Manuel Alfredo Soto Jiménez

Expediente 362/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 11 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
362/2015
Año
2015
Actuaciones
11
Última actuación
02/09/2015

Partes del expediente

  • Manuel Alfredo Soto Jiménez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    MESA II A Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra del proveído de catorce de agosto de dos mil quince (fojas 112 a 114), por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley de la materia, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales correspondientes. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del año pasado, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Para los fines legales consiguientes, téngase por efectuada la certificación de que las partes no manifestaron su oposición a la publicación de sus datos personales cuando se presente alguna solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente.

  2. Principal

    MESA II A Con fundamento en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su artículo 2°, y en la jurisprudencia 1ª./J.27/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 30, Tomo XXV, marzo de dos mil siete, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO"; se ordena a la Secretaria del juzgado certifique el informe justificado que rinde el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pinotepa Nacional, Oaxaca, remitido vía fax, haciendo constar la hora y la fecha en que fue recibido, así como el nombre de la persona que lo envió. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes, y con el mismo dése vista a las partes para su debido conocimiento. Asimismo, de conformidad con el numeral 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba de la referida autoridad responsable la documental que remite como apoyo a su informe, consistente en copia certificada del acuerdo de veinticuatro de abril del año en curso, así como de la notificación respectiva, deducidas del expediente civil 192/2014 de su registro; misma que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza. Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que Reymundo Vázquez Morales, por su propio derecho, promovió el presente juicio de amparo contra un acto del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pinotepa Nacional, Oaxaca, que hizo consistir en la omisión de acordar su escrito de seis de octubre de dos mil trece, por el que solicitó se tuviera por perdido el derecho del demandado J. Manuel R. Pérez o Juan Manuel Pérez Rodríguez, para contestar la demandada entablada en su contra y oponer excepciones en el juicio civil 192/2014, así como que se le admitieran sus pruebas ofrecidas de su parte. Ahora, de las constancias remitidas por la citada autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, mismas que alcanzan valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de amparo, se conoce que en el expediente civil 192/2014 de su índice, en atención a la petición del impetrante del amparo de seis de octubre de dos mil trece, se emitió el acuerdo de veinticuatro de abril de dos mil quince, por el que la autoridad judicial, tuvo por perdido el derecho del demandado J. Manuel R. Pérez o Juan Manuel Pérez Rodríguez, para dar contestación a la demandada entablada en su contra, y por ende, se le tuvo por presuntivamente confeso de los hechos de la demanda; además, procedió a la admisión de las pruebas ofrecidas por la parte actora, aquí quejoso Reymundo Vázquez Morales (fojas 3 a 17). Precisado lo anterior el suscrito juzgador estima que, en la especie, contra el acto aquí reclamado sobrevino la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.). La cesación de efectos del acto reclamado a que alude la causa de improcedencia citada, debe entenderse cuando la autoridad de quien emana dicho acto deja de hacerlo, o bien, cuando lo revoca o deroga; así pues, para que sea aplicable el motivo de inejercitabilidad en comento, es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, ya que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce del derecho fundamental violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, como si el acto jamás hubiera nacido. Al respecto, es importante destacar que es el artículo 17 constitucional el que consagra el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, que prevé a favor de los gobernados, entre otros, el principio de justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; por lo tanto, para agotar el cumplimiento a tal garantía, en la especie, se requiere que la autoridad responsable emita sus resoluciones en los términos previstos en la ley. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, Tomo IX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Bajo tales premisas, es evidente que los efectos del acto reclamado en este juicio de amparo han cesado, pues con posterioridad a la presentación de la demanda origen del presente juicio (trece de abril de dos mil quince -foja 1-), las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; toda vez que al dictar la autoridad responsable el acuerdo de veinticuatro de abril de dos mil quince, en el expediente civil 192/2014 de su registro, en atención al escrito de seis de octubre de dos mil trece, presentado por la parte actora, es evidente que se restituyó al impetrante en el goce del derecho violado, como si éste no hubiera invadido su esfera jurídica. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que la aludida causa de improcedencia es manifiesta e indudable, por lo que no se causa agravio al citado quejoso ni se le priva de defensa decretando el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Se invoca en apoyo la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, marzo de 2003, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con rubro y texto: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Cabe agregar que no pasa inadvertido al suscrito juzgador que no se encuentra emplazada la parte tercera interesada; empero, con base en lo señalado en líneas anteriores (sobreseimiento), a nada práctico conduciría emplazar a la misma, puesto que esta determinación no le depara ningún perjuicio. Apoya lo anterior la jurisprudencia P. V/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 45, Tomo VII, febrero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado. En tales condiciones, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio (foja 7); hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    MESA II A Visto el estado procesal que guardan los autos se advierte, por una parte, que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional (foja 83 vuelta) y, por otra, que se encuentra transcurriendo el plazo de tres días otorgado a la autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, para que remita copia certificada legible y completa de las actuaciones que haya emitido en el expediente laboral 1315/2013 (4) de su registro, con posterioridad al rendir su informe justificado en el presente juicio de amparo; en consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y se fijan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, para que tenga verificativo.

  4. Principal

    MESA II A Agréguese a los autos el oficio 5316, suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en esta ciudad, con el que, devuelve los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, y remite copia certificada de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 266/2015; al respecto, acúsese el recibo de estilo. Toda vez que el cuaderno de antecedentes formado con motivo del envío del expediente, está conformado con copias certificadas cuyos originales ya obran en autos, resulta ocioso agregar las mismas a este juicio, por lo que únicamente glósense los acuerdos o constancias que obren a partir de la interposición del citado recurso. Ahora, hágase del conocimiento de las partes que el Tribunal de Alzada, al resolver el recurso de revisión interpuesto por el quejoso Manuel Alfredo Soto Jiménez, contra el proveído de diez de abril de este año, por el que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio, lo hizo en los siguientes términos: "PRIMERO. Se REVOCA el proveído recurrido, dictado el diez de abril de dos mil quince, por el Juez Primero de Distrito en el Estado, residente en esta ciudad, en el juicio de amparo número 362/2015 - - - SEGUNDO. Se ordena continuar con el procedimiento en el juicio de amparo promovido por MANUEL ALFREDO SOTO JIMÉNEZ, del índice del juzgado Primero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad. Además, de la lectura de la ejecutoria de mérito, se desprende que la superioridad señaló que "debe otorgarse el amparo para que la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, tramite y concluya el procedimiento conforme a los plazos y términos legales, lo cual implica que realice los actos subsecuentes a los reclamados, necesarios para tal fin y en su oportunidad emita también con prontitud el laudo respectivo en el juicio laboral 1315/2013 (4), pues de esa manera, se podrá respetar y cumplir lo que la garantía en cuestión exige resarciendo al quejoso". Con base en lo anterior, se señalan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DOCE DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Finalmente, a fin de emitir una sentencia conforme a derecho, de conformidad en el artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia según su artículo 2°, párrafo segundo, a fin de estar en aptitud de dictar la sentencia correspondiente, requiérase a la autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, para que, en el plazo de tres días, siguiente a la legal notificación del presente proveído, remita copia certificada legible y completa de las actuaciones que haya emitido en el expediente laboral 1315/2013 (4) de su registro, con posterioridad al rendir su informe justificado en el presente juicio de amparo. Apercíbasele que de no cumplir con lo anterior o no manifestar el impedimento que tenga para hacerlo, se le hará efectiva la multa con la que se le conminó en auto admisorio de diecisiete de marzo de dos mil quince (fojas 9 y 10). NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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