Manuel Ambriz Hernandez
Expediente 1331/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 38 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1331/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 38
- Última actuación
- 03/03/2022
Partes del expediente
- Manuel Ambriz Hernandez
Actuaciones
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- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días hábiles que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia dictada el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, pronunciado dentro de los autos del presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2° de la ley invocada, en relación con los diversos numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia en la se sobreseyó en el asunto en que se actúa, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y, en su oportunidad, archívense los autos como asunto totalmente concluido. Sin que se oponga a la anterior determinación, el que no se encuentren agregados los acuses de recibo de los oficios por los que se ordenó notificar a las autoridades responsables foráneas, la resolución constitucional pronunciada en autos, toda vez que se estima que con ello no se causa ningún agravio a las mismas, entendiendo como tal, todo menoscabo, lesión, ofensa o perjuicio en su esfera jurídica o en su patrimonio, siempre que éste sea material y apreciable objetivamente con motivo de la actividad u omisión del órgano jurisdiccional que esté conociendo del asunto o haya tenido conocimiento de él; ello acontece en el caso, en virtud de que, como se advierte de la certificación secretarial de cuenta, dicha resolución sobreseyó el juicio en que se actúa, es decir sobrevino un obstáculo jurídico que impidió la decisión del fondo de la controversia planteada, tal como lo prevé el artículo 63 de la Ley de Amparo. En este orden de ideas, si establecemos que el recurso de revisión que dispone el artículo 81 de la ley de la materia, es el medio de impugnación para el caso de que el recurrente considere que se le ha causado un agravio, y su objetivo es que un órgano superior, examine la resolución dictada por el inferior para obtener una mejoría jurídica de la resolución impugnada, y que el diverso numeral 87 de la legislación invocada, establece que las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que a cada una de ellas se haya reclamado; en consecuencia, como se apuntó, en este caso en particular, no se estudió el acto reclamado por las razones antes expuestas, por tanto, se llega al convencimiento de que no existe tal afectación; aunado a que, el presente asunto no se encuentra en los supuestos que establece la parte final del primer párrafo del citado numeral. A mayor abundamiento, cabe puntualizar que si conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, constitucional y 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I, del artículo 5, de la invocada legislación, debiendo por ello seguirse por el agraviado, su representante, apoderado o por su defensor, lo que significa que tanto la promoción del amparo como sus recursos e instancias se seguirán siempre por persona interesada, o sea, aquella a quien el acto reclamado o la actuación u omisión impugnados causen un agravio personal y directo; es evidente que siendo esto un principio fundamental del juicio constitucional que legitima al promovente, para accionar, y al haberse decretado el sobreseimiento en el presente juicio, las autoridades responsables carecen de legitimación para interponer el recurso de revisión en cuestión, dado que, con el dictado de esa resolución ha quedado agotada su actuación, de modo que el interés para que en todo caso tal determinación subsista o no, sólo la tiene la parte promovente. Por las razones que la informan, cabe mencionar la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 259, del Tomo II, Diciembre 1995, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, es destruible y carece de relevancia documental por no encuadrar en los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado acuerdo; así entonces, hágase la anotación correspondiente en la carátula respectiva, así como la relativa al archivo del presente expediente. Expediente que de conformidad con lo asentado en la certificación secretarial de cuenta, no encuadra en alguna de las hipótesis que establecen los capítulos quinto, sexto o séptimo del Acuerdo General en cita. Consecuentemente, una vez que transcurra el término de tres años a que se refiere el primer párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, procédase a su destrucción en términos del penúltimo párrafo del dispositivo en cita; lo que se estima acontecerá a partir del cuatro de marzo del año dos mil veinticinco. Una vez que obren en autos la totalidad de las constancias de notificación del presente proveído realizadas a las partes, sin previo acuerdo se ordena remitir el juicio en que se actúa, al archivo definitivo como asunto totalmente concluido, lo anterior, conforme lo dispuesto en el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu.
- Principal
notificación personal -sentencia- n cumplimiento a lo que se ordenó en autos del juicio de amparo mencionado, se notifica personalmente a la parte quejosa la sentencia de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, dictada en autos del juicio de amparo al rubro indicado, por medio de lista; lo anterior, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Amparo - - - se RESUELVE: PRIMERO. se sobreseee. SEGUNDO. publíquese... - - -
- Principal
cúmplase.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y atento al contenido de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en nueve de febrero de dos mil veintiuno, se ordenó notificar a las partes el auto de reanudación del presente juicio, girándose al efecto el oficio 5748, dirigido a la responsable Cámara de Senadores del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México; sin embargo, no obra en autos el acuse respectivo. Lo anterior, no obstante que se le reexpidió el comunicado de referencia el veintiséis de mayo, trece de julio y veintitrés de agosto pasado. Motivo por el cual, en acuerdos de nueve de agosto y veintisiete de septiembre de la anualidad que transcurre, se le requirió para que informara la hora y fecha en que haya recibido el mismo, sin que a la data en que se actúa haya informado lo conducente. Consecuentemente, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional programada para el día de hoy y se fijan en su lugar, las diez horas con un minuto del veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, para su celebración.
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