Manuel Antonio Celis Méndez

Expediente 1312/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1312/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
30/11/2018

Partes del expediente

  • Manuel Antonio Celis Méndez
  • Manuel Antonio Celis Méndez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente y la certificación que antecede, de los que se desprende, que ha transcurrido el término que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo en vigor, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído de trece de noviembre de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el citado auto ha CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y ARCHÍVESE este expediente como totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que se desechó la demanda de amparo, este asunto constituye una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido, de ahí que al carecer de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción I del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. En consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Karen Azalia Mendoza Sánchez, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    SE DIFIERE LA AUDIENCIA INCIDENTAL SE AGRAGAN INFORMES PREVIOS

  3. Principal

    aviso ..Mérida, Yucatán, trece de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Manuel Antonio Celis Méndez, por su propio y personal derecho, contra actos que reclama al Juez Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, presentada con cuatro copias y tres anexos. Asimismo, en atención al contenido del escrito de demanda, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, lo que trae como consecuencia que de conformidad con lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo deba desecharse de plano la demanda de amparo, atento a las siguientes consideraciones. La parte quejosa señala como actos reclamados lo que denomina violaciones procesales que dice se cometieron en el juicio de divorcio incausado 34/2018, del índice del Juzgado Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, consistentes en la omisión de instaurar la etapa de avenimiento entre partes; la audiencia preliminar de veintitrés de octubre del año en curso, en la que se admitieron y valoraron pruebas que la ahí parte demandada ofreció siendo que a decir del quejoso no era la etapa procesal oportuna; la suspensión de la referida audiencia y el término de tres días que se otorgó a la parte demandada para que exhibiera pruebas, cuando señala el quejoso que las mismas son extemporáneas. En tal virtud, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con los artículos 107, fracción V, aplicado en sentido contrario y 171 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: .V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." La razón de ser de la causa de improcedencia transcrita, se establece de acuerdo a la posibilidad de promover el amparo indirecto, por cuanto que sólo tiene lugar cuando el acto reclamado tenga efectos de imposible reparación sobre un derecho sustantivo tutelado en la Constitución General de la República y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció jurisprudencia, que aparece publicada con el número 244, en la página 164, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el siguiente epígrafe y texto: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Es decir los actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, siendo los de naturaleza sustantiva, como serían la vida, la libertad, la propiedad, etcétera, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. Por tanto, los actos aquí reclamados, no pueden ser considerados como de imposible reparación ya que éstos se traducen en actos que tiene como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales, pues en el momento en que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho sustantivo tutelado por la constitución o por los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano forma parte, sino que tan sólo hacen nacer la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado. Razón por la cual de conformidad con el artículo 171 de la Ley de Amparo, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, para hacer valer las violaciones que se puedan dar dentro del procedimiento respectivo, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva, para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante un Tribunal Colegiado de Circuito, siempre que afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo adverso. Por tanto, los actos reclamados, atendiendo a la connotación que respecto a este tipos de actos establece el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, no deben ser considerados como actos dentro de juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, en virtud que no afectan materialmente algún derecho sustantivo, ya que a través del acto reclamado no se plantea la infracción de esos derechos sustantivos, sino la violación de derechos adjetivos que producen únicamente efectos formales o intraprocesales y bien puede ocurrir que el afectado obtenga sentencia favorable a sus intereses en cuanto al fondo del asunto, con lo que quedarían reparadas las violaciones y los posibles perjuicios que se le hubieran causado con la resolución reclamada, máxime que de no ser así las violaciones que alega pueden hacerse valer en el amparo directo que en contra de la resolución definitiva se promueva, como lo señala el artículo 171 de la Ley de amparo, al constituirse una violación procesal a la prevista en la fracción III del artículo 172 de la citada Ley. En otras palabras, el efecto que producen los actos combatidos, se actualizarían al dictarse la resolución, toda vez que hasta antes de ese momento no se podrá apreciar si con motivo de los actos reclamados, se vulneraron las defensas de la parte quejosa y, por tal motivo, se incurrió en una violación procesal que trascienda al resultado del fallo, lo que hace evidente que ese tipo de resoluciones no tienen una ejecución de imposible reparación conforme lo establece la fracción V del artículo 107 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. En ese sentido, este Juzgado Federal se encuentra imposibilitado para entrar al estudio de fondo de la cuestión planteada, en virtud de que se ha actualizado una causa notoria y manifiesta de improcedencia pues los actos reclamados, únicamente pueden constituir la violación de derechos adjetivos con efectos meramente intraprocesales, por cuanto que los acuerdos emitidos en la audiencia reclamada, en la secuela de un juicio de divorcio incausado únicamente afecta partes substanciales de ese procedimiento, y de ocasionar una violación a las leyes que lo rigen, la vía idónea para combatir tal violación lo es el amparo directo que se promueva contra la sentencia dictada en aquél, pues a través de esa resolución que se emita en el juicio de origen previamente agotando los medios de defensa, se actualizará la citada violación procesal. Al sostenerse lo anterior no se soslaya que la parte quejosa, en sus conceptos de violación hace valer violaciones al artículo 17 Constitucional, pues lo cierto es que esa sola circunstancia no hace procedente el amparo, pues lo cierto es que, como se ha visto, los actos reclamados no participan de los considerados como de imposible reparación, sino que se tratan de violaciones de carácter adjetivo, ya que no se tratan de actos autónomos al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, en el cual el quejoso es parte. Se apoya lo anterior, en la tesis jurisprudencial número 2ª./J.48/2016, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo y texto y rubro, son los siguientes: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Consecuentemente, por lo expuesto en líneas precedentes, y con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se reitera, se desecha de plano la demanda de amparo, por actualizarse en el caso la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con los artículos 107, fracción V, aplicado en sentido contrario. Al margen de lo anterior no pasa inadvertido que se señaló como autoridad responsable a la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, cuando la misma no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. En efecto, el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, establece que es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, en el caso, la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, señalada como responsable, se encuentra limitada a autorizar y dar fe de lo actuado por la Juez Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, en virtud de que sólo es una fedatario, sin imperio ni facultad decisoria, careciendo además de la potestad de ejecutar autos y resoluciones, ya que esta función está reservada al titular del Juzgado responsable. En esas condiciones, adicional a lo ya expuesto, se desecha la demanda de amparo respecto del acto atribuido a la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, en relación con el diverso 61, fracción XXIII y 5, fracción II, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República. Apoya al anterior criterio, la jurisprudencia VI.2o. J/95, de la Novena Época, Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: V, Abril de 1997, visible en la página: 185, del rubro y texto siguientes: "SECRETARIO DE ACUERDOS DE UNA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. La función que jurídicamente realiza el secretario de Acuerdos no encuadra dentro de las previstas por el artículo 11 de la Ley de Amparo, pues encontrándose éste limitado a autorizar y dar fe de lo actuado por la Junta, sólo es un fedatario, sin imperio ni facultad decisoria, careciendo además de la potestad de ejecutar laudos o resoluciones, ya que esta función está reservada al presidente de la Junta, acorde con lo establecido por el artículo 940 de la Ley Federal del Trabajo, presidente que puede ser auxiliado en esa tarea por el actuario, según se desprende de lo dispuesto por los diversos 951, 953, 954, 955, 956 y 959 de la citada legislación laboral, sin que legalmente el secretario de Acuerdos pueda intervenir en esa ejecución. En consecuencia, con apoyo en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, en relación con el indicado artículo 11 del mismo ordenamiento legal, es improcedente el juicio de amparo enderezado en contra de actos de ese secretario." De igual forma, apoya a lo anterior la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito de la Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación Tomo: II, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1988, visible en la página: 132, del rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, NO LO ES EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO. Es improcedente el juicio de amparo directo respecto del secretario de acuerdos del juzgado, porque no tiene el carácter de autoridad, en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, pues sólo es fedatario de los actos del juez; por lo que debe sobreseerse en el juicio, con apoyo en la fracción XVIII, del artículo 73, en relación con el 74, fracción III, ambos de la Ley de Amparo." Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones en este asunto, el señalado en su escrito de demanda y respecto de las personas que designa como sus autorizados, se les tiene como tal en los términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan Carlos León Treviño y Gerardo Pinto Dager; en tanto que a Munir Alejandro García Farías y Estefanía Teresa Gallegos Pérez únicamente se les autoriza para oír y recibir notificaciones de conformidad con la última parte del párrafo segundo del precepto legal antes citado, lo anterior en virtud de que no acreditan ante este Juzgado Federal, ni en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de conformidad con los artículos del 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, estar debidamente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado como lo exige el citado artículo 12 de la Ley de Amparo. Por lo que respecta a la solicitud de uso de aparatos electrónicos, es decir, cámaras digitales y celulares, lectores ópticos o cualquier otro similar, a fin de capturar las actuaciones que obran en los presentes autos, hágase del conocimiento a la promovente que se accede a su petición, en la inteligencia de que el uso de los medios electrónicos que propone se efectúe con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo al caso, la Tesis I.30.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil del Primer Circuito, visible en la Página 2847, del Tomo XXIX, Marzo de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que es del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Con fundamento, en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento, por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente al promovente. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria licenciada Karen Azalia Mendoza Sánchez, secretaria que autoriza y da fe.

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