Manuel Antonio Mendivil Romero

Expediente 1525/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1525/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
22/03/2022

Partes del expediente

  • Manuel Antonio Mendivil Romero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, veintidós de marzo de dos mil veintidós. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de juzgado uno de registro de juicios de amparo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán glosados y correrán la misma suerte que el presente expediente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    CON ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO, EL CONTENIDO DEL AUTO DE FECHA 21/FEBRERO/2022, QUE EN LO CONDUCENTE DICE:Recepción de oficios. Agréguense a los autos los oficios remitidos por el presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, mediante los cuales envía diversas documentales. Remiten prueba documental. Con fundamento en el artículo 119 de la referida legislación, se tienen por exhibidas las documentales que anexa dicha autoridad, a las cuales este juzgador les otorga pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202, del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, de las cuales se advierte la actualización de una causal de improcedencia. Sobreseimiento por cesación de efectos. Del análisis del oficio recibido, así como de la documental agregada, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, dicha porción normativa dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]." Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. De modo tal, que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Argumento que se ve robustecido con la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en el Semanario Judicial de la Federación Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, página 38, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, con apoyo en lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa acudió a esta instancia constitucional, oponiendo como reclamo la omisión por parte de la autoridad responsable de desahogar la totalidad de las pruebas que fueron admitidas en proveído de veinte de septiembre de dos mil diecisiete; asimismo, la omisión de tomar las medidas, gestiones y efectuar los requerimientos necesarios para obtener la designación, presentación y protesta del cargo del perito tercero en materia de caligrafía y grafoscopía dentro del juicio arbitral 1816/2015JE1. El acto resultó cierto, según lo manifestó en su informe justificado la autoridad responsable, por conducto del presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad; sin embargo, expuso que la prueba mencionada en el párrafo anterior, se había declarado desierta, por lo que este órgano, le requirió para que remitiera constancia de tal aseveración. Sin embargo, en el oficio relativo al registro 2124, de cuenta, dicha autoridad expuso que por un error ese tribunal de trabajo declaró desierta la prueba pericial calígrafa, grafoscópica y dactiloscópica, ofrecida por la parte actora; asimismimo, que regularizó el procedimiento y señaló las once horas con treinta minutos del día uno de abril de este año, para que tenga verificativo el desahogo de la prueba pericial de marras. Al efecto, remitió copia del acuerdo emitido el diez de febrero de dos mil veintidós, con el cual el presidente de la junta responsable sustenta la información expuesta, ya que del contenido de dicho proveído, se advierte tal eventualidad; documental que con antelación fue valorada por este juzgador. De ahí, que si bien, resultó existente el acto reclamado a dicha junta de trabajo, como se evidencia con lo manifestado por el quejoso y la propia autoridad al rendir su informe justificado; no menos cierto es, que durante el trámite de este sumario, la Junta de Trabajo emitió el referido acuerdo de diez de febrero de dos mil veintidós, en el cual corrigió el procedimiento y procedió a señalar hora y fecha para el desahogo de la prueba pericial caligráfica, grafoscopica y documentoscopica, cuya omisión en hacerlo constituyó el objeto del presente juicio de amparo. En ese sentido, se considera incuestionable que cesaron los efectos del acto impugnado, pues la pretensión que la parte quejosa persiguió al reclamar la omisión de parte de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en tomar las medidas, gestiones y efectuar los requerimientos necesarios para obtener el desahogo de la prueba en materia de caligrafía y grafoscopía; en relación a lo cual se efectuó la actuación descrita con anterioridad, en la que se señaló una hora y fecha para el desahogo de la prueba en mención, y ésto ocurrió durante el trámite del biinstancial, por lo que se restituyó al quejoso en el goce de su derecho conculcado. De ahí, que al haber cesado los efectos del acto reclamado, sobrevino la causal de improcedencia en estudio, por lo que, lo conducente es sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia VI.2o. J/339, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Número 83, Noviembre 1994, Octava Época, página 70, que expresa: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando a resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a substituir procesalmente a la anterior por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Bajo las condiciones apuntadas, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, conforme a lo dispuesto en los numerales 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, en página 386, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTAE INDUDABLE." Atento a lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional -once horas con quince minutos del uno de marzo de dos mil veintidós-.

  3. Principal

    Recepción de oficios. Agréguense a los autos los oficios remitidos por el presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, mediante los cuales envía diversas documentales. Remiten prueba documental. Con fundamento en el artículo 119 de la referida legislación, se tienen por exhibidas las documentales que anexa dicha autoridad, a las cuales este juzgador les otorga pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202, del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, de las cuales se advierte la actualización de una causal de improcedencia. Sobreseimiento por cesación de efectos. Del análisis del oficio recibido, así como de la documental agregada, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, dicha porción normativa dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]." Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. De modo tal, que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Argumento que se ve robustecido con la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en el Semanario Judicial de la Federación Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, página 38, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, con apoyo en lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa acudió a esta instancia constitucional, oponiendo como reclamo la omisión por parte de la autoridad responsable de desahogar la totalidad de las pruebas que fueron admitidas en proveído de veinte de septiembre de dos mil diecisiete; asimismo, la omisión de tomar las medidas, gestiones y efectuar los requerimientos necesarios para obtener la designación, presentación y protesta del cargo del perito tercero en materia de caligrafía y grafoscopía dentro del juicio arbitral 1816/2015JE1. El acto resultó cierto, según lo manifestó en su informe justificado la autoridad responsable, por conducto del presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad; sin embargo, expuso que la prueba mencionada en el párrafo anterior, se había declarado desierta, por lo que este órgano, le requirió para que remitiera constancia de tal aseveración. Sin embargo, en el oficio relativo al registro 2124, de cuenta, dicha autoridad expuso que por un error ese tribunal de trabajo declaró desierta la prueba pericial calígrafa, grafoscópica y dactiloscópica, ofrecida por la parte actora; asimismimo, que regularizó el procedimiento y señaló las once horas con treinta minutos del día uno de abril de este año, para que tenga verificativo el desahogo de la prueba pericial de marras. Al efecto, remitió copia del acuerdo emitido el diez de febrero de dos mil veintidós, con el cual el presidente de la junta responsable sustenta la información expuesta, ya que del contenido de dicho proveído, se advierte tal eventualidad; documental que con antelación fue valorada por este juzgador. De ahí, que si bien, resultó existente el acto reclamado a dicha junta de trabajo, como se evidencia con lo manifestado por el quejoso y la propia autoridad al rendir su informe justificado; no menos cierto es, que durante el trámite de este sumario, la Junta de Trabajo emitió el referido acuerdo de diez de febrero de dos mil veintidós, en el cual corrigió el procedimiento y procedió a señalar hora y fecha para el desahogo de la prueba pericial caligráfica, grafoscopica y documentoscopica, cuya omisión en hacerlo constituyó el objeto del presente juicio de amparo. En ese sentido, se considera incuestionable que cesaron los efectos del acto impugnado, pues la pretensión que la parte quejosa persiguió al reclamar la omisión de parte de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en tomar las medidas, gestiones y efectuar los requerimientos necesarios para obtener el desahogo de la prueba en materia de caligrafía y grafoscopía; en relación a lo cual se efectuó la actuación descrita con anterioridad, en la que se señaló una hora y fecha para el desahogo de la prueba en mención, y ésto ocurrió durante el trámite del biinstancial, por lo que se restituyó al quejoso en el goce de su derecho conculcado. De ahí, que al haber cesado los efectos del acto reclamado, sobrevino la causal de improcedencia en estudio, por lo que, lo conducente es sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia VI.2o. J/339, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Número 83, Noviembre 1994, Octava Época, página 70, que expresa: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando a resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a substituir procesalmente a la anterior por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Bajo las condiciones apuntadas, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, conforme a lo dispuesto en los numerales 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, en página 386, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTAE INDUDABLE." Atento a lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional -once horas con quince minutos del uno de marzo de dos mil veintidós-.

  4. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, cuatro de febrero de dos mil veintidós. Recepción de escrito. Visto el escrito presentado por los autorizados legales de la parte quejosa, mediante el cual hacen manifestaciones, relativas a que la autoridad responsable no les ha expedido las copias certificadas que le solicitaron desde el siete de diciembre de dos mil veintiuno, dentro del expediente 1816/2015JE1; y, solicitan se suspenda la audiencia constitucional por la razón que exponen; agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales conducentes, en el entendido que en relación a la petición de diferimiento, se acordó lo conducente en auto de veinticinco de enero próximo pasado. Por otra parte, en lo referente a la manifestación en la que delatan omisión por parte de la Junta laboral de expedirles copias; sin mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que la parte promovente no expresa si su interés en obtener dichas constancias es para exhibirlas en este sumario, ni tampoco se advierte pretensión alguna en ese sentido en el escrito que dirigió a la junta de trabajo, en el cual se le formuló la petición de copias. Al margen de lo anterior, agréguese a los autos el oficio remitido por la presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual envía la constancia que le fue solicita en oficio derivado del acuerdo de veinticinco de enero de este año. Ahora bien, en relación con lo anterior, se hace necesario proveer lo siguiente: La remisión de la constancia que exhibe en su oficio la autoridad responsable se produjo con motivo del requerimiento que se le hizo en acuerdo de veinticinco de enero pasado, en razón de que, del contenido de su informe justificado, se advirtió que pudiera derivarse una causal de improcedencia, lo cual es un asunto de orden público e interés social. Lo anterior se consideró así, pues en su informe justificado la responsable, en lo que interesa, expuso que el dieciséis de enero de dos mil dieciocho, declaró desierta a la parte actora aquí quejosa, la prueba pericial; adjuntando a su informe solo una documental relativa al acuerdo de ocho de marzo de dos mil dieciocho, por lo que este órgano determinó requerirle por la constancia referente al auto de dieciséis de enero en mención, en el que refirió que se declaró desierta la probanza de marras, cuya omisión en preparar y desahogar es objeto de reclamo en este sumario. Fue así, que en relación con el requerimiento efectuado, la responsable remitió adjunto al oficio que se agrega, copia certificada del acuerdo de dieciséis de enero de dos mil dieciocho; sin embargo, de su lectura integral no se corrobora lo dicho en su informe justificado, pues no se observa que en ese acuerdo haya declarado desierta la prueba pericial del actor. En consecuencia, ante la eventual materialización de una causal de improcedencia en este asunto, conforme lo manifestado en su informe justificado, con apoyo en lo establecido en el artículo 75, párrafo tercero de la ley de la materia, se requiere nuevamente a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, aclare, rectifique o modifique su informe justificado, en lo relativo a su manifestación consistente en que declaró desierta la prueba pericial de la actora y aquí quejosa; asimismo, remita las constancias pertinentes que sustenten lo manifestado en su informe correspondiente, y exponga si a la fecha existen pruebas pendientes de desahogo en el expediente laboral de origen . Con apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, dentro del plazo decretado, salvo impedimento legal que al efecto tuviere, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe. Jennifer

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · 9,432 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano