colonia del Bosque Norte, Santa Lucía del Camino, Oaxaca, y con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, téngase como autorizados en términos amplios a Víctor Hugo Barrita Soriano y Armando López García, al encontrarse registrados en el Módulo de Cédulas Profesionales de la Red Internet de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, no así a Jaime Corro Paz, hasta en tanto acredite encontrarse legalmente facultado para ejercer la profesión en licenciado en derecho, o proporcione el número único de registro o de su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales. Habilitación de horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente asunto, y entregue los oficios que del mismo deriven. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Integración de expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponde a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstos en un tomo por separado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    PREVIO AVISO QUE SE DEJÓ PARA LA PARTE QUEJOSA.- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de octubre de dos mil veintidós. Radicación de demanda Por recibida la demanda de amparo que promueve Elena Soriano Aquino, quien se ostenta como endosataria en procuración de MANUEL AQUINO MARTÍNEZ o MANUELITO AQUINO MARTÍNEZ, contra el acto reclamado al juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zaachila, Oaxaca, que hace consistir sustancialmente en el auto de doce de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 120/2021 - que promovió en contra de Edith González Villareal, por un monto de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 moneda nacional) -, en el que niega girar oficio al Departamento de Recursos Humanos del I.E.E.P.O., para que dé cumplimiento al embargo del treinta por ciento del sueldo de la demandada. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y regístrese bajo el juicio de amparo indirecto 1178/2022. Desechamiento de la demanda. La demanda debe desecharse de plano por motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, ya que en el caso se actualiza la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual dispone que el juicio de amparo es improcedente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." De la trascripción que antecede se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. La fracción en cita, establece además tres excepciones al principio de definitividad ahí consagrado, las cuales son las siguientes: i) Cuando se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ii) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y iii) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Estableciéndose en la parte final de la fracción en estudio que cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Ahora bien, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se actualiza cuando se reúnen los siguientes elementos: a). Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo. b). Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c). Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d). Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Establecido lo anterior, en el caso, el acto reclamado deriva de un juicio ejecutivo mercantil, tramitado ante autoridad judicial como lo es el juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zaachila, Oaxaca, en el que, el monto de lo reclamado asciende a la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos), y lo que se reclama es el auto que niega girar oficio para que se dé cumplimiento al embargo realizado en el salario de la demandada; por lo que en su contra procede recurso de revocación a que se refiere el artículo 1334 del Código de Comercio que establece: "De la revocación y reposición. Artículo. 1,334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición." "Artículo 1,340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $682,646.89 (Seiscientos ochenta y dos mil seiscientos cuarenta y seis pesos 89/100 M.N.) por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339." Es así, porque atendiendo a la naturaleza de la cuantía reclamada, el auto del que se agravia, no es apelable conforme al artículo 1340 del Código de Comercio; por ende, procede el recurso de revocación, toda vez que constituye un acuerdo de trámite dictado por el juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zaachila, Oaxaca, y porque se tratar de un proveído que por sus características no tiene fuerza definitiva. En apoyo de lo anterior, en lo conducente, se invoca la 1a./J. 23/2016 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materias(s): Común, Civil, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, página 876, Registro digital: 2013072, de rubro y texto: "RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1334 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE IMPUGNA EL AUTO QUE NIEGA DECRETAR LA CADUCIDAD DE LA PRIMERA INSTANCIA EN JUICIOS MERCANTILES, SI POR RAZÓN DE LA CUANTÍA NO PROCEDE EL DE APELACIÓN. El auto que niega decretar la caducidad de la primera instancia en un juicio que, conforme a los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio, por su cuantía menor no admite el recurso de apelación, debe impugnarse por medio del recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del código referido, el cual procede contra los autos que no son apelables y los decretos, antes de promover el juicio de amparo. Lo anterior es así, porque la negativa a decretar la caducidad de la instancia constituye un auto que no paraliza la prosecución del juicio, pues resuelve sobre dicha pretensión pero sin concederse, pudiendo continuar aquél hasta dictarse la sentencia que ponga fin al proceso. Esto es, no se trata de una sentencia definitiva, pues no resuelve el negocio o la acción de fondo; no analiza las acciones deducidas ni las excepciones opuestas, ni absuelve o condena, como lo exigen los artículos 1077, párrafo primero, y 1325 al 1327 del código citado, sino que niega la pretensión de que se decrete la caducidad de la instancia y resuelve una cuestión durante el proceso que es indispensable dirimir antes de llegar a la sentencia que pone fin al juicio. Por lo tanto, debe agotarse el recurso de revocación en contra del auto que niega la caducidad de la instancia para estar en aptitud de impugnarlo a través del juicio de amparo; con la salvedad del caso en el que se trate de una sentencia interlocutoria, pues en este último caso no será procedente el recurso de revocación." Así, el recurso de revocación tiene por objeto que el juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zaachila, Oaxaca, confirme, revoque o modifique el acuerdo impugnado. Sin que en la especie se actualice alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad previstos en el propio artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, puesto que no se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tampoco el acto reclamado consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; y, tampoco es promovida por persona extraña al procedimiento. De igual manera, resulta aplicable la jurisprudencia P./J.11/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 8, registro 2017117, de rubro y texto: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo". Por las razones expuestas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 del citado ordenamiento jurídico. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la calle Lázaro Cárdenas esquina Palmeras sin número, colonia del Bosque Norte, Santa Lucía del Camino, Oaxaca, y con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, téngase como autorizados en términos amplios a Víctor Hugo Barrita Soriano y Armando López García, al encontrarse registrados en el Módulo de Cédulas Profesionales de la Red Internet de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, no así a Jaime Corro Paz, hasta en tanto acredite encontrarse legalmente facultado para ejercer la profesión en licenciado en derecho, o proporcione el número único de registro o de su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales. Habilitación de horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente asunto, y entregue los oficios que del mismo deriven. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Integración de expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponde a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstos en un tomo por separado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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