Manuel Angel Pérez de la Cruz
Expediente 1605/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 36 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1605/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 36
- Última actuación
- 11/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Manuel Angel Pérez de la Cruz
- Manuel Angel Pérez de la Cruz y Otros.
- Irma Contreras Sánchez
- Ernesto Pérez Sánchez
- Arnulfo León Ramos
- Teresa López Chablé
Actuaciones
Las 4 más recientes de 36.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el veintidós de septiembre de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio y en el segundo se le NEGÓ el amparo y protección de la justicia federal a 1) Manuel Ángel Pérez de la Cruz, 2) Irma Contreras Sánchez, 3) Ernesto Pérez Sánchez, 4) María Reyes Trinidad Sánchez, 5) Carmen Guarda Ramos, 6) Teresa López Chable, 7) Carlos Mario Domínguez Domínguez, 8) Silverio Martínez Torres, 9) Arnulfo León Ramos, 10) Azucena Bautista Vázquez, y 11) Álvaro Arellano Ramírez; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran TRES AÑOS a partir de la presente fecha, se proceda a su DEPURACIÓN, por actualizarse la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente de su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de NOVENTA DÍAS a recibir los documentos originales que exhibo, consistentes en las Constancias de radicación; Constancia de Posesión; Recibos de pagos emitidos por el departamento de catastro municipal del Ayuntamiento Constitucional de Huimanguillo, Tabasco, todo a nombre de los promoventes de amparo, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. En la inteligencia que previo a ello, deberá agendar su cita mediante la modalidad del programa "Agenda OJ", de conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; por lo que, el promovente o cualquiera de las personas autorizadas para ello, deberán comparecer ante este órgano jurisdiccional con identificación oficial vigente, en la hora y día que haya generado su cita, bajo el apercibimiento que de no acudir a la cita en el horario y fecha establecidos, no se harán entrega de las copias solicitadas, por lo que deberá agendar nueva cita. Finalmente, hágase del conocimiento del promovente que de conformidad con la circular SECNO/15/2022, emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, el horario presencial de este juzgado durante la contingencia sanitaria es de LUNES A VIERNES de las OCHO HORAS CON TREINTA MINUTOS A LAS DIECISIETE HORAS CON TREINTA MINUTOS. Sin embargo, la atención al público de manera presencial según "Agenda OJ", es hasta las CATORCE HORAS CON TREINTA MINUTOS. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Finalmente, devuélvase a Magistrado de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, el expediente administrativo original 102/2012-S-1 de su índice, la que adjuntó al informe justificado que rindió y que se manejó por cuerda separada constante de UN TOMO. Notifíquese personalmente a los quejosos.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO AL CITATORIO DE TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS QUE A LA LETRA DICE. VILLAHERMOSA, TABASCO. VILLAHERMOSA, TABASCO, ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el veintidós de septiembre de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio y en el segundo se le NEGÓ el amparo y protección de la justicia federal a 1) Manuel Ángel Pérez de la Cruz, 2) Irma Contreras Sánchez, 3) Ernesto Pérez Sánchez, 4) María Reyes Trinidad Sánchez, 5) Carmen Guarda Ramos, 6) Teresa López Chable, 7) Carlos Mario Domínguez Domínguez, 8) Silverio Martínez Torres, 9) Arnulfo León Ramos, 10) Azucena Bautista Vázquez, y 11) Álvaro Arellano Ramírez; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran TRES AÑOS a partir de la presente fecha, se proceda a su DEPURACIÓN, por actualizarse la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente de su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de NOVENTA DÍAS a recibir los documentos originales que exhibo, consistentes en las Constancias de radicación; Constancia de Posesión; Recibos de pagos emitidos por el departamento de catastro municipal del Ayuntamiento Constitucional de Huimanguillo, Tabasco, todo a nombre de los promoventes de amparo, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. En la inteligencia que previo a ello, deberá agendar su cita mediante la modalidad del programa "Agenda OJ", de conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; por lo que, el promovente o cualquiera de las personas autorizadas para ello, deberán comparecer ante este órgano jurisdiccional con identificación oficial vigente, en la hora y día que haya generado su cita, bajo el apercibimiento que de no acudir a la cita en el horario y fecha establecidos, no se harán entrega de las copias solicitadas, por lo que deberá agendar nueva cita. Finalmente, hágase del conocimiento del promovente que de conformidad con la circular SECNO/15/2022, emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, el horario presencial de este juzgado durante la contingencia sanitaria es de LUNES A VIERNES de las OCHO HORAS CON TREINTA MINUTOS A LAS DIECISIETE HORAS CON TREINTA MINUTOS. Sin embargo, la atención al público de manera presencial según "Agenda OJ", es hasta las CATORCE HORAS CON TREINTA MINUTOS. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Finalmente, devuélvase a Magistrado de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, el expediente administrativo original 102/2012-S-1 de su índice, la que adjuntó al informe justificado que rindió y que se manejó por cuerda separada constante de UN TOMO. Notifíquese personalmente a los quejosos.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 1605/2021-8, promovido por *********, contra los actos que reclama del Magistrado de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa de esta ciudad, Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Huimanguillo, Tabasco, Director de Finanzas del Ayuntamiento Constitucional de Huimanguillo, Tabasco y Encargado del Departamento de Catastro del Ayuntamiento Constitucional de Huimanguillo, Tabasco, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 5, y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. AVOCAMIENTO Y ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por acuerdo de siete de diciembre de dos mil veintiuno, el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Tabasco, determinó que le correspondía a este órgano jurisdiccional conocer de la demanda de amparo pues se daban los supuestos establecidos en los artículos 45, fracción II y 46, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma y adiciona el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, los criterios generales de relación, que hacen procedente la vinculación de juicios de amparo indirecto. En atención a lo anterior, este juzgado mediante acuerdo de trece de diciembre de dos mil veintiuno, se avocó al conocimiento de la demanda de que se trata, radicándolo como 1605/2021,y tuvo a los quejosos 1Manuel Ángel Pérez de la Cruz, 2Irma Contreras Sánchez, 3Ernesto Pérez Sánchez, 4María Reyes Trinidad Sánchez, 5Carmen Guarda Ramos, 6Teresa López Chablé, 7Carlos Mario Domínguez Domínguez, 8Silverio Martínez Torres, 9Arnulfo León Ramos, 10Azucena Bautista Vázquez y 11Álvaro Arellano Ramírez, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO "A).- El ilegal procedimiento por la falta y/o ausencia de Emplazamiento del cual fuimos objeto dentro del expediente número 102/2012-S-1, promovido en contra de los hoy peticionarios de garantías, tramitado precisamente ante la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa de esta ciudad Capital, y como consecuencia, el no haber sido oídos ni vencidos dentro del citado juicio; el cual viola nuestras garantías individuales. B).- La ilegal sentencia definitiva y/o resolución condenatoria dictada en el juicio de referencia; sentencia y/o resolución que impugnamos por violación directa a la constitución como lo es la garantía de audiencia, ya que la responsable ordenadora antes de emitir su resolución no nos otorgó la oportunidad de ser oídos y vencidos dentro del procedimiento seguido y por lo mismo no comparecimos a defender nuestros derechos. C).- El ilegal procedimiento de ejecución de sentencia y/o resolución, decretado en el citado juicio, es decir la orden o mandato respecto a la cancelación de nuestras cuentas catastrales, que aparecen o aparecían a nombre de los hoy promoventes, relativo a los predios que tenemos en posesión precisamente en la Colonia Agrícola Manuel Sánchez Mármol, Código Postal 86410, del municipio de Huimanguillo, Tabasco. 2).- DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO EJECUTORAS: le reclamamos en forma esencial: 2.1.- DEL C. ACTUARIO ADSCRITO A LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE ESTA CIUDAD CAPITAL, la falta de emplazamiento legal, del cual fuimos objeto dentro del citado expediente. 2.2.- DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO, todo acto de ordenar la cancelación de las cuentas catastrales números. 2.3.- DEL DIRECTOR DE FINANZAS DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO; toda orden emitida de omitir cobrarnos el impuesto predial de las cuentas catastrales. 2.4.- DEL SUBDIRECTOR Y/O ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO, Toda orden emitida para la cancelación de las cuentas catastrales.". AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa de esta ciudad (ordenadora). 2 Actuario adscrito al Tribunal de Justicia Administrativa de esta ciudad (ejecutora). 3 Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Huimanguillo, Tabasco. 4 Director de Finanzas Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Huimanguillo, Tabasco (ejecutora). 5 Subdirector del Departamento de Catastro del Ayuntamiento Constitucional de Huimanguillo, Tabasco (ejecutora). SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El trece de diciembre de dos mil veintiuno, este órgano se avocó al conocimiento del asunto, por lo que, se radicó y admitió a trámite la demanda de que se trata, la cual fue registrada con el expediente 1605/2021-8; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Fiscal de la Federación adscrito; se reconoció carácter de tercero interesado a José Antonio Félix López, por lo que se instruyó su emplazamiento; no se ordenó el trámite del incidente de suspensión, por no así haberlo solicitado la parte quejosa, en términos del artículo 125 de la Ley de Amparo; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. AUDIENCIA. La audiencia constitucional, previo diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: La falta de emplazamiento y todo lo actuado en el expediente 102/2012-S-1, del índice de la Primara sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, hasta la resolución dictada en el mismo, de la cual emana la cancelación de diversos registros catastrales a nombre de los quejosos, el cual dicen es de su propiedad. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El Presidente Municipal, Director de Finanzas, Encargado del Departamento de Catastro, todos del Ayuntamiento Constitucional de Huimanguillo, Tabasco, al rendir informe justificado, admitieron parcialmente el acto reclamado, argumentando la cancelación fue por un mandato judicial realizado por el Magistrado del entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Tabasco, en cumplimiento a la sentencia de doce de mayo de dos mil catorce, emitida dentro del expediente número 102/2012-S-1; lo anterior quedó corroborado con las constancias que anexaron a su informe justificado; lo que evidencia la existencia de los actos reclamados. Por su parte la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa de esta ciudad, negó los actos reclamados, no obstante, enseguida realizó manifestaciones que evidencian su existencia; en consecuencia, de conformidad con lo establecido en el párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de Amparo, debe presumirse cierta la omisión que se le atribuye. Aplica al caso, el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, página 391, Octava Época, materia común, con registro digital 211004, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". En ese orden de ideas, se tienen como ciertos los actos que se les reclaman a las referidas autoridades responsables, pues así se advierte de su respectivo informe justificado; y al constituir éste en documentales públicas, se les otorga valor probatorio, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, tal como lo establece el artículo 2 de la Ley de Amparo, porque se trata de actuación emitida por autoridad en el ejercicio de su encargo, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en principio es menester analizar si en el caso se actualiza alguna de las causas de improcedencia que invoque la autoridad responsable en su informe justificado, que manifiesten las demás partes u otra que se advierta de oficio, la aleguen o no las partes, en términos de lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Esta juzgadora advierte de oficio que respecto del quejoso Manuel Ángel Pérez de la Cruz, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; [.]". Por su parte el artículo 63, fracción V, refiere: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Del contenido del precepto legal primeramente citado, se deduce, que para la actualización de la causal de improcedencia antes trascrita, se requiere que se hayan consentidos expresamente el acto que se reclame, lo cual encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un juicio biinstancial cuando el justiciable consintió expresamente el acto que tilda de inconstitucional. Ahora, para dar claridad al presente asunto es necesario citar algunos antecedentes del acto reclamado que se desprenden de las constancias del expediente administrativo 102/2012-S-1, que obran por separado en un tomo de pruebas, y son los siguientes: 1. Por auto de dieciséis de febrero de dos mil doce, se admitió la demanda relativa al juicio contencioso administrativo en contra de la Subdirección de Catastro de la Dirección de Finanzas del Ayuntamiento de Huimanguillo, Tabasco, promovido José Antonio Félix López, hoy tercero interesado en el presente asunto; juicio de origen en el que el actor reclamó el registro en el padrón catastral de diversas cuentas prediales, entre otros, a favor de 1Manuel Ángel Pérez de la Cruz, 5Carmen Guarda Ramos, 8Silverio Martínez Torres, 11Álvaro Arellano Ramírez, 9Arnulfo León Ramos, 2Irma Contreras Sánchez, 10Azucena Bautista Vázquez, 4María Reyes Trinidad Sánchez, , 6Teresa López Chablé, 3Ernesto Pérez Sánchez y 7Carlos Mario Domínguez Domínguez, hoy quejosos, y se registró el aludido juicio con el número 102/2012-S-1 (fojas 19-20 del tomo de pruebas). 2. En consecuencia, en dicho auto de inicio, la Sala responsable, entre otras cuestiones, ordenó emplazar a los hoy quejosos, y otra persona, con el carácter de terceros perjudicados en el juicio contencioso administrativo de origen, en el domicilio indicado por la parte actora, ubicado en Huimanguillo, Tabasco; lo que se intentó por correo certificado con acuse de recibo, a través del Servicio Postal Mexicano. 3. Sin embargo, las piezas postales relativas a la notificación y emplazamiento a los citados terceros perjudicados, fueron devueltas por no localizarse el domicilio indicado para tal efecto, entre éstas, las dirigidas a 1Manuel Ángel Pérez de la Cruz, 5Carmen Guarda Ramos, 8Silverio Martínez Torres, 11Álvaro Arellano Ramírez, 9Arnulfo León Ramos, 2Irma Contreras Sánchez, 10Azucena Bautista Vázquez, 4María Reyes Trinidad Sánchez, , 6Teresa López Chablé, 3Ernesto Pérez Sánchez y 7Carlos Mario Domínguez Domínguez, hoy quejosos (foja 60 del tomo de pruebas). 4. Así, la Sala de referencia, por auto de doce de abril de dos mil doce, dictado en el referido juicio natural, instruyó a la actuaría de su adscripción notificar y emplazar de manera personal, a los referidos terceros perjudicados, entre éstos, a los quejosos (fojas 72-73 del tomo de pruebas). 5. En cumplimiento a lo anterior, la actuaría adscrita a dicha sala, intentó realizar dicho emplazamiento; sin embargo, ello resultó infructuoso, por lo cual, asentó razón de imposibilidad de fecha dieciocho de abril de dos mil doce, en la cual hizo constar que habiéndose constituido en el domicilio indicado por la parte actora, fue informado por una persona de la que describió y asentó sus datos -de nombre Fernando Pérez López, quien dijo tener más de cuarenta años de vivir como vecino del lugar en que se intentó practicar el emplazamiento-, que las personas buscadas no vivían en ese domicilio, por lo cual, la aludida funcionaria se vio imposibilitada materialmente para realizar el emplazamiento a la parte tercero perjudicado en el procedimiento administrativo de origen (foja 77 del tomo de pruebas). 6. En consecuencia, la responsable, mediante proveído de veintitrés de abril de dos mil doce, requirió a la parte actora, a efecto de que en el plazo de tres días, proporcionara algún domicilio en el que pudiera emplazarse a los referidos terceros perjudicados (foja78 del tomo de pruebas). 7. Después, en auto de dieciséis de mayo de dos mil doce, se hizo constar que la parte actora no había proporcionado algún domicilio para emplazar a dicha parte del juicio de origen (foja 97 del tomo de pruebas); por lo cual, a petición de la parte actora, en auto de dieciséis de abril de dos mil trece, se ordenó el emplazamiento por edictos y, una vez hecho lo anterior, se siguió el juicio que culminó con la resolución de doce de mayo de dos mil catorce, que entre otras cuestiones, determinó la cancelación del registro de padrón catastral de un inmueble a nombre del hoy quejoso, y otras personas (fojas 130-131, 136-184, 210-214 y 223-224 del tomo de pruebas). 8. Inconforme con lo anterior, 1Manuel Ángel Pérez de la Cruz, promovió juicio de amparo indirecto del correspondió conocer al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, en el cual, señaló como acto reclamado: "El emplazamiento y todo lo actuado en el expediente 102/2012-S-1, del índice de la Primara Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, hasta la resolución dictada en el mismo, de la cual emana la cancelación de diversos registros catastrales, entre éstos, el correspondiente a un inmueble que el quejoso dice es de su propiedad"; mismo que fue radicado como 496/2018-I, de su índice. Mediante sentencia de diez de octubre de dos mil dieciocho, ese órgano jurisdiccional resolvió sobreseer en parte en el juicio de amparo y negar la protección constitucional solicitada por Manuel Ángel Pérez de la Cruz, pues estimó que emplazamiento realizado mediante edictos en el expediente 102/2012-S-I, era legal. En esas condiciones, es evidente que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, al existir cosa juzgada, pues en el diverso juicio de amparo 496/2018, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Tabasco, promovido por Manuel Ángel Pérez de la Cruz, en el que señaló como acto reclamado "El emplazamiento y todo lo actuado en el expediente 102/2012-S-1, del índice de la Primara sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, hasta la resolución dictada en el mismo, de la cual emana la cancelación de diversos registros catastrales, entre éstos, el correspondiente a un inmueble que el quejoso dice es de su propiedad", es el mismo acto que reclama en el presente juicio de garantías, y que en su momento ya fue analizado por el mencionado órgano jurisdiccional. Respecto de la diversa causal de improcedencia que hace valer el tercero interesado José Antonio Félix López, en el sentido de que el acto reclamado es consumado, y por tanto se actualiza la fracción XVI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, se estima que ésta es infundada. Lo anterior se estima así, pues como se analizó en párrafos precedentes respecto del quejoso Manuel Ángel Pérez de la Cruz, se actualizó una diversa causal que señala que contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas, es improcedente el juicio. Y respecto de los demás quejosos, no procede la causa de improcedencia que hace valer el tercero interesado pues como se analizó el único que acudió al juicio de amparo previamente fue el citado Manuel Ángel Pérez de la Cruz, de ahí que este órgano esté constreñido a pronunciarse respecto de los actos reclamados por los restantes impetrantes en atención a que el principio de cosa juzgada no se actualiza respecto de todos los sujetos parte de una relación procesal, pues en armonía con lo que el concepto de relatividad de las sentencias de amparo implica, es factible sostener que la sentencia dictada en un juicio de amparo sólo es eficaz frente a quienes litigaron la controversia en que se emitió. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.1o.P.21 K (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo IV, Décima Época, materia común, página 2144, con registro digital: 2015795, que dice: "COSA JUZGADA EN EL AMPARO DIRECTO. NO SE ACTUALIZA RESPECTO DEL QUEJOSO QUE PROMOVIÓ EL JUICIO QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE RESOLVER, POR EL HECHO DE QUE EXISTA SENTENCIA EJECUTORIADA PREVIA -PRONUNCIADA POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL- EN RELACIÓN CON DIVERSO QUEJOSO (COSENTENCIADO), AUN CUANDO HAYA ESTADO INMERSO EN LA MISMA LITIS. La figura de la cosa juzgada implica el respeto y la subordinación de lo decidido en un juicio, por eso es definida como la fuerza que atribuye el derecho a los resultados de un proceso. Sin embargo, no se actualiza respecto de todos los sujetos parte de una relación procesal, pues en armonía con lo que el concepto de relatividad de las sentencias de amparo implica, es factible sostener que la sentencia dictada en un juicio de amparo sólo es eficaz frente a quienes litigaron la controversia en que se emitió. Lo anterior significa que lo decidido por el Tribunal Colegiado de Circuito, al conocer de forma independiente de los juicios de amparo directo promovidos por distintos quejosos, sentenciados en el mismo acto, no constriñe el criterio que el órgano de control constitucional deba adoptar al resolver un amparo posterior, porque lo que es inmutable es lo decidido en cuanto a la condición jurídica de quien ya antes acudió al amparo; no así respecto de diverso quejoso, aun cuando haya estado inmerso en la misma litis". En las relatadas circunstancias, se decreta el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio en términos de la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo. QUINTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN DE ESTA JUZGADORA FEDERAL. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 74, fracción II, y 76 de la Ley de Amparo, el análisis sistemático y conjunto de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa permiten arribar a la conclusión de que éstos son infundados, sin que se desatienda el criterio P./J. 149/2000, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XII, materia común, Diciembre de 2000, página 22, con registro digital 190656, que dice: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE RESPECTO DE LA FALTA O DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO AL JUICIO NATURAL. Conforme a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en materias distintas a la penal, agraria y laboral, opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación y de los agravios cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Ahora bien, si el emplazamiento del demandado al juicio natural constituye una formalidad esencial del procedimiento por ser necesario para una adecuada defensa, se sigue que la falta de verificación de tal emplazamiento o su práctica defectuosa se traduce en una violación manifiesta a la ley que produce indefensión, pues se estaría ante la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento al afectar la oportunidad de alegar y de ofrecer y desahogar pruebas, lo que obliga a los juzgadores de amparo a suplir la queja deficiente al respecto y, por tanto, a no dejar de examinar esa cuestión sólo porque el planteamiento específico no se haya hecho valer en la demanda de garantías, no pudiendo estimarse inoperantes los agravios relativos por esa razón". Analizado lo anterior, se impone entrar al estudio sobre el fondo del asunto, para lo cual se tiene por transcrito en este apartado, los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, sin que sea el caso transcribirlos textualmente pues no existe precepto legal que obligue a la Juzgadora a ello. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, Novena Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Precisado lo anterior, del escrito de demanda, se advierte que los quejosos 2Irma Contreras Sánchez, 3Ernesto Pérez Sánchez, 4María Reyes Trinidad Sánchez, 5Carmen Guarda Ramos, 6Teresa López Chablé, 7Carlos Mario Domínguez Domínguez, 8Silverio Martínez Torres, 9Arnulfo León Ramos, 10Azucena Bautista Vázquez y 11Álvaro Arellano Ramírez, señalan como acto reclamado la falta de emplazamiento al procedimiento administrativo de origen, así como como todo lo actuado con posterioridad incluyendo la resolución que lo concluyó, misma que entre otras cuestiones, contiene la cancelación de los registros catastrales respecto de los inmuebles que los impetrantes de amparo dicen es de su propiedad. Así, procede, en primer término analizar la constitucionalidad del emplazamiento al juicio de origen; y si bien es cierto, los quejosos no aducen conceptos de violación, sin embargo, como se anticipó, en términos del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia antes citada del Pleno del Más Alto Tribunal del País, procede realizar un análisis oficioso de ese aspecto procesal. El acto reclamado en la presente instancia constitucional, será analizado a la luz del artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se establece el derecho fundamental de audiencia, que consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio o procedimiento que se siga, se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, para la adecuada defensa de los derechos del particular. La norma constitucional en comento, ha sido interpretada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que dicho dispositivo consagra las formalidades esenciales del procedimiento, que tienen por objeto, garantizar la defensa adecuada de los intereses de las partes contendientes. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 47/95, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable a página 133, Tomo II, Diciembre de 1995, Materia Constitucional, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 200234, del rubro y texto siguientes: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado". En ese orden de ideas, se tiene que para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación resulta indispensable respetar los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y, 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Así, de no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con la finalidad del derecho fundamental de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado, por tanto, se puede concluir que las formalidades antes precisadas son las que deben seguirse previamente a la emisión de actos privativos, pues sólo de esta manera se respeta la garantía de audiencia. Es aplicable el criterio I.8o.C.13 K, emitido por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Junio de 1996, Materia: Común, novena época, página 845, con registro digital: 202098, que dice: "GARANTIA DE DEBIDO PROCESO LEGAL CONTENIDA EN EL ARTICULO 14 CONSTITUCIONAL. DEFINICION. La garantía de debido proceso legal consagrada en el artículo 14 constitucional, en la parte relativa a que los juicios deben llevarse a cabo ante autoridad competente, cumpliendo con "... las formalidades esenciales del procedimiento..." implica necesariamente que los procedimientos jurisdiccionales seguidos ante las autoridades respectivas, se tramiten conforme a las disposiciones procesales exactamente aplicables al caso concreto, pues de lo contrario se transgrede el derecho positivo y, por ende, se actualiza la infracción a la garantía de que se trata". Es oportuno transcribir el artículo 1, párrafos primero y tercero, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, que dispone: "Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés general. Tiene por objeto regular la integración, organización, atribuciones y funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, así como los procedimientos para la solución de los asuntos sometidos a su conocimiento y los medios de impugnación en contra de sus resoluciones. [.] A falta de disposición expresa en la Ley General de Responsabilidades Administrativas o en esta Ley y en cuanto no se oponga a lo que prescriben dichos ordenamientos, se aplicará supletoriamente lo dispuesto por el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco; el Código Fiscal del Estado de Tabasco; la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; y demás ordenamientos legales, en lo que resulten aplicables, según la naturaleza del juicio o procedimiento de que se trate.[.]" Aunado a ello, conviene traer a colación los numerales 131, 132, 136 y 139 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, de aplicación supletoria a la referida Ley de Justicia Administrativa, en términos del artículo 1, párrafo tercero, de esta última. "ARTICULO 131.- Forma de las notificaciones Las notificaciones se deberán hacer: I.- Personalmente por cédula; II.- Por lista; III.- Por edictos; IV.- Por correo; V.- Por telégrafo; VI.- Por medio electrónico; y, VII.- Por cualquier otro medio idóneo diverso a los anteriores, que estime pertinente el juzgador. La forma como se deben llevar a cabo las notificaciones, se determinará con base en lo que disponen los artículos siguientes". "ARTICULO 132.- Notificaciones personales Además del emplazamiento del demandado, deberán hacerse personalmente las siguientes notificaciones: I.- La primera resolución que se dicte en el procedimiento; II.- El auto que ordena la absolución de posiciones o el reconocimiento de documentos; III.- El requerimiento a la parte que deba cumplirlo; IV.- Las sentencias definitivas; V.- En casos urgentes o cuando concurran circunstancias especiales, a juicio del juzgador; y VI.- Los demás casos en que la ley expresamente lo disponga. La notificación surtirá sus efectos al día hábil siguiente a aquél en que se practique. "ARTICULO 136.- Señalamiento del domicilio Las partes, en el primer escrito o en la primera diligencia judicial, deberán designar domicilio ubicado en el lugar del juicio para que se les hagan las notificaciones y se practiquen las diligencias que sean necesarias. Igualmente deberán designar el domicilio en el que ha de hacerse la primera notificación a la persona o personas contra quienes promuevan. Asimismo, en el escrito en el que cualquiera de las partes interponga recurso de apelación o en el que por primera vez comparezca ante la sala, deberá señalar domicilio en el lugar de ubicación de éste, para que se le hagan las notificaciones y se practiquen las diligencias que sean necesarias en la segunda instancia. Cuando la parte no cumpla con lo prevenido en la primera parte de este artículo, las notificaciones, aún las que, conforme a las reglas generales deban hacerse personalmente, se le harán por lista fijada en los tableros de avisos del juzgado; si faltare a la segunda parte, no se hará notificación alguna a la persona contra quien promueva hasta que se subsane la omisión. Si la parte no cumple con lo prevenido en la tercera parte de ese artículo, las notificaciones, aún las que conforme a las reglas generales deban hacerse personalmente, se le harán por lista fijada en los tableros de avisos de la sala. "ARTICULO 139.- Notificaciones por edictos Procederá la notificación por edictos: I.- Cuando se trate de personas inciertas; II.- Cuando se trate de personas cuyo domicilio se ignore; y III.- En todos los demás casos previstos por la ley. En los casos de las fracciones I y II, los edictos se publicarán por tres veces, de tres en tres días, en el Periódico Oficial y otro periódico de los de mayor circulación, haciéndose saber al interesado que deberá presentarse dentro de un plazo que no será inferior de quince días ni excederá de sesenta días". Así, de los preceptos legales antes citados, se advierte, que el Código de Procedimientos Civiles del Estado, resulta de aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del Estado; asimismo, conforme a la citada legislación procesal supletoria, resulta procedente realizar el emplazamiento, mediante edictos, entre otros supuestos, cuando se trate de personas cuyo domicilio se ignore, sin que el referido código prevea mayor exigencia procesal, como sería realizar una búsqueda oficiosa del domicilio de la persona buscada, a través de informes requeridos a instituciones o dependencias oficiales. De igual modo, se establece la manera en que deben realizarse las notificaciones por edictos, a saber, a través de publicaciones que se realicen por tres veces, de tres en tres días, en el Periódico Oficial del Estado y otro periódico de los de mayor circulación, haciéndose saber al interesado que deberá presentarse dentro de un plazo que no será inferior de quince días ni excederá de sesenta días. En el caso, de las constancias del juicio administrativo 102/2012-S-1, que obran por separado en un tomo de pruebas, las cuales ya han sido valoradas, se advierte que la responsable cumplió con las referidas exigencias procesales para tener por emplazado, por edictos, entre otro, a los quejosos 2Irma Contreras Sánchez, 3Ernesto Pérez Sánchez, 4María Reyes Trinidad Sánchez, 5Carmen Guarda Ramos, 6Teresa López Chablé, 7Carlos Mario Domínguez Domínguez, 8Silverio Martínez Torres, 9Arnulfo León Ramos, 10Azucena Bautista Vázquez y 11Álvaro Arellano Ramírez. Se sostiene lo anterior, toda vez que previamente a dicho emplazamiento, el actor del juicio natural José Antonio Félix López, hoy tercero interesado en el presente asunto, inicialmente cumplió con el requisitos procesales para la presentación de su demanda, que consistió en señalar un domicilio en el que pudiera notificarse a los hoy quejosos y otras personas, de conformidad con lo establecido en el artículo 136, primer párrafo, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, de aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del Estado. Asimismo, se considera que la autoridad responsable actuó de manera legal al haber ordenado inicialmente que el emplazamiento se realizara de manera personal, a través de la actuaria de su adscripción, después de haber resultado infructuosa la notificación correspondiente, que se intentó hacer por correo certificado con acuse de recibo, cuyas piezas postales fueron devueltas por la no localización del domicilio del hoy quejoso, y otras personas -como se precisó en el considerando que antecede-. Bajo esas circunstancias, la actuaría adscrita a dicho tribunal intentó realizar dicho emplazamiento; sin embargo, ello resultó infructuoso en términos de la razón de imposibilidad de fecha dieciocho de abril de dos mil doce, en la cual hizo constar que habiéndose constituido en el domicilio indicado por la parte actora, fue informado por una persona que dijo responder al nombre de Fernando Pérez López, quien le dijo tener más de cuarenta años de vivir como vecino del lugar en que se intentó practicar el emplazamiento, y que las personas buscadas no vivían en ese domicilio, por lo cual, la aludida funcionaria se vio imposibilitada materialmente para realizar el emplazamiento a la referida parte del juicio natural (foja 77 del tomo de pruebas). Motivos por los cuales la autoridad responsable mediante proveído de veintitrés de abril de dos mil doce, requirió a la parte actora, a efecto de que en el plazo de tres días, proporcionara algún domicilio en el que pudiera emplazarse a los referidos terceros perjudicados (foja78 del tomo de pruebas); sin embargo, en auto de dieciséis de mayo de dos mil doce, se hizo constar que la parte actora no había proporcionado algún domicilio para emplazar a dicha parte del juicio de origen (foja 97 del tomo de pruebas); por lo cual, a petición de la parte actora, en auto de dieciséis de abril de dos mil trece, se ordenó el emplazamiento por edictos; aspecto que cumple con la exigencia procesal prevista en el artículo 139, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, toda vez que conforme a las constancias del sumario de origen, y por lo antes reseñado, se ignoraba el domicilio de los hoy quejosos 2Irma Contreras Sánchez, 3Ernesto Pérez Sánchez, 4María Reyes Trinidad Sánchez, 5Carmen Guarda Ramos, 6Teresa López Chablé, 7Carlos Mario Domínguez Domínguez, 8Silverio Martínez Torres, 9Arnulfo León Ramos, 10Azucena Bautista Vázquez y 11Álvaro Arellano Ramírez, y otras personas, a efecto de que pudieran ser emplazadas al juicio contencioso administrativo de origen. Ahora, de las constancias del sumario de origen que obran por separado en el tomo de pruebas, se acredita que las publicaciones de edictos se hicieron correctamente, por tres veces de tres en tres días, en el Periódico Oficial del Estado, los días cuatro, ocho y once de mayo de dos mil trece (fojas 140 reverso, 154 reverso, y 175 del tomo de pruebas); asimismo, con la misma periodicidad, se publicaron en un periódico de mayor circulación, a saber, Novedades de Tabasco, los días veinticinco y veintinueve de abril, y tres de mayo, todos de dos mil trece (folios 182,183 y 184 del tomo de pruebas). En dichos edictos se hizo del conocimiento de los hoy quejosos, que contaban con un término de treinta días, contados a partir de la última publicación, en el caso, después del once de mayo de dos mil trece, data en que se hizo la última publicación en el Periódico Oficial del Estado, a efecto de que acudiera a la Primera Sala Unitaria del entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en los autos del juicio 102/2012-S1, a recoger las copias del traslado de la demanda, y para que una vez que existiera constancia en autos de habérsele entregado dichas copias de la demanda, contaban con un plazo de quince días para apersonarse al juicio natural, de conformidad con el artículo 50 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado. Así, en criterio de quien resuelve, resulta dable concluir que el emplazamiento reclamado, se ajustó a las disposiciones legales establecidas en la Ley de Justicia Administrativa y del Código de Procedimientos Civiles del Estado, conforme a lo antes expuesto y, por ende, que dicho acto no resulte violario de los derechos fundamentales tutelados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política Federal, de los aquí quejosos 2Irma Contreras Sánchez, 3Ernesto Pérez Sánchez, 4María Reyes Trinidad Sánchez, 5Carmen Guarda Ramos, 6Teresa López Chablé, 7Carlos Mario Domínguez Domínguez, 8Silverio Martínez Torres, 9Arnulfo León Ramos, 10Azucena Bautista Vázquez y 11Álvaro Arellano Ramírez. En otro orden de ideas, se tiene que en relación con los diversos actos reclamados, consistentes en todo lo actuado con posterioridad al emplazamiento, entre éstos la cancelación de los registros de las cuentas catastrales números y cuentas cronológicas 023394, R047-0000-023406, R047-0000-023395, R047-0000-023404, 23405, 23398, R047-0000-023399, 08-R-023401, 047-0000-023400, 23403 Y 23402, nombre de los quejosos, que emanan de la resolución dictada en el juicio contencioso administrativo 102/2012-S-1, los impetrantes aducen, en esencia, que dicho acto carece de fundamentación y motivación, además de vulnerarse sus garantías de audiencia, porque que no existe mandamiento judicial que lo autorice, y sin que hayan sido vencidos en juicio; por consiguiente, estima que dicho acto es violatorio de los derechos fundamentales tutelados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los anteriores motivos de disenso se estiman inoperantes. Ello es así, pues la determinación de legalidad y constitucionalidad del emplazamiento antes analizado, por lo que aún subsiste la presunción de legalidad del emplazamiento por edictos realizado a los hoy quejosos, al expediente administrativo 102/2012-S-I, en tanto que se itera, como se determinó anteriormente, dicho emplazamiento fue materia de análisis y se concluyó su legalidad y, por ende, que no es violatorio de garantías constitucionales. Por tanto, las posteriores actuaciones a dicho emplazamiento, incluida la emisión de la resolución dictada en dicho expediente administrativo, pudieron combatirse en su momento procesal oportuno, es decir, dado que la parte solicitante del amparo estuvo en aptitud de comparecer al procedimiento administrativo de origen y hacer valer sus derechos, contó con la oportunidad para controvertir las actuaciones que afirma haber desconocido, por lo que el reclamo que ahora formula es inoperante. Sirve de sustento a lo anterior, análogamente en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 70/2010, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, materia laboral, Agosto de 2010, página 9, con registro digital 164073, que dice: "EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA EN UN JUICIO LABORAL, ASÍ COMO EL LAUDO RESPECTIVO, OSTENTÁNDOSE EL QUEJOSO COMO PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN, Y EL JUEZ DE DISTRITO RESUELVE QUE AQUÉL FUE LEGAL, SE DEBE ATENDER A LA DEFINITIVIDAD DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA PARA DECIDIR LO CONDUCENTE (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 121/2005). Cuando el quejoso no fue emplazado al juicio laboral o fue citado en forma distinta de la prevenida por la ley, se le equipara a una persona extraña a juicio, por lo que podrá impugnar su ilegalidad o ausencia a través del amparo, el cual compete conocer a un Juez de Distrito, conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, y podrá reclamar simultáneamente el laudo como acto destacado. Así, una vez que se ha decidido la legalidad del emplazamiento reclamado, para determinar la consecuencia legal correspondiente en relación con los conceptos de violación en contra de las sentencias, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, se deben diferenciar dos supuestos: a) que carezcan de definitividad; o b) que se trate de resoluciones definitivas, respecto de las cuales no proceda recurso ordinario. En el primer supuesto, el Juez de Distrito deberá declarar inoperantes los conceptos de violación aducidos en contra de dicho acto, dado el impedimento técnico para su análisis al no haberse agotado el principio de definitividad, pues, al advertir que el quejoso no es extraño al procedimiento, la falta o indebida defensa que tuvo durante éste sólo le es imputable a él; de ahí que al determinarse la legalidad del emplazamiento, debe considerarse que el peticionario de garantías estuvo en posibilidad legal de hacer valer los medios de defensa procedentes en contra de las resoluciones que le causaron algún perjuicio. En el segundo supuesto, al tratarse de una resolución definitiva que pone fin a un juicio tramitado por un tribunal del trabajo, conforme al artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley Suprema, sí pueden ser susceptibles de análisis los conceptos relativos al laudo, bien sea por vicios propios o por violaciones procesales, supuesto en el cual el Juez de Distrito deberá negar el amparo por cuanto hace al emplazamiento y, al resultar incompetente para resolver sobre el laudo, deberá escindir la demanda y remitir el asunto al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, para que asuma su competencia y resuelva lo pertinente. Lo anterior, en el entendido de que al estar en presencia de una "jurisdicción escalonada", el trámite de la competencia está supeditado a la firmeza de la determinación tocante al emplazamiento y que el trámite inicial de la demanda como amparo indirecto, no implica la posibilidad de ofrecer nuevos medios de prueba en relación con el laudo, ya que la materia se circunscribe a los actos competencia del Juez de Distrito, de manera que, en todo caso, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá ceñirse a lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley de Amparo, apreciando el laudo tal como aparezca probado ante la responsable. Finalmente, es importante precisar que la declaratoria de incompetencia del Juez de Distrito y su remisión al Tribunal Colegiado de Circuito no prejuzga sobre la procedencia del amparo respecto del laudo, incluyendo el cómputo para la oportunidad de la demanda; pues, al ser la competencia de análisis previo y preferente, corresponderá al Tribunal Colegiado su estudio por ser competente para pronunciarse sobre este aspecto". En tales condiciones, ante lo inoperante de los conceptos de violación planteados, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Sin que pasen inadvertidos los alegatos formulados por la parte tercera interesada los cuales al constituir en simples opiniones o conclusiones lógicas sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, de ahí que no resulte obligatorio para la suscrita juzgadora entrar a su estudio. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia P./J. 27/94, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Núm. 80, Agosto de 1994, página 14, materia Común, registro 205449, de rubro y texto: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos". SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de trece de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las parte quejosa que, en término del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, no se hará la publicación de su nombre, ni de sus datos personales, por tanto, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por *********, contra los actos reclamados precisados en el considerando segundo, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a *********, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando quinto de esta sentencia. TERCERO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por José Antonio Félix López, tercero interesado en el presente asunto y atento a su contenido, se acuerda: se tiene al ocursante de mérito apersonándose al juicio en que se actúa. Con apoyo en el artículo 108, fracción II, en relación con la fracción I, del diverso 27 de la Ley de Amparo, téngasele señalando como domicilio para citas y notificaciones el ubicado en Calle José Moreno Irabién 417-Altos, Colonia Primero de Mayo de esta ciudad. Y como autorizados a José Hernández de la Cruz, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia y conforme al segundo párrafo del citado numeral a Jorge Luis Hernández de la Cruz y José Eduardo Rodríguez Rivera, por no contar con sus cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado del Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por otra parte, la promovente solicita se le autorice la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo, mediante el portal en línea con el nombre de usuario: "JOSEDLC". Por lo anterior, se autoriza la consulta electrónica de este expediente a la cuenta mencionada ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, esto, de conformidad con lo establecido en el ordinal 36 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del Propio Consejo. Por otro lado, instrúyase al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), adscrito a este Juzgado para que proceda a realizar los trámites necesarios a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado en el presente proveído. En relación al número telefónico y correo electrónico que proporciona, este juzgado toma conocimiento de los mismos, únicamente como una comunicación no procesal, de conformidad con lo establecido en el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, toda vez que carecen de eficacia jurídica para tales efectos. De igual forma, formula alegatos, los cuales serán tomados en consideración al momento de celebrar la audiencia constitucional relativa, como lo dispone el artículo 124 de la Ley de Amparo. Finalmente, en cuanto a las manifestaciones que realiza el ocursante respecto a darle vista al Fiscal del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, en virtud de que a su parecer se cometieron actos constitutivos de delitos durante la tramitación de este juicio de amparo; dígase que no ha lugar a acordar favorable su solicitud, toda vez que tiene expedita la vía para promover lo que corresponda ante la autoridad competente. Notifíquese.
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