Manuel Alejandro Melquiades Jiménez
Expediente 1446/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1446/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Manuel Alejandro Melquiades Jiménez
Actuaciones
- Principal
(6) Visto el estado que guarda el presente expediente y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente haya recurrido el auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós (fojas 15 a 22), en que se desechó la demanda de amparo; por tanto, se declara que el auto de referencia ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese este juicio como asunto concluido. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, en términos del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que carece de relevancia documental. De igual forma, se destaca que en el presente juicio se ha desechado la demanda, por lo que de conformidad al numeral 21, inciso d), del acuerdo general en cita, es susceptible de destrucción dentro de los tres años siguientes a la emisión de este auto, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
(6)... Vista la razón actuarial que antecede, se advierte la imposibilidad que tuvo el actuario de la adscripción por los motivos expuestos en la misma, para notificar en forma personal al quejoso **************, el proveído de veintiuno de septiembre del presente año, en el domicilio señalado para tal efecto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese a dicha parte procesal la resolución de mérito por medio de lista que se fije en este Juzgado Federal, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio cierto y actual en Pachuca de Soto, Hidalgo, para tales efectos. ACUERDO 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 I. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por ***********, por derecho propio, contra actos del Juez Cuarto Civil y Familiar del distrito judicial de Tula de Allende, Hidalgo, y otra(s) autoridad(es). II. Creación del expediente. Fórmense los expedientes impreso y electrónico, regístrese en el Libro de Gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 1446/2022-6. III. Decisión sobre la acción de amparo. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija el imperativo consistente en que para desechar una demanda de amparo no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. Apoya a la anterior consideración, la jurisprudencia que se cita: "Novena Época Registro: 193379 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo X, Septiembre de 1999 Materia(s): Común Tesis: I.6o.C. J/19 Página: 730 DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Del anterior criterio, se concluye que los lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Con base en un análisis integral a la demanda, este juzgador advierte tres motivos de improcedencia que reúnen las diversas características exigibles para su desechamiento por ser manifiestos e indudables. Ahora, respecto al acto reclamado consistente en el proveído de veintiuno de febrero de dos mil veintidós y su notificación, y como consecuencia de este las demás actuaciones, se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, interpretado en sentido contrario, ambos de la ley en estudio, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede:. VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas;." Al efecto, es necesario precisar que es persona extraña al procedimiento aquélla que no ha figurado en el juicio como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, así como quien siendo parte en el procedimiento no fue emplazado o fue emplazado incorrectamente. En esta figura procesal se dan dos supuestos, el de persona extraña a juicio, propiamente dicho o stricto sensu que resulta ser el de aquella persona moral o física distinta de los sujetos de la controversia; esa idea de "persona extraña" es opuesta a la de "parte procesal". El otro supuesto es el de tercero extraño por equiparación, figura que ha sido referida jurisprudencialmente a aquel sujeto que, formando parte de la controversia por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó de ningún modo al mismo. Lo expuesto encuentra apoyo en las siguientes jurisprudencia y tesis: "Época: Novena Época Registro: 196932 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Enero de 1998 Materia(s): Común Tesis: P./J. 7/98 Página: 56 PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." "Época: Décima Época Registro: 2012041 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 32, Julio de 2016, Tomo III Materia(s): Común Tesis: VII.2o.C.36 K (10a.) Página: 2244 TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO. LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO DEPENDEN DEL SUPUESTO EN QUE SE UBIQUE EL QUEJOSO CON ESE CARÁCTER. En la práctica judicial se presentan diversos supuestos de persona extraña a juicio que se ha considerado conveniente clasificar con el fin de establecer, del modo más preciso posible, cuáles habrán de ser los efectos de la protección constitucional en cada una de esas hipótesis. Así, se tiene: I. Al tercero extraño stricto sensu que se identifica con la persona física o moral distinta de los sujetos que forman parte de una controversia; en esta hipótesis, al ser ajeno a la litis ventilada en el juicio, el concepto de persona extraña es menester ubicarlo como opuesto al de parte procesal. De resultar en el amparo que efectivamente el quejoso es extraño a la controversia, conforme al principio establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo, en restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación el efecto natural de la salvaguarda constitucional solamente se constreñirá en reintegrarlo en el goce de sus derechos que, involucrados en el litigio al que es ajeno, le fueron afectados; esto es, se le restituirá, por ejemplo, en el disfrute de su derecho de propiedad sobre un bien que ha sido embargado en un juicio en que no es parte; al no ser partícipe de esa relación procesal, es claro que no puede verse favorecido ni perjudicado por los actos que se lleven a cabo en la contienda. De ese modo, la concesión del amparo no implicará la nulidad de todo lo actuado en el juicio natural al que se es extraño, en mérito a que al acudir al juicio de garantías la única intención del tercero en comento es simplemente extraer de aquella controversia sus derechos; no le interesa una declaratoria de nulidad total del juicio porque, se reitera, es ajeno a la relación jurídica en él ventilada. II. El tercero extraño por equiparación que de acuerdo con la jurisprudencia se presenta con las siguientes modalidades: a) El tercero extraño equiparado simple que se define como el sujeto que es parte del juicio natural por ser el demandado, y no es llamado correctamente virtud a un ilegal emplazamiento, lo que le impidió apersonarse a fin de desplegar su defensa; bajo esa condición, evidentemente que será extraño a todo lo actuado en el pleito. En este supuesto el efecto de una sentencia protectora se traducirá simplemente en que se declare nulo el juicio a partir del inexacto emplazamiento, resultando inválidas todas las actuaciones posteriores; en materia civil, a partir de ese momento de restitución, la continuación y conclusión de la contienda quedarán sujetas al principio de derecho rogado que la rige, por lo que será la instancia de las partes la que defina la conclusión de la controversia. Virtud a lo anterior, el efecto de la sentencia de amparo no puede abarcar la orden de que se convoque adecuadamente al tercero extraño en su calidad de demandado como parte que es en aquel proceso, a fin de entablarse así la relación procesal pertinente, sino sólo ordenar la nulidad en los términos apuntados; b) El tercero extraño equiparado por litisconsorcio que a su vez se manifiesta de dos formas: por un lado, aquel que no fue señalado como demandado en el juicio natural que se identifica con la persona que sin haber sido parte de la relación procesal entablada en el juicio, acredita un interés jurídico común con la parte demandada en la controversia, lo cual le otorga el carácter de un litisconsorte pasivo necesario no llamado a juicio que de suyo evidencia la necesidad de haberla integrado a la relación jurídica para ponerla en aptitud de defender sus derechos. En esta hipótesis, el amparo que llegara a concederse por quedar corroborado el carácter de tercero en comento, habrá de tener como alcance no ordenar la reposición del procedimiento a fin de que dicha persona que no fue señalada en la demanda natural, sea emplazada junto con los demás litisconsortes; sino que, como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria de la que emergió la jurisprudencia 1a./J. 79/2001 "...los alcances de la protección deberán ser para que se revoque la sentencia reclamada y se dejen a salvo los derechos de las partes...", en mérito a que "...admitir otra postura, esto es, que se reponga el procedimiento, sería tanto como darle poderes al Juez para que supla la demanda del actor, señalando a demandados que no fueron mencionados en la demanda, y es al actor a quien corresponde redactar otra demanda en la que cite a todos los demandados, no al Juez hacerlo de oficio.". Por otro lado, dentro de este apartado de tercero extraño equiparado por litisconsorcio se presenta aquel que fue señalado en la demanda como litisconsorte pasivo necesario y, no obstante ello, no fue emplazado o se le llamó incorrectamente al juicio; caso en que al igual que el tercero extraño equiparado simple al que se hizo referencia, por virtud del principio de derecho rogado rector de la materia civil, el efecto de una concesión de amparo se constreñirá a la declaratoria de nulidad del juicio a partir del inexacto emplazamiento quedando inválidas todas las actuaciones posteriores, con la particularidad, en esta modalidad, de que tales consecuencias del fallo protector sí deben alcanzar o beneficiar a los codemandados del quejoso en el juicio natural, en tanto que constituye un acto necesario para el debido cumplimiento de la sentencia de amparo, tal como lo sustentó el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 9/96, de rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO. CUANDO ORDENEN REPONER EL PROCEDIMIENTO, SUS EFECTOS DEBEN HACERSE EXTENSIVOS A LOS CODEMANDADOS DEL QUEJOSO, SIEMPRE QUE ENTRE ÉSTOS EXISTA LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO.". Así, los diferentes supuestos de persona extraña a juicio que se presentan en el amparo permiten afirmar que el efecto del fallo protector no puede ser el mismo en todos ellos; los alcances que deban asignarse a la protección constitucional dependerán de la ubicación del caso en específico dentro de la categorización enunciada." En el caso, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, en virtud que -como se precisó- el peticionario de amparo adujo ser demandado en el juicio natural, dado que fue emplazado en el mismo y dio contestación a la demanda instaurada en su contra, esto es, se apersonó al mismo, empero, que se le afectaron sus derechos al ordenarse en auto de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, que se le hicieran todas las notificaciones por lista por estimarse que el domicilio que proporcionó en su contestación de demanda se ubicaba fuera de la circunscripción territorial de la sede del juzgado responsable; sin embargo, como se advierte en autos se encuentra probado que al efecto el quejoso no le asiste el carácter de tercero extraño por equiparación, pues como se ha estudiado en líneas precedentes, se desprende que el referido impetrante, sabía de la existencia del juicio de donde deriva el auto reclamado máxime que se apersonó al mismo y dio contestación a la demanda instaurada en su contra, por lo que en su momento estuvo en aptitud de esgrimir una defensa adecuada y hacer valer los medios ordinarios que estimara pertinentes en el proceso. Por no oponerse a la Ley de Amparo, se cita en apoyo la jurisprudencia con datos de localización, título y contenido siguientes: "Época: Novena Época Registro: 189916 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIII, Abril de 2001 Materia(s): Común Tesis: P./J. 39/2001 Página: 93 PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal." Luego, si considera que el proveído de veintiuno de febrero de dos mil veintidós y la notificación de este auto por lista y los consecuentes, se ordenó en forma indebida entonces debió promover el incidente de nulidad de actuaciones a que se refiere el artículo 76 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo. Resulta aplicable a lo anterior, por identidad de criterio, el precedente siguiente: "Registro digital: 2020845 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Civil Tesis: 1a./J. 68/2019 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, página 1047 Tipo: Jurisprudencia INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES. ES EL MEDIO IDÓNEO PARA IMPUGNAR LA FORMA EN LA QUE SE ORDENA LA NOTIFICACIÓN DE UN AUTO DICTADO EN UN PROCEDIMIENTO EN MATERIA MERCANTIL. El artículo 1345, fracción V, del Código de Comercio al prever que se tramitarán de inmediato las apelaciones que se interpongan contra el auto que desecha el incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento y contra la resolución que se dicte en el incidente, permite inferir la existencia misma del incidente de nulidad de actuaciones. Sin embargo, dicho incidente de nulidad no tiene mayor regulación que la prevista para todos los incidentes que se susciten en los juicios mercantiles, prevista en los artículos 1349 a 1358 del Código de Comercio, sin que se regule de manera explícita si procede en contra del auto en el que se ordena la forma en la que se hará una notificación, por lo que al no existir fundamento legal que prevea expresamente un medio de impugnación contra el auto en el que se ordena la forma en la que se realizará una notificación, es necesario realizar una interpretación jurídica a fin de determinar cuál es el medio de impugnación idóneo contra dicho acto. Ahora bien, el recurso de revocación tiene por objeto controvertir autos de mero trámite que hayan conculcando las normas que rigen el procedimiento, de esta manera, la litis en dicho recurso consiste en analizar la legalidad de los fundamentos y las consideraciones que sustentan los autos, siendo el caso que se confirman, revocan o modifican. Por otra parte, el incidente de nulidad de actuaciones, cuando se trata de defectos en el emplazamiento, tiene por objeto analizar la legalidad de los actos judiciales a través de los cuales se hace del conocimiento de las partes los autos emitidos dentro del procedimiento, esto es, se verifica que la notificación haya cumplido con las formalidades que al efecto establece la ley y, en caso de que se estime fundado, se repondrá el procedimiento. Por lo anterior, el medio de impugnación idóneo para revisar el auto en el que se ordena la forma en la que se realizará una notificación es el incidente de nulidad de notificaciones, porque a través de él se puede revisar si la notificación se realizó conforme a las reglas legales respectivas y su incumplimiento acarrea su nulidad." Asimismo, en caso de haberse dictado sentencia definitiva en el sumario de origen, la parte quejosa está en aptitud de alegarlo como agravio en el recurso de apelación que en su caso presente contra dicha resolución. Resulta aplicable a lo anterior, el precedente siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2009484 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 19, Junio de 2015, Tomo I Materia(s): Constitucional, Común, Común Tesis: 2a. XLIX/2015 (10a.) Página: 1078 RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. LA GARANTÍA DE ESE DERECHO NO IMPLICA QUE DEBAN IMPUGNARSE VIOLACIONES PROCESALES DE MANERA INMEDIATA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Aun cuando el derecho a la protección judicial reconocido por el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece la necesidad de que la persona cuente con un recurso sencillo, rápido y efectivo, a fin de hacer frente a las violaciones a sus derechos, lo cierto es que tales características se asocian principalmente con la "efectividad" del recurso a través del cual el gobernado pueda acudir a los tribunales competentes a obtener la reparación del derecho humano violado, pues la rapidez o sencillez del recurso, no garantiza necesariamente el resultado pretendido. En ese sentido, el hecho de que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establezca un concepto que permita al gobernado controvertir, a través del juicio de amparo indirecto, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la vía uniinstancial los actos que impliquen alguna violación procesal, no significa que el amparo directo constituya un recurso ilusorio, en tanto que a través de esta vía cuenta con la posibilidad real de verse restituido en el goce del derecho que estima violado; máxime si se toma en cuenta que esa medida operativa permite dar coherencia y celeridad a la tramitación y conclusión de los juicios, evitando el abuso en la promoción del juicio de amparo ante el Juez de Distrito, con fines dilatorios." Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable las causales de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda de derechos fundamentales, desechamiento que se hace extensivo a los demás actos en virtud que los reclama como consecuencia y no por vicios propios. IV. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Parte quejosa: ***********. a. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el escrito de demanda. b. Autorizado(s). Téngase por autorizado(s) en términos del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo a *************** por así solicitarse expresamente. c. Uso de medios electrónicos. Hágase del conocimiento del promovente que no requiere de autorización por parte de este tribunal para hacer uso de los mismos en la consulta del expediente físico. V. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta a los actuarios de la adscripción para que, de ser necesario, se constituyan en días y horas inhábiles a efecto de realizar las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Asimismo, se requiere a dichos fedatarios para que, al elaborar las síntesis de los acuerdos que deban publicarse en listas, especifiquen en la forma más completa en contenido de las resoluciones emitidas, además de integrar debidamente al expediente físico las razones de las diligencias que practiquen. VI. Se hace extensivo a las partes el contenido del artículo 12 del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19. Se hace saber a las partes que de conformidad con el artículo 12 del ACUERDO GENERAL 21/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-191, en este edificio sede se encuentra habilitada la Oficialía de 1 Artículo 12. Oficialías de partes comunes (en adelante "OPC"). En cada edificio sede de órganos jurisdiccionales se Partes Común ("OPC"), para la recepción de promociones presentadas físicamente, la cual conforme al artículo 12, fracción I, del ACUERDO GENERAL 7/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-9, en relación con el periodo de vigencia y las facultades de la Comisión Especial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de abril de dos mil veintidós, operará de lunes a viernes de 8:00 a.m. a las 03:00 p.m., con excepción de los días inhábiles. En la inteligencia que dicha Oficialía -por lo que hace a este Juzgado de Distrito- prestará servicios de las 8:00 a las 15:00, exclusivamente, ello en atención a que de conformidad con el ANEXO 1, relativo a la Asignación de turno y horario escalonado para el trabajo presencial en los órganos jurisdiccionales, de conformidad con el artículo 15 del citado ACUERDO GENERAL 7/2022, este juzgado cubrirá un horario matutino, con hora de entrada 8:30 y hora de salida será a las 15:30. Así, con base en el numeral citado, la persona actuante y encargada de la recepción de las promociones que, conforme a la normatividad aplicable deban presentarse ante la oficialía de partes de habilitarán OPC para la recepción de promociones presentadas físicamente, las cuales se colocarán en los espacios que las respectivas administraciones de los edificios señalen, previa opinión de la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, atendiendo a su accesibilidad para el público en general y a la necesidad de evitar que quienes acuden a presentar promociones y carecen de una cita, transiten hacia áreas cerradas en las que podrían generar mayor concentración de personas. Operarán con las siguientes reglas: I. Las OPC replicarán la división de turnos, en el entendido de que la del turno matutino prestará servicios de las 9:00 a las 14:00, exclusivamente para órganos que laboren por las mañanas, y la del turno vespertino lo hará de las 15:00 a las 19:00, solo para los órganos que laboren por las tardes. II. En todo caso, el personal encargado de recibir los documentos deberá asentar si estos cuentan con firma autógrafa, si son anexos, originales o copias, o cualquier otra cuestión relevante. III. En cada OPC actuará una persona por máximo cada diez órganos jurisdiccionales, de modo que ésta se encargue de la recepción de las promociones que, conforme a la normatividad aplicable, deben presentarse ante la oficialía de partes de cada órgano jurisdiccional. Dicho rol será rotativo, por lo que los órganos jurisdiccionales deberán enviar a una persona de su plantilla cada diez días hábiles. De conformidad con las cargas de trabajo podrá valorarse si el número aumenta a dos personas, previo aviso a la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos. IV. Los bloques de órganos jurisdiccionales a partir de los cuales se integrará cada OPC será definida por la Dirección General de Gestión Judicial. V. En los edificios que concentren mayor número de órganos jurisdiccionales, se colocarán tantas OPC como sean necesarias, a partir de una ponderación entre la seguridad de las personas justiciables y la funcionalidad de las mismas para los órganos jurisdiccionales. VI. El día previo a que su personal esté presente en la OPC, las y los titulares de los órganos jurisdiccionales presencialmente representados se pondrán de acuerdo para definir quién de ellas designará a una o un actuario o secretario para supervisar las labores del personal y dirima las controversias que, en su caso, se susciten entre el personal. En caso de desacuerdo, se designará por insaculación. VII. Al concluir el turno de la OPC, deberá acudir una persona por cada uno de los órganos jurisdiccionales atendidos por la misma, a recoger las promociones correspondientes. VIII. El personal de las OPC estará dotado del equipo que se estime necesario para garantizar su seguridad. IX. La ubicación de cada OPC será definida por la administración de cada edificio, pudiendo colocarse dentro o fuera del mismo, según se estime pertinente en atención a los espacios disponibles y sus características para garantizar la sana distancia entre las personas que laboren en la propia OPC, y de las personas justiciables que acudan a la misma. Si la OPC se coloca fuera del edificio, el personal jurisdiccional que deba integrarse a sus labores no será contemplado dentro del porcentaje máximo habilitado para el órgano de su adscripción. Si la OPC se coloca dentro del edificio, la asistencia del personal que se integre a la OPC, lo cual ocurrirá una vez cada diez días, sí será considerado dentro del porcentaje máximo habilitado. cada órgano jurisdiccional, hasta en tanto se concluya el turno de la Oficialía de Partes Común ("OPC"), procederá a entregar la totalidad de las promociones correspondientes a una persona que acuda por cada uno de los órganos jurisdiccionales atendidos por la misma. Esto es, no obstante la hora en que se realice la entrega física de las promociones presentadas por cualquiera de las partes ante dicha Oficialía, será hasta después de las 14:00 horas de ese día cuando serán remitidas a este Juzgado de Distrito, motivo por el cual las mismas no podrán ser observadas físicamente en el día de su presentación, menos aún podrán ser atendidas en las horas programadas en las audiencias señaladas. Lo que se insiste, se hace del conocimiento de las partes a fin de que presenten con la debida oportunidad -y tomando en consideración lo ya expuesto-, toda clase de promociones (informes, alegatos o pruebas); esto es, el día anterior al señalado para la celebración de la audiencia respectiva. VII. Exhortación a que hace alusión el artículo 22 del citado ACUERDO GENERAL 21/2020, a fin de mejorar la comunicación con las partes. De conformidad con el numeral señalado en párrafo que antecede, se exhorta a las partes a que: I. Continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. VIII. Expedición de copias. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, con independencia de que en solicitudes ulteriores se autorice a otras personas para recibirlas, distintas de las autorizadas para tales efectos en la demanda de amparo o en los informes justificados; lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. En ese sentido, se hace del conocimiento de las partes que de conformidad con la fracción II, del artículo 6, del Acuerdo General 21/20 antes citado, éstas o sus representantes y personas autorizadas, según las reglas de las leyes aplicables, podrán genera citas, a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, realizar el trámite correspondiente a la obtención de copias, así como desahogar requerimientos o comparecencia que le hayan sido exigidas por el órgano jurisdiccional. Esquema de trabajo que continuará en vigor hasta en tanto se emitan disposiciones generales en contrario o que modifiquen el modelo de atención presencial basado en citas contemplado en el precitado Acuerdo General.2 IX. Transparencia. Hágase del conocimiento de las partes que de conformidad a los artículos 26, 27 y 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que este juzgado, como responsable de los datos personales de las partes en el presente juicio de amparo, los mismos serán utilizados para su tramitación y registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con fines estadísticos; asimismo, en términos de los diversos 43 a 48 de la ley general en cita, quedan a salvo los derechos de las partes de acceso, ratificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los que podrán ejercitar directamente ante este tribunal, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de transparencia de éste, auxiliar de su Comisión de Transparencia. 2 Exhortación a que hace alusión el artículo 6 del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLANO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL RELATIVO AL MODELO DE ATENCIÓN PRESENCIAL BASADO EN CITAS En todo caso, hágase del conocimiento de las partes que este tribunal presume su oposición a la publicación de sus datos personales y únicamente en caso de solicitud expresa, se obrará en contrario. Finalmente, acorde a lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los sujetos obligados en el ámbito federal deberán cumplir con las obligaciones de transparencia y poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, la información señalada en el Título Quinto, entre ellas, las sentencias ejecutorias de interés público, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que, en las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia que la falta de oposición expresa, implicará que en la versión pública correspondiente se suprimirán los datos sensibles que puedan contener de conformidad con el artículo 118 del ordenamiento en cita, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales.
- Principal
(2)... Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que se encuentra señalado este día para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, ésta no se llevará a cabo, en virtud que en auto de siete de septiembre del año en curso, se requirió a la perito ************* para que dentro del plazo de tres días siguientes a que quedara enterada de ese proveído, presente una cotización de su intervención en el juicio en el que se actúa, y de la certificación de cuenta se desprende que el auto de mérito fue notificado a la perito el trece del mes y año en curso, por lo que resulta inconcuso que al día de la data se encuentra transcurriendo dicho término. En tales condiciones, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta data y en su lugar se fijan las diez horas con un minuto del veintisiete de octubre de dos mil veintidós.
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