Manuel Amado del Río Ruiz

Expediente 945/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
945/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
22/11/2019

Partes del expediente

  • Manuel Amado del Río Ruiz

Actuaciones

  1. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, veintidós de noviembre de dos mil diecinueve. Tribunal Colegiado declara fundado el impedimento planteado. Agréguese el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, mediante el cual remite copia certificada de la resolución dictada en el impedimento 5/2019 de su índice, cuyos punto resolutivo señala: "ÚNICO. Es fundado el impedimento planteado por Carlos Alberto Ávila Muñoz. Titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, para conocer del juicio de amparo indirecto 945/2019, promovido por Manuel Amado del Rio Ruiz, por sí y en representación de sus menores hijos." En tal virtud, acúsese el recibo correspondiente y háganse las anotaciones en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); agréguese a estos autos el cuaderno de antecedentes formado con motivo del impedimento planteado y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otro lado, de autos se obtiene que este expediente está concluido y que es de aquellos a los que se refiere el Capítulo Quinto, punto vigesimoprimero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre siguiente, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, pues se trata de un asunto donde se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Por lo tanto, remítase al archivo definitivo en calidad de "archivo reciente", sin que pueda calificarse de relevancia documental, valor jurídico e histórico, inclusive, no contiene información reservada, conforme al punto vigésimo tercero, Capítulo Quinto del acuerdo citado; datos que deberán insertarse en la carátula del expediente en conformidad con el punto décimo primero, segundo párrafo, de la normatividad en consulta, en el entendido de que la destrucción de este expediente procederá transcurridos seis meses posteriores a la notificación del presente proveído. Como lo establece el punto décimo primero del citado acuerdo hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Sin que sea necesario requerir a la parte quejosa para la devolución de documentos originales al no obrar éstos en autos.

  2. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, veintinueve de octubre de dos mil diecinueve. Tribunal Colegiado informa admitió a trámite impedimento. Agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual informa que admitió a trámite el impedimento planteado por este órgano jurisdiccional en el juicio de amparo 945/2019-I, el cual quedó registrado bajo el número 5/2019 de su índice y, que turno los autos a la ponencia respectiva, para que formule el proyecto de resolución correspondiente; de lo que este Juzgado Federal toma conocimiento para los efectos legales que haya lugar.

  3. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, veintiuno de octubre de dos mil diecinueve. Se recibe ejecutoria. Téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual, comunica la ejecutoria de doce de septiembre de dos mil diecinueve, en el que dicho órgano jurisdiccional declaró fundado el impedimento 5/2018, de su índice; planteado por Carlos Alberto González García, Titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, para conocer del juicio de amparo indirecto 1134/2018, promovido por Manuel Amado del Río Ruíz, por sí y en representación de sus menores hijos con las iniciales C. R. Á. y J. M. R. Á., por las razones expuestas. Radicación demanda de amparo. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 945/2019-I. Acúsese el recibo de estilo. Se plantea impedimento. Previo a emitir pronunciamiento alguno respecto a la competencia planteada, se estima necesario enviar el presente asunto al Tribunal Colegiado en turno del Vigesimoctavo Circuito, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, para la calificación del motivo de impedimento que a continuación se manifiesta: La finalidad de la Ley de Amparo, al estatuir en el artículo 51 las causales de impedimento como una circunstancia que concurre en un funcionario judicial y, especialmente, en el juzgador, que lo hacen inhábil para poder impartir una justicia exenta de parcialidad, obedece a la necesidad de garantizar la independencia, neutralidad e imparcialidad de los juzgadores y una sentencia justa. En efecto, el artículo 51 de la Ley de Amparo prevé: "Artículo 51. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento: I. Si son cónyuges o parientes de alguna de las partes, de sus abogados o representantes, en línea recta por consanguinidad o afinidad sin limitación de grado; en la colateral por consanguinidad dentro del cuarto grado, o en la colateral por afinidad dentro del segundo; II. Si tienen interés personal en el asunto que haya motivado el acto reclamado o lo tienen su cónyuge o parientes en los grados expresados en la fracción anterior; III. Si han sido abogados o apoderados de alguna de las partes en el asunto que haya motivado el acto reclamado o en el juicio de amparo; IV. Si hubieren tenido el carácter de autoridades responsables en el juicio de amparo, o hubieren emitido en otra instancia o jurisdicción el acto reclamado o la resolución impugnada, excepto cuando se trate del presidente del órgano jurisdiccional de amparo en las resoluciones materia del recurso de reclamación; V. Si hubieren aconsejado como asesores la resolución reclamada; VI. Si figuran como partes en algún juicio de amparo semejante al de su conocimiento; VII. Si tuvieren amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus abogados o representantes; y VIII. Si se encuentran en una situación diversa a las especificadas que implicaran elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad". Por su parte, los numerales 54 y 55 del mismo ordenamiento, establecen: "Artículo 54. Conocerán de las excusas y recusaciones: I. El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los asuntos de su competencia; II. La sala correspondiente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los asuntos de su competencia, así como en el supuesto del artículo 56 de esta Ley; y III. Los tribunales colegiados de circuito: a) De uno de sus magistrados; b) De dos o más magistrados de otro tribunal colegiado de circuito; c) De los jueces de distrito, los titulares de los tribunales unitarios y demás autoridades que conozcan de los juicios de amparo, que se encuentren en su circuito. Artículo 55. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación manifestarán estar impedidos ante el tribunal pleno o ante la sala que conozca del asunto de que se trate. Los magistrados de circuito y los jueces de distrito manifestarán su impedimento y lo comunicarán al tribunal colegiado de circuito que corresponda. Las excusas se calificarán de plano". Del precepto transcrito en primer término, se advierten los supuestos de impedimento, los cuales pueden clasificarse en función de poder constituir: Razones de parentesco, amistad o enemistad con las partes, sus abogados o representantes, fracciones I y VII. Interés que el juzgador pueda tener en el asunto, fracciones II, III y VI. Responsabilidad que haya tenido o tenga en el asunto o haber manifestado su opinión, fracciones IV y V. Cualquier situación que implique elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad, fracción VIII. De satisfacerse cualquiera de los supuestos legales aludidos, resulta forzosa la excusa del funcionario, pues la ley establece una presunción que no admite prueba en contrario, con el fin de asegurar una garantía de neutralidad en el proceso, y es por ello que el legislador le niega taxativamente idoneidad al juzgador y da por un hecho que no existe independencia para que conozca del negocio en los casos previstos en el artículo 51 de la Ley de Amparo, lo cual implica una declaración formal que deja intocada la respetabilidad personal, probidad, buena opinión y fama del juzgador, evitándose así una estimación subjetiva que pudiera dañar la imagen de la persona. Esto es, a través de la figura del impedimento se prevén situaciones particulares en las que se puede ver afectada la imparcialidad de los juzgadores, dado que, independientemente de la titularidad que se confiere a los órganos jurisdiccionales, también son personas físicas que, como tales, viven dentro de un conglomerado social y son, por consiguiente, sujetos de derecho, de intereses, que al ponerse en conflicto frente con su función jurisdiccional, hace que se vea limitada su imparcialidad. En este contexto, dichas circunstancias particulares dan lugar a un conflicto de intereses, que pugna con el interés público que conlleva el ejercicio de la función jurisdiccional, por lo que en busca de asegurar una recta administración de justicia, la ley prevé la figura jurídica del impedimento, cuyo fundamento está plasmado en el artículo 17 constitucional que establece, entre otras cuestiones, que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia de manera pronta e imparcial. Sustenta a lo anterior la jurisprudencia I.6o.C. J/44, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, Página 1344, del siguiente rubro y texto: "IMPEDIMENTO. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE LIMITA AL JUZGADOR EN SUS FUNCIONES PARA INTERVENIR EN CASOS ESPECÍFICOS, EN QUE PUEDE VERSE AFECTADA SU IMPARCIALIDAD E INDEPENDENCIA EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. De una sana y analítica interpretación de los artículos 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte que el Estado para poder dar cumplimiento a una de sus funciones primordiales, como es la de asegurar una recta administración de justicia procura, para que sean llamadas a esa tarea, sólo a personas que por sus conocimientos que serán evaluados a través de concursos, cultura y capacidad intelectual, así como por sus particulares requisitos de amplia moralidad y agudo escrúpulo en el cumplimiento de sus deberes, para que sean las que aparezcan como las más aptas y apropiadas para el adecuado funcionamiento de las tareas que les encomienda la alta investidura judicial. Sin embargo, en ocasiones las funciones atribuidas a los servidores públicos sufren limitaciones que por razones particulares, no sólo no pueden ejercerlas, sino que se les impone por las normas procesales la obligación precisa de no cumplirlas o de no ejercer las facultades para las que fueron propuestos, dado que, independientemente de la titularidad que se confiere a los órganos jurisdiccionales, también son personas físicas que, como tales, viven dentro de un conglomerado social y son, por consiguiente, sujetos de derecho, de intereses, con relaciones humanas, sociales y familiares, titulares de bienes propios, situaciones de vida personal, etc., abstracción hecha de la calidad que asumen como órganos del Estado, por lo que aun cuando su designación como funcionarios judiciales esté rodeada de una serie de garantías, de modo que asegure su máxima idoneidad para el cumplimiento de sus actividades, puede ocurrir, por circunstancias particulares que revisten situaciones de excepción, que quien desempeña la función de impartir justicia no sea la persona más idónea en relación con una litis determinada, no por incapacidad del órgano o del oficio, sino por una incapacidad propia y personal de los sujetos que asumen la calidad de órgano que desempeña la función judicial. En consecuencia, el ejercicio de dicha función, por lo que a la persona del juzgador se refiere, se ve limitado subjetivamente por todas esas relaciones personales que permiten presumir parcialidad, si tuviera que juzgar a ciertas personas o situaciones con las que le unen vínculos de afecto o relaciones de dependencia o antagonismo, lo que da lugar a un conflicto de intereses, en pugna con el interés público que conlleva el ejercicio de la función jurisdiccional, con el interés personal de quien debe ejercerla en un caso concreto, como esas situaciones dan lugar a una figura jurídica denominada impedimento, cuyo fundamento está plasmado en el artículo 17 constitucional que establece, entre otras cuestiones, que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia de manera pronta e imparcial y el artículo 66 de la Ley de Amparo prevé que quienes estén impedidos para conocer de los juicios en que intervengan deberán manifestarlo, ya sea porque exista amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes o sus abogados o representantes, al darse tales circunstancias, resulta forzosa la excusa del funcionario, ya que la ley establece una función de pleno derecho con el fin de asegurar la garantía de neutralidad en el proceso, por lo que el legislador le niega taxativamente idoneidad al juzgador y da por hecho que no existe independencia para que conozca de determinado negocio en los casos previstos en el último precepto en comento, lo que implica una declaración formal que deja intocada la respetabilidad personal, probidad, buena opinión y fama del juzgador, evitándose así una situación subjetiva que pudiera dañar la imagen personal de aquél y una afectación al justiciable." Bajo este panorama, de conformidad con lo dispuesto en el primer artículo citado, el propio juzgador debe declararse impedido desde el momento en que se actualice cualquiera de las causales, bajo el apercibimiento de incurrir en responsabilidad en caso de ser omiso. Pero además, el diverso 52 de la propia ley, establece en su párrafo segundo que el impedimento también podrá ser alegado por cualquiera de las partes; por tanto, son dos clases de sujetos los legitimados para aducir la existencia de alguna causal de impedimento: a) el propio juzgador; y, b) cualquiera de las partes; de ahí que en cualquier momento pueden invocarse las causales referidas. De los textos de los artículos 51 y 55 de la Ley de Amparo, se desprende que basta que el servidor público impedido invoque las razones y circunstancias que satisfagan los supuestos de alguna de las causales correspondientes. Ahora, la fracción VI del artículo 51 de la Ley de Amparo, establece como causa de impedimento para conocer de un juicio de amparo, el que el juzgador figure como parte en algún juicio de amparo semejante al de su conocimiento; situación, en la que se ve afectada la imparcialidad del funcionario judicial. Como se ve, de conformidad con la disposición legal en cita, para que se actualice la referida causa de impedimento, basta que el juzgador figure como parte (quejoso o tercero interesado) en algún juicio de amparo semejante al de su conocimiento. En este sentido, debemos atender a lo que dispone el artículo 5 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: a) La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista; b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso; c) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad; d) El indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público; e) El Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable. IV. El Ministerio Público Federal en todos los juicios, donde podrá interponer los recursos que señala esta Ley, y los existentes en amparos penales cuando se reclamen resoluciones de tribunales locales, independientemente de las obligaciones que la misma ley le precisa para procurar la pronta y expedita administración de justicia. Sin embargo, en amparos indirectos en materias civil y mercantil, y con exclusión de la materia familiar, donde sólo se afecten intereses particulares, el Ministerio Público Federal podrá interponer los recursos que esta Ley señala, sólo cuando los quejosos hubieren impugnado la constitucionalidad de normas generales y este aspecto se aborde en la sentencia." Ahora bien, en el caso concurren elementos objetivos que colocan a este juzgador ante un panorama de pérdida de imparcialidad, pues surgieron determinadas circunstancias reales, concretas, específicas, que sean susceptibles de afectar el ánimo de este juzgador. Ello es así, en virtud de que el pasado veintiocho de noviembre del año dos mil dieciocho, el suscrito juzgador presenté ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, una demanda de amparo en mi carácter de parte quejosa, tal como se advierte del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, la cual quedó radicada bajo el número 1095/2018, del índice de este órgano jurisdiccional, en la que señalé como acto reclamado, entre otros, las iniciativas de las que se duele el aquí impetrante. Asimismo, por auto de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, el suscrito planteó el impedimento respectivo, al ser parte en el juicio de amparo citado en el párrafo precedente. En esa tesitura, por razón de turno le tocó conocer de dicho impedimento al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, el cual, mediante sesión de doce de septiembre del presente año, determinó declararlo sin materia, por los motivos ahí expuestos, y ordenó remitir los autos correspondientes a la Oficina de Correspondencia Común que presta servicio a los Juzgados Primero y Segundo del Centro Auxiliar de la Primera Región, para dar cabal cumplimiento a lo determinado en el Acuerdo General 4/2019, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y a la Circular SECNO/2/2019, sin que a la fecha se tenga conocimiento del órgano jurisdiccional al que le tocó conocer de dicho asunto. Lo anterior, se puede advertir del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, que constituye un hecho notorio, de conformidad con la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, Materia Común, Página 10, del siguiente rubro y texto: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." Luego entonces, se estima que en dicha demanda de amparo promovida por este juzgador, también se reclaman actos semejantes o idénticos al reclamado en el presente juicio de amparo, lo que actualiza la causa de impedimento invocada. Esto es, existen semejanzas entre el juicio de amparo promovido por el suscrito juzgador y el presente, lo que se puede evidenciar mejor en la siguiente tabla: JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR EL SUSCRITO JUZGADOR JUICIO DE AMPARO EN QUE SE ACTÚA AUTORIDADES RESPONSABLES Presidente de los Estados Unidos Mexicanos: Congreso de la Unión, por conducto de ambas Cámaras (Diputados y Senadores); Secretario de Gobernación; Las legislaturas de los Estados (31); El Congreso de la Ciudad de México, otrora Asamblea Legislativa del Distrito Federal; Director del Diario Oficial de la Federación. Procurador General de la Republica. Jefe del Servicio de Administración Tributaria. Consejo de la Judicatura Federal (que si bien no actúa con carácter de imperio, si lo hace como tercero obligado a cumplir la norma, en su calidad de administrador del Poder Judicial de la Federación desempeñando incluso, algunas funciones patronales; la cual se extiende a los servidores públicos que a continuación se detallan). Director General de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura Federal; Director de Nómina del Consejo de la Judicatura Federal; Secretaria Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales del Consejo de la Judicatura Federal. Delegado Regional de Administración del Consejo de la Judicatura Federal en Tlaxcala 1.- Senadores Gricelda Valencia De la Mora, Ricardo Monreal Avila integrantes del Grupo Parlamentario del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), en el Senado de la República. 2.- Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, por conducto de la Senadora Nancy De la Sierra Arámburo, en el Senado de la República. 3.- Diputada María Chávez Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), en la Cámara de Diputados Federal. ACTOS RECLAMADOS a. Inconstitucionalidad del Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 75 y 127 constitucionales; así como sus artículos Transitorios Primero a Quinto, del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2009. b. Inconstitucionalidad del Decreto que por un lado, expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el lunes 5 de noviembre de 2018, que entró en vigor al día siguiente, y por el otro, adiciona un Capítulo V Bis al Título Décimo, Libro Segundo, del Código Penal Federal, con la denominación "Del pago y recibo indebido de remuneraciones de los Servidores Públicos", con los artículos 217 Bis y 217 Ter, así como sus artículos Primero y Segundo Transitorios. De manera enunciativa mas no limitativa los artículos 1 a 17, ya que la ley se reclama como sistema normativo. c. Los efectos y consecuencias, tanto de hecho como de derecho, que derivan de los anteriores actos reclamados, y que corresponde llevar a cabo a las autoridades señaladas como ejecutoras, de entre los que destacan; I. La aplicación en nuestro perjuicio de los efectos y consecuencias de los artículos 75 y 127 Constitucionales reclamados, así como los artículos I al 17 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de dichos dispositivos constitucionales, de manera enunciativa y no limitativa. II. La aplicación en nuestro perjuicio de los efectos y consecuencias de la adición a un Capítulo V Bis al Título Décimo. Libro Segundo, del Código Penal Federal, con la denominación "Del pago y recibo indebido de remuneraciones de los servidores públicos", con los artículos 217 Bis y 217 Ter. d. Inconstitucionalidad de las siguientes iniciativas: i. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma los artículos 94 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ii. Iniciativa con proyecto de decreto por el que adiciona y reforma el artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por el que se adiciona un tercer párrafo y se reforman los actuales párrafos segundo y tercero. iii. Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 112, recorriéndose los subsecuentes, y se adiciona una fracción XV, recorriéndose la actual, al artículo 131, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. IV. Iniciativa con provecto cíe decreto por el que se reforma el párrafo séptimo del artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se adiciona un artículo 105 Bis a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. V. iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 81 y 112 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. vi. Iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley federal de Austeridad Republicana del Estado, suscrita por Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). vii. Estas iniciativas se reclaman como parte integrante de un sistema de medidas en el procedimiento legislativo que involucran transgresiones directas a los principios de división de poderes e independencia Judicial, como se prueba en el desarrollo de esta demanda. e. La integración de cualquier carpeta de investigación por la probable comisión de los delitos previstos en el Capítulo V Bis al Título Décimo, Libro Segundo, del Código Penal Federal, con la denominación "Del pago y recibo indebido de remuneraciones de los servidores públicos", con fundamento en los artículos 217 Bis y 217 Ter. f. La inminente aprobación publicación del Presupuesto de Egresos de la Federación Para el Ejercicio Fiscal 2019, cuyos artículos y anexos disminuyan la remuneración anual de los quejosos en relación con la remuneración total anual del Presidente de la República. Del Presidente Constitucional de los listados Unidos Mexicanos. Congreso de la Unión. Secretario de Gobernación, Legislaturas de los Estados, Congreso de la Ciudad de México, otrora Asamblea legislativa del Distrito Federal: y Director del Diario Oficial de la Federación. a La discusión, aprobación, sanción, expedición, promulgación, refrendo y publicación, en el ámbito de sus respectivas competencias, del Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 75 y 127 constitucionales; así como sus artículos transitorios Primero a Quinto, del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2009. b. El acto de aplicación de la Reforma a los artículos 75 y 127 constitucionales, se materializó con motivo de la entrada en vigor del Decreto que por un lado, expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los listados Unidos Mexicanos, y por el otro, adiciona un Capítulo V Bis al Título Décimo, Libro Segundo, del Código Penal Federal, con la denominación "Del pago y recibo indebido de remuneraciones de los Servidores Públicos", con los artículos 217 Bis y 217 Ter. Del Congreso de la Unión, Secretario de Gobernación y Director del Diario Oficial de la Federación: a. La discusión, aprobación, sanción, expedición, promulgación, refrendo y publicación, en el ámbito de sus respectivas competencias, del Decreto que por un lado, expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el lunes 5 de noviembre de 2018, que entró en vigor al día siguiente y por el otro adiciona un Capítulo V Bis al Título Décimo, Libro Segundo, del Código Penal Federal, con la denominación "Del pago y recibo indebido de remuneraciones de los Servidores Públicos", con los artículos 217 Bis y 217 Ter, así como sus artículos Primero y Segundo Transitorios. De manera enunciativa más no limitativa los artículos 1 a 17 de dicha Ley que se reclama como sistema normativo. De estos tres actos reclamados sus efectos y consecuencias, tanto de hecho como de derecho, ya precisados. También de las Cámaras del Congreso de la Unión: a. Las iniciativas con proyecto de decreto por el que adicionan reforman: el artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por el que se adiciona un tercer párrafo y se reforman los actuales párrafos segundo tercero; un tercer párrafo al artículo 112, recorriéndose los subsecuentes, y se adiciona una fracción XV, recorriéndose la actual, al artículo 131, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el párrafo séptimo del artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se adiciona un artículo 105 Bis a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; los artículos 81 y 112 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; los artículos 94 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el que se expide la Ley Federal de Austeridad Republicana del Estado, suscrita por Diputados integrantes del grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Iniciativas impugnadas como parte del sistema legislativo que atenta en contra de la división de poderes y la independencia judicial. b. Así como los efectos y consecuencias, tanto de hecho como de derecho, de las referidas iniciativas, que impactan en la división de poderes e independencia judicial. Del Presidente Constitucional de los listados Unidos Mexicanos y de la Cámara de Diputados, la inminente aprobación y publicación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, cuyos artículos anexos disminuyan la remuneración anual de los quejosos en relación con la remuneración total anual del Presidente de la República. Del Procurador General de la República en su doble carácter de autoridad ordenadora y ejecutora se reclama: La integración de cualquier carpeta de investigación por la probable comisión de los delitos previstos en el Capítulo V Bis al título Décimo Libro Segundo, del Código Penal Federal, con la denominación "Del pago y recibo indebido de remuneraciones de los servidores públicos", de los artículos 217 Bis y 217 Ter. De las autoridades ejecutoras Consejo de la Judicatura Federal, Director General de Recursos Humanos, Director de Nómina, Secretaria Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales, y Delegado Regional de Administración, todas estas del Consejo de la Judicatura Federal, así como al Jefe del Servicio de Administración Tributaria, en el ámbito de sus respectivas competencias, la aplicación de los Decretos reclamados en los términos señalados en el párrafo 6, inciso c). de manera enunciativa más no limitativa:  El Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 75 y 127 constitucionales: así como sus artículos Transitorios Primero a Quinto, del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2009; así como el Decreto que por un lado, expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el lunes de noviembre de 2018, que entró en vigor al día siguiente, y por el otro, adiciona un Capítulo V Bis al Título Décimo, Libro Segundo, del Código Penal Federal, con la denominación "Del pago y recibo indebido de remuneraciones de los Servidores Públicos", con los artículos 217 Bis y 217 Ter, así como MIS artículos Primero y Segundo Transitorios. "1.- Del Senador Ricardo Monreal Ávila, la "Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo y se reforman los actuales párrafos segundo y tercero del artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación"; publicada en la Gaceta del Senado el 04 de octubre de 2018. Por la que se propone que la adscripción por competencia geográfica de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito tenga una duración mínima de tres años y una máxima de seis años, so pretexto de evitar el establecimiento de relaciones clientelares entre los juzgadores federales con poderes locales, así como desincentivar el nepotismo. 2.- Del Senador Ricardo Monreal Ávila, el (sic) "Iniciativa con proyecto de decreto por que se adiciona un tercer párrafo al artículo 112, recorriéndose los subsecuentes, y se adiciona una fracción XV, recorriéndose la actual, al artículo 131, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para prevenir y erradicar actos de nepotismo"; publicada en la Gaceta del Senado el 11 de octubre de 2018. Por la que se busca inhibir cualquier acción o conducta particular que de manera excesiva y ventajosa otorgue beneficios personales indebidos a cualquier familiar de un funcionario, por el simple hecho de esa relación, para así garantizar que sean las y los profesionistas calificados que cumplan con los requisitos establecidos en ley, quienes puedan acceder a cargos públicos dentro del Poder Judicial, aun cuando tengan parentesco con algún servidor público que labore al interior del mismo. 3.- De los Senadores Gricelda Valencia De la Mora y Ricardo Monreal Ávila, el (sic) "La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 81 y 112 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de Evaluaciones de Control de Confianza", publicada en la Gaceta del Senado el 18 de octubre de 2018. Por la que se propone atribuirle al Consejo de la Judicatura Federal, el diseñar y aplicar las evaluaciones de control de confianza a los aspirantes al ingreso, así como la promoción de la carrera judicial; señalando que, el ingreso, permanencia y promoción se integrará con los exámenes patrimonial y de entorno social; psicométrico y psicológico; poligráfico; y toxicológico. 4.- De la Senadora Nancy de la Sierra Arámburo, en representación del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, se reclama la "Iniciativa de decreto por que se reforma el artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para fortalecer y democratizar al Poder Judicial de la Federación"; publicada en la Gaceta del Senado el 06 de noviembre de 2018. 5.- De la Diputada María Chávez Pérez, se reclama la "Iniciativa que reforma los artículos 94 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para permitir que los salarios del Poder Judicial se ajusten mediante los tabuladores del Presupuesto de Egresos para cada dependencia de la administración pública", publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, el 08 de noviembre de 2018.". Como se puede advertir, este juzgador tiene un impedimento legal para conocer del presente juicio de amparo, pues mi imparcialidad se ve afectada al haber impugnado, entre otras, las mismas normas que fueron reclamadas en el presente sumario constitucional. En ese contexto, dado que me encuentro en el supuesto de la causa de impedimento prevista en la fracción VI, del artículo 51, de la Ley de Amparo, se considera legal y prudente que el suscrito se declare impedido para conocer del juicio de amparo en que se actúa, en términos de dicho numeral; lo anterior, como un factor de transparencia e imparcialidad que debe imperar en el juzgador, y para evitar cualquier juicio subjetivo que puedan reprochar las partes del juicio de amparo. En efecto, tal como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de Tesis 48/2018, de la que derivó la jurisprudencia 60/2018, de la interpretación teleológica del artículo 51, fracción VI, de la Ley de Amparo, un Juez de Distrito se encuentra impedido para conocer y resolver un juicio de amparo cuando tiene el carácter de quejoso o tercero interesado en otro juicio de amparo similar al de su conocimiento. Por tanto, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 55 de la Ley de Amparo, remítase este auto al Tribunal Colegiado en turno del Vigesimoctavo Circuito, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, por conducto Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de este circuito, para que califique el impedimento propuesto. Resulta aplicable la jurisprudencia 60/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pendiente de publicarse, de rubro y texto siguientes: "IMPEDIMENTO. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO UN JUEZ DE DISTRITO ES AUTORIDAD RESPONSABLE EN UN JUICIO DE AMPARO SEMEJANTE AL DE SU CONOCIMIENTO. Los juzgadores siempre deben ser imparciales, lo cual significa que deben ser ajenos a los intereses de las partes en controversia y resolver el juicio sin favorecer indebidamente a alguna de ellas, así el artículo 51 de la Ley de Amparo, reguló los impedimentos como un mecanismo para asegurar el principio referido. Ahora bien, la fracción VI de dicho artículo señala que los jueces de amparo deben excusarse si figuran como parte en un juicio de amparo semejante al de su conocimiento; esto con la finalidad de evitar que evadan sentar un precedente que pudiera afectar la resolución del juicio de amparo en el que son parte. Si bien de una interpretación literal de dicha fracción debería concluirse que los juzgadores deben impedirse de conocer un juicio de amparo cuando sean autoridades responsables en un asunto similar; lo cierto es que esa no es una interpretación muy satisfactoria. En efecto, el hecho de que un juez de Distrito se haya pronunciado en un asunto semejante actuando como juez de instancia no configura un riesgo de pérdida de su imparcialidad. Además, los elementos que se toman en consideración para resolver un juicio de amparo son distintos a los aspectos que se ponderan en un juicio de instancia ordinaria, por lo tanto, el Juez de Distrito no se encuentra vinculado a resolver en el mismo sentido en que lo hizo anteriormente. Por lo tanto, se debe hacer una interpretación teleológica del artículo en cuestión y estimar que únicamente se actualiza la fracción VI, del artículo 51 de la Ley de Amparo cuando el juzgador tenga el carácter de quejoso o tercero interesado en un juicio de amparo similar al de su conocimiento. Es importante señalar que esta interpretación no implica que un Juez de Distrito que no esté en ese supuesto específico, no deba, con fundamento en la referida fracción del artículo 51 de la Ley de Amparo, declararse impedido si las circunstancias particulares de su situación así lo ameritaran." Domicilio y autorizados. Como lo solicita expresamente la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley antes citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización firma oficios. Se autoriza a cualquier secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Oposición de datos personales. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · 10,223 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano