Manuel Angel Zamora Sánchez

Expediente 1046/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1046/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
15/11/2022

Partes del expediente

  • Manuel Angel Zamora Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación con que se da cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto pronunciado el cinco de octubre de dos mil veintidós, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los preceptos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, se declara que dicho auto ha causado estado, en consecuencia, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, de conformidad con el artículo 196 de la ley de la materia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Como se advierte de la certificación de cuenta, en este asunto no existen documentos originales exhibidos por las partes. Así, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no tiene valor jurídico, ni relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción.

  2. Principal

    En razón de no haber acudido la parte quejosa, a las instalaciones de este Juzgado, a efecto de notificarle personalmente el auto de cinco de octubre del año en curso, no obstante el citatorio dejado en su domicilio con anterioridad, se le notifica por lista de estrados el referido auto, que en lo conducente dice: Vista la demanda de amparo promovida por ***, respecto de actos reclamados de Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa. Fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo ***, y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en ***, en esta ciudad, y como autorizados a ***, con las facultades limitantes que establece el artículo ** de la Ley de Amparo, por no tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. En cuanto al correo electrónico que proporciona, de conformidad con el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, será considerado como herramienta de contacto para la atención del justiciable, en caso de resultar necesario. Se exhorta a las partes para que transiten y den seguimiento al presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el Virus Covid-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte. Ahora bien, el artículo *** de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En acatamiento a tal precepto legal, se advierte que respecto a los actos reclamados en este asunto, se actualiza de manera notoria e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, que prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas". Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;..." La citada hipótesis normativa contiene uno de los principios rectores del juicio de amparo, que lo es, el de definitividad, el cual impone como obligación al quejoso, antes de acudir a promover demanda de amparo, agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto que tilda de inconstitucional, y que tengan por efecto revocar, modificar o nulificar la resolución combatida. Principio que encuentra justificación en el hecho de que al tratarse el juicio de amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. Así, se puede establecer que conforme a la fracción invocada, el gobernado podrá acudir a ejercer la acción constitucional de amparo hasta después de haber agotado todas las instancias procesales que se regulen en la ley de donde emana el acto reclamado. Atento a la técnica que rige el juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, previamente al estudio del fondo, procede analizar de oficio la procedencia del juicio de amparo. A fin de determinar si se surte o no alguna causa de improcedencia, es menester determinar si en las leyes ordinarias se contempla un juicio o recurso mediante el cual pueda modificarse, revocarse o anularse el acto o los actos reclamados. Para estar en condiciones de determinar lo anterior, cabe precisar que el quejoso reclama del: Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa: El auto emitido el dos de septiembre de dos mil veintidós, en el juicio sumario familiar ***, en el que se fija pensión alimenticia provisional a favor de los menores ***. Ahora bien, al observar que el auto de dos de septiembre de dos mil veintidós, fue emitido dentro de un procedimiento seguido en la vía sumaria, se considera que el mismo es susceptible de ser impugnado a través del recurso de apelación. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo **, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, al no haberse observado el principio de definitividad previo a la promoción del presente juicio constitucional, con apoyo en el numeral 113 del mismo cuerpo normativo se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. En atención a lo que solicita la promovente, se autoriza utilización de celular, lector óptico, fotográfico, scanner o cualquier otro medio electrónico o tecnológico a fin de que fotocopien todo lo actuado en el presente juicio. Desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial lleve a cabo las diligencias correspondientes. Es pública la información que tiene bajo su resguardo este juzgado y las partes únicamente pueden oponerse a la publicación de sus datos personales, salvo su nombre en los términos y casos a que se refieren los preceptos antes invocados. Se comisiona a la Secretaria actuante, a los oficiales administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, para efectos de supervisar y/o realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, y la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto, asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica, se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente impreso.

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