Manuel Alejandro Flores Perez

Expediente 1079/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1079/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
29/07/2022

Partes del expediente

  • Manuel Alejandro Flores Perez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que no se recurrió la determinación dictada por acuerdo de diecinueve de julio de dos mil veintidós, dentro del término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO, el auto por el que se desechó la demanda de amparo promovida por *******; para todos los efectos legales correspondientes. De conformidad con los punto Noveno, fracción IV del artículo del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental. Asimismo, en términos del punto Vigésimo fracción I del citado Acuerdo General Conjunto 1/2009, se establece que este expediente es susceptible de destrucción. Por tanto, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Finalmente, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, a diecinueve de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito signado por ******, en su carácter de parte quejosa. En atención a su contenido, se tiene al promovente desahogando la prevención realizada mediante proveído de siete de julio de dos mil veintidós, en el cual se le requirió: Manifestando respecto al requerimiento realizado: Por lo anterior se provee de la siguiente manera: DESECHAMIENTO DE DEMANDA El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinara el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Ahora bien de la lectura integral tanto de la demanda de amparo como del escrito aclaratorio se aprecia que no obstante que la quejosa señalo un capitulo con diversos actos reclamados, lo cierto es que los actos que en realidad reclama son los siguientes. En el caso, respecto del auto e imposición de la multa reclamada, se advierte que se materializa la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en virtud de que el quejoso no agotó el principio de definitividad, pues antes de acudir al juicio de derechos tuvo la opción de promover el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previamente al juicio de derechos. En principio, debe decirse que es el caso de exigirle al peticionario de amparo que previamente agote el principio de definitividad, interponiendo el recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pues dicho medio de defensa si bien es optativo, como lo refiere expresamente, pues señala lo siguiente: "Artículo. 83. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda. En los casos de actos de autoridad de los organismos descentralizados federales, de los servicios que el Estado presta de manera exclusiva a través de dichos organismos y de los contratos que los particulares sólo pueden celebrar con aquéllos, que no se refieran a las materias excluidas de la aplicación de esta Ley, el recurso de revisión previsto en el párrafo anterior también podrá interponerse en contra de actos y resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente.". Esto es, respecto de recurso de revisión puede optar por interponerlo o puede decidir impugnar la resolución de manera directa ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, y debe decirse que la referida libertad elección que le otorgó el legislador al servidor público, es únicamente respecto del recurso de revisión, pues la resolución que se dicte en el citado recurso, de cualquier forma debe ser impugnada a través del juicio contencioso administrativo ante el referido tribunal para que tenga el carácter de acto definitivo. Es aplicable al caso la jurisprudencia, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Septiembre de 200, visible en la página 49, Novena Época, que dice: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS REGIDOS POR LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. RESULTA IMPROCEDENTE SI NO SE AGOTA PREVIAMENTE EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 83 DE DICHA LEY, AL NO EXIGIR ÉSTA MAYORES REQUISITOS QUE LA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción IV, constitucional y 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías en materia administrativa es improcedente cuando la parte quejosa no agota, previamente, los medios o recursos ordinarios que establezca la ley del acto, por aplicación del principio de definitividad, excepto cuando la mencionada ley que rige el acto exija, para conceder la suspensión, mayores requisitos que la Ley de Amparo. En estas condiciones, debe decirse que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente contra los actos administrativos regidos por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo cuando no se ha agotado, previamente, el recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la propia ley. Ello es así, porque al establecerse en el diverso artículo 87 de la citada ley, la posibilidad de suspender la ejecución del acto impugnado a través de dicho recurso, no se imponen mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo, pues la circunstancia de que se condicione la medida cautelar a que el recurso sea procedente, no constituye un requisito adicional a los señalados por el artículo 124 de la ley últimamente citada para su concesión, ya que aun cuando en este numeral no se exige que la demanda de garantías sea procedente para conceder la suspensión, el Juez de Distrito al recibirla está obligado, en términos de lo dispuesto en el artículo 145 de la ley de la materia, a atender previamente a cualquier otra cuestión, a su procedencia y después a la medida suspensional, pues de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano, sin suspender el acto reclamado. Y en ese sentido, si debió promover preliminarmente al juicio de amparo indirecto, o el recurso de revisión o el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pues de otro modo, dicho acto no tiene el carácter de definitivo para poder ser estudiado en la presente vía. Es ilustrativa al caso la jurisprudencia 191097, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Septiembre de 2000, visible en la página 49, Novena Época, que dice: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS REGIDOS POR LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. RESULTA IMPROCEDENTE SI NO SE AGOTA PREVIAMENTE EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 83 DE DICHA LEY, AL NO EXIGIR ÉSTA MAYORES REQUISITOS QUE LA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción IV, constitucional y 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías en materia administrativa es improcedente cuando la parte quejosa no agota, previamente, los medios o recursos ordinarios que establezca la ley del acto, por aplicación del principio de definitividad, excepto cuando la mencionada ley que rige el acto exija, para conceder la suspensión, mayores requisitos que la Ley de Amparo. En estas condiciones, debe decirse que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente contra los actos administrativos regidos por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo cuando no se ha agotado, previamente, el recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la propia ley. Ello es así, porque al establecerse en el diverso artículo 87 de la citada ley, la posibilidad de suspender la ejecución del acto impugnado a través de dicho recurso, no se imponen mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo, pues la circunstancia de que se condicione la medida cautelar a que el recurso sea procedente, no constituye un requisito adicional a los señalados por el artículo 124 de la ley últimamente citada para su concesión, ya que aun cuando en este numeral no se exige que la demanda de garantías sea procedente para conceder la suspensión, el Juez de Distrito al recibirla está obligado, en términos de lo dispuesto en el artículo 145 de la ley de la materia, a atender previamente a cualquier otra cuestión, a su procedencia y después a la medida suspensional, pues de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano, sin suspender el acto reclamado." Ahora bien, como ha quedado precisado, el peticionario de amparo reclama como acto destacado la resolución tres de junio de dos mil veintidós, dictada dentro del procedimiento 241.1S.15.13030.2022, así como todas y cada una de las actuaciones del mismo, en la cual, entre otras cosas, se le impone una multa por 500 veces la unidad de medida de actualización, emitida por la responsable Titular de la Oficina de Representación Federal del Trabajo en Hidalgo con sede en Pachuca. El artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.).". Del citado ordinal 61, fracción XX, de la Ley de Amparo se advierte que los elementos integradores de la causa de improcedencia en comento, son los siguientes: El acto reclamado debe emanar de autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Ese acto reclamado debe ser revisado de oficio o proceda en su contra algún recurso o medio de defensa legal. Mediante dicha revisión oficiosa, recurso o medio de defensa, el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado. Que conforme a las leyes que rijan el acto reclamado, se suspenda su ejecución mediante la interposición del recurso o medio de defensa en comento. Que para concederse dicha medida cautelar no se exijan mayores requisitos que los que impone la Ley de Amparo para la suspensión definitiva, independientemente de que el acto reclamado, considerado en sí mismo sea o no susceptible de ser suspendido acorde a la ley reglamentaria de la materia; y Que el acto reclamado no carezca de fundamentación. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la locución "leyes que los rijan", debe entenderse como todos aquellos ordenamientos legales, que guardan relación con los actos reclamados, ya sea por haber establecido su nacimiento o instauración, su regulación, efectos, o bien, sus formas de impugnación, en el entendido que no siempre tales actos serán normados por un solo cuerpo legal, sino que puede darse el caso de que lo sea por varios, e incluso sólo en uno se prevenga lo relativo al recurso, juicio o medio de impugnación que proceda contra ellos, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Esta consideración encuentra sustento en la jurisprudencia 18, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 27 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que al rubro dice: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "LEYES QUE RIGEN LOS ACTOS" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE LA MATERIA.". En el caso, la resolución reclamada se rige por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, cuyo artículo 83, que si bien se encuentra transcrito en líneas precedentes, por su importancia es necesario volverlo a citarlo, y el cual a la letra dice: "Artículo. 83. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda. En los casos de actos de autoridad de los organismos descentralizados federales, de los servicios que el Estado presta de manera exclusiva a través de dichos organismos y de los contratos que los particulares sólo pueden celebrar con aquéllos, que no se refieran a las materias excluidas de la aplicación de esta Ley, el recurso de revisión previsto en el párrafo anterior también podrá interponerse en contra de actos y resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia.". Por su parte, el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa prevé lo siguiente: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: I. Los decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación; II. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación; (.) III. Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal de la Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales; IV. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales; (.) XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; (.) Luego, si en el caso el quejoso reclama como acto destacado la resolución tres de junio de dos mil veintidós, dictada dentro del procedimiento 241.1S.15.13030.2022, así como todas y cada una de las actuaciones del mismo, en la cual, entre otras cosas, se le impone una multa por 500 veces la unidad de medida de actualización, emitida por una autoridad administrativa federal que puso fin a un procedimiento administrativo, se estima que se actualiza la hipótesis estatuida en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haberse colmado las exigencias siguientes: a) La imposición de la multa fue emitida por autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, a saber, el Titular de la Oficina de Representación Federal del Trabajo en Hidalgo con sede en Pachuca de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social. b) Dicha resolución es susceptible de impugnación mediante el juicio contencioso administrativo federal, ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en términos del artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y del ordinal 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues se trata de una resolución definitiva que puso fin a un procedimiento administrativo, en el que se le impuso al quejoso una multa en cantidad líquida por incumplimiento a una norma administrativa federal. c) En términos del artículo 28 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, con la promoción del juicio citado, el acto reclamado sí puede suspenderse. Sobre el particular debe analizarse si la suspensión prevista en el referido artículo 28 citado, no exige mayores requisitos que la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de diciembre de dos mil diez, y que entró en vigor el diez de marzo de dos mil once, prevé la suspensión de los actos reclamados ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, precepto del tenor siguiente: "ARTÍCULO 28. La solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, presentado por el actor o su representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes: I. Se concederá siempre que: a) No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y b) Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. II. Para el otorgamiento de la suspensión deberán satisfacerse los siguientes requisitos: a) Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Al otorgar la suspensión, se podrá reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos: 1. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del solicitante, y 2. Si se tratara de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. b) En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable. En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión a la que se refiere este inciso quedará sin efecto, si previa resolución del Magistrado Instructor, el tercero otorga a su vez contragarantía para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la notificación del acto impugnado al solicitante y a pagar los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado, si finalmente la sentencia definitiva que se dicte fuere favorable a sus pretensiones, así como el costo de la garantía que este último hubiere otorgado. No procede admitir la contragarantía si, de ejecutarse el acto, quedare sin materia el juicio. c) En los demás casos, se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. d) El monto de la garantía y contragarantía será fijado por el Magistrado Instructor o quien lo supla. III. El procedimiento será: a) La solicitud podrá ser formulada en la demanda o en escrito diverso presentado ante la Sala en que se encuentre radicado el juicio, en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia firme. b) Se tramitará por cuerda (sic) separada, bajo la responsabilidad del Magistrado Instructor. c) El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud. d) El Magistrado Instructor requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el que se deberá rendir en el término de tres días. Vencido el término, con el informe o sin él, el Magistrado resolverá lo que corresponda, dentro de los tres días siguientes. IV. Mientras no se dicte sentencia firme en el juicio, el Magistrado Instructor podrá modificar o revocar la resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique. V. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia favorable firme, el Magistrado Instructor ordenará la cancelación o liberación de la garantía otorgada. En caso de que la sentencia firme le sea desfavorable, a petición de la contraparte o en su caso, del tercero, y previo acreditamiento de que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante la autoridad.". Los requisitos establecidos para otorgar la suspensión del acto impugnado en el juicio previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no son mayores que los previstos para suspender el acto reclamado en el juicio de amparo De la Ley de Amparo y de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, permite concluir en sus textos legales referidos a la suspensión, que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales, sólo con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio; así, tanto en uno como en otro, la suspensión debe solicitarse por escrito; esta solicitud es oportuna desde la demanda hasta antes de la sentencia (en amparo: la ejecutoria); en ambos juicios operan la suspensión provisional y la definitiva del acto combatido; asimismo, la suspensión procede cuando, de otorgarse, no cause perjuicio al interés general ni se contravengan disposiciones de orden público, se establece en uno y otro, que si la suspensión puede ocasionar daños y perjuicios a alguna de las partes se exigirá garantía al solicitante en términos y condiciones idénticos. No es obstáculo para arribar a tal conclusión, la circunstancia de que en el artículo 25, segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, aplicable al incidente de suspensión en el juicio contencioso, se establece que la Sala debe resolver sobre la definitiva dentro de cinco días, reglas que no coinciden con las de la Ley de Amparo, porque tales pautas no son, propiamente, requisitos para conceder la suspensión. Con las consideraciones apuntadas es factible concluir que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos de autoridades administrativas, cuando proceda contra ellos algún recurso o medio de defensa legal conforme a la ley que los rija, y ésta exija iguales o menores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión; por tanto, es claro que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en su artículo 28, para otorgar la suspensión de la ejecución del acto impugnado, exige iguales o menores requisitos que los previstos en los artículos 125 al 139 de la Ley de Amparo, para el mismo fin. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a./J. 130/2013, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1446, Tomo II, Libro XXIV, Septiembre de 2013 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época cuyo contenido es: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. El citado artículo dispone que la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado debe presentarse por el actor o su representante legal en cualquier etapa del juicio, y que ésta se concederá si no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, además de que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al solicitante con esa ejecución. Asimismo, contempla su concesión en caso de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos; si se trata de posibles afectaciones no estimables en dinero, la medida cautelar se concede fijándose discrecionalmente la garantía, y si pudiera causar daños o perjuicios a terceros, si se otorga garantía para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que se cause. De ahí que el citado precepto legal no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado y, por consiguiente, atento al principio de definitividad, el juicio de amparo indirecto promovido contra actos de autoridades administrativas es improcedente si previamente no se agota el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa". Asimismo, es aplicable la tesis VI.3o.A. J/5, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible a pagina 1470, Tomo III, Agosto de 2013, Libro XXIII, emitida por el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época de rubro y texto siguiente: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO INDIRECTO, EN RAZÓN DE QUE EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 10 DE MARZO DE 2011). Con la redacción del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, antes de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2010, los actos impugnables en el juicio contencioso administrativo eran susceptibles de atacarse vía juicio de amparo, sin necesidad de agotar previamente aquél. Sin embargo, a partir del 10 de marzo de 2011 en que entró en vigor esa modificación, dicho numeral ya no prevé mayores requisitos que la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de 2013, para suspender la ejecución de los actos impugnados, pues incluso los requerimientos básicamente son los mismos, ya que la suspensión puede solicitarse en cualquier tiempo; se concederá siempre que no se afecte el interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y sean de difícil reparación los daños o perjuicios que puedan causarse con la ejecución; de ocasionarse daños o perjuicios a terceros se concederá siempre que el solicitante otorgue garantía para reparar el daño o indemnizar los perjuicios que se causen, dando la oportunidad a que el tercero exhiba contragarantía para evitar la suspensión de la ejecución del acto impugnado en nulidad; si se trata de una afectación no estimable en dinero la garantía se fijará discrecionalmente; deberá fijarse la situación en que habrán de quedar las cosas hasta que se dicte sentencia firme, pudiendo revocarse o modificarse la concesión o negativa de la medida cautelar por hecho superveniente. Asimismo, en cuanto a la forma de garantizar un crédito fiscal, se permite que se haga ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables, que conforme al artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, comprenden no sólo el depósito en efectivo y el embargo, sino también la prenda, hipoteca, fianza y la obligación solidaria asumida por un tercero, entre otros; además, se establece que la garantía o depósito puede reducirse de acuerdo con la capacidad económica del solicitante, o si se trata de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito, lo que incluso otorga un mayor beneficio al contribuyente que la Ley de Amparo. Por tanto, los requisitos vigentes previstos para otorgar la medida cautelar en el juicio contencioso administrativo no rebasan los contemplados al respecto en la Ley de Amparo para conceder dicha medida cautelar, por lo que previo a la promoción del amparo indirecto, debe agotarse aquél, en acatamiento al principio de definitividad". También tiene aplicación la tesis I.4o., emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región con Residencia en el Distrito Federal, visible a página 1933, Tomo II, Libro XI, Agosto de 2012, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época que señala: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, POR LO QUE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE GARANTÍAS DEBE AGOTARSE EL DE NULIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL ONCE DE MARZO DE DOS MIL ONCE). El análisis del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, en términos de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción XV, de la ley de la materia, en relación con el juicio de nulidad que se tramita ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con base en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, permite establecer que con motivo de la reforma a este último ordenamiento, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de diciembre de dos mil diez, en vigor a partir del once de marzo de dos mil once, según el artículo segundo transitorio del decreto correspondiente, su artículo 28 no exige mayores requisitos para conceder la suspensión que los previstos en los diversos 124, 125, 130, 131, 135 y 139 de la Ley de Amparo, debido a que ambas leyes son coincidentes en establecer para ello los siguientes: a) Puede solicitarse en cualquier tiempo, hasta antes de que se dicte sentencia; b) A la solicitud deben acompañarse copias tanto de la promoción como de las documentales que se ofrezcan, para correr traslado a las partes; c) Cuando se solicite contra actos que involucren determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, se concederá previa garantía o depósito; d) La garantía o depósito puede reducirse de acuerdo a la capacidad económica del quejoso, o si se trata de tercero distinto al sujeto obligado, de manera directa al pago del crédito; e) La suspensión se tramita por cuerda separada; f) Se otorga si no se afecta el interés social, no se contravienen disposiciones de orden público, no queda sin materia el juicio, cuando los actos no se hayan consumado irreparablemente y si se causan al demandante daños mayores en caso de no decretarse; g) Se prevé la posibilidad de impugnar el auto que decrete o niegue la suspensión; h) Si la ley del acto no prevé la suspensión ante autoridad ejecutora, dicha medida podrá decretarse y subsistirá mientras no se modifique o revoque y hasta que se emita sentencia firme; i) En tanto no se pronuncie sentencia en el juicio, se podrá modificar o revocar la resolución que decretó o negó la suspensión; j) Si se obtiene sentencia firme favorable, el solicitante de la suspensión podrá recuperar la garantía otorgada, pero si le es desfavorable, se hará efectiva. Aunado a ello, del referido artículo 28 se advierte que no precisa, como lo hace el 124 de la Ley de Amparo, para la procedencia de la suspensión, cuándo se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público; sin embargo, tal omisión, lejos de erigirse como un requisito mayor para la procedencia de la medida cautelar, constituye una reducción de las condicionantes que para tal efecto se exigen en el juicio de garantías, por lo que resulta de mayor indulgencia la suspensión en el juicio de nulidad. En ese contexto, queda de manifiesto que el mayor grado de requisitos previstos para otorgar la suspensión del acto impugnado apreciado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 56/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, mayo de 2007, página 1103, de rubro: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. NO ES NECESARIO AGOTAR EL JUICIO CORRESPONDIENTE, PREVIAMENTE AL AMPARO, AL PREVER EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY QUE RIGE EL JUICIO DE GARANTÍAS.", ha quedado superado con la indicada reforma. Es importante destacar que conforme al artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el Magistrado instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud, lo cual es compatible con el previsto por la Ley de Amparo para resolver sobre la suspensión provisional. Por otra parte, si bien es cierto que conforme al inciso d) de la fracción III del citado precepto el Magistrado instructor requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el que deberá rendir en el término de tres días, vencido el cual, con informe o sin él, aquél resolverá lo que corresponda, dentro de los tres días siguientes, también lo es que los aspectos relativos al envío del informe y el plazo de decisión sólo difieren en que la Ley de Amparo dispone veinticuatro horas para que la autoridad rinda su informe previo, pero el plazo de tres días para resolver, con o sin informe es similar al de setenta y dos horas que establece la legislación de amparo. Aunado a ello, conviene precisar que el plazo otorgado por esta última ley a la autoridad demandada para que rinda su informe, no constituye un requisito de eficacia o de procedencia para el otorgamiento de la suspensión definitiva, en la inteligencia de que, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Constitución General de la República, la restricción sobre los términos de decisión se refiere a la suspensión provisional y no a la definitiva. Por tanto, antes de acudir al amparo debe agotarse el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que es el órgano competente para resolver esa clase de conflictos, en términos de los artículos 14, fracciones XI y XVI, y 15 de su ley orgánica, salvo que se actualice alguna excepción al mencionado principio de definitividad". Consecuentemente, al quedar de manifiesto que los requisitos establecidos para otorgar la suspensión del acto impugnado en el juicio de nulidad no son mayores que los previstos para suspender el acto reclamado en el juicio de derechos, se estima que el quejoso previamente a la presentación de la demanda debió agotar el principio de definitividad, esto es, debió promover el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa contra la resolución reclamada, pues puede modificarlo, revocarlo o nulificarlo y como éste no se agotó, es evidente que no se cumplió con el principio de definitividad rector del proceso constitucional, el cual consiste en la obligación del gobernado o quejoso de intentar los medios de defensa que la ley le permite para combatir las resoluciones que considera le causan perjuicio. También tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 115/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 448 del Tomo X, Octubre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo.". En este punto, es importante precisa que no se soslaya la existencia del criterio jurisprudencial emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. NO ES NECESARIO AGOTAR EL JUICIO CORRESPONDIENTE, PREVIAMENTE AL AMPARO, AL PREVER EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY QUE RIGE EL JUICIO DE GARANTÍAS."; sin embargo, se estima que no resulta aplicable al caso en estudio, pues dicho criterio se refiere a la interpretación realizada al artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo derogado; disposición en la que se contemplaban mayores requisitos para la suspensión del acto, a los que actualmente contempla dicho artículo reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de diciembre de dos mil diez, y en ese sentido, como ya se ha visto, el referido artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo vigente, no contempla mayores requisitos para la suspensión del acto reclamado que los establecidos en la Ley de Amparo, por lo que debe concluirse que la citada jurisprudencia es inaplicable. Por otra parte, debe destacarse que la propia fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, contempla en su último párrafo una excepción al principio de definitividad, en la que exime al quejoso de agotar los recursos o medios de defensa, cuando el acto reclamado carece de fundamentación, hipótesis que no se actualiza en el caso concreto, pues en la resolución de quince de diciembre de dos mil catorce, específicamente en la parte final lo fundamenta en el artículo 134 de la Ley Federal de Protección al Consumidor y 1,2 fracción I, 3, 18, 19 Fracción XVII del Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor; por lo que se advierte que dicho acuerdo no carece de fundamentación y no entra en los supuesto de excepción al principio de definitividad. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 95/2004, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cuatrocientos catorce del Tomo XX, Julio de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. PREVIO AL JUICIO DE GARANTÍAS NECESARIAMENTE DEBE AGOTARSE EL JUICIO DE NULIDAD, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PREVISTO EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 56/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, julio de 2002, página 351, con el rubro: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. NO ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI LA RESPONSABLE NO INFORMA DE DICHO RECURSO AL QUEJOSO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 3o., FRACCIÓN XV, DE ESA LEY.", sostuvo el criterio de que es innecesario agotar el recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo antes de acudir al juicio de amparo indirecto, en los casos en que no se haga del conocimiento del gobernado el recurso que proceda en contra de tal resolución. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema conduce a apartarse de tal criterio a fin de establecer que las resoluciones administrativas que en términos del referido artículo 83 son impugnables ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de manera optativa a través del recurso de revisión o del juicio de nulidad, necesariamente deberán impugnarse a través de este último, previo al juicio de garantías, en términos del artículo 11, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ya que no obstante que se haya optado por sustanciar el recurso de revisión, con posterioridad a éste siempre deberá agotarse el juicio de nulidad. Apoya lo anterior la circunstancia de que en relación con la tramitación del juicio contencioso administrativo, el Código Fiscal de la Federación no exige mayores requisitos que los que contempla la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, según se advierte de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 155/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, enero de 2003, página 576, con la salvedad de que no habrá obligación de agotar el juicio de nulidad en los casos en que se actualice alguna excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XV del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales.". Por otra parte, la parte quejosa pretende acreditar una transgresión directa a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente a sus artículos 14 y 16, porque así lo expresa en su escrito de demanda, pero no refiere la existencia de una norma general que implicara una contradicción con la norma fundamental, por lo que se estima que no existe un problema de constitucionalidad, sino de legalidad, pues basta leer con detenimiento lo plasmado en su único concepto de violación. Al caso tiene aplicación la Jurisprudencia XX. J/1, Novena Época, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Abril de 1995, página 94, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DEL AMPARO, CUANDO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS SE RECLAMAN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN Y CUESTIONES DE LEGALIDAD. Si bien es cierto que el juicio de amparo puede interponerse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República; también lo es que tal excepción a la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia presupone que en la demanda de garantías exclusivamente se hagan valer violaciones directas a nuestra Carta Magna supuesto que si además se incluyen cuestiones de legalidad, la parte quejosa debe previamente agotar el recurso ordinario procedente." (Énfasis añadido). Aun y cuando la tesis transcrita interpreta la Ley de Amparo anterior, se advierte que la misma no se opone a la Ley de Amparo, por lo que se considera aplicable al caso en concreto. Asimismo, en el presente asunto, el quejoso no se encuentra dentro de las excepciones que establece el artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que los actos que pretende impugnar en esta vía, no importan peligro de privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, no se trata de orden de aprehensión, reaprehensión, vinculación a proceso o resolución que niegue la libertad del quejoso. Se dice lo anterior, pues de admitir a trámite la demanda de amparo, a nada práctico conduciría, si de cualquier manera al dictarse sentencia se sobreseería en el juicio, por ello, resulta conveniente desechar de plano, desde este momento la demanda de cuenta, con objeto de que el quejoso tenga conocimiento desde ahora el resultado de la promoción de la demanda de derechos y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso le permite, si es el caso, acudir oportunamente a los medios ordinarios de defensa a deducir sus derechos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tomo XX, de septiembre de dos mil cuatro, Novena Época, página mil seiscientos treinta y uno, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO MANIFIESTO DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." De ahí que, al ser parte en el procedimiento que se promovió ante la Procuraduría Federal del Consumidor, con residencia en Pachuca, está obligada a agotar los recursos y medios de defensa que se establecen en los ordenamientos legales previamente a la promoción del amparo, sin que se advierta que en contra de los actos reclamados, previa a esta vía que combate, haya hecho valer la nulidad, surtiéndose por tanto la causa de improcedencia prevista en el primer párrafo, artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. En tales condiciones, con base en los razonamientos expuestos, preceptos legales, y además con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de derechos. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávalos Cervantes , Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, en términos del artículo transitorio tercero del "Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional; de la Ley Federal de Defensoría Pública; de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Procedimientos Civiles", así como de los artículos transitorios VIGÉSIMO OCTAVO y TRIGÉSIMO SÉPTIMO del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial para encargarse del despacho durante las vacaciones de la Titular de este Órgano Jurisdiccional, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, con las facultades derivadas de la interpretación que de ese artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", ante el licenciado Cesar David Bejarano Magaña, Secretario que autoriza y da fe, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos que reclama de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social y otra autoridad. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 1079/2022-1, del índice de este Juzgado Federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. PREVENCION En este sentido, el artículo 114 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandara requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo a las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Por su parte, el diverso numeral 108, fracción IV de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame;" Por lo anterior, a efecto de que este órgano se encuentre en aptitud de determinar la procedencia del presente juicio, con fundamento en los artículos 108, fracción IV, y 114 de la Ley de Amparo, se previene a la parte quejosa para que dentro del término de CINCO DIAS, contados a partir del siguiente de aquél en que surta efectos la legal notificación del presente proveído bajo protesta de decir verdad: a) Informe el estado procesal en que se encuentra el expediente de origen; b) En caso de estar en ejecución, indicar la etapa en la que se encuentra; c) Exhiba copia simple de la resolución de tres de junio de dos mil veintidós, dictada en el procedimiento de origen, misma que refiere en su escrito inicial de demanda. Se apercibe al promovente que en caso de no cumplir con la prevención decretada en el término concedido, se procederá de conformidad con el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de la Materia, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. SANCIONES POR HECHOS FALSOS. También se hace de su conocimiento que el artículo 261, fracción primera, de la Ley de Amparo, prevé sanción de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días, para el caso de que afirme hechos falsos u omita los que le consten. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda; asimismo, téngase como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, esto es, para oír y recibir notificaciones a José de Jesús Olvera Lozada y Alberto Estrada Estrada, al acreditar contar con registro de sus cédulas profesionales ante el Sistema Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; no así respecto de las demás personas autorizadas, por carecer de dicho registro; sin perjuicio de que durante la tramitación del presente juicio acredite lo anterior y previa manifestación de la parte quejosa para tenerlos como autorizados en términos amplios. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otro lado, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizada la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, por persona previamente autorizada para ello; en el entendido de que el uso de dichas fotografías será responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL ASUNTO "ENLÍNEA" En otro orden, con fundamento en los artículos 22, fracción I y 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus Covid-19, se invita a las partes a que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, conforme a los requisitos contemplados en el diverso numeral 29 del citado Acuerdo, a fin de se encuentren en posibilidad promover y consultar el expediente electrónico, así como para que este órgano jurisdiccional se encuentre en aptitud de practicar notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020. DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del veintisiete de enero de dos mil diecisiete, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. Notifíquese personalmente.

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