Manuel Alejandro Ballesteros Becerra

Expediente 631/2018 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
631/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
11/07/2018

Partes del expediente

  • Manuel Alejandro Ballesteros Becerra

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal de autos se advierte que el amparo indirecto 1883/2018 del indice del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo del Estado de Jalisco, el que fue formado con motivo de la incopetencia legal para conocer del asunto por parte de éste Juzgado, el cual se desechó, por tanto hágase las anotaciones en libro de gobierno y archivese como asunto concluido. Orden de destrucción

  2. Principal

    Téngase por recibido el oficio remitido por el Actuario Judicial del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el estado de Jalisco, por medio del cual, acusa recibo del diverso oficio 9681/2018, mediante el cual se le remitieron los autos del juicio de amparo 631/2018-I, con motivo de la incompetencia planteada por este órgano jurisdiccional; asimismo, en atención a su contenido infórmesele que la demanda de amparo promovida por Manuel Alejandro Ballesteros Becerra, fue presentada por medio del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, sin la evidencia criptográfica inherente a la firma electrónica certificada.

  3. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DEL AUTO DE DIECINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Manuel Alejandro Ballesteros Becerra. Formación del expediente. Fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el número 631/2018. Decisión sobre la instancia constitucional. Con fundamento en los artículos 37 y 48 párrafo segundo de la Ley de Amparo, así como los numerales 52 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este órgano jurisdiccional declara carecer de competencia legal para conocer y resolver del mismo por las razones que se exponen a continuación: El artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, literalmente dispone: "Artículo 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De la interpretación literal de la disposición transcrita se advierte que los Jueces de Distrito en Materia Administrativa conocerán, entre otros supuestos, de los juicios de amparo que se promuevan contra actos en los que deba de decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un procedimiento seguido por autoridades administrativas. Por otra parte, el artículo 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece lo siguiente: "Artículo 54. Los jueces de distrito de amparo en materia civil conocerán: I. De los amparos que se promuevan contra resoluciones del orden civil, en los casos a que se refiere la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia civil, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; III. De los asuntos de la competencia de los juzgados de distrito en materia de amparo que no estén enumerados en los artículos 51, 52 y 55 de esta Ley; y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia civil, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De lo que se aprecia que los jueces de Distrito en Materia Civil conocerán de los amparos que se promuevan contra las resoluciones judiciales del orden civil y contra leyes y disposiciones de observancia general en materia civil; así como de los asuntos de la competencia de los juzgados de Distrito en materia de amparo que no estén enumerados en los artículos 51, 52 y 55 de la propia ley orgánica. Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado, en esencia, consiste en la autorización para el uso lúdico de marihuana. De lo anterior, se aprecia que en el presente juicio de amparo se reclama la prohibición legal prevista en los artículos 235, último párrafo y 237 de la Ley General de Salud, que a la letra dicen: ARTICULO 235.- La siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con estupefacientes o con cualquier producto que los contenga queda sujeto a: I.- Las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos; II.- Los tratados y convenciones internacionales en los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte y que se hubieren celebrado con arreglo a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; III.- Las disposiciones que expida el Consejo de Salubridad General; IV.- Lo que establezcan otras leyes y disposiciones de carácter general relacionadas con la materia; V.- (DEROGADA, D.O.F. 7 DE MAYO DE 1997) VI.- Las disposiciones relacionadas que emitan otras dependencias del Ejecutivo Federal en el ámbito de sus respectivas competencias. Los actos a que se refiere este artículo sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y requerirán autorización de la Secretaría de Salud. ARTICULO 237.- Queda prohibido en el territorio nacional, todo acto de los mencionados en el artículo 235 de esta Ley, respecto de las siguientes substancias y vegetales: opio preparado, para fumar, diacetilmorfina o heroína, sus sales o preparados, cannabis sativa, índica y americana o marihuana, papaver somniferum o adormidera, papaver bactreatum y erythroxilon novogratense o coca, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones. Igual prohibición podrá ser establecida por la Secretaría de Salud para otras substancias señaladas en el artículo 234 de esta Ley, cuando se considere que puedan ser sustituidas en sus usos terapéuticos por otros elementos que, a su juicio, no originen dependencia. Luego, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que en las reglas para la distribución de las competencias, tratándose de Juzgados de Distrito especializados por materia, debe tomarse como elemento para determinar la competencia la naturaleza del acto sujeto a estudio constitucional. Así, en el amparo biinstancial, lo que define la competencia material del órgano jurisdiccional es la naturaleza del acto reclamado, puesto que es éste el que da la pauta y referencia para el análisis constitucional. A lo anterior, tiene aplicación, por analogía, la tesis de jurisprudencia sostenida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los datos de identificación, rubro y texto siguiente: COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. En el sistema jurídico mexicano, por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que a cada uno de ellos les corresponda conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si tal situación da lugar a un conflicto de competencia, éste debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. Pero, en todo caso, se debe prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia, porque si éste lo hiciera, estaría prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto. Este modo de resolver el conflicto competencial trae como consecuencia que el tribunal competente conserve expedita su jurisdicción, para resolver lo que en derecho proceda." También sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de los datos de identificación, rubro y texto siguientes: COMPETENCIA EN AMPARO POR RAZÓN DE LA MATERIA. Para resolver una cuestión de competencia, deben juzgarse los actos reclamados de acuerdo con su naturaleza y no conforme a la interpretación que de ellos haya hecho el quejoso en su demanda de amparo, pues tal criterio podría permitir que, en ocasiones, a un acto esencialmente penal, se le diera carácter administrativo, o viceversa." Así las cosas, y una vez determinado que es la naturaleza del acto reclamado la que define la competencia material de los amparos promovidos ante los jueces de distrito especializados por materia y que los jueces de distrito en materia administrativa deben conocer de los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial; se debe dilucidar cuál es la naturaleza del acto reclamado. Luego, si de la demanda de garantías, se advierte que el acto reclamado en estudio no deriva de una autoridad jurisdiccional del orden civil, ni es promovido contra leyes o disposiciones de observancia general en materia civil y tampoco derivan de un procedimiento judicial, sino que se pretende la inaplicación de las prohibiciones previstas en los artículos 235 y 237 de la Ley General de Salud, a efecto de estar en posibilidad de consumir marihuana de forma lúdica, por tanto, se está en presencia de actos de naturaleza administrativa, esto es, son actos material y formalmente administrativos, no jurisdiccionales; en consecuencia, se estima que este juzgado de Distrito, no es competente legalmente para conocer de los actos reclamados de que se trata, en tanto que no se actualizan los supuestos contenidos en el artículo 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, sino un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco. Orientan a lo anterior, los criterios siguientes: JUZGADOS DE DISTRITO ESPECIALIZADOS POR RAZÓN DE MATERIA. SU COMPETENCIA SE DETERMINA CONFORME A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO. La competencia para conocer de una demanda de garantías por razón de la materia deriva de la naturaleza del acto reclamado, pero no de la autoridad que sea señalada como responsable; por ello, si la parte quejosa señaló en la demanda de amparo como responsables a autoridades de distinta materia, como lo son el Juez de lo Civil y el tribunal administrativo, y si a la primera le atribuyó actos de naturaleza civil como lo es todo lo actuado en el juicio de restitución de parcela, el cual ha concluido con sentencia y está en la etapa de ejecución, y por otra parte, a la segunda de ellas que tiene naturaleza administrativa le atribuyó como acto reclamado el auto por cuya virtud declaró carecer de competencia legal para conocer del procedimiento de restitución de parcela, y si de las constancias de autos se pone de manifiesto que la autoridad del orden civil aceptó y sustanció el procedimiento respecto del cual la autoridad administrativa adujo no tener competencia para ello, es evidente que lo actuado por la autoridad administrativa se subsumió en la aceptación de competencia de la autoridad del orden civil, por lo que deberá estarse, conforme a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo, a que la naturaleza del acto y su ejecución corresponden a un Juez de Distrito en esta materia, puesto que al aceptarse la competencia del procedimiento administrativo declinado por esta autoridad, los actos de ella quedaron inmersos en el actuar de la autoridad del orden civil." COMPETENCIA POR MATERIA ENTRE JUZGADOS DE DISTRITO DEL TRABAJO Y ADMINISTRATIVO. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL ACTO Y SU CONTENIDO. Para dilucidar la competencia entre Juzgados de Distrito para conocer del juicio de amparo indirecto, debe establecerse que la naturaleza del acto y su contenido son los únicos elementos que deben tomarse en cuenta para decidir el órgano jurisdiccional que debe conocerlo. Así, en materia laboral no basta que el acto se emita por una autoridad de las previstas en el numeral 523 de la Ley Federal del Trabajo, ni que ese acto se funde en algún dispositivo de dicha ley, sino que debe atenderse a si éste es de contenido materialmente laboral. Para ello deben considerarse sus elementos distintivos, esto es, existen actos cuyo contenido material tiene por objeto aspectos eminentemente laborales, como son la sindicación, la huelga, y la contratación colectiva, que conforman las herramientas dotadas a la clase trabajadora para superar sus derechos y disminuir sus obligaciones legales, lo que le permite nivelar la fuerza social con la económica del patrón. De esta manera, las controversias que se refieren a la formación, registro, funcionamiento y dirección de las organizaciones sindicales, así como los conflictos intergremiales o de los sindicatos con sus agremiados, quedarán enmarcados dentro del ámbito del derecho del trabajo. Bajo esa premisa, los Juzgados de Distrito en Materia de Trabajo conocerán de los asuntos sometidos a su potestad, siempre que se vinculen con alguno de los aspectos antes señalados; de no ser así, el acto reclamado quedará en el mero ámbito de la relación autoridad-gobernado; y, por consecuencia, deberá estimarse que se trata de un acto materialmente administrativo cuyo conocimiento corresponderá a un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa." En consecuencia, este Juzgado de Distrito estima no ser competente legamente por cuestión de la materia, para conocer de la demanda de amparo promovida por Manuel Alejandro Ballesteros Becerra.

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