Manuel Alejandro Rodríguez Castillo
Expediente 439/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 8 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 439/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 21/10/2015
Partes del expediente
- Manuel Alejandro Rodríguez Castillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado ejecutoria la resolución dictada en autos, considerando que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión contra la resolución que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído fuera de audiencia en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la suspensión de los actos reclamados. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. DEVOLUCIÓN DE TOMO Por otra parte, en términos de lo establecido en el numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena devolver al 5. Juez Segundo de lo Penal, con residencia en esta ciudad, las copias certificadas de la causa penal 76/2015, que remitió al rendir su informe justificado.
- Principal
Se agrega a los autos para los efectos legales procedentes, la constancia signada por el Actuario Judicial adscrito a este juzgado, en la que informa que no fue posible notificar el proveído de treinta de septiembre del año en curso, a la parte tercero interesada José Geovanni Zavala, por si o a través de su apoderada legal Rosa María Zavala Fernández, por las razones que ahí menciona. Ahora bien, se advierte que el término de tres días concedido a la parte tercero interesada José Geovanni Zavala, por si o a través de su apoderada legal Rosa María Zavala Fernández, para que señalara domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones transcurrió sin que ésto ocurriera. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de diecisiete de septiembre de dos mil quince (fojas 35 y 36); por lo que se ordena que la notificación del auto de treinta de septiembre de dos mil quince, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal se hagan por lista que se fije en los estrados de este Juzgado a la parte tercero interesada José Geovanni Zavala, por si o a través de su apoderada legal Rosa María Zavala Fernández; lo anterior, en términos del artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto.
- Principal
En cumplimiento al auto de dos de octubre de dos mil quince, dictado dentro del presente juicio de garantías y, con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en Ensenada, Baja California, siendo las nueve horas del cinco de octubre de dos mil quince, el suscrito licenciado Fernando Priorio Nagel, Actuario Judicial del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, hago constar que, procedo a notificar personalmente por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado, y por lista en una página electrónica del Poder Judicial de la Federación, a los terceros José Geovanni Zavala, por si o a través de su apoderada legal Rosa María Zavala Fernández, el auto de treinta de septiembre de dos mil quince, QUE Dice: Se tiene por recibido y se agrega a los autos el oficio de cuenta signado por el 2. Juez Segundo de lo Penal con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la determinación de auto de formal prisión, en contra del aquí quejoso, en los autos de la causa penal 76/2015, de su índice. Asimismo, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la citada autoridad, los mencionados medios de convicción. Por lo que, atendiendo al grosor de los anexos en mención, para un mejor manejo del expediente, se ordena glosar las referidas constancias en el tomo una de pruebas existente. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA Ahora bien, de las constancias que remitió el 2. Juez Segundo de lo Penal, con residencia en esta ciudad, se advierte que se actualiza de forma notoria, manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que permite decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías sin necesidad de celebrar la audiencia constitucional que se encuentra señalada en autos, ya que con ningún elemento de prueba que se llegase a exhibir puede desvirtuar la causal anunciada. Así es, de la interpretación al contenido de los artículos 63, fracción V y 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de decretar el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia, cuando la improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, pues en el segundo de los preceptos invocados se estableció la procedencia del recurso de revisión contra las resoluciones "que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional", que por supuesto, no son las sentencias dictadas en la audiencia constitucional. Dicha determinación, abona a la impartición de justicia pronta prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que están expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. El referido criterio, se contiene en la tesis de jurisprudencia identificada con la clave 2a./J. 10/2003, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, marzo de 2003, página 386, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." SOBRESEIMIENTO A efecto de evidenciar que se actualiza la causa de improcedencia en comento es necesario traer al contexto el contenido de la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente. (.)" De la trascripción anterior se desprende que para la actualización de esta causa de improcedencia comúnmente denominada "cambio de situación jurídica", se requieren los requisitos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que el promovente del amparo se encuentre en un estado jurídico determinado, es decir, que aquel acto procedimental haya definido su posición frente al orden jurídico; c) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; d) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo, y e) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Ahora bien, de las constancias que integran el presente juicio se advierte que el quejoso acudió a éste señalando como actos reclamados la posible orden de privación de la libertad, dictada en su contra. En tanto que de la documental remitida por el 2. Juez Segundo de lo Penal, con residencia en esta ciudad, con valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde a su numeral 2°, se aprecia que el veinticuatro de septiembre del año en curso, dentro de la causa penal 76/2015, se emitió auto de formal prisión en contra del aquí quejoso por la posible comisión del hecho delictuoso tipificado como lesiones por culpa, así como auto de libertad sin reservas legales con efectos de sobreseimiento por la comisión del delito de daños en propiedad ajena por culpa. En este orden de ideas, si el peticionario de amparo promovió juicio de garantías contra la orden privativa de libertad dictada en su contra; la cual fue emitida el veintiséis de febrero del año en curso, en los autos de la causa penal 76/2015, por la posible comisión del delito que se le imputa y el veinticuatro de septiembre de dos mil quince, se decretó auto de formal prisión en su contra; es claro que ha operado un cambio de situación jurídica, pues se han actualizado los requisitos en los incisos señalados en párrafos precedentes. Lo anterior, en virtud de que el acto reclamado en el presente juicio de amparo consistente en la orden de aprehensión emitida por el 2. Juez Segundo de lo Penal con residencia en esta ciudad, emana de un procedimiento seguido en forma de juicio, que en el caso, la constituye la causa penal 76/2015, del índice de la citada autoridad. Por lo que al promoverse el juicio de amparo, la parte quejosa contaba con un estado jurídico determinado, derivado de la orden de aprehensión que por esta vía reclama. Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, la autoridad responsable señalada en líneas anteriores emitió una resolución que modificó la situación jurídica en que se encontraba el quejoso con motivo de la orden de aprehensión ya que está fue sustituida jurídica y procesalmente por la determinación de auto de formal prisión así como el auto de libertad sin reservas legales con efectos de sobreseimiento por la comisión del delito de daños en propiedad ajena por culpa. Si se decidiere sobre la constitucionalidad del acto reclamado, afectaría la nueva situación jurídica, pues podría modificarse el sentido de la determinación de vinculación a proceso; por tanto, las violaciones reclamadas en el juicio de amparo deben considerarse consumadas irreparablemente. Existe autonomía e independencia entre los actos que reclamó en el juicio de garantías - aprehensión- y la nueva resolución dictada en el procedimiento - auto de formal prisión así como el auto de libertad sin reservas legales con efectos de sobreseimiento por la comisión del delito de daños en propiedad ajena por culpa -, pues esta última sustituye jurídica y procesalmente al acto materia del amparo, resulte o no inconstitucional, lo cual ocasiona que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas al acto reclamado y, por ende, que no pueda analizarse su constitucionalidad sin afectar la nueva situación jurídica del quejoso. Es aplicable a esta determinación la jurisprudencia 1a./J. 17/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, junio de 2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, página 270, que dice: SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE, que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto. Por tanto, al haberse actualizado en forma notoria, manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en la fracción V del numeral 63 de la ley de la materia, se decreta el sobreseimiento en el juicio de garantías fuera de audiencia. El sobreseimiento decretado se hace extensivo respecto de la autoridad señalada como ejecutora 1. Comandante de la Policía Ministerial Zona Ensenada, conforme a la jurisprudencia registro 238280 sustentada por la anterior Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, página 41, que dice: EJECUCIÓN, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución. Asimismo, se hace extensivo el sobreseimiento decretado en esta resolución en relación con las autoridades responsables señaladas como ordenadoras en el presente juicio de amparo. Consecuentemente, es dable dejar sin efecto la vista dada en proveído de veintitrés de septiembre de dos mil quince, a la parte quejosa así como la audiencia constitucional fijada para las nueve horas con un minuto del seis de octubre de dos mil quince.
- Principal
Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el informe justificado rendido por el 5. Juez Segundo de lo Penal, con residencia en esta ciudad. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida y admitida la prueba que anexa la autoridad responsable consistente en: a) Copia certificada de la causa penal 76/2015, de su índice. De lo anterior, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Atendiendo al grosor del anexo remitido por la autoridad en mención; para un mejor manejo del expediente, se ordena la apertura del tomo de pruebas I, para glosar las referidas constancias. Ahora bien, del informe justificado rendido, se advierte que en términos del artículo 5 fracción III inciso c) de la Ley de Amparo, les resulta el carácter de terceros interesados a: a) José Geovanni León Zavala, por sí o a través de su apoderada legal Rosa María Zavala Fernández, quien tiene como domicilio el ubicado en calle República Dominicana número 104, Reacomodo Lomitas, código postal 22810, de esta ciudad. b) Isis Anahí Morales Álvarez, con domicilio sito en Costa Mar número 60, Unidad Costa Bella, en esta ciudad. En consecuencia, se comisiona al Actuario Judicial de la adscripción para que se constituya en los domicilios señalados y emplace al presente juicio de amparo a los terceros interesados indicados, les corra traslado con copia de la demanda, auto admisorio, informes justificados rendidos por las autoridades responsables, con los cuales les dará vista de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, así como del presente proveído, debiendo informarles la hora y fecha señaladas para la audiencia constitucional, y requerirles para que dentro del término de tres días contado a partir del día siguiente al que surta efectos legales la presente notificación, señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Ensenada, Baja California, apercibidos que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se les harán por lista de acuerdos de este órgano jurisdiccional, atendiendo a la fracción III del artículo 27 de la Ley de Amparo.
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