Manuel Alejandro Arce Tovar
Expediente 336/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 11 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 336/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 01/12/2021
Partes del expediente
- Manuel Alejandro Arce Tovar
- Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. SE DECLARA EJECUTORIADA SENTENCIA. Vista la certificación que antecede, se desprende que la parte quejosa no interpuso, dentro del plazo de diez días que prevé el numeral 86 de la Ley de Amparo, medio de impugnación contra la sentencia terminada de engrosar el trece de octubre de dos mil veintiuno; en consecuencia, conforme lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en su arábigo 2°, se declara que ha CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Lo anterior, sin que se soslaye que en la certificación de cuenta no se asentó la fecha en que las demás partes fueron notificadas, o bien, el día en que concluyó el término para recurrir la sentencia de mérito, pues atendiendo a su sentido (sobreseimiento) es claro que no les depara perjuicio, por lo que la única que pudo inconformarse con ella es precisamente la parte quejosa, quien no lo hizo dentro del término que contaba para ello. Encuentra puntual aplicación por identidad de razones, la tesis aislada XI.3o.4 K, del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, página 706, de rubro: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO." Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo capítulo octavo, artículo 21, inciso a), prevé que son susceptibles destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes; por lo tanto este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de destrucción. Se dice lo anterior, ya que se ubica en el inciso a, del citado artículo 21, inciso a) del capítulo octavo, pues se sobreseyó en el presente juicio de amparo, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto del incidente de suspensión, toda vez que este no se tramito. Por otra parte, devuélvase a la autoridad responsable Magistrada Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, con sede en esta ciudad, la documental que adjuntó en apoyo a su informe justificado, consistente en un legajo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Se recibe oficio. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual la Actuaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, comunica la ejecutoria pronunciada por dicho tribunal en el recurso de queja número 23/2020, de la que se aprecia que se declaró infundado el referido medio de impugnación, por lo que se confirmó el auto combatido de dos de diciembre de dos mil diecinueve, relativo a la prueba pericial contable ofertada en su oportunidad por José Refugio Becerra Ramírez, autorizado en términos amplios de la parte quejosa. En consecuencia, hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, glósese el cuaderno de antecedentes respectivo y acúsese el recibo de estilo. Además, déjese por separado el anexo, consistente en un tomo de copias certificadas a fin de que en el momento procesal oportuno se le dé destino. Designación de titular. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que, en cumplimiento al oficio SEADS/1148/2021 de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, suscrito por el Secretario Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, a partir del dieciséis de noviembre del año en cita la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes funge como Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit; por tanto, se hace del conocimiento de las partes dicha circunstancia, con el objeto de que se encuentren en aptitud legal de formular, en su caso, justa causa de recusación en tratándose de alguno de los impedimentos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de Amparo. Denuncia de repetición del acto reclamado. En atención a que se resolvió la queja planteada, cuya admisión generó la suspensión de la denuncia de repetición del acto reclamado, y toda vez que no existe diligencia por desahogar, de conformidad con lo establecido por el numeral 199 de la ley de la materia, pronúnciese la resolución que corresponda, dentro de los tres días siguientes, al en que surta efectos la notificación de este auto. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Tepic, Nayarit, a trece de octubre de dos mil veintiuno. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 336/2021; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el doce de marzo de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, **demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y las autoridades que enseguida se describen: Autoridades responsables: -Presidente Municipal, Tesorero Municipal, Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y Subdirector de Seguridad Pública Municipal, todos del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit. Acto reclamado: "La omisión por parte de la Autoridad responsable al no haber cumplido la Sentencia dictada en el Expediente 152/2018 dentro del Juicio Contencioso Administrativo, ventilado en el Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit." Acto que, a su parecer, resulta violatorio de los derechos fundamentales contenidos en el artículo 17 constitucional. SEGUNDO. Trámite de amparo. Por razón de turno, la demanda de referencia fue turnada a este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, cuya titular, por auto de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno (fojas 11 a 15), la registró con el número de expediente 336/2021 y, entre otras cuestiones, se admitió a trámite; se solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe justificado; se dio la intervención legal que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se fijó día y hora para la audiencia constitucional, la cual inició el día de hoy, al tenor de la presente acta; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme lo establecen los numerales 94, 103, fracción I y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 52, fracción IV y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en atención a que se promueve en contra de un acto de un Tribunal que tiene su sede en esta ciudad, dentro de la jurisdicción de este Órgano de Control Constitucional, en términos de los dispositivos y Acuerdo General de previa mención. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la materia de la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en los actos reclamados siguientes: Del Presidente Municipal, Tesorero Municipal, Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y Subdirector de Seguridad Pública Municipal, todos del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit. reclama: -La omisión de cumplir con el pago ordenado en la interlocutoria emitida el nueve de diciembre de dos mil veinte dentro del incidente de liquidación de sentencia en el juicio contencioso administrativo 152/2018 del índice del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad. TERCERO. Sobreseimiento respecto de autoridades que no les asiste el carácter de responsables. Las autoridades señaladas por la quejosa no tienen el carácter de autoridades responsables en el presente juicio de amparo. En efecto, el artículo 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: .II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas..." Conforme a los preceptos legales transcritos, la procedencia del juicio de derechos se encuentra supeditada al hecho de que las normas generales, actos u omisiones que se reclamen provengan de una autoridad. Por autoridad para efectos del juicio de amparo, debe entenderse a aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En otras palabras, por autoridad responsable debe considerarse a las que con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. Lo expuesto encuentra sustento en el contenido de la tesis P. XXVII/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en la página ciento dieciocho del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término «autoridades» para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades". Ahora bien, para dilucidar con precisión si se está en presencia de un acto de autoridad, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado. Para lo anterior, es necesario tomar en cuenta que las notas distintivas de los actos de autoridad son las siguientes: 1) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. 3) Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. 4) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Así lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 164/2011, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, Novena Época, septiembre de dos mil once, página mil ochenta y nueve, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". En otro orden de ideas, el artículo 1 de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit establece: "ARTÍCULO 1.- Las disposiciones de la presente ley son de orden público y tienen por objeto regular la justicia administrativa en el Estado de Nayarit, así como el procedimiento administrativo que deben seguir las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de la administración pública paraestatal y paramunicipal. El presente ordenamiento no es aplicable a los órganos autónomos del Estado, al ministerio público en ejercicio de sus funciones constitucionales, ni a las materias laboral, electoral y fiscal, ésta última exclusivamente por lo que ve a lo dispuesto en el título tercero de ésta ley referente al procedimiento administrativo.". En lo conducente, el precepto invocado establece que el cuerpo normativo innovado tiene como finalidad normar la justicia administrativa y el procedimiento administrativo, que deben acatar las autoridades del poder ejecutivo estatal, municipal y administración pública paraestatal y paramunicipal. Ahora bien, el artículo 109 del ordenamiento en cita, establece los casos de procedencia del juicio contencioso administrativo. Asimismo, el diverso 110, del mismo cuerpo de leyes, establece: "ARTÍCULO 110.- Serán partes en el juicio: I. El actor; II. El demandado. Tendrá ese carácter: a. La autoridad estatal o municipal que dicte, ordene, ejecute, trate de ejecutar, o bien omita el acto impugnado. b. La autoridad estatal o municipal que omita dar respuesta a las peticiones de particulares. c. La autoridad estatal o municipal que expida el reglamento, decreto, circular o disposición general. d. El particular a quien favorezca la resolución cuya invalidez pida alguna autoridad fiscal de carácter estatal o municipal. e. La persona que se ostente como autoridad estatal o municipal, sin serlo. III. El tercero interesado, el cual es cualquier persona cuyos derechos e intereses legítimos puedan verse afectados por las resoluciones del Tribunal". Del precepto transcrito establece, en lo conducente que las partes en el juicio administrativo son el actor; así como el demandado, cuyo carácter lo pueden tener las autoridades del orden estatal y municipal. De lo anterior se concluye que en los juicios contenciosos admirativos tienen como finalidad resolver las controversias que se susciten entre un particular y autoridades del orden estatal y municipal, en ejercicio de sus funciones. Ahora bien, los artículos 236 y 237 de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit establecen: "ARTÍCULO 236. Cuando hubiere causado ejecutoria una sentencia favorable al actor, el Presidente del Tribunal, por oficio y sin demora alguna, la comunicará a las autoridades demandadas para su cumplimiento. La autoridad condenada cumplirá con el fallo de manera inmediata y expedita. En el propio oficio en que se hiciere la notificación a los demandados, se les prevendrá para que, dentro del plazo de 48 horas informen sobre el cumplimiento dado a la sentencia. ARTÍCULO 237. Si vencido el plazo a que alude el artículo anterior, la sentencia no quedare cumplida o no se encontrare en vías de cumplimiento, la Sala, de oficio o a petición de parte, impondrá multa equivalente de 50 a 1,000 veces la UMA. Se actuará en los mismos términos cuando la Sala advierta defecto o exceso en la ejecución de la sentencia, o que se ha repetido el acto impugnado. Impuesta la multa, la Sala concederá a las autoridades un nuevo plazo de 48 horas para que cumplan con la sentencia. Transcurrido el plazo señalado, sin que las autoridades den cumplimiento a la sentencia, se decretará en su caso la ejecución forzosa de la misma. Si existe algún acto material que ejecutar, cuando la naturaleza del acto lo permita, lo podrá hacer la Sala por sus propios medios. Si se trata de dictar una nueva resolución y en la sentencia se hubiese definido el sentido de la misma, el magistrado que corresponda procederá a dictarla en rebeldía de la autoridad, dentro de un término que no excederá de cinco días. Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir la autoridad demandada. En los casos en que por la naturaleza del asunto no fuere materialmente posible cumplir con la sentencia en los términos anteriores, o iniciar su cumplimiento dentro del plazo establecido párrafo anterior, el magistrado que corresponda, de oficio o a petición de parte, podrá ampliarlo hasta por 48 horas, contados a partir del siguiente al que se notifique a los demandados el requerimiento correspondiente. Cuando por efecto del cumplimiento de la sentencia se condene a la autoridad al pago de cantidad líquida, se requerirá a la autoridad demandada, a su superior jerárquico, así como a la dependencia competente para ejercer el presupuesto de la entidad pública de que se trate, con el fin de que en un término de quince días realicen las gestiones necesarias para la realización del pago con cargo a la partida presupuestal correspondiente. En caso de que no existiera partida presupuestal correspondiente o estuviere agotada la misma, en un término de treinta días, las autoridades a que se refiere el párrafo anterior deberán efectuar las gestiones necesarias para la transferencia, ampliación o creación de la partida en su caso". En lo conducente, de la interpretación conjunta de los preceptos transcritos se obtiene que las autoridades demandadas tienen la obligación de cumplir con la sentencia que se dicte en el juicio administrativo; asimismo, señala las sanciones que se puede imponer a las autoridades en caso de que no cumplan con la sentencia o lo hagan de forma defectuosa. En ese orden de ideas, se concluye que a las autoridades demandadas en el juicio administrativo, no les corresponde el carácter de responsables para efecto del juicio de amparo cuando se les reclaman cuestiones relativas al incumplimiento de la sentencia, ya que no actúan de forma unilateral en un plano de supra a subordinación en relación con el trabajador, sino en un plano de igualdad con éste, sujetos a la potestad del tribunal administrativo dentro de un procedimiento. No pasa inadvertido el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 85/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIV, Julio de 2011, página 448, Novena Época, que dice: "DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LA OMISIÓN EN DAR CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN UN JUICIO EN EL QUE FIGURARON COMO DEMANDADAS, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO (ARTÍCULO 4o. DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). La excepción al principio de igualdad procesal consagrado en el artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles a favor de las dependencias de la Administración Pública de la Federación y de las entidades federativas al disponer que nunca podrá dictarse en su contra mandamiento de ejecución ni providencia de embargo, no significa la posibilidad de incumplimiento a una sentencia condenatoria por parte de los órganos estatales, sino que parte de que la entidad estatal cumplirá voluntariamente, por lo que es innecesario acudir a la vía de apremio, lo que así se señala en el segundo párrafo de dicho precepto, al establecer que las resoluciones dictadas en su contra serán cumplimentadas por las autoridades correspondientes, dentro de los límites de sus atribuciones. Sin embargo, en caso de que tal cumplimiento voluntario no se dé, dicha omisión constituye un acto de autoridad que puede combatirse en el juicio de amparo, pues se surten las condiciones para considerar al ente estatal como autoridad en virtud de que: a) Se encuentra colocado en un plano de desigualdad frente al particular, atendiendo precisamente a su calidad de órgano del Estado, pues se le otorga el privilegio de no ser sujeto a ejecución forzosa; b) Tal prerrogativa deriva de la ley, pues ésta responde al cumplimiento voluntario del órgano estatal; c) El uso indebido de ese beneficio implica transgredir la obligación legal de cumplimiento voluntario y afecta la esfera legal del particular porque le impide obtener la prestación que demandó en el juicio en que se dictó sentencia a su favor; y d) La actitud contumaz de la autoridad coloca al particular en estado de indefensión ante la imposibilidad de lograr por las vías ordinarias la justicia que mandata el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, de acuerdo con el precepto invocado, la omisión en dar cumplimiento a una sentencia condenatoria dictada en juicios civiles del orden federal en el que figuraron como demandadas, constituye un acto de autoridad para efectos del amparo. Lo anterior, se observa de la lectura del criterio invocado, parte de la premisa de que en el artículo 4 del Código Federal de Procedimientos Civiles establece que no podrá dictarse mandamiento de ejecución ni providencia de embargo contra ninguna autoridad; lo que implica que, en caso de que la autoridad no dé cumplimiento voluntario a lo determinado en juicio, constituya un acto de autoridad que puede combatirse en el juicio de amparo. Esto, porque ante dicho incumplimiento, la autoridad se encuentra colocada en un plano de desigualdad frente al particular, atendiendo precisamente a que, en su calidad de órgano del Estado, se le otorga el privilegio de no ser sujeto a ejecución forzosa. Sin embargo dicho criterio no puede ser aplicado por analogía al caso que nos ocupa, pues, como se explicó, la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit establece en sus artículos 236 y 237 que las autoridades demandadas están obligadas a acatar la sentencia definitiva y, además, el tribunal está facultado para para multar a los funcionarios que no acaten sus determinaciones; de ahí que, en este caso, el incumplimiento de la sentencia dictada en los juicios administrativos por parte de las autoridades demandadas no pueden considerarse actos de autoridad, debido a que actúan en plano de igualdad dentro del procedimiento. Esto, se reitera, en contraposición con lo dispuesto en el Código Federal de Procedimientos Civiles, ya que en esa legislación no se establecen medidas de apremio para cuando las autoridades no acaten determinaciones, en cuyo caso, las omisiones en que incurran sí son consideradas actos de autoridad, de acuerdo a las razones expuestas en el criterio de jurisprudencia invocado. De ahí que dicho criterio es inaplicable en el supuesto sujeto a análisis; luego, se reafirma, a las autoridades demandadas en el juicio contencioso administrativo, no les corresponde el carácter de responsables para efecto del juicio de amparo cuando se les reclaman cuestiones relativas al incumplimiento de dicha determinación. Por identidad jurídica sustancial, sustenta lo anterior el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 31/2014 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, página 966, Décima Época, que dice: "ÓRGANOS DE GOBIERNO O DEPENDENCIAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE VERACRUZ. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). Conforme a la interpretación de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en especial lo resuelto en la contradicción de tesis 422/2010, de la que derivó la tesis de jurisprudencia 2a./J. 85/2011 (*), el incumplimiento a un laudo por parte de los órganos o dependencias públicas del Estado de Veracruz en el que figuraron como parte demandada no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en tanto que el marco normativo de esa entidad prevé un procedimiento específico para darle ejecución, donde incluso puede llegarse a su forzoso acatamiento a través del embargo de bienes privados o propios de las autoridades demandadas; lo que basta para preservar el plano de coordinación que caracteriza las relaciones laborales y la igualdad que de éstas se pregona". Es oportuno mencionar que la jurisprudencia 2a./J. 85/2011 citada en el criterio transcrito, corresponde al de rubro "DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LA OMISIÓN EN DAR CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN UN JUICIO EN EL QUE FIGURARON COMO DEMANDADAS, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO (ARTÍCULO 4o. DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)", analizada previamente. En el caso, se observan las constancias del juicio 152/2018, las cuales remitió en copia certificada la Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit, las cuales tienen valor probatorio en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cabe mencionar que la citada autoridad no fue señalada como responsable en el presente juicio de amparo. Ahora bien, de dichas constancias, se advierte que: Mediante escrito presentado por Manuel Alejandro Arce Tovar demandó en la vía contenciosa administrativa al Presidente Municipal, Tesorero Municipal, Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y Subdirector de Seguridad Pública Municipal, todos del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, por la nulidad del despido verbal del que fue objeto, entre otras pretensiones (fojas 2-7 del legajo de pruebas). Seguido el juicio contencioso administrativo en todas sus etapas, el veintidós de noviembre de dos mil dieciocho se dictó sentencia definitiva en la que se determinó, entre otras cuestiones, condenar a la parte demandada al pago de las prestaciones que en ella se precisaron (fojas 71 a 78 del juicio de origen). Por ejecutoria de doce de diciembre de dos mil diecinueve dictada en el cuaderno auxiliar 596/2019, del índice del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, derivado del amparo indirecto 59/2019 de la estadística del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, residente en esta ciudad, determinó sobreseer en el juicio de amparo promovido por la parte demanda contra la sentencia definitiva de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 96-103 del legajo de pruebas). Por escrito presentado el doce de agosto de dos mil veinte, la parte actora presentó la planilla de liquidación de sentencia correspondiente (fojas 111 a 113 del juicio de origen). Una vez desahogadas las vistas con las manifestaciones que realizaron las partes dentro del incidente de liquidación de sentencia, el nueve de diciembre de dos mil veinte, se dictó la interlocutoria que puso fin a dicha incidencia y se determinó la cantidad líquida a pagar a la parte actora. La omisión de cumplir con la determinación emitida en el incidente de liquidación es el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Sin embargo, el Presidente Municipal, Tesorero Municipal, Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y Subdirector de Seguridad Pública Municipal, todos del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit ya que no actúan de forma unilateral en un plano de supra a subordinación en relación con el trabajador, sino en un plano de igualdad con éste, sujetos a la potestad del tribunal administrativo dentro del juicio de origen, al ser demandados dentro de dicho juicio. Lo anterior, debido a que dichas autoridades, al ser parte demandada en el juicio de origen, pueden ser sancionadas por el incumplimiento de la resolución definitiva, lo que las sitúa en un plano de igualdad con el actor, aquí quejoso. No pasa inadvertido que la omisión reclamada recae sobre el incumplimiento de la sentencia dictada en un incidente de liquidación; no obstante, dicho fallo tiene por objeto cuantificar las prestaciones procedentes en sentencia definitiva, por lo que la omisión de incumplir con los pagos procedentes en incidente de liquidación trasciende al incumplimiento de la sentencia definitiva y, por tanto, a ser sancionados en los términos conducentes. En consecuencia, como se explicó, las autoridades señaladas no tienen el carácter de autoridades responsables en el presente juicio de amparo. En consecuencia, respecto de las autoridades destacadas se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 5°, fracción II, ambos de la Ley de Amparo y, en consecuencia, se sobresee en el juicio de derechos con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento; consecuentemente, se sobresee en el juicio respecto del acto que les fue reclamado. Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 78, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ***r, contra el acto que reclamo del Presidente Municipal, Tesorero Municipal, Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y Subdirector de Seguridad Pública Municipal, todos del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, por las razones expuestas en el tercer considerando de la presente resolución. Notifíquese personalmente; asimismo, procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
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AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Tepic, Nayarit, siendo las diez horas con dieciséis minutos del veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo indirecto 336/2021 promovido por Manuel Alejandro Arce Tovar, la licenciada Alva Miranda Ramírez, Secretaria en Funciones de Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, en términos del artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2822/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, ante la Secretaria Claudia Agustina Ariceaga Guzmán que autoriza y da fe, encontrándose en audiencia pública la declaró abierta con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin la asistencia de las partes, procediéndose a celebrar la diligencia en comento en el expediente electrónico del presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en la circular SECNO/10/2021, emitida por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos, a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, en la que se ordenó de nueva cuenta la aplicación del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Además, la secretaria hace constar la inasistencia de las partes, precisando que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron por escrito estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención, acorde con el mencionado Acuerdo General, del mismo modo se hace constar que las actuaciones del presente expediente el cual se encuentra debidamente integrado, coinciden con las del expediente electrónico. Acto continuo, la secretaria hace una relación de las constancias que obran en autos, entre las que destacan: a) Escrito de demanda; b) Que las autoridades responsables denominadas Presidente Municipal, Tesorero Municipal, Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y Subdirector de Seguridad Pública Municipal, todos del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, no rindieron su respectivo informe con justificación no obstante de encontrarse debidamente notificadas para ello, como se advierte de las comunicaciones oficiales 9652/2021 al 9655/2021; c) Documentales signadas por la Magistrada Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, con sede en esta ciudad; y, d) Ocurso signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, mediante el cual formula alegatos. Sin más constancias que deban relacionarse, la Secretaria en Funciones de Juez acuerda: se tienen por descritas las constancias de autos. Posteriormente, con apoyo en los dispositivos 119, 123 y 124 de dicha ley, se inicia el período probatorio, dentro del cual se admiten y se tienen por desahogadas por su propia naturaleza jurídica, las descritas y las allegadas por la Magistrada Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, con sede en esta ciudad. Con ello, se cierra tal período y se abre el de alegatos, se tienen por formulados los hechos valer por el Agente del Ministerio Público de la Federación en apoyo del diverso adscrito a este juzgado; se cierra dicha etapa, por lo que al encontrarse debidamente integrado el expediente y no habiendo diligencia pendiente por desahogar, se levanta la presente acta en términos del referido numeral 124 de la ley de amparo, firmando los que en ella intervinieron y se declaran vistos los autos para dictar sentencia. DOY FE. La Secretaria en Funciones de Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, en términos del artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2822/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno. LIC. ALVA MIRANDA RAMÍREZ LA SECRETARIA Lic. Claudia Agustina Ariceaga Guzmán (La presente audiencia se firmó electrónicamente, para lo cual, se anexan las evidencias criptográficas de sus firmantes)
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