Manuel Alejandro Ek Canul

Expediente 199/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
199/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
14/03/2019

Partes del expediente

  • Manuel Alejandro Ek Canul

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    MESA V. Agréguese a estos autos el alegato ministerial número 126/2019, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, sin hacer pronunciamiento alguno acerca de él, toda vez que de autos se advierte que mediante proveído de trece de los corrientes, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo en que se actúa. Asimismo, como lo solicita la Fiscal Federal adscrita, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada ley de la materia, entréguesele, en el momento procesal oportuno, copia certificada de la sentencia que se pronuncie en este juicio. NOTIFÍQUESE Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de marzo de dos mil diecinueve, comunicado en oficio CCJ/ST/775/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    MESA V. Agréguense a estos autos los informes justificados rendidos por la Junta por conducto de su Presidente, el Presidente y el Actuario, todos adscritos a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad y anexo que acompaña la Junta responsable a su informe de Ley, mediante los cuales informan que en fecha veinticinco de febrero del año en curso en autos del juicio laboral 262/2018, dictó un acuerdo en el cual, acordó sobre la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes; autoridad que notificó a la parte actora y a la parte demandada el seis de los corrientes. Ahora bien, de la revisión de las constancias que fueron anexadas por la autoridad remitente, se advierte que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que amerita el sobreseimiento en este asunto, en términos de la fracción V del numeral 63, de la citada ley de la materia. Al respecto, es necesario precisar que el promovente del amparo reclama en el presente juicio de las autoridades responsables, es la omisión de acordar, proveer y de tramitar por parte de la autoridad responsable, la aceptación o desechamiento de las pruebas ofrecidas en el juicio de origen. En este sentido, de las constancias que adjuntó a su informe justificado la autoridad responsable, se aprecia que en fecha veinticinco de febrero del año en curso en autos del juicio laboral 262/2018, dictó un acuerdo en el cual, acordó sobre la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes; autoridad que notificó a la parte actora y a la parte demandada el seis de los corrientes. En este orden de ideas, ya que el veinticinco de febrero del año en curso dictó el acuerdo correspondiente al juicio laboral del origen; y para acreditar lo anterior, remitió copia certificada del referido acuerdo y de las constancias de notificación, documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; mientras que en el caso a estudio, el promovente de amparo reclamó la inactividad del expediente laboral 262/2018, al no pronunciarse la responsable respecto a acordar, proveer y de tramitar la aceptación o desechamiento de la pruebas; en consecuencia, se llega a la conclusión que en el presente juicio de amparo han cesado los efectos del acto que se reclama, y se surte la causal de improcedencia señalada, al destruirse de forma total e incondicional el acto omisivo combatido por el solicitante del amparo a la autoridad responsable, restituyéndose al agraviado en el goce de la garantía constitucional violada. De ahí que aparezca la imposibilidad de entrar al análisis de fondo del acto reclamado por haber quedado sin efecto la omisión impugnada, pues no hay materia por la cual se procediera a determinar su constitucionalidad de proseguirse el trámite del presente juicio. En apoyo de lo anterior tiene aplicación al respecto la tesis número P. CL/97, del Pleno de la Suprema Corte, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Noviembre de 1997, página 71, que al rubro y texto reza: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". En tales circunstancias, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia de análisis. Por consiguiente, este Juzgador Federal decreta de oficio, fuera de audiencia el sobreseimiento en el presente juicio de control constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE MARZO DEL AÑO EN CURSO. No es obstáculo para concluir lo anterior, lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 219/2006-SS, de la que emanaron las jurisprudencias cuyos rubros se transcriben a continuación: "AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS"; y, "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES". A partir su publicación, y durante algún tiempo, las jurisprudencias invocadas rigieron la forma de resolver los juicios de amparo en que se reclamaran omisiones y dilaciones en el trámite de un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, que infringieran el derecho fundamental previsto en el artículo 17 de la Constitución General de la República. Ello, porque la suprema instancia resolvió que, respecto de dichas omisiones y dilaciones, no cesaban los efectos ni se consuman irreparablemente las violaciones cometidas cuando la autoridad dejaba de ser omisa y actuaba, porque éstas afectaban también a los actos subsecuentes al estar concatenados dentro de una secuela procedimental. Por ello, resolvió que las dilaciones u omisiones subsecuentes a las reclamadas no eran actos futuros de realización incierta, sino inminentes, porque al producirse momento a momento, una vez sobrevenida la tardanza u omisión en la tramitación del juicio, era ineludible que ya no se desarrollaría con prontitud. De igual manera, la suprema instancia estableció que el efecto de las ejecutorias de amparo, en los casos mencionados, no debía limitarse a las omisiones o dilaciones en que hubiera incurrido la autoridad responsable, sino que debía otorgarse el amparo para que procediera, con prontitud, a tramitar y concluir el procedimiento conforme a los términos legales, lo cual implicaba que debía realizar los actos subsecuentes a los reclamados, necesarios para tal fin y, en su oportunidad, emitir también con prontitud la resolución definitiva correspondiente, pues sólo así podría cumplir y respetar lo que el derecho fundamental en cuestión exige. Sin embargo, el criterio sustentado en la primera de las jurisprudencias mencionadas (2a./J. 45/2007), fue abandonado expresamente por la propia Segunda Sala del más alto tribunal del País, en sesión de dieciocho de septiembre de dos mil trece, al resolver el recurso de inconformidad 282/20013. En la ejecutoria correspondiente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una nueva reflexión sobre el tema del amparo contra dilaciones y omisiones en procedimientos laborales, determinó que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento de trabajo, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de la sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Lo anterior, puede corroborarse con el contenido de la tesis 2a. CV/2013 (10a.), que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también afecta a lo establecido en la diversa 2a./J. 44/2007, aunque no se haya abandonado expresamente lo que en ella se precisó, en atención a que la esencia de lo resuelto en el recurso de inconformidad 282/20013 de que se habla, radica en que los efectos de la sentencia de amparo deben concretarse a los actos reclamados y a la etapa del procedimiento laboral correspondiente, lo que imposibilita que la autoridad de amparo se ocupe de los actos futuros o de las nuevas violaciones que puedan cometerse. Además, lo que rige a las jurisprudencias, como tesis, es lo establecido en la ejecutoria de la que emanan y, en el caso, tanto la tesis de jurisprudencia 2a./J. 44/2007 como la 2a./J. 45/2007, surgieron de la mima contradicción de tesis, a saber: 219/2006-SS, por lo que es posible concluir que la nueva reflexión de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe interpretarse o entenderse de forma integral a la referida contradicción de criterios y no únicamente a una de las tesis que de ahí se elaboraron. En lo conducente, sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 31/2004, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. CUANDO ES CONFUSA O INCOMPLETA LA TESIS REDACTADA, DEBE ATENDERSE A LA EJECUTORIA RESPECTIVA. En el caso que del análisis de una tesis y de la ejecutoria respectiva se advierta que aquélla resulta confusa o no refleja lo que en la ejecutoria se sostiene, para efectos de la contradicción debe atenderse a ésta y no a la tesis redactada, puesto que el criterio que sustenta el órgano jurisdiccional se encuentra en las consideraciones de la propia resolución. En consecuencia, por seguridad jurídica debe corregirse la tesis y darse a conocer el verdadero criterio del juzgador que no fue reflejado con fidelidad". De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Asimismo, resulta necesario destacar, que para este órgano jurisdiccional no pasa desapercibida la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITES EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO". Cuando de la demanda de garantías, se advierta que el acto impugnado proviene de un juicio o de un procedimiento seguido en forma de juicio en donde haya intervenido el quejoso y su contraparte, debe considerarse a este último como tercero perjudicado, aun cuando en el juicio de amparo se reclamen violaciones a las garantías consagradas en los artículos 8o. y 17 de la Constitución Federal, en específico, por la falta de acuerdo a una promoción o la omisión de alguna autoridad jurisdiccional de dictar la resolución que ponga fin a un juicio o a un procedimiento seguido en forma de juicio; pues la figura del tercero perjudicado no puede dejar de existir, en función de la naturaleza de los actos que se impugnen, pues el carácter de tercero perjudicado que tiene la contraparte del agraviado, deviene expresamente de lo dispuesto en el inciso a) de la fracción III del artículo 5o. de la Ley de Amparo, y su intervención como tal en el juicio de garantías constituye un derecho procesal legalmente tutelado." En base a ello, no obsta a quien le pueda recaer el carácter de tercero interesado, y que haya sido emplazado en este juicio de amparo, pues ello no impide a este juzgador pronunciarse en el sentido de decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, dado que la presente resolución en nada agravia a sus posibles derechos vinculados directamente con las peticiones que la parte quejosa solicita en el ocurso de mérito. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de marzo de dos mil diecinueve, comunicado en oficio CCJ/ST/775/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    MESA V. Visto lo informado por el Secretario en la cuenta que antecede, en el sentido que hasta la presente fecha el tercero interesado Administración Soriana, Sociedad Anónima de Capital Variable, no cumplió con la prevención que se le hizo en proveído de dieciocho de febrero del año en curso, en el sentido de que señalara domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones; por tanto, llevando a efecto el apercibimiento decretado en el acuerdo de mérito, con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo en vigor, hágase al referido tercero interesado, la notificación de este acuerdo, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del Despacho por licencia médica del titular, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    MESA V. Vista la demanda de amparo promovida... contra actos que reclama de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad y otras autoridades, y con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo en vigor, SE ADMITE LA DEMANDA; en consecuencia, fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dese la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se hará entrega de una copia simple de la demanda. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor, pídase informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables, el que deberán rendir por escrito o en medios magnéticos, dentro de los quince días siguientes a la legal notificación de este acuerdo, en el cual las responsables, deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinente para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar dicho informe; apercibidas que de no rendir su informe dentro del término fijado o lo hagan sin remitir en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio, se les impondrá una multa de cien días de unidades de medida y actualización, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la misma legislación. Asimismo, con fundamento en los artículos 63 y 64 del ordenamiento legal citado, requiérase a las autoridades responsables para que en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este Juzgado, y de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten; apercibidas dichas autoridades, de que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa de treinta a trescientos días de unidades de medida y actualización, de conformidad con artículo 251 de la Ley de la Materia vigente. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las DIEZ HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, de conformidad con el artículo 115 de la Ley de Amparo en vigor. Con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo en vigor, se estima que le recae el carácter de tercero interesado en este juicio a Administración Soriana, Sociedad Anónima de Capital Variable. Por ende, se comisiona al Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, para que se constituya en el domicilio de la citada persona moral tercera interesada que lo es el predio marcado con el número ciento sesenta y tres letra "A", de la calle veintiocho por siete de la colonia García Ginerés de esta ciudad, entregándole copia simple de la demanda de amparo, y copia autorizada del presente acuerdo, haciéndole saber que puede apersonarse a este juicio con tal carácter, si así le conviniere a sus intereses, debiendo prevenirle para que dentro del término de tres días hábiles siguientes al de la notificación de este auto, señale domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano de control constitucional. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el predio número quinientos veintisiete, departamento tres, de la calle sesenta y seis, entre sesenta y cinco y sesenta y siete del Centro de esta ciudad, y como sus autorizados para tal fin, a Carlos Simón Suarez Lire, Diego Humberto Cetina Cabrera, Jorge Carlo Argaez Díaz, María Fernanda de la Cruz González, Ricardo Uriel Flota Cabrera, y Blanca Sabina Martín Ci; pero con las limitaciones que señala el artículo 12 de la Ley de Amparo en vigor, hasta en tanto acrediten el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, y en atención a lo que solicita la parte quejosa en su demanda de amparo, se tiene por anuente para la publicación de sus datos personales al momento de que se haga pública la sentencia respectiva. Por otra parte, con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la Materia, habilítese al actuario de la adscripción para que en días y horas inhábiles realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto. Finalmente, no se tramita el incidente de suspensión relativo en atención a que no se solicitó. Notifíquese; y personalmente al tercero interesado. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe.

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