Manuel Alfredo Contreras Magaña

Expediente 297/2018 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
297/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
09/07/2018

Partes del expediente

  • Manuel Alfredo Contreras Magaña

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Téngase por recibido el oficio 2735/2018 del secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, mediante el cual comunica que dicho órgano admitió el recurso de queja interpuesto por el quejoso Manuel Alfredo Contreras Magaña por conducto de su autorizado Javier Valencia Gallardo contra el proveído de veintidós de marzo del año en curso, el cual se registró con el número 132/2018.

  3. Principal

    Téngase por recibido el escrito de , autorizado en amplios términos del quejoso , mediante el cual con fundamento en lo establecido en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, interpone recurso de queja, contra el auto de veintidós de marzo del año en curso, por el que se desechó la demanda de garantías. II. Se rinde informe justificado. En aras de dilaciones procesales innecesarias, al no emplazarse a tercero interesado alguno en el presente juicio, ríndase el informe justificado, reconociendo que en la data indicada en el punto anterior se dictó el auto recurrido. A guisa de informe justificado, transcríbase el presente acuerdo para ser comunicado por conducto de la secretaria de juzgado, a quien se autoriza a suscribir el oficio correspondiente. III. Remisión de constancias. En ese sentido, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en turno, el escrito original de agravios, copia certificada del auto recurrido, de la constancia de su notificación, de las constancias que se consideren necesarias para apoyar el referido informe, para lo que tenga a bien determinar respecto del recurso de que se trata.

  4. Principal

    citatorio. por este medio de lista se notifica al quejoso el auto que dice:Zapopan, Jalisco, veintidós de marzo de dos mil dieciocho. I. Radicación. Téngase por recibida la demanda promovida por Manuel Orozco Romo en su calidad de apoderado especial judicial de Manuel Alfredo Contreras Magaña, carácter que acredita en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, con la escritura pública número veintiocho mil seiscientos, contra actos del Juez Noveno de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco. II. Creación del expediente. Fórmese el expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 297/2018. III. Decisión sobre la instancia constitucional. 1. Desechamiento. Del análisis de la demanda de amparo y anexos, se advierte que es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la ley de la materia disponen que las causas de improcedencia se deben de analizar de oficio y que el juez de distrito, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia al examinar el escrito de demanda, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; esto, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija la taxativa consistente en que, para desechar una demanda de amparo, no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19, cuyo rubro y texto establecen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad" Del anterior criterio jurisprudencial, se desprende que el motivo de improcedencia del juicio constitucional es manifiesto al advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; por otra parte, es indudable si resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. De una intelección del artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, se desprende que el amparo biinstancial sólo procede en contra de actos en juicios cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndolos como aquellos que afecten derechos sustantivos. En sentido contrario, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce un menoscabo de esa naturaleza. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis que dice: "JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES. Si el Juez de Distrito al momento de dictar su fallo, se encuentra ante la ausencia de norma específica que regule el caso sometido a su consideración, válidamente puede acudir al denominado "argumento a contrario" para resolver la cuestión litigiosa, en acatamiento al principio de la plenitud hermenéutica del orden jurídico, consagrado en el artículo 18 del Código Civil Federal; pues el argumento a contrario, es una de las diversas técnicas de integración de las normas jurídicas, mediante la cual, se pueden colmar las lagunas existentes en la legislación; el que, por cierto, precisa que si una norma establece una solución restrictiva en relación con el caso a que se refiere, válidamente puede inferirse que los no comprendidos en ella deben ser objeto de una solución contraria; y de ahí, que tal proceder resulte legal" Al no actualizarse el supuesto de procedencia del juicio de amparo previsto en el artículo 107, fracción V, de la ley que lo regula, se actualizaría la causa de improcedencia prevista por el diverso artículo 61, fracción XXIII, del mismo cuerpo normativo. El citado numeral 107, fracción V, establece dos condiciones para la procedencia del juicio de amparo, a saber:  Que sean actos dentro de juicio.  Que afecten derechos sustantivos. Los actos dentro de juicio son aquellos dictados dentro de un proceso jurisdiccional entendido como la institución jurídica compuesta de una serie sucesiva de actos, constituidos por etapas expositiva, probatoria y conclusiva. Cabe destacar que después de la fase conclusiva del proceso, en algunos casos existe la etapa ejecutiva, aunque para los actos dictados en esta etapa la ley citada hace una distinción, ya que les da el tratamiento de actos dictados después de concluido el juicio (artículo 107, fracción IV, del ordenamiento legal aplicable), con reglas de procedencia distintas al estudio que nos ocupa. El juicio o proceso comienza con la presentación de la demanda y concluye con el dictado de la sentencia definitiva; por lo que los actos que tengan lugar entre estos extremos constituirán actos en juicio. Ahora, sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, debe señalarse que son aquellos actos dictados dentro del juicio que el legislador dispuso afectan de modo directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos consagrados en la constitución y no los que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Lo anterior significa que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de incidir inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la constitución por medio de los derechos fundamentales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, entre otras, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, las meras violaciones procesales no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Luego, el prototipo de los primeros (actos irreparables) está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros, citándose a guisa de ejemplo, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordena la intercepción de la correspondencia de alguna de las partes en las oficinas de correos, el que se conmina a una parte a que forzosamente desempeñe un trabajo o el arraigo, pues en los primeros casos se puede afectar la propiedad y posesión, en el cuarto la libertad personal, en el quinto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el sexto la libertad de trabajo y en el séptimo la de tránsito; afectaciones éstas que no podrían repararse en alguna actuación posterior del juicio. En tanto que el supuesto de los segundos (actos reparables), se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Esto es, en el supuesto de que la parte quejosa obtenga una sentencia favorable a sus intereses en el juicio de origen, los efectos de la violación procesal de que se duele desaparecerían y sólo trascenderán en el caso de que la sentencia fuese contraria, afectando de esta manera sus derechos sustantivos, en ese momento será cuando la violación de que se duele deberá de combatirla mediante el juicio de amparo directo. Además, el juicio de amparo contra actos de autoridades judiciales dictados dentro de juicio, es procedente cuando se afecten derechos sustantivos, pero no cuando se reclamen violaciones a las garantías individuales, puesto que éstas no son derechos sustantivos, ya que como su nombre lo indica, garantizan la aplicación de la ley en cuanto a los procedimientos seguidos ante tribunales, con el objeto de proteger la integridad física, la libertad y los bienes, siendo éstos, los derechos fundamentales del gobernado, entre otros; es decir, las garantías individuales, no son derechos sustantivos, sino que constituyen el instrumento constitucional establecido por la propia norma fundamental del país, para salvaguardar tales derechos. Ello, según se advierte de la tesis I.6o.C.28 K, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "GARANTIAS INDIVIDUALES. NO SON DERECHOS SUSTANTIVOS, SINO QUE CONSTITUYEN EL INSTRUMENTO CONSTITUCIONAL PARA SALVAGUARDAR ESTOS. Las garantías individuales que se encuentran consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, como lo son la del debido proceso y la de fundamentación y motivación en todo acto de autoridad, como su nombre lo indica, garantizan la aplicación de la ley en cuanto a los procedimientos seguidos ante tribunales, con el objeto de proteger la integridad física, la libertad y los bienes, siendo éstos, los derechos fundamentales del gobernado, entre otros; es decir, las garantías individuales, no son derechos sustantivos, sino que constituyen el instrumento constitucional establecido por la propia Norma Fundamental del país, para salvaguardar tales derechos" En el caso se reclaman conductas derivadas del expediente 510/2015 del índice del Juzgado Noveno de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, en el que a la fecha no se ha dictado sentencia definitiva, tal como lo menciona el quejoso en su demanda al referir que dicho juicio se encuentra en la etapa de desahogo de pruebas. Por ello, los actos reclamados tienen la característica de ser dentro de juicio, al emanar de un procedimiento jurisdiccional en el que se ha presentado la demanda y no se ha dictado sentencia definitiva. Circunstancia que se corrobora con la impresión de la página de internet del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, correspondiente a las publicaciones por Boletín Judicial del expediente 510/2015 del índice de la autoridad responsable, la cual se agrega como hecho notorio. Ahora, el acto reclamado en concreto es el auto de veintidós de febrero de dos mil dieciocho, emitido dentro del expediente 510/2015 del índice del Juzgado Noveno de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, mediante la cual se desestimó el recurso de revocación interpuesto por el aquí quejoso, contra el auto de dos de febrero del referido año, en el que le negó el ofrecimiento de pruebas, al haberse presentado extemporáneamente, ya que el plazo indicado por la autoridad responsable para tal efecto, únicamente era aplicable para los demandados que fueron emplazados por edictos. Con base en ello, se evidencia que los elementos de las definiciones de ejecución irreparable no se actualizan en el acto reclamado por la quejosa, por lo siguiente: Dicha determinación tiene como efecto la continuación del citado incidente, por lo que sólo se pueden afectar los derechos procesales de la quejosa, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva, como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros. Luego, será, en su caso, hasta el pronunciamiento del fallo que lo resuelva, cuando pudiera influir o no en el sentido de la decisión del juzgador y, por ello, hasta entonces podrá actualizar la posibilidad de que la pretendida violación procesal llegara a trascender al resultado del fallo y dar lugar así a una afectación de derechos sustantivos, si la sentencia es adversa a los intereses de la solicitante de amparo. En tales condiciones, como ya se dijo, al no ser actos que afecten derechos sustantivos, se estima que no se actualiza la hipótesis contemplada por el artículo 107, fracción V, de la norma en consulta, para poder ser impugnado de inmediato a través del juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, se actualiza, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 107, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la misma ley, respecto de los actos reclamados en estudio. Sirve para justificar lo anterior la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCION DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTADO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J.4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J.4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ".los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimientos, momentos en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma afectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entender por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba toda posibilidad de interpretación de lo que debía sumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto ".aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinario" Asimismo, tiene aplicación al caso la jurisprudencia siguiente: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO.- El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto" Por tanto, con apoyo en el ordinal 113 de la referida ley de la materia, se desecha la demanda en estudio. Cabe precisar que este juzgador no inobservó el criterio sostenido en las jurisprudencias que al rubro dicen: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO" "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS" Ello es así, ya que en términos del artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, las jurisprudencias antes citadas resultan inaplicables, pues para que proceda el amparo indirecto las violaciones procesales deben producir una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado y no por el hecho de que se califiquen de grado predominante o superior, como lo establecían dichas jurisprudencias. IV. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Quejoso: Manuel Alfredo Contreras Magaña, por conducto de su apoderado Manuel Orozco Romo. a. Domicilio. Téngase como domicilio para recibir notificaciones el señalado en el escrito de demanda. b. Autorizados. Se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la invocada ley, a Javier Valencia Gallardo y Cesar Omar Saca Cárdenas, al contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en términos del arábigo 24 de la propia norma, esto es para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a Daniel Magallanes Ruiz, por no existir registro en dicho sistema y, en términos del arábigo 24 de la propia norma, esto es para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a las diversas personas que indica, por así solicitarlo expresamente. c. Autoriza medios electrónicos. Asimismo, de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno de la Judicatura Federal, como lo solicita el promovente se le autoriza, para que utilice los medios electrónicos que menciona en su escrito de cuenta, con el fin de reproducir las actuaciones del presente expediente. Resulta aplicable la tesis siguiente: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran " V. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, del cuerpo legal en consulta, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. VI. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Édgar Estuardo Vizcarra Pérez, Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, ante Héctor Hugo Ordaz Arredondo, secretario que autoriza y da fe.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan · 10,314 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano