Manuel Antonio Belman Pérez
Expediente 1421/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 1 actuación registrada, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1421/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Manuel Antonio Belman Pérez
Actuaciones
- Incidental
Colima, Colima, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Como está ordenado en el cuaderno principal, con copia del escrito de demanda, de conformidad con los artículos 128 de la Ley de Amparo y 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del Propio Consejo, tramítese únicamente el original del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1421/2023-III, promovido por Francisco Javier Preciado Chávez, quien se ostenta como apoderado de Manuel Antonio Belman Pérez. De conformidad con los artículos 131, 138, fracción III y 140 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su respectivo informe previo, mismo que deberá rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas siguientes al momento en que sean notificadas, enviándoles al efecto copia simple de la demanda de amparo. Se apercibe a la autoridad responsable de que en caso de que no rinda el informe requerido, se le sancionara con una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, que corresponden a $ ?10,374?.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos), que se obtienen de multiplicar el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) por cien, ???cantidad que se obtiene de multiplicar cien por ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos (equivale a una Unidad de Medida y Actualización); con fundamento en el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo; y, se presumirá cierto el acto reclamado en términos del artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Para tal efecto, se pone a disposición de la autoridad responsable el correo electrónico informes2jdo32cto@correo.cjf.gob.mx (medio magnético); sin que la remisión del mismo por este medio las exima de acompañar las constancias respectivas para justificar sus actos, mismas que deberán ser remitidas por la mensajería rápida que estimen conveniente, al domicilio que ocupa el local de este juzgado, cito en Boulevard Camino Real No 1052 A, 2° piso Colonia Hospital General y Complejo Administrativo de Colima. Colima, Col. C.P. 28019; lo anterior, con fundamento en el artículo 117, primer párrafo, de la ley de la materia, en relación con el numeral 17 constitucional, que obliga a una justicia pronta. Solo en el supuesto de que no tengan la posibilidad o los medios para enviarlos así, lo puede hacer en la forma tradicional (por escrito). En el entendido de que la remisión del citado informe deberá hacerla por cualquiera de las vías que estime conveniente, sin que deba hacerlo por todas. Se señalan las doce horas con treinta y tres minutos del treinta de noviembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia incidental. De igual forma, se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que de diferirse la celebración de la audiencia incidental, se les notificará el acuerdo respectivo por medio de lista y no por oficio, toda vez que corresponde a este Juzgador la facultad de determinar cuáles resoluciones deberán de hacerse del conocimiento de las responsables mediante oficio, atendiendo a la trascendencia que tenga el auto o resolución que se pretenda notificar, por lo que se considera que dicho acuerdo es de mero trámite. A lo anterior, resulta aplicable por las razones que la informan la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (a), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materia Común, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, visible en la página 1253 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro número 2002576, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a la autoridad responsable y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a la autoridad responsable, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Ahora bien, del escrito de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama la interlocutoria de diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, dictada en el expediente agrario 368/2023, en donde la responsable resolvió el incidente de incompetencia planteado en autos, así como el acuerdo de cinco de octubre del año en curso, en lo ateniente a la falta de pronunciamiento sobre la prescripción de la acción, y la falta de revocar la medida cautelar para cambiar el dominio del predio en disputa en el sumario. Y solicita la suspensión provisional y en su momento definitiva de los actos reclamados. Al respecto, de la certificación de cuenta, se advierte que de una búsqueda realizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se advierte que en el juicio de amparo 1224/2023, del índice de este órgano, promovido por Francisco Javier Preciado Chávez, quien se ostentó apoderado de Manuel Antonio Belman Pérez, en audiencia de dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, se resolvió sobre la suspensión definitiva de los actos reclamados, que se hicieron consistir en la audiencia de cinco de octubre pasado en el juicio agrario 368/2023; y la falta de pronunciamiento sobre la prescripción de la acción, y la falta de revocar la medida cautelar para cambiar el dominio del predio en disputa. Asimismo, que en el diverso juicio de amparo 1331/2023, del índice de este juzgado, promovido por Francisco Javier Preciado Chávez, quien se ostentó apoderado de Manuel Antonio Belman Pérez, en audiencia de quince de noviembre de dos mil veintitrés, se resolvió sobre la suspensión definitiva de los actos reclamados, la interlocutoria de diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, dictada en el expediente agrario 368/2023, en donde la responsable resolvió el incidente de incompetencia planteado en autos. En este sentido, en atención a lo establecido en el artículo 145 de la Ley de Amparo, se considera que el presente incidente de suspensión ha quedado sin materia, por lo que respecta al acuerdo de diecisiete de octubre del año en curso, en lo ateniente a la falta de pronunciamiento sobre la prescripción de la acción, y la falta de revocar la medida cautelar para cambiar el dominio del predio en disputa en el sumario. Lo anterior, en virtud de que en los citados juicios de amparo 1224/2023 y 1331/2023 del índice de este Juzgado de Distrito, ya se resolvió sobre la suspensión definitiva de dichos actos. Por tanto, con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo, se declara sin materia el presente incidente de suspensión, por lo que ve a los referidos actos, pues no hay materia sobre la cual decretarla. Sustenta lo anterior por analogía, la tesis V.3o.C.T.1 K (10a.) Décima Época, con número de registro 2012695, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo IV, Materia(s): Común, página: 2746: "INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. LA CONSECUENCIA LEGAL DE DECLARARLO SIN MATERIA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, ES DE ORDEN PÚBLICO, POR LO QUE SU ACTUALIZACIÓN DEBE ANALIZARSE OFICIOSAMENTE TANTO POR EL JUEZ DE DISTRITO, COMO POR EL TRIBUNAL REVISOR. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 23/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VIII, Tomo 1, mayo de 2012, página 776, de rubro: "INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. PROCEDE DECLARARLO SIN MATERIA CUANDO SE DEMUESTRE QUE SE RESOLVIÓ SOBRE LA DEFINITIVA EN UN DIVERSO JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR EL PROPIO QUEJOSO CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES Y POR LOS MISMOS ACTOS, AUN CUANDO SE HAYA DICTADO SENTENCIA EJECUTORIA EN EL PRINCIPAL.", determinó que la finalidad del artículo 134 de la Ley de Amparo abrogada (145 de la vigente), tiende a desalentar una conducta dolosa, en tanto se presume que la interposición del segundo juicio de amparo sólo tiene como fin obtener la suspensión del acto para retardar injustificadamente su ejecución. En ese sentido, la consecuencia legal establecida en el citado artículo 145, de declarar sin materia el incidente público cuyo análisis debe realizarse oficiosamente tanto por el Juez de Distrito como por el tribunal revisor, con el fin de evitar el dictado de resoluciones contradictorias en cuanto a la procedencia de la suspensión, o bien, los términos en que debe operar la medida cautelar respecto de un mismo acto; incluso, para evitar suspender los efectos de un acto cuya constitucionalidad o inatacabilidad fue decidida en juicio anterior. Es decir, por identidad jurídica, la hipótesis normativa de mérito guarda analogía con una causal de improcedencia en el juicio principal, cuya actualización impide el estudio de fondo del asunto, pues tiene como propósito tutelar la seguridad jurídica de las partes dentro del procedimiento, en cuanto a la suspensión del acto que se reclama en diversos juicios de amparo; de ahí que deba ser analizada de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo, en términos del artículo 62 de la ley de la materia." Asimismo, se invoca la jurisprudencia 608, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Octava Época, Apéndice 2000, Tomo VI, Común, TCC, página 551, registro 918142, de contenido siguiente: "SUSPENSIÓN, PRESERVAR LA MATERIA DEL JUICIO ES UN EFECTO DE LA. Cuando se concede la suspensión del acto la finalidad que se persigue, primordialmente, es la preservación de la materia del juicio constitucional, lo que se logra evitando que los actos reclamados sean ejecutados, por ello, la suspensión actúa sobre el futuro y nunca sobre el pasado porque previene la realización de daños y perjuicios que puedan ser de difícil o imposible reparación para el particular a través de las sentencias de amparo. El preservar la materia significa que a través de la suspensión se aseguren provisionalmente los bienes, la situación jurídica, el derecho o el interés de que se trate, para que la sentencia que en su día -lejano en muchas ocasiones- declare los derechos del promovente, pueda ser ejecutada eficaz e íntegramente. Esto es, que en tanto dure el juicio constitucional, los intereses del gobernado deben estar debidamente protegidos". En otro aspecto, por lo que hace al acto reclamado consistente en la omisión de revocar la medida cautelar para revocar la medida cautelar decretada en el en el expediente agrario 368/2023, con fundamento en los artículos 130 y 131 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión provisional a la parte quejosa, porque, el acto reclamado carece de ejecución material por tratarse de un acto omisivo contra el cual resulta improcedente conceder la citada suspensión, porque el objetivo de la medida cautelar es paralizar y detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el amparo, hipótesis que obviamente en el presente caso no se actualiza, por lo que si la suspensión se otorgara, no tendría ya el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran al solicitar la protección constitucional, sino efectos restitutorios que sólo son propios de la sentencia que, en su caso, otorgue la protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo la tesis I.6º.T.3 K (10a.), visible en la foja 1912, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 3, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA RESPECTO DE ACTOS OMISIVOS. Atento a la naturaleza de los actos de autoridad, los negativos son aquellos a través de los cuales la autoridad rehúsa acceder a las pretensiones de los gobernados, lo que se manifiesta por medio de una conducta positiva de las autoridades, es decir, un hacer que se traduce en una contestación, acuerdo o resolución en el sentido de no querer o no aceptar lo que le fue solicitado, dicha manifestación es lo que diferencia a los actos negativos de los prohibitivos, entendidos éstos como los que la autoridad impone obligaciones de no hacer a los individuos. En cambio, los actos omisivos se caracterizan porque la autoridad se abstiene de actuar; es decir, se rehúsa a hacer algo, o se abstiene de contestar no obstante existir una solicitud expresa del gobernado; de ahí que siendo ésta su naturaleza, es improcedente la concesión de la suspensión provisional solicitada, ya que no es dable que con motivo de la medida cautelar, se ordene a la autoridad abandonar su conducta omisa dando contestación, o bien, accediendo a la petición del quejoso, pues se darían a la suspensión provisional así concedida, efectos restitutorios, que únicamente corresponden a la sentencia que se pronuncie en el juicio". Domicilio procesal. De conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Exhorto a las partes. Se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación de este juicio mediante el esquema de juicio en línea, en términos del Acuerdo General 21/2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica, entre otros, del juicio de amparo. Información pública. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos. Notifíquese por lista.
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