Manuel Antonio Galarza Salas

Expediente 736/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
736/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
25/01/2021

Partes del expediente

  • Manuel Antonio Galarza Salas

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticinco de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, a fin de que las partes impugnaran la sentencia dictada en este juicio, sin que lo hayan hecho; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria la ley de la materia, se declara que aquélla, en la que se sobreseyó en el juicio, ha causado ejecutoria para los efectos legales conducentes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo, lo cual causó ejecutoria en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado el presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Por último, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que la constancia de notificación relativa al oficio en el que se les informa de la presente determinación, hace las veces de acuse de recibo de la misma, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese.

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 736/2020-VI. Previamente al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia de la acción constitucional, ya sea que las hagan valer las partes o su observancia se realice de forma oficiosa, al tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, conforme a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, esta instancia constitucional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, del estudio íntegro de la demanda de amparo, se advierte que el impetrante reclama de las autoridades señaladas como responsables, la omisión de señalar fecha y hora para el desahogo de la audiencia pericial medica con cargo a la perito Silvia Molina García, así como la omisión de acordar las promociones presentadas ante las responsables el siete de junio del año próximo pasado y el primero de julio de dos mil veinte; lo anterior dentro del juicio laboral 357/2018. Ahora bien, la autoridad responsable anteriormente citada acompañó a su informe de ley, copia certificada del auto de tres de los corrientes en el que señaló nueva fecha y hora para la continuación del procedimiento, así como también acordó lo peticionado por la parte quejosa en sus promociones presentadas ante sus instalaciones el siete de junio del año próximo pasado y el primero de julio de dos mil veinte; la cual se pondera en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado en forma supletoria a la ley de la materia, por disposición de su artículo 2º. De lo anterior, se colige que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, toda vez que las autoridades responsables demostraron que durante la tramitación de este juicio constitucional -tres de noviembre de dos mil veinte- dictaron el acuerdo mediante el cual se fijó nueva fecha y hora para la continuación del procedimiento, así como también se acordó lo peticionado por la parte quejosa en sus promociones presentadas ante sus instalaciones el siete de junio del año próximo pasado y el primero de julio de dos mil veinte, motivo del reclamo del quejoso. De lo expuesto, se desprende que el señalado como acto reclamado ha cesado en sus efectos; por tanto, no cabe duda que es imposible pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, actualizándose de tal manera la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo y, en consecuencia, con apoyo en el ordinal 63, fracción V, de la propia legislación, procede sobreseer en el presente juicio. Por lo expuesto y con fundamento, además en los artículos 73, 74, 75, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, cinco de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable; con su contenido y anexo, de conformidad con el artículo 117, de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia respectiva. Como lo solicita, con fundamento en el artículo 9° de la ley de la materia, téngase como su delegada a la persona que indica. Notifíquese.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinte de octubre de dos mil veinte. Vista la demanda promovida por Manuel Antonio Galarza Salas, contra una omisión de la Junta Especial Número Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje y de otra autoridad, con copias y anexos que se acompañan; con fundamento en los artículos 1º, 103, fracción I, 107, fracciones I, XII, y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y 117, de la Ley de Amparo, se admite en sus términos; fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 736/2020-Vl. Sin tramitar incidente de suspensión por no haberse solicitado. Pídase informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables, quienes deberán rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciban el oficio en el que se les solicita, enviándoles para tal efecto copia simple de la demanda de amparo, apercibidas que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I, 238 y 260, fracción II, de la ley de la materia. Indíquese a las autoridades responsables que preferentemente deberán remitir el informe de ley solicitado en el párrafo anterior, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal) del servidor público que lo suscriba, o en su defecto al correo electrónico oficial de este juzgado, que es: 8jdo9cto@correo.cjf.gob.mx. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde en términos del artículo 5°, fracción IV, de la ley reglamentaria, a quien, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se le exhorta para que su actuación se dé desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Se señalan las DOCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para la celebración de la audiencia constitucional. En la inteligencia de que, tomando en consideración la contingencia ocasionada por la pandemia de COVID-19 y el esquema de trabajo establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, las partes únicamente podrán comparecer a formular alegatos por escrito, salvo en los supuestos expresamente previstos en el segundo párrafo del artículo 124 de la Ley de Amparo, pues en estos casos preferentemente se procurará que se formulen por escrito y en la hipótesis de que el deseo de las partes sea hacerlo de manera verbal, entonces, previo a la celebración de la aludida audiencia, así lo deberán informar por escrito a fin de que este juzgado se encuentre en aptitud de acordar lo respectivo para que aquélla se suscite mediante videoconferencia en términos del numeral 28 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Con fundamento en el artículo 5°, fracción III del ordenamiento legal en cita, y dada la naturaleza del acto reclamado, no ha lugar a tener como tercero interesado en este juicio al Instituto Mexicano del Seguro Social, en virtud de que no se encuentra en ninguna de las hipótesis a que se refiere el citado numeral. Requiérase a las partes para que en caso de actualizarse alguna causal de sobreseimiento, lo comuniquen de inmediato a este Juzgado de Distrito en términos del artículo 64, de la ley de referencia, de lo contrario se les impondrá una multa al emitirse la sentencia correspondiente de conformidad con el numeral 251 de la citada legislación. También hágaseles saber que este juzgado podrá brindar atención e información a los justiciables a través del correo institucional que quedó precisado en párrafos anteriores o en el teléfono 4448389300 (extensión 1611) o en el celular 4442380496. Asimismo, se hace de su conocimiento que la devolución de los documentos originales que aquí se ofrezcan, será hasta que quede firme la determinación que falle el presente asunto, toda vez que estos pueden ser objetados por las partes y es necesario que obren en autos. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas documentales de la parte quejosa, las que acompaña a su escrito inicial de demanda, mismas que se desahogan dada su propia y especial naturaleza jurídica, y que serán consideradas al momento de dictar la resolución correspondiente, sin perjuicio de que se haga relación de ellas en la audiencia constitucional. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de su parte, el que indica en el proemio de la demanda; y, toda vez que el presente asunto versa sobre materia laboral y el quejoso se ostenta como la parte trabajadora en el juicio de origen, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que indica. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. En otro orden, se instruye al actuario judicial para que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional que se den en el presente asunto, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles de forma personal, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial. Finalmente, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes, lo que incluye a las autoridades responsables, para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Y, con la finalidad de establecer formas expeditas de contacto, requiérase a la parte quejosa para que proporcione un teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso de origen, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Notifíquese.

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