Manuel Alejandro Gomez Mejia
Expediente 1776/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1776/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/12/2023
Partes del expediente
- Manuel Alejandro Gomez Mejia
Actuaciones
- Principal
VISTO. POR NO ACUDIR AL LOCAL DE ESTE JUZGADO LA PARTE QUEJOSA A FIN DE NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL CONTENIDO DE LA DETERMINACIÓN DE SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS; EN CONSECUENCIA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, POR LO QUE SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA Y POR LISTA EN LA PAGINA ELECTRÓNICA http://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DE LA DETERMINACIÓN DE SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 29 Y 30 DE LA LEY DE AMPARO. NOTIFÍQUESE.
- Principal
En Ciudad de México, a las diez horas con treinta y cinco minutos del quince de noviembre de dos mil veintitrés, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 270/2023, promovido por Yatta Taibe Lamas Saavedra, Mario A. Lamas Nolasco, Rosario Gpe. Saavedra Velázquez y Adriana María Mingramm Sierra, por propio derecho, se encuentra presente BLANCA ALICIA OCHOA HERNÁNDEZ, Jueza Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, asistida de la Secretaria Esperanza Edith Marcelino Aranda, que autoriza y da fe. INICIO DE AUDIENCIA. Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la Jueza declara abierta la audiencia y procede a su celebración sin la asistencia de las partes. Relación de constancias. Acto continuo, la secretaria relaciona las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, pues es suficiente que en el acta de audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que quedaron relacionadas y recibidas en ese acto. De igual forma, la secretaria certifica: que de la dirección electrónica http://sise.cjf.gob.mx/sise/ExpedienteElectronico/PanelCentral.aspx. del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; así como de lo manifestado por el encargado de la oficialía de partes de este juzgado, se advierte que no hay promoción pendiente por turnar a este asunto. Enseguida, la Jueza acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo se tienen por relacionados los autos, que en su integridad serán tomados en consideración al resolver el presente asunto. PERIODO PROBATORIO. A continuación, se abre el periodo de ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas, y la secretaria hace constar: que los quejosos ofrecieron la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, legal y humana, por otro lado, certifica: que ninguna de las demás partes ofrecieron prueba alguna de las enunciadas en el artículo 124 de la Ley de Amparo. La Jueza acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124, de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las probanzas relacionadas con antelación y por precluido el derecho de las demás partes para ofrecerlas. Al no haber prueba pendiente por acordar, se cierra el periodo probatorio. PERIODO DE ALEGATOS. Se abre el citado periodo y la Secretaria hace constar que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión ofreció alegatos mediante oficio a fojas ciento ochenta y tres a ciento ochenta y cinco de autos, por otro lado certifica: que las demás partes no formularon alegatos. La Jueza acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por hechos los alegatos de la autoridad responsable, por otro lado, atento a la certificación de cuenta, se tiene por precluido el derecho de las demás partes para formular alegatos. Finalmente, se cierra el periodo de alegatos y al no existir diligencias pendientes que practicar, se da por concluida la presente audiencia en las citadas etapas, por lo que procede dictar la sentencia correspondiente. VISTOS; los autos para resolver en sentencia el juicio de amparo indirecto 270/2023, promovido por Yatta Taibe Lamas Saavedra, Mario A. Lamas Nolasco, Rosario Gpe. Saavedra Velázquez y Adriana María Mingramm Sierra, contra actos del Congreso de la Unión y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, Yatta Taibe Lamas Saavedra, Mario A. Lamas Nolasco, Rosario Gpe. Saavedra Velázquez y Adriana María Mingramm Sierra, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y actos siguientes: "III. Autoridades responsables. A continuación señalamos a las autoridades responsables de la norma general que se reclama en esta demanda de amparo, a quienes por tanto atribuimos y reclamamos el contenido de la norma general reclamada: Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador (A quien le reclamamos la promulgación, expedición y el contenido de la norma general reclamada). Cámara de Diputados (A quien le atribuimos la discusión, aprobación y el contenido de la norma general reclamada). Cámara de Senadores (A quien le atribuimos la discusión, aprobación y el contenido de la norma general reclamada). Por otra parte, a continuación, señalamos a las autoridades responsables vinculadas al cumplimiento de la futura sentencia de amparo que resuelva el juicio de amparo derivado de la presente demanda, de conformidad con el artículo 78 y 197 de la Ley de Amparo: iv. Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (A quien le atribuimos las consecuencias de la norma general reclamada para que se les vincule al cumplimiento de la suspensión y de la sentencia de amparo y en su momento desincorporen la norma de la esfera jurídica de los quejosos). v. Secretaría de la Defensa Nacional (A quien le atribuimos las consecuencias de la norma general reclamada para que se les vincule al cumplimiento de la suspensión y de la sentencia de amparo y en su momento desincorporen la norma de la esfera jurídica de los quejosos). vi. Secretaría de Marina (A quien le atribuimos las consecuencias de la norma general reclamada para que se les vincule al cumplimiento de la suspensión y de la sentencia de amparo y en su momento desincorporen la norma de la esfera jurídica de los quejosos). vii. Secretaría de Hacienda y Crédito Público (A quien le atribuimos las consecuencias de la norma general reclamada para que se les vincule al cumplimiento de la suspensión y de la sentencia de amparo y en su momento desincorporen la norma de la esfera jurídica de los quejosos). IV. ACTO RECLAMADO. Reclamamos por su sola entrada en vigor (forma autoaplicativa) del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de la Guardia Nacional; de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en Materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública, publicado el nueve de septiembre de dos mil veintidós en el Diario Oficial de la Federación, y que entró en vigor al día siguiente de dicha publicación", los siguientes artículos: Artículo Primero del Decreto aludido, en específico el artículo 29, fracción IV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Artículo Segundo del Decreto, en específico los artículos 7, fracción VII, 12, fracción I, 13 Bis, fracciones I, II, III, V y VI, 14, primer Artículo Tercero del Decreto, en específico los párrafo, 15, fracción II, VII y VIII, 32 Bis, 39 y 86 fracción III, de la Ley de la Guardia Nacional. artículos 2/o Bis, 138, fracción VII, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Artículos Segundo, Tercero, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno Transitorios del Decreto citado. En ese orden de ideas, enseguida reiteramos las normas generales reclamadas mencionadas pero redactado de otra manera, que a través de este amparo reclamamos los siguientes artículos vigentes por su sola entrada en vigor: En artículo 29, fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que se añadió a dicha ley a través del decreto de reforma publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de septiembre de dos mil veintidós. Los artículos 7, fracción VII, 12, fracción I, 13 Bis, fracciones I, II, III, V y VI, 14, primer párrafo, 15, fracción II, VII y VIII, 32 Bis, 39 y 86 fracción III, de la Ley de la Guardia Nacional, que se añadieron a dicha ley a través del decreto de reforma publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de septiembre de dos mil veintidós. Los artículos 2/o Bis, 138, fracción VII, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que se adhirieron a dicha ley a través del decreto de reforma publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de septiembre de dos mil veintidós. Los artículos Segundo, Tercero, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno Transitorios del Decreto citado Transitorios del decreto de reforma publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de septiembre de dos mil veintidós. Finalmente, en este capítulo precisamos que: La aprobación y contenido de las normas anteriores las reclamo a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores. La promulgación, expedición y contenido de las normas anteriores las reclamo al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Las consecuencias de las normas reclamadas se las atribuimos y reclamamos al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, al Secretario de la Defensa Nacional, al Secretario de Marina y al Secretario de Hacienda y Crédito Público, para que sean vinculadas al cumplimiento de la suspensión y de la sentencia que se concedan." SEGUNDO. La parte quejosa indicó que los actos reclamados son violatorios de los derechos humanos contenidos en los artículos 1, 6, 7, 8, 9, 14, 16, 21, 29, 32, 89, 129 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 9, 12, 19, 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 5, 7, 13 y 22 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; asimismo, expuso los antecedentes de los actos reclamados y adujo los conceptos de violación que estimó pertinentes. TERCERO. De la demanda correspondió conocer al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, donde en auto de tres de noviembre de dos mil veintidós, la registró con el número 1201/2022, la admitió a trámite, solicitó los informes de ley, dio la intervención legal al Fiscal Federal adscrito y señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, dejó sin efectos en auto de veinticuatro del citado mes y año; posteriormente, en proveído de diecisiete de enero de dos mil veintitrés el juez de origen declaró inexistente la autoridad responsable señalada como "Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con residencia en la Ciudad de México" (foja 289); asimismo, mediante acuerdo de diez de mayo del año en curso se declaró legalmente incompetente para continuar con el conocimiento del expediente y ordenó remitir el expediente a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. CUARTO. Mediante proveído de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional se declaró legalmente competente para conocer el expediente remitido, registrándolo con el número de expediente 270/2023, declaró la validez de lo actuado por el juzgado de origen y se reservó señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional hasta en tanto se resolviera los recursos de queja interpuestos por las autoridades responsables en contra del auto de tres de noviembre de dos mil veintidós, los cuales correspondió su conocimiento al Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, quien los registró como Q.A. 820/2023 y Q.A. 821/2023, en sesión de treinta y uno de agosto del año en curso resolvió declararlos infundados; por lo que por auto de veintiséis de septiembre de la presente anualidad se levantó dicha reserva y señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo de conformidad con el acta que antecede y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en la Circular SECNO/4/2023, relativo al trámite, resolución y cumplimiento de los juicios de amparo en los que se reclama el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de la Guardia Nacional; de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; y de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en Materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública de nueve de septiembre de dos mil veintidós, por parte de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados, para lo cual se examina la demanda de amparo, así como los conceptos de violación y demás constancias existentes en autos, a fin de resolver la cuestión planteada; de lo que se deduce que la parte quejosa reclama: De la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ambas del Congreso de la Unión y Presidente de los Estados Unidos Mexicanos: La promulgación, expedición, discusión y aprobación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de la Guardia Nacional; de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en Materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública; publicado el nueve de septiembre de dos mil veintidós; y en concreto los siguientes artículos: - Artículo Primero, en específico el artículo 29, fracción IV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. - Artículo Segundo, en específico los artículos 7, fracción VII, 12, fracción I, 13 Bis, fracciones I, II, III, V y VI, 14, primer párrafo, 15, fracción II, VII y VIII, 32 Bis, 39 y 86 fracción III, de la Ley de la Guardia Nacional. - Artículo Tercero, en específico los artículos 2/o Bis, 138, fracción VII, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Área Mexicanos. - Artículos Segundo, Tercero, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno Transitorios. A la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Secretaría de Hacienda y Crédito Público: Las consecuencias de las normas reclamadas; todo ello por su sola entrada en vigor. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No es cierto el acto que se le atribuye a la autoridad responsable Secretaría de Hacienda y Crédito Público, consistente en las consecuencias de la norma que impugna, ya que así lo manifestó al rendir su informe justificado; sin que la parte quejosa desvirtuara tal inexistencia. Ya que así lo manifestó al rendir su informe justificado, además, dicha negativa no fue desvirtuada por la parte solicitante, con alguna prueba a pesar de que se le dio vista con el informe justificado; habida cuenta que, por efecto del principio de distribución probatoria que rige en el juicio de amparo, cuando la autoridad responsable niega los actos reclamados no le corresponde acreditar su dicho, porque se trata de una negativa lisa y llana, razón por la cual es a la parte quejosa la que debe asumir la carga probatoria en cuanto a la existencia del acto que afirma lesiona su esfera jurídica. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada VI.2o.A.4 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, difundida en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, Febrero de 2002, página 903, que señala: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En consecuencia, debe decretarse el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, por cuanto a dicha autoridad se refiere, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando. (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)" CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados que se atribuyen a la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ambas del Congreso de la Unión y Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, consistentes en la discusión, aprobación, expedición y promulgación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de la Guardia Nacional, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de septiembre de dos mil veintidós, pues así lo manifestaron al rendir su respectivo informe justificado. Sirve de apoyo la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Compilación al 2000, Quinta Época, Tomo VI, página 231, cuyos rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, que tratándose de actos de naturaleza materialmente legislativa, estos se acreditan plenamente con la publicación de las disposiciones de observancia general controvertidas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En consecuencia, tener o no como ciertas las conductas atribuidas a las autoridades legislativas o administrativas no depende únicamente de lo manifestado en los informes justificados rendidos por las autoridades responsables o en las omisiones en que hayan incurrido, ya que corresponde al juzgador pronunciarse al respecto y cerciorarse de su existencia, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba. Cobra aplicación la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 65 Primera Parte, página 15, de rubro: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA". Así como por analogía la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, página 260, de rubro: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN". Por otra parte, la autoridad responsable Secretaría de la Defensa Nacional, negó la existencia del acto que se le atribuye; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, toda vez que, las autoridades ordenadoras aceptaron la emisión del acto reclamado, (Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de la Guardia Nacional; de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, publicado el nueve de septiembre de dos mil veintidós en el Diario Oficial de la Federación), pues sus efectos dependen de la existencia de la normativa reclamada; lo anterior con fundamento en el artículo octavo transitorio. Idéntica conclusión se surte respecto del Secretaría de Marina, no obstante que no rindió informe justificado a pesar de encontrarse legalmente emplazada a juicio según se advierte de la constancia que obra a foja 258 de autos y de la constancia de notificación del avocamiento de este juzgado a fojas 326 de autos. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la tesis del Pleno, con número de registro 232729, materia civil, volumen 97- 102, Primera Parte, página 11, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. CUANDO QUEDA DESVIRTUADA. Si la autoridad ejecutora responsable, niega los actos que se le reclaman y consta en autos el oficio de que el Juez de la causa, autoridad ordenadora señalada como responsable en el amparo, lo envió a la ejecutora y mediante él le ordena lleve a cabo aquellos autos, así como la diligencia actuarial de la que se advierte que sí fueron realizados, la circunstancia de que no se haya cumplimentado el acuerdo judicial en la fecha en que se llevó a cabo la diligencia de referencia, en modo alguno significa la inexistencia de los actos que se le atribuyen, si los mismos son una consecuencia legal inmediata de los que previene el mandamiento judicial cuestionado y el efecto de los mismos depende tan sólo de que surjan o se llenen determinadas condiciones. Por lo tanto, cabe estimar que si con dichas constancias queda demostrada la existencia cierta y necesaria de los actos reclamados, queda también desvirtuada la negativa expresada por la autoridad ejecutora al rendir su informe justificado y que, por tales motivos, no es correcto sobreseer en el juicio de garantías." QUINTO. Improcedencia. En el caso se actualiza una causal de improcedencia cuyo estudio es preferente por tratarse de una cuestión de orden público y que debe realizarse de manera oficiosa, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Las autoridades responsables Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, así como la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ambas del Congreso de la Unión y Secretario de la Defensa Nacional, señalan que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa carece interés jurídico y legítimo para promover el juicio, porque no allegó ningún medio de convicción, aunado a que no señala cómo el acto podría causarle un perjuicio en lo individual o en relación con su especial situación frente al orden jurídico. En principio resulta necesario relacionar el contenido del artículo 107, fracción I, contrario sensu, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; con los diversos 5, fracción I, 6 y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que señalan: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. (.). Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. (.). Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (.). Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" De la transcripción que antecede, se advierte que para determinar la procedencia del juicio de amparo, el promovente deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo; además, deberá alegar que el acto reclamado viola los derechos reconocidos en la Carta Magna, de lo que deriva una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Respecto de la regla general que se contempla en el segundo párrafo de la fracción I del artículo 107 constitucional, una regla especial, la cual se contiene también en el penúltimo párrafo de la fracción I del artículo 5o., de la Ley de Amparo, la cual consiste en que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el promovente del juicio de amparo siempre deberá ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, en otras palabras, tratándose de estos actos, no es viable aducir un interés legítimo, sino que en esos casos únicamente puede promover el juicio la persona que aduzca tener interés jurídico. En estos términos, se considera conveniente precisar cómo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido los conceptos de interés jurídico e interés legítimo. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido los conceptos de interés jurídico e interés legítimo en la tesis 2a. XVIII/2013 (10a.), publicada en la página 1736, del Libro XVIII, de Marzo de dos mil trece, Tomo 2, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, que señala: "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo", ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella." De la ejecutoria que dio origen a la tesis en cita, se desprende, en la parte que interesa, las consideraciones que a continuación se sintetizan: 1. Interés jurídico: ( Las normas que tutelan al interés jurídico son susceptibles de generar derechos subjetivos en beneficio de personas determinadas; pueden ser individualizadas de tal manera que se afecte inmediata y directamente el status jurídico de la persona. ( El interés jurídico supone la existencia de un derecho dentro de la esfera jurídica particular de un individuo (derecho subjetivo), que se encuentra dentro de su status jurídico. ( Por tanto, se está en presencia de un agravio al interés jurídico, cuando la afectación que se aduce se refiere a un derecho subjetivo y aquélla es susceptible de individualizarse en una persona concreta, independientemente de su pertenencia o no a un grupo. 2. Interés legítimo: ( Las normas que se refieren al interés legítimo no tienen la capacidad de generar derechos subjetivos, son las que establecen los llamados intereses difusos y que se encuentran encaminadas a producir ciertos resultados en la sociedad o en algunos núcleos o grupos que la integran y que, como ella, carecen de personalidad jurídica. ( Las normas que prevén un interés legítimo tienden a regular o a proteger a entidades sociales más o menos amplias que tutelan intereses de una colectividad que carecen de personalidad jurídica sin otorgar derechos subjetivos de manera directa. ( El interés legítimo no supone una afectación directa al status jurídico, sino una indirecta, en la medida en que la persona sufre una afectación no en sí misma, sino por encontrarse ubicada en una especial situación frente al orden jurídico, que le permite accionar para obtener el respeto a su interés jurídicamente tutelado, aunque no goce de un derecho subjetivo reflejo individual. ( En otras palabras, el interés legítimo supone una idea de pertenencia a una colectividad, no obstante, cabe señalar que, independientemente de la afectación que se dé al grupo al que pertenece el quejoso, puede producirse una o más repercusiones concretas respecto de él. ( En este tenor, se está en presencia de un agravio al interés legítimo, cuando la afectación que se aduce atañe a un interés difuso y se actualiza aquélla en la medida en que se pertenece a un grupo. Ahora bien, el artículo 107, fracción I, de la Carta Magna, en cita, señala que el juicio de amparo indirecto deberá seguirse siempre a instancia de parte agraviada "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo" se traduce en que el promovente debe: ( Ser titular de un derecho jurídicamente reconocido a su favor en la Constitución Federal, que sufre una afectación directa por el acto reclamado (interés jurídico); o en su caso, ( Ser titular de un interés jurídicamente reconocido a su favor en la Constitución Federal, que por encontrarse ubicado en una especial situación frente al orden jurídico, sufre una afectación (interés legítimo). Desde esa óptica, se puede decir que lo previsto en el artículo 107, fracción I, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuye consecuencias de derecho desde el punto de vista de legitimación del promovente del amparo indirecto, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al interés legítimo, puesto que en ambos supuestos, al promovente que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. Sobre el particular, es menester destacar que la introducción del concepto de interés legítimo como eventual elemento de la acción de amparo, no convierte a éste en acción colectiva, en la medida en que subsiste el principio de relatividad de la sentencia, en términos de la fracción II del artículo 107 constitucional, así, el juicio de amparo no ha perdido su carácter individualista, en tanto que, mediante su promoción, no se pretende, desde un punto de vista estrictamente jurídico, que una sentencia afecte de manera directa a grupos sociales carentes de personalidad jurídica. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2007921, publicada en la página 60, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, materia común, de la Décima Época, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas". Así como en la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, página 1598, que señala: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." En tal virtud, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso del juicio de amparo debe acreditar el interés jurídico o legítimo que le asiste cuando promueve la acción, de la siguiente manera: ( Tratándose del interés jurídico: es necesario demostrar la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado y que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente que podrá o no estar justificado, pero que legitima el ejercicio de la acción. ( Por lo que respecta al interés legítimo: se debe acreditar la presencia de una norma que establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de alguna colectividad determinada; la afectación de ese interés difuso en perjuicio de la colectividad por la ley o acto que se reclama; y, la pertenencia del quejoso a dicha colectividad. De ese modo, ya que se trata de un presupuesto esencial de procedencia del juicio constitucional, tanto el interés jurídico como el interés legítimo, deben estar plenamente probados con medios de convicción idóneos, sin que, por tanto, puedan establecer de manera presuntiva. Consecuentemente, cuando el quejoso aduzca en la demanda de amparo ser titular de un derecho subjetivo o ser titular de un interés legítimo derivado de su especial situación frente al orden jurídico y, con base en ello, promueva el juicio constitucional, debe acreditar de manera plena que la norma impugnada o el acto de autoridad producen una afectación real y actual a su esfera jurídica. Sobre el tema cobra aplicación la jurisprudencia del Pleno del Máximo Tribunal de la República, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Séptima Época, Informe 1978, parte I, página 303, de rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA LEY, EL INTERÉS JURÍDICO DEBE PROBARSE EN EL JUICIO DE. Los sujetos que se consideren afectados por la ley que se impugna de inconstitucional, para comprobar su interés jurídico en promover el juicio de amparo, deben demostrar que se encuentran dentro del supuesto previsto por aquélla, pudiendo hacerlo por cualquiera de los medios de prueba previstos por las leyes; en caso de no acreditar tal circunstancia, debe sobreseerse el juicio de amparo." Por añadidura la afectación al interés jurídico o legítimo cuando se reclaman leyes que así lo exijan, debe acreditarse a través de un acto concreto de aplicación. En la especie, los quejosos se duelen del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de la Guardia Nacional, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública, publicada en el Diario oficial de la federación el nueve de septiembre de dos mi veintidós, el cual refiere lo siguiente: De la anterior transcripción se advierte que el citado decreto reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la administración Pública Federal; de la Ley de la Guardia Nacional; de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en materia de Guardia Nacional y Seguridad Publica, relacionados con el manejo del activo del ejército y la fuerza aérea, así como con el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional, conforme a la estrategia nacional de seguridad pública que en su momento defina la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, asimismo, fija nuevos lineamientos relacionados con las operaciones de la Guardia Nacional por conducto de personal perteneciente a diversas instituciones, entre ellas, la Secretaría de la Defensa Nacional. De igual manera el citado decreto, modifica diversas cuestiones relacionadas con el manejo de personal adscrito a la Guardia Nacional, así como del personal que estuvo adscrito a la extinta Policía Federal y que actualmente presta sus servicios en la Guardia Nacional, fijando como plazo sesenta días naturales posteriores a su entrada en vigor, a efecto de que la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana disponga que el personal procedente de la extinta Policía Federal cese de prestar sus servicios en la Guardia Nacional, por lo que seguirá bajo su adscripción conservando sus derechos laborales adquiridos. En particular el artículo sexto transitorio encomienda a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana lo siguiente: 1. Coordinar junto con la Secretaria de la Defensa Nacional la homologación del adiestramiento especializado conforme a la estrategia nacional de seguridad pública. 2. Transferir a la Secretaria de la Defensa Nacional, dentro de un plazo de sesenta días naturales los recursos presupuestarios y financieros a efecto de cubrir las erogaciones por concepto de servicios personales y gastos de operación de la Guardia Nacional, así como los recursos materiales destinados a su operación, con excepción de aquellos requeridos para el personal que seguirá bajo la adscripción de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana y destinará esos recursos a la Secretaria de la Defensa Nacional conforme vayan quedando vacantes las plazas. 3. Disponer de los elementos que provengan de la extinta Policía Federal que pasaron a prestar sus servicios a la Guardia Nacional los cuales cesaran de prestar sus servicios en dicha corporación, conservando sus derechos laborales adquiridos, para ser transferidos, a efecto de que continúen prestando sus servicios en la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, de manera temporal, conforme a los convenios de colaboración que para tal efecto se formalicen entre las Secretaria de Defensa Nacional y del ramo de Seguridad Publica. 4. Dar a conocer de forma gradual al personal que integrará la coordinación de administración y finanzas de la Guardia Nacional, por aquel que proponga la persona comandante de esa institución, dicho personal mantendrá su adscripción a la propia dependencia. Precisando que el personal que pertenezca a los organismos especializados de la Guardia Nacional seguirá prestando sus servicios en dicha institución de Seguridad Pública de manera temporal, conservando sus derechos laborales adquiridos, conforme a los convenios de colaboración que para tal efecto se formalicen entre las Secretarias de Defensa Nacional y del ramo de Seguridad Pública, situaciones que implican entonces, un posible cese del servicio activo en la Guardia Nacional con la consecuente pérdida de los derechos que se adquirieron durante el ejercicio de su encargo. Asimismo, el artículo Sexto Transitorio, fracción III, del Decreto, consigna que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dispondrá que el personal procedente de la extinta Policía Federal cese de prestar sus servicios en la Guardia Nacional, pero seguirá bajo su adscripción, conservando sus derechos laborales adquiridos, esto es, los servidores públicos provenientes de la Policía Federal que en su momento se incorporaron a la Guardia Nacional, ya no prestarán sus servicios para esta última, sino que lo harán directamente para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, sin que ello implique la privación de sus derechos laborales adquiridos. En efecto, la norma impugnada, establece que los servidores públicos ubicados en este supuesto (adscritos a la Guardia Nacional que provengan de la Policía Federal), aun cuando van a dejar de prestar sus servicios a la Guardia Nacional, continuarán haciéndolo para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, conservando sus derechos laborales adquiridos. Ahora, debe precisarse que la parte quejosa reclama dichas disposiciones con motivo de su entrada en vigor, según se desprende del escrito de demanda, de ahí que las reclaman como normas de carácter autoaplicativa, aduciendo se vulneran sus derechos desde su entrada en vigor. En ese sentido, los peticionarios de amparo aducen tener un interés legítimo para impugnar las normas generales señaladas, esencialmente refieren que producen un efecto amedrentador sobre los derechos fundamentales de libre manifestación de ideas, expresión, reunión y tránsito, contemplados en la Constitución. Dichas afirmaciones carecen de sustento, ya que no se demostró de forma alguna que los quejosos se vieran afectados por el decreto reclamado ya que, si bien señalan que son defensores de derechos humanos, no demostraron su dicho, dado que ello no es suficiente para tener por demostrado el interés jurídico o legítimo para acudir a la presente instancia constitucional, máxime que se trata de una manifestación general, que ni siquiera implica una situación especial frente al orden jurídico. Dicho en otras palabras, no demostraron estar en una situación tal en la que el acto reclamado les cause una afectación en sentido amplio en su esfera jurídica, a través de la violación de algún derecho previsto en el sistema normativo reclamado, o bien, de manera indirecta, es decir que el acto de autoridad les haya afectado en alguna situación que deriva del propio orden jurídico. Así, de las propias consideraciones de su demanda aluden a que les violenta el ejercicio de los derechos que ejercen de forma constante - libre manifestación de ideas, expresión, reunión y tránsito- no obstante, no acreditan de forma alguna el interés necesario para instar la presente instancia, y lo que refieren consiste en un interés meramente simple, o hipotético. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA." Ahora a lo atinente al interés legítimo, tampoco cuentan con éste para acudir al juicio de amparo, porque si bien en la solicitud de protección de derechos constitucionalmente reconocidos para todos los residentes en el territorio nacional, con motivo de emisión de disposiciones de observancia general en materia de seguridad interior o seguridad pública, no es necesario demostrar una situación especial que permita expresar un agravio diferenciado al del resto de la sociedad, también lo es que bajo el criterio de razonabilidad que ha destacado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se debe demostrar la existencia de una afectación a la esfera de derechos del quejoso y que, por vía de consecuencia, una eventual concesión de amparo generaría un beneficio jurídico al promovente. En el caso, los quejosos acudieron en demanda de protección de derechos fundamentales y expusieron que son defensores de derechos humanos; sin embargo, del examen de las constancias que integran este juicio de amparo se advierte que ningún elemento de prueba aportaron tendente a demostrar que efectivamente participan asiduamente en actos de defensa de derechos humanos. Aunado a lo anterior, el decreto impugnado únicamente rige aspectos de estructura orgánica, funciones y facultades de seguridad pública entre las instituciones militares y aquellas del ámbito civil y nada regula sobre la manera en que se deben ejercer los derechos constitucionales que se alegan afectados por la parte quejosa. Es decir, el decreto reclamado no impone, por sí mismo, obligaciones adicionales o restricciones a la vida, integridad personal, libertad personal, libertad de expresión, la libertad de manifestación, libertad de reunión, libertad de tránsito, derecho de petición, inviolabilidad del domicilio, derecho de audiencia y defensa, por lo que no quedó acreditado que dicho decreto (reforma en estructura, funciones y facultades, en materia de seguridad pública), genere una violación, vulneración o menoscabo en el ejercicio de esos derechos; ello, ante la falta de elementos probatorios que corroboren las actividades que mencionaron los quejosos, de ahí que no pueda asegurarse que pudiera ser inminente alguna actuación de las autoridades señaladas como responsables que incidiera en impedirles el ejercicio de tales prerrogativas. Lo expuesto se corrobora con las propias manifestaciones de los quejosos, cuya literalidad únicamente destacan aspectos eventuales y situaciones cuya realización es remota; máxime que el principio que inspira el requisito de parte agraviada, obliga a los jueces a reconocer interés legítimo únicamente a la persona que acredite una afectación real en sentido cualitativo, pero también temporal, actual o inminente, nunca hipotético o conjetural. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado en la tesis de Jurisprudencia número 2, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en las páginas 57 y 58, del informe rendido por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al terminar el año de 1989, cuyo contenido es el siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO LO ACREDITA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Cuando alguna autoridad emite un acto que el gobernado estime violatorio de sus garantías individuales, y lo impugne a través del medio de defensa instituido para atacar tales violaciones, como lo es el juicio de amparo, deberá observar las reglas que para su procedencia establece la ley respectiva. Así tenemos que para acudir al juicio de amparo, es necesario que exista un acto autoritario que, según la apreciación subjetiva del gobernado, sea violatorio de sus derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución Política. Ahora bien, no basta que exista el acto autoritario para que prospere el juicio de garantías, sino que es necesario que el peticionario del amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. Lo anterior es así ya que, entre otros requisitos de procedencia del juicio de garantías, el artículo 107 constitucional, en su fracción I, reglamentada por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, señala que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que equivale a decir que no basta que el acto autoritario exista, sino que es necesario, para efectos de procedencia del juicio de amparo, que transgreda un derecho subjetivo que le otorgue nuestra Carta Fundamental al quejoso." Con base en lo anterior se estima que no puede considerarse la existencia de una afectación indirecta o directa a la esfera de derechos de los quejosos derivada de la emisión del acto combatido. Por otro lado, aun en el supuesto de que se alegara una afectación jurídica provocada por el acto de autoridad que, en todo caso, es resentida por toda la población en general, -y no se involucre un derecho colectivo-; esto no puede dar lugar a considerar demostrado un interés legítimo, derivado de la imposibilidad lógica de identificar un agravio cualificado que surja de una especial situación frente al orden jurídico; por ello, conforme a las circunstancias que actualmente rodean a los quejosos, se concluye que carecen de interés legítimo para impugnar el decreto de referencia, dado que no se advierte la existencia de una afectación en su esfera jurídica, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no solo como una simple posibilidad; se insiste, los quejosos hacen radicar su interés legítimo en el amedrentamiento que perciben referente al ejercicio de sus derechos de libre manifestación de ideas, expresión, reunión y tránsito, los cuales dicen pudieran ser eventualmente transgredidos, en tanto que se ostentan como defensores en materia de derechos humanos; lo cual constituye una cuestión hipotética y subjetiva que no tiene bases reales que puedan establecer la inminencia de la afectación a tales derechos. Máxime que, como se dijo, durante el juicio de amparo no se aportó algún elemento de convicción que robusteciera dicha manifestación; por lo que ésta resulta insuficiente para demostrar la calidad con la que pretendieron acreditar su interés legítimo en la promoción del juicio de amparo. Además que, conforme al principio democrático, contenido en el artículo 40 constitucional y del principio de división de poderes, contenido en el artículo 49, son los órganos democráticos quienes deben resolver las inconformidades que son resentidas por toda la población. Es aplicable la tesis aislada 1a. CLXXXIV/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO. NO SE ACTUALIZA CUANDO LA AFECTACIÓN ALEGADA, DE RESULTAR EXISTENTE, SE EXTIENDA A LA POBLACIÓN EN GENERAL." De ahí que no se actualiza el principio de procedencia del amparo relativo al agravio personal y directo, porque, en el caso, la parte quejosa no acreditó tener interés jurídico ni legítimo para acudir a este medio de control constitucional. En tales condiciones, se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII en relación con el numeral 5°, fracción I, de la Ley de Amparo; motivo por el cual, se impone sobreseer en el juicio de amparo que nos ocupa, de conformidad con el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal, ante la ausencia de interés jurídico y legítimo de los quejosos para impugnar la norma general reclamada. El sobreseimiento abarca los actos de ejecución que se reclaman de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa Nacional, toda vez que dichos actos no se reclamaron por vicios propios, sino únicamente como consecuencia de la aplicación de las normas reclamadas. En atención al sobreseimiento decretado, no es factible analizar los conceptos de violación formulados por las quejosas en contra de los actos materia del juicio, puesto que tales cuestiones involucran un estudio propio del fondo del asunto que, de suyo, es impracticable, dada la improcedencia del juicio. Es aplicable la tesis con registro 232302, cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL." SEXTO. Publicación de la sentencia. Conforme a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. SÉPTIMO. Captura de sentencia. Con fundamento en el Acuerdo General 29/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 73, 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Yatta Taibe Lamas Saavedra, Mario A. Lamas Nolasco, Rosario Gpe. Saavedra Velázquez y Adriana María Mingramm Sierra, respecto de los actos y por los motivos expuestos en el considerando tercero y quinto de la presente resolución. SEGUNDO. Cúmplase con lo ordenado en los considerandos sexto y séptimo. Notifíquese.
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