Manuel Alejandro Aley Martinez

Expediente 387/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
387/2017
Año
2017
Actuaciones
7
Última actuación
16/05/2017

Partes del expediente

  • Manuel Alejandro Aley Martinez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciséis de mayo de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo, de los que se advierte que por auto de ocho de mayo del año en curso, se dio vista a las partes, con el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera, en relación al cumplimiento del fallo protector y, debidamente notificados, no desahogaron la vista contenida en el citado acuerdo. Por lo tanto, se procede a resolver de acuerdo con las constancias que obran en autos, si el fallo protector se encuentra o no cumplido. Por sentencia emitida el siete de abril de dos mil diecisiete se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Manuel Alejandro Aley Martínez, contra los actos reclamados a la Junta Especial Número Treinta y uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, para el efecto de que dictara de inmediato el laudo dentro del conflicto laboral 737/2013. Por acuerdo de cuatro de mayo de dos mil diecisiete, causó ejecutoria el fallo protector del amparo y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento del mismo. En cumplimiento al citado fallo protector el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, remitió copia certificada del convenio celebrado el dos de mayo de dos mil diecisiete, dentro del expediente laboral 737/2013. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en el artículo 2°. Ahora bien, de estas se advierte que las partes comparecieron ante la Junta responsable llegando a un acuerdo conciliatorio, por virtud del cual conviene en dar por concluido el conflicto laboral pactando el monto total de $998,767.86 (novecientos noventa y ocho mil setecientos sesenta y siete pesos 86/100 m.n.) En mérito de lo anterior y al no haber materia sobre la cual resolver el cumplimiento, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, SE DECLARA SIN MATERIA LA EJECUTORIA DE AMPARO, en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido. Comuníquese a la parte quejosa este proveído, para los efectos precisados en el artículo 201 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, ocho de mayo de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el escrito signado por el apoderado legal de la parte quejosa en el que manifiesta que dentro del juicio laboral de origen 737/2013, las partes celebraron convenio mediante el cual dieron por terminado el conflicto laboral, remitiendo copia de la constancia para acreditar lo anterior; agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos conducentes. Asimismo, se tiene por recibido el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, mediante el cual, informa sobre cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitiendo copia certificada del convenio celebrado entre las partes el dos de mayo del año en curso; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Ahora bien, con el contenido del oficio de referencia, dese vista a la parte quejosa, para los efectos precisados en el artículo 196 de la Ley de Amparo, por el término de TRES DÍAS, que les serán contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que realice las manifestaciones que estime oportunas. Apercíbase a la parte quejosa en el sentido de que de no desahogar la vista aquí ordenada, este juzgador dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.DCSM*

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cuatro de mayo de dos mil diecisiete Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de garantías en que se actúa y la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido la sentencia de siete de abril de dos mil diecisiete; atento a lo narrado, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia, en la que determinó en el primer punto resolutivo conceder el amparo y protección de la justicia federal, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable JUNTA ESPECIAL NUMERO TREINTA Y UNO DE LA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE MORELOS para que dentro del término de CINCO DÍAS, contados a partir del día siguiente a la notificación del presente auto, informe a este Juzgado sobre el cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo, remitiendo copia certificada de las constancias para acreditar lo anterior. En el entendido que se concedió el amparo a la parte quejosa para el efecto siguiente: Dicte de inmediato el laudo en el conflicto laboral 737/2013. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 387/2017-IV-B, promovido por César Alejandro Luquín Rodríguez, como apoderado legal de Manuel Alejandro Aley Martínez, contra actos de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el siete de marzo de dos mil diecisiete ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida ese día, César Alejandro Luquín Rodríguez, en representación legal de Manuel Alejandro Aley Martínez, solicitó la protección de la justicia federal contra actos de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. La demanda se admitió a trámite por acuerdo de ocho siguiente; se fijaron las nueve horas con treinta y cuatro minutos del siete de abril de dos mil diecisiete para celebrar la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado y el envío de las constancias que acreditaran la calidad ostentada por César Alejandro Luquín Rodríguez y se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y el tercero interesado. El carácter de César Alejandro Luquín Rodríguez como apoderado legal del actor, fue reconocido en la audiencia constitucional que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado, el cual carece de ejecución material. SEGUNDO. Precisión del(los) acto(s) reclamado(s). Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el(los) acto(s) reclamado(s). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió en la jurisprudencia P./J. 40/2000, que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados . Debe atenderse de manera preferente, al pensamiento o intencionalidad del autor de la demanda y no únicamente a lo que en apariencia dijo, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así, el acto reclamado de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, consiste en:  La omisión de dictar laudo en el conflicto laboral 737/2013. TERCERO. Certeza del(los) acto(s) reclamado(s). Es cierto el acto reclamado, ya que así lo manifestó el presidente de la Junta al rendir el informe justificado (foja 19). CUARTO. Causales de improcedencia. El presidente de la Junta arguyó que la omisión no obedece a mala fe, sino a la excesiva carga de trabajo. También alegó que debe considerarse el principio jurídico "primero en tiempo primero en derecho". Los argumentos de improcedencia de la autoridad, deben desestimarse porque no proponen una causa de improcedencia de obvia y objetiva constatación. La desestimación se apoya en la siguiente jurisprudencia: Tesis: 2a./J. 137/2006 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 174086 20 de 38 Segunda Sala Tomo XXIV, Octubre de 2006 Pag. 365 Jurisprudencia(Común) IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló para fundar la declaración de improcedencia del juicio. Con independencia de lo anterior, este juzgador no advierte que opere alguna causa de improcedencia. QUINTO. Estudio del(los) concepto(s) de violación. La transcripción de los conceptos de violación es innecesaria para su estudio; circunstancia que no infringe los principios de congruencia y exhaustividad de la sentencia, ni deja en estado de indefensión a la parte quejosa, en tanto no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución. Al respecto, es aplicable esta tesis: Tesis: 2a./J. 58/2010 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 164618 1 de 1 Segunda Sala Tomo XXXI, Mayo de 2010 Pag. 830 Jurisprudencia(Común) CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Toda vez que el acto reclamado emana de un conflicto laboral en el que el directo quejoso tiene la calidad de "trabajador", en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, procede la suplencia de la queja. El examen de los conceptos de violación se realiza de forma conjunta, dada su vinculación. En suma, la parte quejosa alegó violación a su derecho a la administración de justicia, tutelado por el artículo 17 de la Constitución Federal. Suplido en su deficiencia, el concepto es fundado y suficiente para otorgarle el amparo y protección de la justicia federal. Conforme a la interpretación sistemática de los artículos 1º y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, integra los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, como lo ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J.192/2007: Tesis: 2a./J. 192/2007 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 171257 1 de 1 Segunda Sala Tomo XXVI, Octubre de 2007 Pag. 209 Jurisprudencia(Constitucional) ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. Así, se aborda el principio de justicia pronta, que se traduce en la obligación de la autoridad encargada de su impartición, de administrarla dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes. El presidente de la Junta aceptó la existencia del acto reclamado. Exhibió como prueba, copia certificada del acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, dictado en el juicio laboral 737/2013 (foja 20); la que amerita pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. A través del acuerdo de veintiocho de noviembre pasado, la Junta declaró cerrada la instrucción y turnó el juicio 737/13, para proyecto de resolución de laudo. Luego, se aborda lo relativo al dictado del laudo. Antes de continuar, se precisa que los artículos de la Ley Federal del Trabajo que en adelante se citen, corresponderán a la ley con las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el treinta de noviembre de dos mil doce, vigentes a partir del día siguiente de su publicación, pues el juicio de origen data de dos mil trece. De acuerdo con la jurisprudencia 2a./J.8/2004, de rubro "LAUDO. LA OMISIÓN DE SU DICTADO, A PESAR DE HABER TRANSCURRIDO EL PLAZO LEGAL PARA ELLO, ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO.", visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Febrero de dos mil cuatro, Novena Época, página 226, registro electrónico 182160, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el plazo para la emisión del laudo se desprende principalmente de los artículos 885, 886 y 887 de la Ley Federal del Trabajo. Los referidos artículos 885, 886 y 887, dictan en lo conducente: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. (.)" "Artículo 886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas." "Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas." (Lo subrayado es propio) En suma, salvo que medie el desahogo de las diligencias a que alude el artículo 886 de la Ley Federal del Trabajo, el plazo para dictar laudo es de veinticinco días hábiles, contado a partir del día hábil siguiente al cierre de instrucción y turno para emisión de proyecto de laudo. El plazo, que a su vez está fraccionado en tres periodos, transcurrió de esta forma: Periodos. Días que los conforman y lapsos que abarcaron. Primero. Elaboración de proyecto de laudo fundado en el artículo 885. Diez días hábiles a partir del día hábil siguiente al cierre de instrucción. Del 29 de noviembre al 12 de diciembre. Segundo. Examen del proyecto por los integrantes de la Junta previsto en el artículo 886. Cinco días hábiles siguientes a la recepción de la copia del proyecto. Del 13 al 15 de diciembre y del dos al tres de enero de 2017. Tercero. Discusión y votación establecidas por el artículo 887. Diez días hábiles siguientes a la conclusión de los cinco días para revisión del proyecto. Del cuatro al 17 de enero de 2017. Para el cómputo de los términos no se considera el desahogo de las diligencias previstas por el artículo 886, al no existir indicios de ello. Tampoco se cuentan sábados y domingos, por inhábiles; ni el lapso del dieciséis al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, por corresponder al segundo periodo vacacional de la autoridad responsable de 2016, de conformidad con el calendario de labores 2016 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Así, el plazo de veinticinco días hábiles para el dictado del laudo en el juicio 737/2013, transcurrió del veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis al diecisiete de enero de dos mil diecisiete. Luego, entre la conclusión del plazo para la emisión del laudo y la presentación de la demanda de amparo, ocurrida el siete de marzo del año en curso, hay 33 días hábiles de demora en su dictado. En el conteo de la demora no se consideran sábados y domingos, por inhábiles, lo mismo que el seis de febrero, inhábil por disposición del calendario de labores 2017 de la referida Junta. El laudo no es una resolución de mero trámite, por el contrario, resuelve el fondo del litigio, de modo que su elaboración y dictado definitivo, precisa tiempo, incluso más del que la ley prevé para su emisión, pues la Junta debe examinar profusamente los hechos y lo que resuelva debe ser congruente y exhaustivo, fundado y motivado, a lo que se suma el hecho que algunos asuntos son más complejos que otros y, por consiguiente, su examen requiere mayor inversión de horas-hombre; máxime que al decidir el fondo del negocio, se constituye en un acto privativo, por lo que indefectiblemente debe ser estudiado y elaborado a conciencia, para satisfacer la fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe reunir, conforme al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De acuerdo con la jurisprudencia 2a./J.48/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una dilación u omisión en el procedimiento laboral, no necesariamente afectará de forma material el derecho sustantivo a la impartición de justicia, sino que únicamente lo hará, cuando implique una abierta dilación o su paralización total. La jurisprudencia 2a./J.48/2016 (10a.), dice a la letra: Tesis: 2a./J. 48/2016 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2011580 1 de 1 Segunda Sala Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II Pag. 1086 Jurisprudencia(Constitucional, Común) AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. Entonces, en atención a la carga de trabajo y la complejidad del asunto, la autoridad pudiera dictar el laudo no necesariamente dentro del término que para tal efecto prevé la ley; pero no puede postergar su emisión de tal forma que obstaculice el derecho de la parte quejosa a recibir justicia pronta, lo que ocurre al provocar una abierta dilación del procedimiento, o bien, su paralización total. En relación con lo dicho en el párrafo que antecede, debe decirse que no pasa desapercibido que en la jurisprudencia 2a./J.8/2004, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que la omisión de pronunciar el laudo a pesar de haber transcurrido el plazo previsto para tal efecto por la Ley Federal del Trabajo, constituye una paralización del procedimiento laboral, que evidencia la existencia de una violación que incide en la esfera jurídica del particular de manera irreparable; empero, en la jurisprudencia 2a./J.48/2016 (10a.), la propia Segunda Sala estableció que una dilación u omisión en el procedimiento laboral, no necesariamente afectará de forma material el derecho sustantivo a la impartición de justicia, sino que únicamente lo hará, cuando implique una abierta dilación o su paralización total. En conclusión, a juicio del suscrito, la demora de 33 días hábiles en el dictado del laudo, es violatoria del derecho del quejoso a recibir justicia pronta, tutelado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior guarda armonía con el criterio sustentado por el suscrito en el desechamiento de la demanda del juicio de amparo 1122/2016 (confirmado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito en la queja 174/2016), en el sentido que existirá una paralización total cuando la Junta no emita el laudo una vez transcurridos 25 días hábiles más de los 25 que por ley tiene para ello, esto es, cuando el plazo transcurra doblemente. La invocación de la resolución emitida en el diverso amparo, no precisa agregar copia de ellas a los autos, esto con base en la jurisprudencia 2a./J.103/2007: Tesis: 2a./J. 103/2007 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 172215 1 de 1 Segunda Sala Tomo XXV, Junio de 2007 Pag. 285 Jurisprudencia(Común) HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista. Para resarcir la violación, la autoridad responsable debe cumplir lo que la norma le exige, esto es, emitir el laudo; máxime que el artículo 771 de la Ley Federal del Trabajo, impone a los presidentes y los auxiliares de las Juntas, el deber de cuidar, bajo su más estricta responsabilidad, que los juicios en instrucción no queden inactivos y provean conforme a derecho hasta el dictado del laudo. Con independencia de la concesión del amparo, para cumplir con el principio de exhaustividad de la sentencia, respecto de los alegatos presentados por el Agente del Ministerio Público Federal adscrito, debe decirse que este tribunal no está obligado a estudiarlos. Lo anterior se funda en la jurisprudencia P./J.27/94, en la que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentó que los alegatos en el juicio de amparo no forman parte de la litis, en virtud que constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus pretensiones, que no están por encima de los medios probatorios y, por consiguiente, el tribunal no está sujeto a examinarlos; máxime que a través de ellos, el Representante Social no planteó la improcedencia del juicio de amparo. El rubro y texto de la jurisprudencia P./J.27/94, se citan a continuación: Tesis: P./J. 27/94 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 205449 1 de 1 Pleno Núm. 80, Agosto de 1994 Pag. 14 Jurisprudencia(Común) ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos. EFECTO DEL OTORGAMIENTO DEL AMPARO. Ante la violación al derecho de la parte quejosa a recibir justicia pronta, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, procede otorgarle la protección de la justicia federal, para que una vez que esta sentencia cause ejecutoria, la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, con libertad de jurisdicción, realice lo siguiente:  Dicte de inmediato el laudo en el conflicto laboral 737/2013. El efecto y alcance de la sentencia de amparo, se funda principalmente en la tesis aislada 2a.CV/2013 (10a.). En dicho criterio, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que los alcances de la sentencia que otorgue la protección constitucional, deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa del procedimiento laboral en que se sitúe, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, sin poder ocuparse de omisiones y dilaciones subsecuentes, pues éstas constituyen actos futuros. La tesis 2a.CV/2013 (10a.), dice a la letra: Tesis: 2a. CV/2013 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2005150 7 de 33 Segunda Sala Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I Pag. 732 Tesis Aislada(Común) CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. Por tanto, ya que el acto reclamado es la falta de dictado de laudo, la sentencia tiene por efecto que la Junta lo emita, sin poder darle alcances más allá de esto, ya que implicaría prejuzgar sobre hechos futuros. La idea de que las omisiones y dilaciones subsecuentes al acto reclamado, son actos futuros, se refuerza con esta tesis: Tesis: IX.1o.17 L (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2008134 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I Pag. 835 Tesis Aislada(Común) OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL, SUBSECUENTES A LAS QUE CONSTITUYEN LA MATERIA DEL JUICIO CONSTITUCIONAL. AL CONSTITUIR ACTOS FUTUROS, INCIERTOS E INDETERMINADOS, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 44/2007). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abandonó el criterio sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 45/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 528, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES.", por las razones que se explican en la ejecutoria de la que derivó la tesis aislada 2a. CV/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 13 de diciembre de 2013 a las 13:20 horas y en su Gaceta, Décima Época, Libro 1, Tomo I, diciembre de 2013, página 732, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007).", sin haber dispuesto, expresamente, apartarse también del criterio sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 44/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 373, de rubro: "AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS.". No obstante, es claro que el criterio sostenido en esta última fue abandonado, aunque no se haya indicado en las referidas ejecutoria y tesis aislada, pues la nueva reflexión de la Sala sobre el tema, la llevó a considerar que los alcances por los que se otorga la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, lo que significa que, contrario a lo que había sustentado en la aludida jurisprudencia 2a./J. 44/2007, el juicio de amparo promovido contra omisiones y dilaciones en el trámite de un juicio laboral, subsecuentes a las que constituyen la materia del juicio constitucional, es improcedente; conclusión que encuentra sustento también en el hecho de que tales omisiones y dilaciones constituyen actos futuros, inciertos e indeterminados. SEXTO. Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el uno de noviembre de dos mil siete, abrogando los diversos 87/2003, 3/2005 y 15/2005, determinando el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, remítase la información de esta sentencia al referido Sistema Integral, guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: PRIMERO. La justicia de la Unión ampara y protege a Manuel Alejandro Aley Martínez, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones y para el efecto indicado en el considerando quinto. SEGUNDO. Dése cumplimento al Acuerdo General 29/2007, de uno de noviembre de dos mil siete, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remitiendo la información de esta sentencia al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe. Doy fe. Oopb Con esta fecha se giraron los oficios con los números 16223 y 16224.

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