Manuel Alejandro Castaneda Perez
Expediente 870/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 870/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 27/08/2021
Partes del expediente
- Manuel Alejandro Castaneda Perez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintisiete de agosto de dos mil veintiuno. Acusa recibo. Agréguese a los autos el oficio de la Actuaria Judicial adscrita al Tercer Tribunal Colegiado en materia Civil del Sexto Circuito, por el cual transcribe el auto de diecinueve de agosto del año en curso, del que se advierte que se avocó al conocimiento del juicio de amparo promovido por *** del cual deriva el presente cuaderno de antecedentes; asimismo, que ordenó remitir dicha demanda a la autoridad responsable para el trámite correspondiente al juicio de amparo directo; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes.. Archivo. En esas condiciones, al haber aceptado competencia el Tercer Tribunal Colegiado en materia Civil del Sexto Circuito, del juicio de amparo del cual deriva el cuaderno de antecedentes en el que se actúa y al no existir diligencias que realizar archívese el presente cuaderno de antecedentes como asunto totalmente concluido y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente: Destrúyase el presente cuaderno de antecedentes, una vez transcurridos tres años de su archivo, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso J) del Acuerdo General Conjunto de referencia. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el penúltimo párrafo del artículo 21 del Acuerdo General Conjunto de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el plazo antes señalado, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, treinta de julio de dos mil veintiuno. Causa estado auto. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación de cuenta y tomando en consideración que la parte promovente no recurrió el auto de doce de julio de dos mil veintiuno, por el cual se declinó la competencia por razón de la vía para conocer de la demanda de amparo planteada y se determinó remitirla al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en turno; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. En consecuencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, previo cuaderno de antecedentes que al efecto se forme, se ordena remitir el presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en turno, a quien se estima competente para conocer de la misma, solicitándole el acuse de recibo correspondiente y, en su caso, informe si acepta o no la competencia planteada. Notifíquese.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA *** NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE DOCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Estado de Puebla, doce de julio de dos mil veintiuno. Quejoso cumple prevención. Incompetencia por razón de la vía. Vista la diligencia del nueve de julio del presente año, en la que Manuel Alejandro Castañeda Pérez, ratifica el contenido y firma del escrito recibido en este juzgado el treinta de junio de dos mil veintiuno; por tanto, se le tiene dando cumplimiento a lo requerido en proveído del uno del presente mes y año, y se procede a acordar lo conducente respecto a dicho ocurso. Bajo ese panorama, visto el escrito del quejoso registrado en el libro de correspondencia con el número 10044, se le tiene dando cumplimiento a la prevención que se le formuló en auto del dieciocho de junio de dos mil veintiuno, pues manifiesta bajo protesta de decir verdad la fecha en que se le notificó la resolución que reclama. En ese contexto, con base en el estudio exhaustivo de la demanda de amparo, su escrito aclaratorio y de las constancias remitidas por el Juez responsable, se provee lo conducente. Así, en el presente juicio de amparo se advierten los siguientes datos: Parte quejosa. Manuel Alejandro Castañeda Pérez. Autoridades responsables: 1. Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cholula; y, 2. Diligenciario Par adscrito al Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cholula. Acto reclamado: Sentencia del siete de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el juicio de divorcio incausado 476/2020 del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cholula. Presupuesto procesal de competencia. Ahora, es necesario precisar que la competencia constituye un presupuesto procesal de análisis previo a cualquier otra cuestión, pues ha sido propósito del legislador facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que el afectado disponga de mejores posibilidades de defensa, por ello estableció reglas de competencia, aunado a que si un Juez de Distrito resuelve un juicio de amparo respecto del cual carece de competencia, tal circunstancia constituye una violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento. Por tanto, se procede a examinar si en la especie se satisface este requisito. En primer lugar, conviene precisar que el quejoso señala como acto reclamado la sentencia del siete de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el juicio de divorcio incausado 476/2020 del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, de cuyo contenido se desprende lo siguiente: "PRIMERO. Esta autoridad fue competente para conocer y fallar en primera instancia el presente juicio. SEGUNDO. Se declara disuelto el vinculo matrimonial que une a Itzel González Pacheco Cervantes y Manuel Alejandro Castañeda Pérez, celebrado el veintiséis de enero de dos mil quince, ante el Juez Tercero del Registro del Estado Civil de las Personas de Puebla, Puebla, bajo el número de acta 00022 del Libro número 01 de matrimonios del año de 2015 bajo el régimen de sociedad conyugal, misma que de igual forma se declara terminada todo lo anterior por las razones expuestas en los considerandos respectivos de la presente sentencia, sin que exista cónyuge culpable. TERCERO. En consecuencia de lo anterior se deja a Itzel González Pacheco Cervantes y Manuel Alejandro Castañeda Pérez, en aptitud de contraer nuevo matrimonio. CUARTO. Se dejan expeditos los derechos de los señores Itzel González Pacheco Cervantes y Manuel Alejandro Castañeda Pérez, respecto de los convenios presentados por ambas partes para que los hagan valer en la vía incidental en el tiempo y forma correspondiente en términos de lo establecido en los artículos 413 y 414 del Código Procesal Civil para el Estado. QUINTO. Como consecuencia de lo anterior y una vez que cause ejecutoria la presente resolución, con fundamento en el artículo 457 del Código Civil para el Estado, se ordena girar atento oficio al Juez Tercero del Registro del Estado Civil de las Personas de Puebla, Puebla, a fin de que proceda a efectuar las anotaciones correspondientes y levantar el acta de divorcio, adjuntándose a dicho oficio las copias certificadas de esta sentencia y del auto que la declara ejecutoriada. SEXTO. No se formula especial condenación al pago de gastos y costas procesales." De la sentencia reclamada se desprende, que por una parte el Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cholula, resolvió declarar disuelto el vínculo matrimonial que unía a Itzel González Pacheco Cervantes y Manuel Alejandro Castañeda Pérez y, por otra, determinó dejar expeditos los derechos de las partes respecto de los convenios presentados por ambos, para que los hagan valer en la vía incidental en el tiempo y forma correspondiente. En ese orden de ideas, es claro que el Juez responsable resolvió lo relativo al vínculo matrimonial al declararlo disuelto y, dejó pendientes las cuestiones inherentes al mismo, dado que las partes no alcanzaron un acuerdo para resolverlas en esa etapa procesal, por lo que hizo de su conocimiento que se encontraba expedito su derecho para hacerlas valer en la vía incidental correspondiente. En ese contexto, se estima que la sentencia reclamada tiene el carácter de definitiva, por lo que en su contra procede el juicio de amparo en la vía directa. Para justificar lo anterior, en primer término es pertinente precisar el régimen sustantivo del divorcio sin expresión de causa previsto en Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla, que dispone: "Divorcio incausado Arti´culo 442.- El divorcio incausado podra´ solicitarse por cualquiera de los co´nyuges o por ambos, ante Juez de lo Familiar competente, con la sola manifestacio´n de la voluntad de no querer continuar con el matrimonio, sin ser necesario sen~alar la causa por la que lo solicita. Arti´culo 443.- El co´nyuge que unilateralmente desee promover el juicio de divorcio debera´ acompan~ar a su solicitud la propuesta de convenio para regular las consecuencias inherentes a la disolucio´n del vi´nculo matrimonial, debiendo contener los siguientes requisitos: I.- A quie´n se confiara´n los hijos de los consortes durante el procedimiento y despue´s de ejecutoriado el divorcio, establecie´ndose la designacio´n de guarda y custodia; II.- El modo de ejercitar, durante el procedimiento y despue´s de ejecutoriado el divorcio, el derecho de visitar a sus hijos y de tener correspondencia con ellos, respecto al co´nyuge a quien no se confi´en aque´llos; III.- El modo de subvenir a las necesidades de los hijos, tanto durante el procedimiento, como despue´s de ejecutoriado el divorcio asi´ como la forma de hacer el pago, lugar y fecha; la garanti´a que debe darse para asegurarlo; pero si el co´nyuge deudor de los alimentos no encuentra persona que sea su fiador, si carece de bienes rai´ces o muebles para garantizar con ellos, en hipoteca o prenda respectivamente el pago de los alimentos, no se exigira´ e´sta, y al aprobar el convenio, el Juez hara´ saber al deudor alimentario, que la ley castiga con cárcel el incumplimiento del pago de los alimentos y el contenido de los artículos 347 y 348 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla; IV.- La casa que servira´ de habitacio´n a cada uno de los esposos durante el procedimiento; V.- La cantidad y forma de hacer el pago, que a ti´tulo de alimentos se determine pagar al co´nyuge que se haya dedicado al trabajo del hogar y cuidado de los nin~os; VI.- La forma y periodicidad en que se incrementara´ el monto de las pensiones alimenticias que se hayan acordado, debie´ndose sen~alar como obligacio´n del deudor de los alimentos que dicho aumento se verifique por lo menos una vez al an~o y que su importe sea al menos equivalente al aumento porcentual que tenga el salario mi´nimo general, durante el mismo periodo; VII.- La manera de administrar los bienes de la sociedad conyugal durante el procedimiento y la de liquidar dicha sociedad despue´s de ejecutoriado el divorcio. A este efecto se acompan~ara´ un inventario y avalu´o de los bienes muebles o inmuebles de la sociedad, con indicacio´n de las deudas a cargo de e´sta; y VIII.- En el caso de que los co´nyuges hayan celebrado el matrimonio bajo el re´gimen de separacio´n de bienes debera´ sen~alarse la compensacio´n, que no podra´ ser superior al 50% del valor de los bienes que hubieren adquirido, a que tendra´ derecho el co´nyuge que, durante el matrimonio, se haya dedicado preponderantemente al desempen~o del trabajo del hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos. El Juez de lo Familiar resolvera´ atendiendo a las circunstancias especiales de cada caso. Arti´culo 444.- Cuando la demanda de divorcio sea presentada por ambos co´nyuges, el Juez los citara´ a una junta en donde procurara´ avenirlos; pero, si notare que su decisio´n fuere irrevocable, pronunciara´ sentencia de divorcio y, en su caso aprobara´ el convenio y sus modificaciones conforme a los arti´culos 446 y 447 del presente ordenamiento. Arti´culo 445.- Cuando el divorcio sea solicitado por so´lo uno de los co´nyuges, se desarrollara´ la junta de avenencia en te´rminos del arti´culo anterior; pero, si notare que la decisio´n del promovente es irrevocable, emplazara´ al otro hacie´ndole de su conocimiento que cuenta con los te´rminos que sen~ala el Co´digo de Procedimientos Civiles para contestar la demanda, en la que podra´ expresar su conformidad con el convenio, o bien realizar una contrapropuesta, acompan~ando las pruebas necesarias. La falta de contestacio´n se tendra´ como no aceptado el convenio. Arti´culo 446.- El Juez y el Ministerio Pu´blico examinara´n cuidadosamente el convenio, y si consideran que viola los derechos de los hijos, propondra´n el Ministerio Pu´blico al Juez o e´ste a los co´nyuges, las modificaciones que estimen procedentes, para lo cual los citara´ el Juez a una junta, en la que procurara´ que los co´nyuges lleguen a un arreglo sobre los puntos propuestos. Lo mismo hara´ cuando existan diferencias en los convenios exhibidos por los co´nyuges. Arti´culo 447.- Si los co´nyuges no llegaren a un arreglo en la junta a que se refiere el arti´culo anterior, el Juez decretara´ la disolucio´n del vi´nculo matrimonial dejando expedito el derecho de los co´nyuges para que lo hagan valer por la vi´a incidental, exclusivamente por lo que concierne al convenio. Arti´culo 448.- En caso de que los co´nyuges lleguen a un acuerdo respecto del convenio sen~alado en el arti´culo 443 del presente ordenamiento y e´ste no contraviene ninguna disposicio´n legal, el Juez lo aprobara´ de plano, decretando el divorcio mediante sentencia." De las disposiciones en cita, se desprende que uno solo de los cónyuges o ambos, según sea el caso, cuentan con legitimación en la causa para pedir el divorcio, mediante la manifestación de su voluntad en el sentido de no querer continuar con el matrimonio, sin que se requiera señalar la causa por la cual se hace la petición. Asimismo, se establece que el solicitante del divorcio, debe presentar, conjuntamente con la demanda, una propuesta dirigida a su consorte, para celebrar un convenio, a fin de regular las cuestiones inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, tales como la guarda y custodia de los hijos menores o incapaces; la convivencia de los padres con sus hijos; los alimentos; la continuación de alguno de ellos en el domicilio conyugal, lo concerniente a la administración temporal y liquidación de la sociedad conyugal, en caso de que el matrimonio se haya celebrado bajo ese régimen, y lo referente a una compensación para el cónyuge que se haya dedicado preponderantemente al cuidado del hogar y de los hijos y careza de bienes comparables con los del otro, si el matrimonio se celebró bajo el régimen de separación de bienes. En lo que toca a la contestación de la demanda, el numeral 445 de la legislación procesal civil para el Estado, establece que la contraparte podrá expresar su conformidad con el convenio propuesto, o bien realizar una contrapropuesta, acompañando las pruebas necesarias. En suma, el objeto del juicio de divorcio incausado se conforma con dos pretensiones, a saber: a) La disolución del vínculo matrimonial; y, b) La regulación de las consecuencias de dicha resolución. En la inteligencia de que ambas pretensiones deben concluir, lógica y jurídicamente, por determinación judicial, sea por el acuerdo de ambas partes que, aprobado por el juez, adquiera la calidad de cosa juzgada o bien mediante la resolución dictada por el juzgador al resolver la controversia que se llegue a suscitar. Entonces, es inconcuso que el procedimiento de divorcio establecido para el Estado de Puebla, impone a la parte actora que solicita el divorcio, la obligación de proponer un convenio atinente a las consecuencias del divorcio pedido, en tanto que la parte demandada tiene la carga-obligación de expresar su aceptación o rechazo del convenio y, en el segundo caso, de hacer una contrapropuesta, a la cual adjuntará las pruebas conducentes. Asimismo, en términos de los artículos 448 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, en caso de que las partes logren un consenso respecto al convenio presentado y éste no contravenga alguna disposición legal, el Juez de la causa lo aprobará de plano decretando el divorcio mediante sentencia, pero en caso de que no se llegue a un acuerdo, el Juez solamente decretará la disolución del vínculo matrimonial y dejará expeditos los derechos de los cónyuges para que vía incidental lo ateniente al convenio. Por tanto, es claro que en el juicio de divorcio incausado, en caso de que las partes no lleguen a un acuerdo respecto a convenio presentado pueden existir dos resoluciones, una en la que solo se decrete la disolución del vínculo matrimonial y otra que resuelva lo relativo al convenio. Sin embargo, como se adelantó, la resolución que únicamente decreta la disolución de vínculo matrimonial tiene el carácter de una sentencia definitiva, por lo que en su contra es procedente el amparo en la vía directa. Lo anterior encuentra su sustento en el hecho de que así lo determinó el la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 1/2020 (10a.), visible en la página 597, tomo I, libro 75, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de dos mil veinte, que dice: "DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE LO DECRETA, AUN SIN RESOLVER LA TOTALIDAD DE LAS CUESTIONES INHERENTES AL MATRIMONIO, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, COAHUILA Y AGUASCALIENTES). El juicio de divorcio sin expresión de causa es un proceso en el que se ventilan dos pretensiones, a saber: la disolución del vínculo matrimonial y la regulación de las consecuencias inherentes a ésta. Ahora bien, cuando las leyes locales que lo regulan, admiten la posibilidad de escisión, siempre que se actualicen ciertos supuestos, el proceso iniciado en común puede culminar con más de una sentencia definitiva y no sólo con una en la que se decida la totalidad del litigio. En el caso del juicio en cuestión, la resolución que decreta el divorcio concierne a la controversia principal, por lo que materialmente es una sentencia definitiva, independientemente de las alusiones o denominaciones formales con las que se refiera a ella el legislador, en contra de la cual procede el juicio de amparo directo en conformidad con el artículo 170 de la Ley de Amparo, ante un Tribunal Colegiado de Circuito, y no el juicio de amparo indirecto ante un Juez de Distrito." Sin que se soslaye que en la jurisprudencia en cuestión se analizaron legislaciones de la Ciudad de México, Coahuila y Aguascalientes, las cuales presentan ciertas diferencias con el Código Civil del Estado de Puebla en lo concerniente a la regulación del divorcio incausado; sin embargo, dichos cuerpos normativos comparten disposiciones similares en torno a las diversas fases en las que deben resolverse la multiplicidad de los temas que se actualizan en una contienda de divorcio sin expresión de causa o incausado, por lo que el criterio resulta aplicable al caso concreto. En ese sentido, este órgano jurisdiccional carece de competencial legal en razón de la vía, para conocer de la demanda planteada por el quejoso. Para corroborar tal aserto, resulta oportuno recordar que los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170 de la Ley de Amparo, contemplan que el juicio de amparo directo es un proceso constitucional autónomo, competencia exclusiva de los Tribunales Colegiados de Circuito -excepción hecha de la facultad de atracción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a que se refiere el artículo 40 de la Ley de Amparo-, que procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En efecto el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control (.)" Del citado precepto, se desprende que el juicio de amparo directo procede en los siguientes supuestos: Cuando se reclame una sentencia definitiva o laudo o; Cuando el acto reclamado sea una resolución que ponga fin al juicio. En ese tenor, como quedó precisado, el quejoso reclama la sentencia del siete de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el juicio de divorcio incausado 476/2020, a través de la cual se disolvió el vínculo matrimonial entre Itzel González Pacheco Cervantes y Manuel Alejandro Castañeda Pérez, la cual como se ha puesto de relieve tiene el carácter de definitiva, por lo que en su contra es procedente el juicio de amparo en la vía directa. En consecuencia, la competencia para conocer del asunto, por razón de la vía, se surte a favor del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en turno, toda vez que la resolución reclamada consiste en una sentencia definitiva. Son aplicables las jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Tribunales Colegiados, que a la letra dicen: "AMPARO DIRECTO. SI EL ACTO QUE SE RECLAMA NO ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBERÁ DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LA DEMANDA AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA. Texto: De la interpretación sistemática de los artículos 46, 47 y 158 de la Ley de Amparo, se desprende la definición de cuándo se está ante una sentencia definitiva para los efectos del juicio de amparo, cuál es el órgano competente para conocer de éste y cuál es la determinación que debe tomar cuando le es presentada una demanda de la que no puede conocer. Ahora bien, con base en que los supuestos de procedencia del juicio de amparo y la competencia del órgano jurisdiccional que debe conocerlo están estrechamente relacionados, de tal manera que no es posible explicar la procedencia sin aludir a la competencia, cuando en una demanda de amparo directo, el acto reclamado se hace consistir en una sentencia de primer grado, debe analizarse, en primer lugar, lo relativo a la competencia del órgano jurisdiccional y después lo conducente a la procedencia del juicio, toda vez que un tribunal incompetente no está facultado para decidir sobre la procedencia del juicio de garantías, ni siquiera por economía procesal, de conformidad con lo sostenido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA ANTE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. ÉSTE, EN NINGÚN CASO, DEBE DESECHARLA, SINO DECLARAR SU INCOMPETENCIA Y REMITIRLA AL JUZGADO DE DISTRITO CORRESPONDIENTE.". Lo anterior resulta congruente con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 47 de la Ley de Amparo, dado que no es jurídicamente correcto que un tribunal deseche la demanda de amparo, cuando es el Juez de Distrito el que debe conocer y resolver lo relativo a la procedencia del juicio de garantías." (Jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 10, tomo XVIII, julio de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, aplicada en sentido contrario). "AMPARO DIRECTO. ES LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y NO LA DE LA VIOLACIÓN PROCESAL ALEGADA, LA QUE DETERMINA SU PROCEDENCIA. Conforme al artículo 158 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo directo sólo es procedente en contra de sentencias definitivas, laudos o resoluciones que ponen fin al juicio, por lo que si en el caso se reclama en esa vía un acto dictado dentro del juicio o en la fase de ejecución, es inconcuso que no encuadra en alguna de esas hipótesis, al no tratarse de una sentencia que resuelva el juicio en lo principal, o lo dé por concluido, lo que establece la improcedencia del juicio de amparo uniinstancial. No es obstáculo para concluir de ese modo, que el quejoso haga valer una violación procesal prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo, ya que a ese respecto no debe perderse de vista que lo que determina la procedencia del juicio de amparo directo no es la naturaleza de la violación alegada, sino la del acto reclamado, pues acorde con los artículos 44, 46 y 158 de la invocada ley reglamentaria, para la procedencia de ese juicio es menester que se trate de sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de los cuales no proceda algún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas o revocadas; y aunque el numeral 159 aluda a las violaciones procesales que pueden impugnarse en la vía directa, en términos del último párrafo del citado artículo 158, dichas violaciones procesales sólo podrían ser impugnadas en el amparo directo que al respecto se promueva contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio." (Jurisprudencia XIV.C.A. J/22, del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, visible en la página 1253, Tomo XXX, Agosto de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). Desde esta perspectiva, es evidente que contra la resolución reclamada es procedente el juicio de amparo en la vía directa, en términos de los artículos 34 y 170 de la ley de la materia; consecuentemente, se estima que corresponde conocer de la demanda de amparo al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en turno, por ser el órgano que se considera tiene competencia para ese efecto, en términos del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En tales condiciones, este juzgado se declara legalmente incompetente para conocer y resolver el juicio de amparo promovido por Manuel Alejandro Castañeda Pérez y, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 47, párrafo primero, de la Ley de Amparo, remítase el expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en turno, para los efectos legales conducentes, previa notificación a la parte quejosa. En esa medida, se solicita al Tribunal que conozca del asunto, que acuse recibo, precisando si acepta o no la competencia, conforme al artículo 47 de la Ley de Amparo. Fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones conducentes en el libro de gobierno de este juzgado de Distrito, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente.
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Comparecencia de ratificación de firma.
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