Manuel Antonio Alaman Bueno

Expediente 1198/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1198/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
11/11/2021

Partes del expediente

  • Manuel Antonio Alaman Bueno

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiese recurrido el auto que sobreseyó fuera de audiencia en este juicio, por lo que con fundamento en el artículo 2 de la ley invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que dicho auto ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del mencionado Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del referido manual, en razón de que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido, dado que se decretó el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia constitucional. Notifíquese.

  2. Principal

    I. Informe justificado. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado que rinde el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula I-1 Durango, en el Estado de Durango; con su contenido, dese vista a las partes para su conocimiento y efectos legales correspondientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la ley de la materia. Con apoyo en el artículo 119 de la ley de la materia, téngasele por exhibidas las pruebas documentales que acompaña, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Dada la voluminosidad de dichas constancias, para su mejor manejo, fórmese por separado el tomo I de pruebas, el cual queda a disposición de las partes para su consulta en la mesa de trámite de la sección de amparo correspondiente. II. Fijación de la Litis. La parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: "1.- La omisión y dilación del Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula I-1 Durango para dar respuesta al escrito presentado con fecha 10 de agosto del año en curso en el cual solicito se realicen diversos actos a efecto de que se continúe con la investigación de la denuncia presentada por el impetrante y que se de continuidad con la investigación dentro de la carpeta de investigación número 324/2019. 2.- La omisión y dilación del Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula I-1 Durango para realizar la investigación, integración y en su caso la judicialización ante un Juez de Control la Carpeta de Investigación número 324/2019 iniciada con motivo de la denuncia presentada por el quejoso por los delitos que se deriven de los hechos marrados en la comparecencia del denunciante." III. Sobresee fuera de audiencia. a) Respecto al acto reclamado consistente en la falta de proveído. En el caso, se concreta el motivo de sobreseimiento previsto en el precepto 63, fracciones IV, de la Ley de Amparo. Según se vio, uno de los actos reclamados se hace consistir en la omisión y dilación del Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula I-1 Durango, a dar respuesta al escrito presentado el diez de agosto del año en curso, en el cual se le solicitó que realizara diversos actos para la continuación de la investigación dentro de la carpeta de investigación 324/2019. De las constancias de la referida carpeta de investigación FED/DGO/DGO/324/2019, remitidas en apoyo al informe justificado que rinde la responsable1, se advierte que en la citada indagatoria, el trece de agosto de dos mil veintiuno, se emitió un acuerdo ministerial en el que se determinó que no era procedente lo solicitado por el aquí quejoso ***, en su escrito recibido el diez de ese mes y año. En tales condiciones, se advierte que en la citada fecha (trece de agosto de dos mil veintiuno) se pronunció el acuerdo del que se reclamaba en este amparo la omisión y dilación para dar respuesta al escrito presentado el diez de agosto; mientras que la demanda de garantías fue recibida en este órgano jurisdiccional el veinticuatro de septiembre del presente año, por lo que es claro que a la fecha de su presentación el acto aquí impugnado no existía. 1 Constancias a las que se les concede valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto por los preceptos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, por analogía de razón, el criterio siguiente: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. NO PROCEDE DECRETARLO CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE NIEGA EL ACTO RECLAMADO, PUES HACERLO PRIVA AL QUEJOSO DE LA OPORTUNIDAD DE DESVIRTUAR DICHA NEGATIVA. El hecho de que se sobresea en el juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, con base en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, cuando la autoridad responsable, al rendir su informe justificado, se concreta a negar el acto que se le reclama, sin que obre constancia en autos de la que apareciere claramente demostrada su inexistencia, constituye una violación a las reglas esenciales del procedimiento, que amerita su reposición en términos del artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, en virtud de que es en esa diligencia en la que el quejoso puede acreditar la existencia del acto reclamado, ya que del artículo 119, párrafo primero, de la ley mencionada se advierte que será en la audiencia constitucional donde tendrá lugar la fase de ofrecimiento y rendición de los medios de prueba, en la cual el Juez de Distrito relacionará cada uno de los ofertados por las partes para acreditar sus aseveraciones; y, por su parte, la aludida fracción IV del artículo 63 prevé que procede el sobreseimiento en el juicio cuando no se probare la existencia del acto reclamado, precisamente en la audiencia constitucional; de ahí que por la sola negativa de la responsable no proceda decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, porque hacerlo priva al quejoso de la oportunidad de desvirtuarla, en tanto que tiene la posibilidad de ofrecer las pruebas correspondientes hasta el día de la celebración de dicha diligencia Lo anterior se estima así, toda vez que la presente es una decisión de mera constatación, que no plantea problemas interpretativos y/o probatorios que ameriten una justificación suficiente que no pueda realizarse en un acuerdo de trámite, ya que no se está ante el supuesto de que la autoridad responsable se concrete a negar el acto que se le reclama, sin que obre constancia en autos de la que apareciere claramente demostrada su inexistencia; caso contrario, se itera, de las constancias que allegó la autoridad al informe justificado se advierte que a la fecha de presentación de la demanda, ya 2 Tesis: VI.2o.P.8 K (10a.). Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época. 2010589. Tribunales Colegiados de Circuito. Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo IV. Pág. 3650. Tesis Aislada (Común). se había emitido el acuerdo correspondiente dentro de la carpeta de investigación de origen, determinación que no constituye un estudio de fondo, ya que sólo es necesario valorar si ya fue dictado o no ese acto. Con base en lo relatado, con apoyo en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, respecto al acto en análisis. b) En relación con el diverso acto reclamado consistente en la omisión y dilación del Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula I-1 Durango, de investigar, integrar y judicializar la carpeta de investigación 324/2019 de su índice, se actualiza una causal de improcedencia. El artículo 107, fracción IV, de la Carta Magna3, dispone, en lo que interesa, que el juicio de amparo es procedente contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. En sentido contrario, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando no se hayan agotado los recursos ordinarios que procedan contra el acto reclamado, dado que a través de éstos puede ser revocado, modificado o nulificado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis que dice: "JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES. Si el Juez de Distrito al momento de dictar su fallo, se encuentra ante la ausencia de norma 3 "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución ??????????????? específica que regule el caso sometido a su consideración, válidamente puede acudir al denominado argumento a contrario para resolver la cuestión litigiosa, en acatamiento al principio de la plenitud hermenéutica del orden jurídico, consagrado en el artículo 18 del Código Civil Federal; pues el argumento a contrario, es una de las diversas técnicas de integración de las normas jurídicas, mediante la cual, se pueden colmar las lagunas existentes en la legislación; el que, por cierto, precisa que si una norma establece una solución restrictiva en relación con el caso a que se refiere, válidamente puede inferirse que los no comprendidos en ella deben ser objeto de una solución contraria; y de ahí, que tal proceder resulte legal"4 A fin de dar cumplimiento a la voluntad del constituyente, el legislador ordinario estableció dicho motivo de improcedencia en el artículo 61, fracción XX5, de la ley en cita. Así, el principio de definitividad rector del juicio de amparo, debe cumplirse cuanto éste se promueve y consiste en que se agoten todos los recursos ordinarios o medios de defensa que señala la ley que rija el acto que se reclama, salvo las excepciones que ella establezca. Asimismo, el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señalan lo siguiente: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." "Artículo. 109. Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno" De los preceptos transcritos, se colige que uno de los derechos de las victimas u ofendidos es impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos y que contra de las determinaciones sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, éstas cuentan con un medio de defensa innominado para recurrirlas ante el juez de control. Sobre el particular, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 233/2017, en lo que interesa, determinó lo siguiente: 40. Esta Primera Sala considera que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sostenido en esta ejecutoria, que coincide en lo sustancial con lo resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, que determinó que tratándose de las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación, previamente a la promoción del juicio de amparo, debe agotarse el medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 45. De conformidad con el artículo 211 del Código Nacional, el procedimiento penal -acusatorio-, se conforma por las siguientes etapas: i) La de investigación, que comprende las siguientes fases: Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación; e 52. Expuesto lo anterior, debe también señalarse que en la etapa de investigación, el Ministerio Público puede incurrir en una actitud omisiva con relación a su deber de investigar los delitos; esto es, que en la referida etapa -sea en su fase inicial o complementaria-, la autoridad ministerial incumpla su obligación de investigar el delito, al omitir realizar las diligencias y actos conducentes -que deben practicarse de oficio, o que soliciten las partes- para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos; conducta omisiva que si carece de justificación legal, desde luego puede conculcar derechos fundamentales de las partes en el conflicto penal. II. La figura del Juez de Control Se prevé la inclusión de un Juez de control que resuelva, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que así lo requieran, cuidando se respeten las garantías de las partes y que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho... Otra atribución del Juez de Control sería conocer las impugnaciones de las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, el desistimiento y la suspensión de la acción penal, para controlar su legalidad y en todos los casos señalados resguardar los derechos de los imputados y las víctimas u ofendidos. 59. Ciertamente, en el sistema procesal penal acusatorio y oral, los Jueces de control se erigen como garantes de que las partes actuarán de buena fe y deben velar por la regularidad del proceso y el ejercicio correcto de las facultades procesales. Por ello, el Juez de Control ejerce una vigilancia de los derechos constitucionales de los sujetos procesales durante las fases de investigación e intermedia; garantizándoles una respuesta pronta e inmediata, bajo las reglas del control judicial, sobre aquellas diligencias, actos procesales o comportamientos de las agencias formales del sistema de justicia penal que pongan en peligro o lesionen los derechos constitucionales de los sujetos procesales. 60. En ese contexto, el Juez de control tiene dos principales funciones de carácter cautelar y de cognición. Las primeras son las de vigilar que todos los actos relativos a la investigación de un hecho que reviste el carácter de delito, sean preservados de manera correcta; además de garantizar los derechos fundamentales del inculpado y de la víctima. Las segundas versan sobre determinaciones concretas a pretensiones específicas de las partes, como el momento del dictado del auto de vinculación a proceso o bien, al determinar la sentencia de un procedimiento abreviado. Así, los Jueces de Control estarán fáctica y jurídicamente más cercanos a la investigación de lo tradicional, para vigilar, controlar, avalar y, en su caso, descalificar las acciones llevadas a cabo en la etapa de investigación, a fin de que se sujeten a reglas más exigentes desde el punto de vista jurídico, lógico y de respeto a los derechos humanos. III. Los derechos de la víctima u ofendido y particularmente el relativo a impugnar ante autoridad judicial las decisiones del Ministerio Público 61. El artículo 20, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(20) y el numeral 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales, reconocen los derechos de las víctimas u ofendidos del delito, entre los que se encuentran: recibir asesoría jurídica, así como ser informado de sus derechos y del desarrollo del procedimiento penal; coadyuvar con el Ministerio Público; que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, intervenir en el juicio e interponer los recursos respectivos; recibir atención médica y psicológica; que se le repare el daño; resguardo de su identidad y otros datos personales; solicitar medidas cautelares y providencias; e impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos. 63. En ese contexto, resulta claro que la intención del legislador ha sido darle mayor presencia a las víctimas y a los ofendidos por el delito, pero también evitar que el propio agente del Ministerio Público sea obstáculo de los intereses victimales. Además, ha pretendido conseguir mayor comunicación entre las víctimas, ofendidos y encargados de protegerlos. Comunicación que suele ser escasa, pero sobre todo poco productiva. 65. Ahora, la reforma judicial de dos mil ocho, incorporó un derecho importante para las víctimas y los ofendidos por el delito, consistente en impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Así, el hecho de que la autoridad judicial pueda revisar la manera en cómo el Ministerio Público atiende y protege a las víctimas, deberá redundar en el mejoramiento de la función ministerial y la mejor protección de los derechos de las víctimas de los delitos. IV. El principio de definitividad 68. Este principio destaca la naturaleza del juicio de amparo como medio de control constitucional de carácter extraordinario, y consiste en que previamente a instar la acción de amparo, el quejoso debe agotar todos los recursos o medios de defensa ordinarios mediante los cuales el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o confirmado; su fundamento se encuentra en el artículo 107, fracciones III y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 71. Ahora bien, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, señala, en lo conducente, que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando proceda en su contra algún juicio, recurso o medio de defensa legal, en virtud del cual dichos actos puedan ser modificados, revocados o nulificados; lo anterior, siempre y cuando para la procedencia del recurso no se exijan más requisitos que los que prevé la Ley de Amparo para otorgar la suspensión, ni un plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la misma. Además, que no existe obligación de agotar tales medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, si sólo se alegan violaciones directas a la Constitución o si el recurso se encuentra previsto en un reglamento sin estar contemplado en la ley aplicable. 73. En este orden de ideas, a continuación se analizará si existe un medio de defensa ordinario para impugnar las omisiones de la autoridad ministerial durante la etapa de investigación, o si debe acudirse directamente al juicio de amparo. 75. Los citados preceptos establecen el derecho de la víctima u ofendido a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones en que incurra el Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora de los delitos, en los términos previstos en el Código Nacional y demás disposiciones legales aplicables. 77. De la lectura del artículo transcrito, se desprende que en contra de las determinaciones sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, la víctima u ofendido cuentan con un medio de defensa para impugnarlas ante el Juez de control, dentro de los diez días posteriores a que sean notificados de las mismas; en cuyo caso, el Juez de Control citará a las partes a una audiencia en la que escuchará y resolverá en definitiva. 78. Ahora bien, de la interpretación sistemática de los preceptos antes citados, se concluye que la víctima u ofendido pueden impugnar las omisiones en que incurra el Ministerio Público durante la etapa de investigación, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, previamente a promover la acción de amparo, deben agotar ese medio de impugnación. 79. En efecto, el artículo 258 de la codificación en comento, prevé un medio de defensa idóneo para que la víctima u ofendido puedan impugnar, en sede judicial ordinaria, todas aquellas omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora, así como las determinaciones que expresamente regula sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. Esto, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien de manera ágil, una vez que dé intervención a las partes, determine si la actuación del órgano investigador está legalmente justificada o no. De esta manera, contra la resolución que emita la autoridad judicial rectora, la víctima u ofendido podrá promover juicio de amparo biinstancial, en virtud de que la decisión del Juez de Control no admite recurso ordinario alguno. 80. En ese orden de ideas, una interpretación funcional y extensiva de los artículos 16, párrafo décimo cuarto; 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal y los numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional, permite concluir que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien revise la legalidad de las mismas. 81. Esta circunstancia conduce a estimar que tales determinaciones no se limitan a las taxativamente previstas en dicho numeral (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. 82. Además, la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una investigación, es que al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. De esta manera, tratándose de la omisión ministerial en la etapa de investigación, la autoridad judicial rectora puede ordenar que cese ese estado de cosas y, en consecuencia, que el Ministerio Público continúe realizando la investigación correspondiente. 83. Por otro lado, debe destacarse que el artículo 109, fracción XXI, del Código Nacional, establece que el derecho de la víctima u ofendido a impugnar las omisiones o negligencias que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, debe hacerse valer en los términos previstos en el mismo código y en las demás disposiciones legales aplicables. De ahí que el medio de defensa previsto en el citado artículo 258 sea el idóneo para impugnar las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación. 90. Derivado de lo anterior, esta Primera Sala estima que si la víctima u ofendido acude directamente al juicio de amparo, ello generaría mayor retraso en el desarrollo del procedimiento penal. Veamos por qué. 93. En virtud de lo expuesto, debe concluirse que la omisión o inactividad de la autoridad ministerial en la etapa de investigación, debe ser impugnada por la víctima u ofendido ante el Juez de Control a través del medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo que, si la parte quejosa promueve la acción constitucional, sin que previamente haya agotado dicho medio ordinario de defensa, ello provocaría que se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución" De la anterior contradicción derivó la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del ??????????????? Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos"6 En la especie, la parte quejosa se ostenta víctima del delito y reclama la omisión del ministerio público de realizar la investigación e integrar la carpeta de investigación 324/2019 y, en su caso, su judicialización ante el juez de control. Por tanto, como lo determinó la Primera Sala del máximo tribunal del país, dicha omisión puede ser impugnada a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual tendría como finalidad que se conminara a la responsable para que reanudara la investigación y practicara todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Sirve de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias que dicen: caso contrario al que nos ocupa, puesto que la persona que solicita el amparo es la victima u ofendida en la carpeta de investigación, lo cual, como ya se mencionó, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que en ese supuesto sí se debe de impugnar a través del citado medio de defensa. IV. Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional. Como consecuencia de lo acordado anteriormente, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional Notifíquese personalmente

  3. Principal

    CITATORIO PARTE QUEJOSA ACUERDO DE FECHA 18 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 I. Informe justificado. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado que rinde el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula I-1 Durango, en el Estado de Durango; con su contenido, dese vista a las partes para su conocimiento y efectos legales correspondientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la ley de la materia. Con apoyo en el artículo 119 de la ley de la materia, téngasele por exhibidas las pruebas documentales que acompaña, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Dada la voluminosidad de dichas constancias, para su mejor manejo, fórmese por separado el tomo I de pruebas, el cual queda a disposición de las partes para su consulta en la mesa de trámite de la sección de amparo correspondiente. II. Fijación de la Litis. La parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: "1.- La omisión y dilación del Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula I-1 Durango para dar respuesta al escrito presentado con fecha 10 de agosto del año en curso en el cual solicito se realicen diversos actos a efecto de que se continúe con la investigación de la denuncia presentada por el impetrante y que se de continuidad con la investigación dentro de la carpeta de investigación número 324/2019. 2.- La omisión y dilación del Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula I-1 Durango para realizar la investigación, integración y en su caso la judicialización ante un Juez de Control la Carpeta de Investigación número 324/2019 iniciada con motivo de la denuncia presentada por el quejoso por los delitos que se deriven de los hechos marrados en la comparecencia del denunciante." III. Sobresee fuera de audiencia. a) Respecto al acto reclamado consistente en la falta de proveído. En el caso, se concreta el motivo de sobreseimiento previsto en el precepto 63, fracciones IV, de la Ley de Amparo. Según se vio, uno de los actos reclamados se hace consistir en la omisión y dilación del Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula I-1 Durango, a dar respuesta al escrito presentado el diez de agosto del año en curso, en el cual se le solicitó que realizara diversos actos para la continuación de la investigación dentro de la carpeta de investigación 324/2019. De las constancias de la referida carpeta de investigación FED/DGO/DGO/324/2019, remitidas en apoyo al informe justificado que rinde la responsable1, se advierte que en la citada indagatoria, el trece de agosto de dos mil veintiuno, se emitió un acuerdo ministerial en el que se determinó que no era procedente lo solicitado por el aquí quejoso ***, en su escrito recibido el diez de ese mes y año. En tales condiciones, se advierte que en la citada fecha (trece de agosto de dos mil veintiuno) se pronunció el acuerdo del que se reclamaba en este amparo la omisión y dilación para dar respuesta al escrito presentado el diez de agosto; mientras que la demanda de garantías fue recibida en este órgano jurisdiccional el veinticuatro de septiembre del presente año, por lo que es claro que a la fecha de su presentación el acto aquí impugnado no existía. 1 Constancias a las que se les concede valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto por los preceptos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, por analogía de razón, el criterio siguiente: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. NO PROCEDE DECRETARLO CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE NIEGA EL ACTO RECLAMADO, PUES HACERLO PRIVA AL QUEJOSO DE LA OPORTUNIDAD DE DESVIRTUAR DICHA NEGATIVA. El hecho de que se sobresea en el juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, con base en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, cuando la autoridad responsable, al rendir su informe justificado, se concreta a negar el acto que se le reclama, sin que obre constancia en autos de la que apareciere claramente demostrada su inexistencia, constituye una violación a las reglas esenciales del procedimiento, que amerita su reposición en términos del artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, en virtud de que es en esa diligencia en la que el quejoso puede acreditar la existencia del acto reclamado, ya que del artículo 119, párrafo primero, de la ley mencionada se advierte que será en la audiencia constitucional donde tendrá lugar la fase de ofrecimiento y rendición de los medios de prueba, en la cual el Juez de Distrito relacionará cada uno de los ofertados por las partes para acreditar sus aseveraciones; y, por su parte, la aludida fracción IV del artículo 63 prevé que procede el sobreseimiento en el juicio cuando no se probare la existencia del acto reclamado, precisamente en la audiencia constitucional; de ahí que por la sola negativa de la responsable no proceda decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, porque hacerlo priva al quejoso de la oportunidad de desvirtuarla, en tanto que tiene la posibilidad de ofrecer las pruebas correspondientes hasta el día de la celebración de dicha diligencia Lo anterior se estima así, toda vez que la presente es una decisión de mera constatación, que no plantea problemas interpretativos y/o probatorios que ameriten una justificación suficiente que no pueda realizarse en un acuerdo de trámite, ya que no se está ante el supuesto de que la autoridad responsable se concrete a negar el acto que se le reclama, sin que obre constancia en autos de la que apareciere claramente demostrada su inexistencia; caso contrario, se itera, de las constancias que allegó la autoridad al informe justificado se advierte que a la fecha de presentación de la demanda, ya 2 Tesis: VI.2o.P.8 K (10a.). Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época. 2010589. Tribunales Colegiados de Circuito. Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo IV. Pág. 3650. Tesis Aislada (Común). se había emitido el acuerdo correspondiente dentro de la carpeta de investigación de origen, determinación que no constituye un estudio de fondo, ya que sólo es necesario valorar si ya fue dictado o no ese acto. Con base en lo relatado, con apoyo en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, respecto al acto en análisis. b) En relación con el diverso acto reclamado consistente en la omisión y dilación del Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula I-1 Durango, de investigar, integrar y judicializar la carpeta de investigación 324/2019 de su índice, se actualiza una causal de improcedencia. El artículo 107, fracción IV, de la Carta Magna3, dispone, en lo que interesa, que el juicio de amparo es procedente contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. En sentido contrario, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando no se hayan agotado los recursos ordinarios que procedan contra el acto reclamado, dado que a través de éstos puede ser revocado, modificado o nulificado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis que dice: "JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES. Si el Juez de Distrito al momento de dictar su fallo, se encuentra ante la ausencia de norma 3 "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución ??????????????? específica que regule el caso sometido a su consideración, válidamente puede acudir al denominado argumento a contrario para resolver la cuestión litigiosa, en acatamiento al principio de la plenitud hermenéutica del orden jurídico, consagrado en el artículo 18 del Código Civil Federal; pues el argumento a contrario, es una de las diversas técnicas de integración de las normas jurídicas, mediante la cual, se pueden colmar las lagunas existentes en la legislación; el que, por cierto, precisa que si una norma establece una solución restrictiva en relación con el caso a que se refiere, válidamente puede inferirse que los no comprendidos en ella deben ser objeto de una solución contraria; y de ahí, que tal proceder resulte legal"4 A fin de dar cumplimiento a la voluntad del constituyente, el legislador ordinario estableció dicho motivo de improcedencia en el artículo 61, fracción XX5, de la ley en cita. Así, el principio de definitividad rector del juicio de amparo, debe cumplirse cuanto éste se promueve y consiste en que se agoten todos los recursos ordinarios o medios de defensa que señala la ley que rija el acto que se reclama, salvo las excepciones que ella establezca. Asimismo, el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señalan lo siguiente: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." "Artículo. 109. Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno" De los preceptos transcritos, se colige que uno de los derechos de las victimas u ofendidos es impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos y que contra de las determinaciones sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, éstas cuentan con un medio de defensa innominado para recurrirlas ante el juez de control. Sobre el particular, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 233/2017, en lo que interesa, determinó lo siguiente: 40. Esta Primera Sala considera que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sostenido en esta ejecutoria, que coincide en lo sustancial con lo resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, que determinó que tratándose de las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación, previamente a la promoción del juicio de amparo, debe agotarse el medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 45. De conformidad con el artículo 211 del Código Nacional, el procedimiento penal -acusatorio-, se conforma por las siguientes etapas: i) La de investigación, que comprende las siguientes fases: Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación; e 52. Expuesto lo anterior, debe también señalarse que en la etapa de investigación, el Ministerio Público puede incurrir en una actitud omisiva con relación a su deber de investigar los delitos; esto es, que en la referida etapa -sea en su fase inicial o complementaria-, la autoridad ministerial incumpla su obligación de investigar el delito, al omitir realizar las diligencias y actos conducentes -que deben practicarse de oficio, o que soliciten las partes- para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos; conducta omisiva que si carece de justificación legal, desde luego puede conculcar derechos fundamentales de las partes en el conflicto penal. II. La figura del Juez de Control Se prevé la inclusión de un Juez de control que resuelva, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que así lo requieran, cuidando se respeten las garantías de las partes y que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho... Otra atribución del Juez de Control sería conocer las impugnaciones de las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, el desistimiento y la suspensión de la acción penal, para controlar su legalidad y en todos los casos señalados resguardar los derechos de los imputados y las víctimas u ofendidos. 59. Ciertamente, en el sistema procesal penal acusatorio y oral, los Jueces de control se erigen como garantes de que las partes actuarán de buena fe y deben velar por la regularidad del proceso y el ejercicio correcto de las facultades procesales. Por ello, el Juez de Control ejerce una vigilancia de los derechos constitucionales de los sujetos procesales durante las fases de investigación e intermedia; garantizándoles una respuesta pronta e inmediata, bajo las reglas del control judicial, sobre aquellas diligencias, actos procesales o comportamientos de las agencias formales del sistema de justicia penal que pongan en peligro o lesionen los derechos constitucionales de los sujetos procesales. 60. En ese contexto, el Juez de control tiene dos principales funciones de carácter cautelar y de cognición. Las primeras son las de vigilar que todos los actos relativos a la investigación de un hecho que reviste el carácter de delito, sean preservados de manera correcta; además de garantizar los derechos fundamentales del inculpado y de la víctima. Las segundas versan sobre determinaciones concretas a pretensiones específicas de las partes, como el momento del dictado del auto de vinculación a proceso o bien, al determinar la sentencia de un procedimiento abreviado. Así, los Jueces de Control estarán fáctica y jurídicamente más cercanos a la investigación de lo tradicional, para vigilar, controlar, avalar y, en su caso, descalificar las acciones llevadas a cabo en la etapa de investigación, a fin de que se sujeten a reglas más exigentes desde el punto de vista jurídico, lógico y de respeto a los derechos humanos. III. Los derechos de la víctima u ofendido y particularmente el relativo a impugnar ante autoridad judicial las decisiones del Ministerio Público 61. El artículo 20, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(20) y el numeral 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales, reconocen los derechos de las víctimas u ofendidos del delito, entre los que se encuentran: recibir asesoría jurídica, así como ser informado de sus derechos y del desarrollo del procedimiento penal; coadyuvar con el Ministerio Público; que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, intervenir en el juicio e interponer los recursos respectivos; recibir atención médica y psicológica; que se le repare el daño; resguardo de su identidad y otros datos personales; solicitar medidas cautelares y providencias; e impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos. 63. En ese contexto, resulta claro que la intención del legislador ha sido darle mayor presencia a las víctimas y a los ofendidos por el delito, pero también evitar que el propio agente del Ministerio Público sea obstáculo de los intereses victimales. Además, ha pretendido conseguir mayor comunicación entre las víctimas, ofendidos y encargados de protegerlos. Comunicación que suele ser escasa, pero sobre todo poco productiva. 65. Ahora, la reforma judicial de dos mil ocho, incorporó un derecho importante para las víctimas y los ofendidos por el delito, consistente en impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Así, el hecho de que la autoridad judicial pueda revisar la manera en cómo el Ministerio Público atiende y protege a las víctimas, deberá redundar en el mejoramiento de la función ministerial y la mejor protección de los derechos de las víctimas de los delitos. IV. El principio de definitividad 68. Este principio destaca la naturaleza del juicio de amparo como medio de control constitucional de carácter extraordinario, y consiste en que previamente a instar la acción de amparo, el quejoso debe agotar todos los recursos o medios de defensa ordinarios mediante los cuales el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o confirmado; su fundamento se encuentra en el artículo 107, fracciones III y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 71. Ahora bien, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, señala, en lo conducente, que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando proceda en su contra algún juicio, recurso o medio de defensa legal, en virtud del cual dichos actos puedan ser modificados, revocados o nulificados; lo anterior, siempre y cuando para la procedencia del recurso no se exijan más requisitos que los que prevé la Ley de Amparo para otorgar la suspensión, ni un plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la misma. Además, que no existe obligación de agotar tales medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, si sólo se alegan violaciones directas a la Constitución o si el recurso se encuentra previsto en un reglamento sin estar contemplado en la ley aplicable. 73. En este orden de ideas, a continuación se analizará si existe un medio de defensa ordinario para impugnar las omisiones de la autoridad ministerial durante la etapa de investigación, o si debe acudirse directamente al juicio de amparo. 75. Los citados preceptos establecen el derecho de la víctima u ofendido a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones en que incurra el Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora de los delitos, en los términos previstos en el Código Nacional y demás disposiciones legales aplicables. 77. De la lectura del artículo transcrito, se desprende que en contra de las determinaciones sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, la víctima u ofendido cuentan con un medio de defensa para impugnarlas ante el Juez de control, dentro de los diez días posteriores a que sean notificados de las mismas; en cuyo caso, el Juez de Control citará a las partes a una audiencia en la que escuchará y resolverá en definitiva. 78. Ahora bien, de la interpretación sistemática de los preceptos antes citados, se concluye que la víctima u ofendido pueden impugnar las omisiones en que incurra el Ministerio Público durante la etapa de investigación, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, previamente a promover la acción de amparo, deben agotar ese medio de impugnación. 79. En efecto, el artículo 258 de la codificación en comento, prevé un medio de defensa idóneo para que la víctima u ofendido puedan impugnar, en sede judicial ordinaria, todas aquellas omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora, así como las determinaciones que expresamente regula sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. Esto, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien de manera ágil, una vez que dé intervención a las partes, determine si la actuación del órgano investigador está legalmente justificada o no. De esta manera, contra la resolución que emita la autoridad judicial rectora, la víctima u ofendido podrá promover juicio de amparo biinstancial, en virtud de que la decisión del Juez de Control no admite recurso ordinario alguno. 80. En ese orden de ideas, una interpretación funcional y extensiva de los artículos 16, párrafo décimo cuarto; 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal y los numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional, permite concluir que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien revise la legalidad de las mismas. 81. Esta circunstancia conduce a estimar que tales determinaciones no se limitan a las taxativamente previstas en dicho numeral (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. 82. Además, la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una investigación, es que al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. De esta manera, tratándose de la omisión ministerial en la etapa de investigación, la autoridad judicial rectora puede ordenar que cese ese estado de cosas y, en consecuencia, que el Ministerio Público continúe realizando la investigación correspondiente. 83. Por otro lado, debe destacarse que el artículo 109, fracción XXI, del Código Nacional, establece que el derecho de la víctima u ofendido a impugnar las omisiones o negligencias que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, debe hacerse valer en los términos previstos en el mismo código y en las demás disposiciones legales aplicables. De ahí que el medio de defensa previsto en el citado artículo 258 sea el idóneo para impugnar las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación. 90. Derivado de lo anterior, esta Primera Sala estima que si la víctima u ofendido acude directamente al juicio de amparo, ello generaría mayor retraso en el desarrollo del procedimiento penal. Veamos por qué. 93. En virtud de lo expuesto, debe concluirse que la omisión o inactividad de la autoridad ministerial en la etapa de investigación, debe ser impugnada por la víctima u ofendido ante el Juez de Control a través del medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo que, si la parte quejosa promueve la acción constitucional, sin que previamente haya agotado dicho medio ordinario de defensa, ello provocaría que se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución" De la anterior contradicción derivó la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del ??????????????? Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos"6 En la especie, la parte quejosa se ostenta víctima del delito y reclama la omisión del ministerio público de realizar la investigación e integrar la carpeta de investigación 324/2019 y, en su caso, su judicialización ante el juez de control. Por tanto, como lo determinó la Primera Sala del máximo tribunal del país, dicha omisión puede ser impugnada a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual tendría como finalidad que se conminara a la responsable para que reanudara la investigación y practicara todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Sirve de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias que dicen: caso contrario al que nos ocupa, puesto que la persona que solicita el amparo es la victima u ofendida en la carpeta de investigación, lo cual, como ya se mencionó, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que en ese supuesto sí se debe de impugnar a través del citado medio de defensa. IV. Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional. Como consecuencia de lo acordado anteriormente, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional Notifíquese personalmente

  4. Principal

    agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio y sus anexos que remite el Juez Décimo Sexto de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial con residencia en esta ciudad, con el que informa las gestiones que está realizando para dar cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio de garantías. Notifíquese.

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