Manuel Alejandro Reyes Aviles

Expediente 71/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
71/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
28/04/2022

Partes del expediente

  • Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Estado de Campeche con sede en Ciudad del Carmen.
  • Manuel Alejandro Reyes Aviles

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, veintiocho de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de cinco días que establece el artículo 98 párrafo primero de la Ley de Amparo, para que el quejoso Manuel Alejandro Reyes Avilés a través de su apoderado legal Diego Alejandro Camaal Soto, interpusiera recurso de queja contra el auto de cinco de abril de dos mil veintidós, que desechó la demanda de amparo, transcurrió del diecinueve al veinticinco de abril de dos mil veintidós, con exclusión de los días veintitrés y veinticuatro de abril de abril del año en curso, por ser inhábiles (sábado y domingo), en términos de artículo 19 de la Ley de Amparo, sin que dentro de dicho plazo interpusiera el aludido medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de cinco de abril de dos mil veintidós, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Ahora bien, vista la certificación secretarial de cuenta, se desprende que en este juicio de amparo no obran documentos originales exhibidos por las partes, por tanto, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este juicio de amparo no es considerado de relevancia documental. Asimismo, transcurrido el plazo de tres años contados a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21 y 24 del referido Acuerdo General. Realícense las anotaciones en el libro uno del juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "destruible", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo archivístico, así como en la relación que se integre. Notifíquese por lista a la parte quejosa.

  2. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, cinco de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de Diego Alejandro Camaal Soto, en su carácter de apoderado legal de Manuel Alejandro Reyes Avilés, mediante el cual, de acuerdo a la certificación secretarial de cuenta, desahoga en tiempo la prevención realizada en proveído de veintinueve de marzo de dos mil veintidós. Por ser cuestión de orden público y de estudio preferente a la admisión de una demanda, en primer lugar, se analizará si se actualiza alguna de las causales de improcedencia del juicio de amparo, previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto transcrito se advierte que si examinada la demanda de amparo, se encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Ahora, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquel del que no se tiene duda ni incertidumbre de su existencia, es decir, el juzgador tiene la plena certeza y convicción de que no podrá ser desvirtuado con algún otro medio probatorio, porque se encuentra debidamente probada y no a base a presunciones. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada 2a. LXXI/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, julio de 2002, página 448, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Así las cosas, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, a saber: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." De conformidad con el precepto legal transcrito, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Por su parte, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo genérico para presentar una demanda de amparo es de quince días, salvo que se esté en presencia de alguno de los casos de excepción previstos en dicho precepto. Ahora, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo, el plazo para presentar una demanda de amparo, se computa conforme a las reglas siguientes: 1. A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. 2. A partir del día siguiente a aquél en que el quejoso haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. 3. A partir del día de la entrada en vigor de la norma general autoaplicativa. En el caso que nos ocupa, el análisis integral de la demanda de amparo, pone de manifiesto que la parte quejosa reclama lo siguiente: a) La omisión de tramitar el procedimiento laboral 522/2020, en los plazos y términos señalados en la Ley Federal del Trabajo. b) El indebido retraso del juicio laboral. c) La omisión de tramitar el procedimiento laboral 522/2020, con la inmediatez procesal que exige el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo. Asimismo, que esa omisión y retraso procesal las hace derivar del hecho que en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones de diecisiete de enero de dos mil veintidós, se señaló el seis de julio de dos mil veintidós, para el desahogo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. A partir de lo anterior, se concluye que el acto reclamado lo constituye el acuerdo de diecisiete de enero de dos mil veintidós, emitido en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el que se señaló el seis de julio de dos mil veintidós, para el desahogo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. Por otra parte, en el escrito aclaratorio el apoderado del quejoso, manifestó bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento del acto reclamado el diecisiete de enero de dos mil veintidós, en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Ahora, la notificación de ese acuerdo surtió efectos el mismo día en que se realizó, esto es, el diecisiete de enero de dos mil veintidós, de conformidad con los artículos 747, fracción I, y 749, de la Ley Federal del Trabajo, a saber: "Artículo 747.- Las notificaciones surtirán sus efectos de la manera siguiente: I. Las personales: el día y hora en que se practiquen, contándose de momento a momento, cualquiera que sea la hora en que se haya hecho la notificación, salvo disposición en contrario en la Ley; y ." "Artículo 749.- Las notificaciones hechas al apoderado o a las personas expresamente autorizadas legalmente por las partes, acreditadas ante el Tribunal, surtirán los mismos efectos que si se hubiesen hecho a ellas." Por tanto, el plazo de quince días para promover demanda de amparo contra el acto reclamado, transcurrió del dieciocho de enero al ocho de febrero de dos mil veintidós, con exclusión de los días veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de enero, cinco, seis y siete de febrero de ese año, por haber sido inhábiles (sábados y domingos), en términos de los artículos 19 de la Ley de Amparo y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por consiguiente, si la demanda de amparo se promovió el dieciséis de marzo de dos mil veintidós, resulta evidente que se realizó de forma extemporánea. Por las razones expuestas, por motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en los artículos 61, fracción XIV, y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo. No pasa desapercibido, que el promovente en el escrito aclaratorio de demanda, señaló que al caso era aplicable la tesis aislada I.8o.T.2 L (11a.) del Octavo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, con rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SU PRESENTACIÓN ES OPORTUNA AUN CUANDO SEA FUERA DEL PLAZO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA, SI EL ACTO RECLAMADO ES LA DETERMINACIÓN DE LA JUNTA POR LA QUE SEÑALA UNA FECHA EXCESIVAMENTE LEJANA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES EN EL JUICIO LABORAL." Ahora bien, el suscrito no comparte el criterio que se sostiene en la tesis aislada que cita el apoderado del quejoso como fundamento de sus pretensiones, en razón de que se refiere a un supuesto que no está previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, como caso de excepción a la regla general de quince días para presentar la demanda de amparo. Ciertamente, en la mencionada tesis aislada se sostiene que tratándose de actos sucesivos, como acontece con el acuerdo que establece la fijación de una fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones excesivamente lejana, genera una abierta dilación en la tramitación del juicio, que no se agota con la emisión del auto que contiene el señalamiento correspondiente, sino que produce una afectación directa y material al derecho fundamental de acceso a la administración de justicia reconocido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y como un derecho humano en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; por ende, en ese supuesto, la presentación de la demanda de amparo indirecto debe considerarse oportuna aun cuando se presente fuera del plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Criterio que no se comparte, pues la circunstancia de que el acto reclamado sea de tracto sucesivo, no implica que la quejosa pueda promover la demanda de amparo en cualquier tiempo, pues no son los efectos que produce el acto reclamado cuando éste es de carácter positivo, lo que determina el plazo para promover la demanda de amparo, sino de la fecha en que el quejoso tuvo conocimiento de la emisión del acto reclamado, pues a partir de ese momento estuvo en condiciones de impugnarlo. Apoya lo anterior, la tesis aislada IV.2o.A.29 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Octubre de 2005, página 2336, con rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN SE INICIA A PARTIR DE QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO, AUN CUANDO ÉSTE SEA DE TRACTO SUCESIVO. El artículo 21 de la Ley de Amparo establece como regla general para la interposición de la demanda de garantías el plazo de quince días; sin embargo, existen algunas excepciones, previstas en los numerales 22, 217 y 218 del mismo ordenamiento, para casos especiales, como son, asuntos en materia penal, agraria, de inconstitucionalidad de leyes autoaplicativas y cuando se reclama el ilegal emplazamiento, y el quejoso no tiene su residencia en el lugar en el que se verifica el juicio. Asimismo, el propio artículo 21, señala a partir de qué momento debe iniciarse el cómputo correspondiente a los quince días, a saber: a) desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclame o de su ejecución; y, c) desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Por otro lado, del capítulo III, título segundo, de la invocada ley, se advierte que es importante precisar la naturaleza del acto reclamado para poder decidir si existe algún efecto susceptible de suspenderse. Así tratándose del acto reclamado consistente, por ejemplo, en la suspensión de actividades relacionadas con la construcción, debe considerarse que se trata de un acto de tracto sucesivo, toda vez que la autoridad debe actuar constantemente, ejerciendo presión fáctica sobre la empresa quejosa, a efecto de impedir que ésta continúe con las actividades relacionadas con la construcción. Sin embargo, la circunstancia de que ese acto reclamado sea de tracto sucesivo, no implica que la quejosa pueda promover la demanda de amparo en cualquier tiempo, mientras que permanezca la suspensión de actividades reclamada, puesto que si bien es cierto que conforme al artículo 141 de la Ley de Amparo es factible obtener la suspensión en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria, también lo es que para efectos de la presentación de la demanda de amparo, el cómputo debe hacerse a partir de los momentos que señala el artículo 21 de la Ley de Amparo, puesto que es desde que el quejoso tiene conocimiento de los actos reclamados, cuando está en posibilidad de impugnarlos, y si no lo hace, deben considerarse consentidos tácitamente, puesto que así lo dispone el artículo 73 fracción XII, de la referida ley". Asimismo, resulta aplicable la tesis aislada I.13o.A.36 K, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, página 1394, Novena Época, intitulada: "DEMANDA DE AMPARO. EL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN, NO DEPENDE DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO, SINO DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DE ÉL. El artículo 21 de la Ley de Amparo, no señala como criterio para determinar el inicio del cómputo para la presentación de la demanda, el relativo a los efectos del acto reclamado, sino, entre otros, el día siguiente al en que se tuvo conocimiento de él; esto es, el momento en el que un acto surte efectos no es relevante para la temporalidad del juicio de garantías, sino únicamente el acto que los produce, tan es así, que el propio artículo se refiere a la resolución o el acuerdo reclamados, y no a sus efectos, los cuales pueden válidamente ser instantáneos o prolongarse en el tiempo. En este sentido, cobra aplicación el principio general consistente en que donde la ley no distingue, el intérprete no debe hacerlo, por lo que si el citado artículo no distingue entre actos cuyos efectos se realizan en forma instantánea y actos de tracto sucesivo, cuyos efectos se prolongan en el tiempo, es inconcuso que no debe atenderse a dicho criterio diferenciador para determinar el inicio del cómputo legal de quince días." A mayor abundamiento, de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo, sólo la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación actuando en Pleno o en Salas, la que establezcan los Plenos Regionales y los Tribunales Colegiados de Circuito de la región y circuito al que pertenece este órgano jurisdiccional, es obligatoria para este Juzgado de Distrito, característica de la que no goza la tesis aislada I.8o.T.2 L (11a.), del Octavo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito. Por último, en cuanto a la solicitud del promovente de tramitar el presente juicio en línea, dígasele que no ha lugar acordar de conformidad su petición, en virtud, de que en términos de lo dispuesto por los artículos 64 y 67 del Acuerdo General 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para acceder a los servicios que se prestan en el portal en línea del Poder Judicial de la Federación, es necesario que lleve a cabo un reconocimiento en dicho portal, mediante su nombre, correo electrónico, Registro Federal de Contribuyentes, Clave Única del Registro de Población y creé un nombre de usuario y una contraseña, a las que deberá vincular al registro su firma electrónica. Una vez realizado lo establecido por dichos artículos, que cuente con su nombre de usuario y reiterada que sea su petición, se acordará lo conducente al acceso al trámite del presente juicio de amparo en línea. Se autoriza a la secretaria de Juzgado firmar los oficios que deriven de este acuerdo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA AL QUEJOSO, TODA VEZ QUE NO ACUDIÓ A ESTE JUZGADO DE DISTRITO DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL CITATORIO ENTREGADO EL SIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, PARA NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL PROVEÍDO DE CINCO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, DICTADO EN ESTE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EL CUAL SE TRANSCRIBE. Ciudad del Carmen, Campeche, cinco de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de Diego Alejandro Camaal Soto, en su carácter de apoderado legal de Manuel Alejandro Reyes Avilés, mediante el cual, de acuerdo a la certificación secretarial de cuenta, desahoga en tiempo la prevención realizada en proveído de veintinueve de marzo de dos mil veintidós. Por ser cuestión de orden público y de estudio preferente a la admisión de una demanda, en primer lugar, se analizará si se actualiza alguna de las causales de improcedencia del juicio de amparo, previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto transcrito se advierte que si examinada la demanda de amparo, se encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Ahora, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquel del que no se tiene duda ni incertidumbre de su existencia, es decir, el juzgador tiene la plena certeza y convicción de que no podrá ser desvirtuado con algún otro medio probatorio, porque se encuentra debidamente probada y no a base a presunciones. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada 2a. LXXI/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, julio de 2002, página 448, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Así las cosas, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, a saber: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." De conformidad con el precepto legal transcrito, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Por su parte, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo genérico para presentar una demanda de amparo es de quince días, salvo que se esté en presencia de alguno de los casos de excepción previstos en dicho precepto. Ahora, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo, el plazo para presentar una demanda de amparo, se computa conforme a las reglas siguientes: 1. A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. 2. A partir del día siguiente a aquél en que el quejoso haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. 3. A partir del día de la entrada en vigor de la norma general autoaplicativa. En el caso que nos ocupa, el análisis integral de la demanda de amparo, pone de manifiesto que la parte quejosa reclama lo siguiente: a) La omisión de tramitar el procedimiento laboral 522/2020, en los plazos y términos señalados en la Ley Federal del Trabajo. b) El indebido retraso del juicio laboral. c) La omisión de tramitar el procedimiento laboral 522/2020, con la inmediatez procesal que exige el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo. Asimismo, que esa omisión y retraso procesal las hace derivar del hecho que en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones de diecisiete de enero de dos mil veintidós, se señaló el seis de julio de dos mil veintidós, para el desahogo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. A partir de lo anterior, se concluye que el acto reclamado lo constituye el acuerdo de diecisiete de enero de dos mil veintidós, emitido en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el que se señaló el seis de julio de dos mil veintidós, para el desahogo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. Por otra parte, en el escrito aclaratorio el apoderado del quejoso, manifestó bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento del acto reclamado el diecisiete de enero de dos mil veintidós, en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Ahora, la notificación de ese acuerdo surtió efectos el mismo día en que se realizó, esto es, el diecisiete de enero de dos mil veintidós, de conformidad con los artículos 747, fracción I, y 749, de la Ley Federal del Trabajo, a saber: "Artículo 747.- Las notificaciones surtirán sus efectos de la manera siguiente: I. Las personales: el día y hora en que se practiquen, contándose de momento a momento, cualquiera que sea la hora en que se haya hecho la notificación, salvo disposición en contrario en la Ley; y ." "Artículo 749.- Las notificaciones hechas al apoderado o a las personas expresamente autorizadas legalmente por las partes, acreditadas ante el Tribunal, surtirán los mismos efectos que si se hubiesen hecho a ellas." Por tanto, el plazo de quince días para promover demanda de amparo contra el acto reclamado, transcurrió del dieciocho de enero al ocho de febrero de dos mil veintidós, con exclusión de los días veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de enero, cinco, seis y siete de febrero de ese año, por haber sido inhábiles (sábados y domingos), en términos de los artículos 19 de la Ley de Amparo y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por consiguiente, si la demanda de amparo se promovió el dieciséis de marzo de dos mil veintidós, resulta evidente que se realizó de forma extemporánea. Por las razones expuestas, por motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en los artículos 61, fracción XIV, y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo. No pasa desapercibido, que el promovente en el escrito aclaratorio de demanda, señaló que al caso era aplicable la tesis aislada I.8o.T.2 L (11a.) del Octavo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, con rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SU PRESENTACIÓN ES OPORTUNA AUN CUANDO SEA FUERA DEL PLAZO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA, SI EL ACTO RECLAMADO ES LA DETERMINACIÓN DE LA JUNTA POR LA QUE SEÑALA UNA FECHA EXCESIVAMENTE LEJANA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES EN EL JUICIO LABORAL." Ahora bien, el suscrito no comparte el criterio que se sostiene en la tesis aislada que cita el apoderado del quejoso como fundamento de sus pretensiones, en razón de que se refiere a un supuesto que no está previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, como caso de excepción a la regla general de quince días para presentar la demanda de amparo. Ciertamente, en la mencionada tesis aislada se sostiene que tratándose de actos sucesivos, como acontece con el acuerdo que establece la fijación de una fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones excesivamente lejana, genera una abierta dilación en la tramitación del juicio, que no se agota con la emisión del auto que contiene el señalamiento correspondiente, sino que produce una afectación directa y material al derecho fundamental de acceso a la administración de justicia reconocido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y como un derecho humano en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; por ende, en ese supuesto, la presentación de la demanda de amparo indirecto debe considerarse oportuna aun cuando se presente fuera del plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Criterio que no se comparte, pues la circunstancia de que el acto reclamado sea de tracto sucesivo, no implica que la quejosa pueda promover la demanda de amparo en cualquier tiempo, pues no son los efectos que produce el acto reclamado cuando éste es de carácter positivo, lo que determina el plazo para promover la demanda de amparo, sino de la fecha en que el quejoso tuvo conocimiento de la emisión del acto reclamado, pues a partir de ese momento estuvo en condiciones de impugnarlo. Apoya lo anterior, la tesis aislada IV.2o.A.29 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Octubre de 2005, página 2336, con rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN SE INICIA A PARTIR DE QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO, AUN CUANDO ÉSTE SEA DE TRACTO SUCESIVO. El artículo 21 de la Ley de Amparo establece como regla general para la interposición de la demanda de garantías el plazo de quince días; sin embargo, existen algunas excepciones, previstas en los numerales 22, 217 y 218 del mismo ordenamiento, para casos especiales, como son, asuntos en materia penal, agraria, de inconstitucionalidad de leyes autoaplicativas y cuando se reclama el ilegal emplazamiento, y el quejoso no tiene su residencia en el lugar en el que se verifica el juicio. Asimismo, el propio artículo 21, señala a partir de qué momento debe iniciarse el cómputo correspondiente a los quince días, a saber: a) desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclame o de su ejecución; y, c) desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Por otro lado, del capítulo III, título segundo, de la invocada ley, se advierte que es importante precisar la naturaleza del acto reclamado para poder decidir si existe algún efecto susceptible de suspenderse. Así tratándose del acto reclamado consistente, por ejemplo, en la suspensión de actividades relacionadas con la construcción, debe considerarse que se trata de un acto de tracto sucesivo, toda vez que la autoridad debe actuar constantemente, ejerciendo presión fáctica sobre la empresa quejosa, a efecto de impedir que ésta continúe con las actividades relacionadas con la construcción. Sin embargo, la circunstancia de que ese acto reclamado sea de tracto sucesivo, no implica que la quejosa pueda promover la demanda de amparo en cualquier tiempo, mientras que permanezca la suspensión de actividades reclamada, puesto que si bien es cierto que conforme al artículo 141 de la Ley de Amparo es factible obtener la suspensión en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria, también lo es que para efectos de la presentación de la demanda de amparo, el cómputo debe hacerse a partir de los momentos que señala el artículo 21 de la Ley de Amparo, puesto que es desde que el quejoso tiene conocimiento de los actos reclamados, cuando está en posibilidad de impugnarlos, y si no lo hace, deben considerarse consentidos tácitamente, puesto que así lo dispone el artículo 73 fracción XII, de la referida ley". Asimismo, resulta aplicable la tesis aislada I.13o.A.36 K, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, página 1394, Novena Época, intitulada: "DEMANDA DE AMPARO. EL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN, NO DEPENDE DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO, SINO DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DE ÉL. El artículo 21 de la Ley de Amparo, no señala como criterio para determinar el inicio del cómputo para la presentación de la demanda, el relativo a los efectos del acto reclamado, sino, entre otros, el día siguiente al en que se tuvo conocimiento de él; esto es, el momento en el que un acto surte efectos no es relevante para la temporalidad del juicio de garantías, sino únicamente el acto que los produce, tan es así, que el propio artículo se refiere a la resolución o el acuerdo reclamados, y no a sus efectos, los cuales pueden válidamente ser instantáneos o prolongarse en el tiempo. En este sentido, cobra aplicación el principio general consistente en que donde la ley no distingue, el intérprete no debe hacerlo, por lo que si el citado artículo no distingue entre actos cuyos efectos se realizan en forma instantánea y actos de tracto sucesivo, cuyos efectos se prolongan en el tiempo, es inconcuso que no debe atenderse a dicho criterio diferenciador para determinar el inicio del cómputo legal de quince días." A mayor abundamiento, de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo, sólo la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación actuando en Pleno o en Salas, la que establezcan los Plenos Regionales y los Tribunales Colegiados de Circuito de la región y circuito al que pertenece este órgano jurisdiccional, es obligatoria para este Juzgado de Distrito, característica de la que no goza la tesis aislada I.8o.T.2 L (11a.), del Octavo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito. Por último, en cuanto a la solicitud del promovente de tramitar el presente juicio en línea, dígasele que no ha lugar acordar de conformidad su petición, en virtud, de que en términos de lo dispuesto por los artículos 64 y 67 del Acuerdo General 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para acceder a los servicios que se prestan en el portal en línea del Poder Judicial de la Federación, es necesario que lleve a cabo un reconocimiento en dicho portal, mediante su nombre, correo electrónico, Registro Federal de Contribuyentes, Clave Única del Registro de Población y creé un nombre de usuario y una contraseña, a las que deberá vincular al registro su firma electrónica. Una vez realizado lo establecido por dichos artículos, que cuente con su nombre de usuario y reiterada que sea su petición, se acordará lo conducente al acceso al trámite del presente juicio de amparo en línea. Se autoriza a la secretaria de Juzgado firmar los oficios que deriven de este acuerdo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa

  4. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, veintinueve de marzo de dos mil veintidós. I. RADICACIÓN. Se tiene por recibido vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el oficio 7606-VI, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche, con sede en San Francisco de Campeche, mediante el cual, transcribe el acuerdo de veinticuatro de marzo del dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo 356/2022, promovido por Diego Alejandro Camaal Soto, en su carácter de apoderado legal de Manuel Alejandro Reyes Avilés, contra actos de la Junta Especial número uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, en el que se declara legalmente incompetente para conocer de dicho juicio de amparo, y declina competencia por razón de territorio a favor de este Juzgado, además, remite vía electrónica el citado juicio de amparo. Acúsese recibo. En consecuencia, radíquese con el número de expediente 71/2022, intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, efectúense las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. II. SE ACEPTA COMPETENCIA. Ahora, el motivo por el cual la autoridad oficiante envía la demanda de amparo, es porque estima que respecto al acto reclamado consistente en (i) la omisión de la responsable de tramitar el procedimiento laboral 522/2020 en los plazos y términos señalados por la Ley Federal del Trabajo, (ii) el indebido retraso del juicio laboral 522/2020 (iii) y, la omisión de la responsable de tramitar el procedimiento laboral 522/2020 con la inmediatez que debe cuidar y tener en todo momento la responsable, este juzgado ejerce jurisdicción. Por tanto, este órgano jurisdiccional acepta la competencia planteada, por lo que este Juzgado de Distrito se avoca al conocimiento del asunto. III. PERSONALIDAD DE LA PROMOVENTE. Con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Amparo, se le reconoce al promovente el carácter con el que se ostenta, pues exhibió las constancias respectivas. IV. PREVENCIÓN. El artículo 114 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional examinará el escrito de demanda y si advirtiere deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, mandará prevenir al promovente para que dentro del plazo de cinco días subsane las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda. Por otra parte, del artículo 108, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, deriva la obligación del quejoso de expresar con claridad la norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame y manifestar bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. Ahora bien, la lectura integral de la demanda de amparo revela que la quejosa señala como actos reclamados: (i) la omisión de la responsable de tramitar el procedimiento laboral 522/2020 en los plazos y términos señalados por la Ley Federal del Trabajo, (ii) el indebido retraso del juicio laboral 522/2020 (iii) y, la omisión de la responsable de tramitar el procedimiento laboral 522/2020 con la inmediatez que debe cuidar y tener en todo momento la responsable, Asimismo, en relación a los antecedentes del acto reclamado, señala bajo protesta de decir verdad que en la audiencia de conciliación demanda y excepciones de diecisiete de enero de dos mil veintidós, se fijó el seis de julio de ese mismo año, para que tenga verificativo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. Sin embargo, omitió indicar la fecha en que tuvo conocimiento de dicho acto. Ahora, la falta de precisión indicada, se traduce en una irregularidad de la demanda de amparo que debe ser aclarada por el promovente con la finalidad de fijar debidamente la litis constitucional, para que de esta forma la autoridad responsable esté en condiciones de rendir con claridad el informe justificado que se le solicite. Sirve de apoyo a lo expuesto, la Jurisprudencia 2a./J. 161/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, febrero de 2014, tomo II, página 1079, intitulada: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 114, fracciones I y IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del plazo de cinco días cumpla con lo siguiente: 1. Bajo protesta de decir verdad, manifieste la fecha en que tuvo conocimiento exacto de los actos que señaló como reclamados. Lo anterior, en razón de que la fecha de conocimiento exacto de los actos reclamados, constituye un dato que se relaciona con los antecedentes de los actos reclamados. 2. Escrito aclaratorio que al ser parte integrante de la demanda de amparo y haberse exigido la expresión formal "bajo protesta de decir verdad", deberá acompañarse con las copias suficientes, esto es, deberá exhibir seis (06) copias, ya que cuatro (4) son para los terceros interesados, una (1) es para la autoridad responsable y una (1) para la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 4/2020 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 79, octubre de 2020, Tomo I, página 19, Décima Época, intitulada: "PROTESTA DE DECIR VERDAD EN EL ESCRITO ACLARATORIO DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU EXIGIBILIDAD EN LOS CASOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES II Y V DEL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE Y LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY ABROGADA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes que conocieron de los recursos de queja y de revisión respectivos, sostuvieron criterios distintos consistentes en determinar si es exigible la expresión formal "bajo protesta de decir verdad" en el escrito aclaratorio de demanda de amparo indirecto, aun cuando haya sido plasmada en el escrito inicial de demanda y, de ser así, si resulta obligatoria para el documento en el que se desahoga toda clase de prevención. Criterio jurídico: La expresión formal "bajo protesta de decir verdad" prevista en los artículos 108, fracciones II y V, de la Ley de Amparo vigente y 116, fracción IV, de la abrogada, como requisito de procedencia para las demandas de amparo indirecto, también resulta aplicable al escrito de aclaración de demanda, en los supuestos a que se refiere esa normativa. Justificación: Aun cuando en la demanda de amparo se manifieste la referida expresión, ésta sólo puede tener vinculación con lo plasmado en ese documento, ya que pretender vincularla a lo expuesto en un escrito posterior de aclaración de demanda, impediría responsabilizar al quejoso por las nuevas manifestaciones, respecto de su falsedad u omisión de datos, máxime en los casos en que el requerimiento versara sobre hechos nuevos que constituyeran los antecedentes del acto reclamado. Lo anterior se justifica, además, al considerarse que no es un formalismo procesal, al contrario, es uno de los requisitos esenciales para la procedencia del juicio de amparo, ya que crea certeza en el juzgador constitucional para desplegar todas sus facultades relativas a este juicio y en relación con la veracidad de la información prevista en las fracciones invocadas, es el único elemento con el que inicialmente cuenta para tomar las decisiones que conlleva la admisión de la demanda, entre las que se encuentra proveer sobre la suspensión del acto reclamado, pues la autoridad de amparo debe ceñirse al contenido de la demanda y de sus anexos, para desentrañar la voluntad del quejoso y la necesidad, en su caso, de la medida cautelar." Se apercibe al promovente que de no cumplir con lo ordenado dentro del plazo concedido, con fundamento en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada su demanda. V. NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. El promovente, no señaló domicilio para oir y recibir notificaciones. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción I y III de la Ley de Amparo, en relación con los diverso 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se ordena notificar el presente y los subsecuentes por lista que se fije en el local de este Juzgado, aun las de carácter personal que se ordenen en este asunto. VI. AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 12 Y 24 DE LA LEY DE AMPARO. No ha lugar a tener autorizada con las amplias facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo a Karla Joseelin Campos, toda vez que de la certificación de cuenta, se advierte que la secretaria de juzgado Gabriela Hernández Álvarez, realizó consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, de la que se desprende que no encontró registro de cedula profesional de licenciado en derecho. Por tanto, a Karla Joseelin Campos, con fundamento en el artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se le tiene por autorizado únicamente para oir notificaciones e imponerse de autos, quien no gozará de las demás facultades, previstas en el artículo 12 del mencionado ordenamiento legal. Por otro lado, por así haberlo solicitado el promovente, con fundamento en el artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tienen por autorizados únicamente para oír notificaciones e imponerse de autos, quienes no gozarán de las demás facultades previstas en el artículo 12 del mencionado ordenamiento legal, a Irving Raymundo Juárez Vera, Claudia Karina Escoffie Morales, Ángel Joaquín Pulido Puch, Alejandro Sarricolea Gutiérrez, Yeni Guadalupe Espinosa Jiménez y Dulce María Álvarez Peralta. VII. CONSULTA EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Como lo solicita el promovente, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo, para lo cual se comisiona al servidor público responsable, realizar las gestiones necesarias para el efecto de que se habilite dicha consulta bajo el nombre de usuario "alexsoto318". VIII. COMUNICACIONES NO PROCESALES. No ha lugar a ordenar que las notificaciones al promovente se le realicen a través del número telefónico, whatsapp y correo electrónico que proporciona, toda vez que la Ley de Amparo no prevé que las notificaciones deban efectuarse vía telefónica, whatsapp o por correo electrónico. Sin embargo, con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se tiene como forma especial y expedita de contacto para entablar "comunicaciones no procesales" con el promovente Diego Alejandro Camaal Soto, el número telefónico 93824606062, whatsapp 9381002798 ni la dirección de correo electrónico dslegalyasociados@gmail.com. IX. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Desde este momento, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias de autos (salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales), en la inteligencia que toda reproducción se llevará a cabo ante el secretario que tiene a cargo el expediente en que se actúa, quien levantará la certificación correspondiente del medio electrónico utilizado y de la constancia reproducida. X. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA". Con fundamento en el artículo 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021 y 1/2022, de dicho órgano colegiado, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, esto es, mediante el esquema de "juicio en línea". XI. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Notifíquese por lista al quejoso.

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