Manuel Alejadro Castillo Aguilar
Expediente 649/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 649/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Manuel Alejadro Castillo Aguilar
Actuaciones
- Incidental
Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Como está ordenado en el cuaderno principal, con copia de la demanda, tramítese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo ********************, promovido por********************, por derecho propio, contra actos de la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 32, con sede en esta ciudad. De conformidad con los artículos 131, 138, fracción III y 140 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su respectivo informe previo, mismo que deberá rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas siguientes al momento en que sea notificada, enviándole al efecto copia simple de la demanda de amparo. Se apercibe a la autoridad responsable de que en caso de que no rinda el informe requerido, se le sancionara con multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, que corresponden a diez mil trescientos setenta y cuatro pesos ($10,374.00); lo anterior con fundamento en el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo. Para tal efecto, se hace del conocimiento de la autoridad que el informe que se le requiere debe preferentemente enviarlo al correo electrónico oficialia8jdo7cto@correo.cjf.gob.mx (medio magnético); previa confirmación que se realice por este juzgado en el número telefónico (229) 923-67-80 extensión 1591; sin que lo anterior, en caso de que deban de acompañar constancias para justificar sus actos, la autoridad las remitirá por la mensajería rápida que estime conveniente a la dirección Boulevard Manuel Maples Arce, número 188, colonia Enrique Rodríguez Cano, código postal 92880, Tuxpan, Veracruz; lo anterior, con fundamento en el artículo 17 constitucional, que obliga a una justicia pronta. Solo en el supuesto de que no tenga la posibilidad o los medios para enviarlos así, lo puede hacer en la forma tradicional (por escrito). En el entendido de que la remisión del citado informe deberá hacerla por cualquiera de las vías que estime conveniente, sin que deban hacerlo por todas. Audiencia Incidental. Se señalan las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del cuatro de diciembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia incidental. Análisis de la suspensión provisional. En ese sentido, del análisis integral del escrito de demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como acto reclamado para suspender: Omisión de decretar la suspensión que solicitó el diecinueve de julio de dos mil veintitrés, en el expediente ******************** del índice del Tribunal responsable. Requisitos para el otorgamiento de la suspensión. Ahora bien, como cuestión previa, conviene recordar, de acuerdo con lo dispuesto en la fracción X del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al proveer sobre la suspensión debe tomarse en cuenta la naturaleza de la violación que se reclama; así como que los efectos de la medida cautelar precisamente obran sobre las consecuencias de los actos de autoridad. Es importante señalar que mediante la tesis 2a. XXIII/2016 (10a.), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 128 y 138 de la Ley de Amparo, para conceder la suspensión en el juicio de amparo, se requieren los requisitos siguientes: 1) Expresamente la solicite el quejoso; 2) Haya certidumbre sobre la existencia de los actos cuya suspensión se solicita; 3) Los actos reclamados sean susceptibles de suspensión (naturaleza); 4) Al resolver sobre su procedencia, cuando el acto lo permita, debe llevarse a cabo un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho. Ahora, en cuanto al primero de los citados requisitos (1), se encuentra satisfecho porque existe petición expresa de la parte incidentista, pues solicitó se aperturara este incidente y la suspensión del acto reclamado, además su interés indiciario se encuentra satisfecho, pues, se advierte que es parte en el juicio ******************** del índice del Tribunal responsable, de ahí que no se encuentre obligado, hasta este momento procesal, a demostrar ni siquiera de manera indiciaria el interés para solicitar la suspensión de los actos reclamados. Por lo que se refiere al segundo (2), consistente en que haya certidumbre sobre la existencia del acto reclamado cuya suspensión se solicita; debe tenerse por satisfecho atendiendo a las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad realizó la parte quejosa en su demanda de amparo. En relación con el tercero (3), de igual manera se encuentra satisfecho, ya que el artículo 147 de la Ley de Amparo, faculta al órgano jurisdiccional para fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo, hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos; incluso, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. Así como también, que la medida cautelar procede a partir del análisis de la naturaleza de los actos, para determinar si se actualiza la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. En ese tenor, conviene señalar que el actual artículo 1° constitucional consagra el principio pro persona, el cual establece que los derechos humanos deben interpretarse en la forma más amplia en favor de los gobernados. Del análisis sistemático de las disposiciones relativas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y leyes secundarias, así como los demás instrumentos internacionales, en el caso que nos ocupa, se estima que es obligación del Estado Mexicano salvaguardar el derecho al libre desarrollo de la personalidad, para lo cual deben emitirse las resoluciones necesarias para lograr este fin. En ese sentido, cabe reiterar que en el presente asunto los actos reclamados se hacen consistir en: Omisión de decretar la suspensión que solicitó el diecinueve de julio de dos mil veintitrés, en el expediente ******************** del índice del Tribunal responsable. Sobre el particular, es de indicar que la doctrina constitucional ha venido evolucionando en beneficio de los derechos humanos, y considera que los actos omisivos o negativos si pueden suspenderse, con la finalidad de salvaguardar esos derechos, siempre y cuando se actualice la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, pues deben analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse a la persona en el goce del derecho violado. Por las razones que contiene, se atiende la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee: SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior. Criterio que se cita, en relación con la diversa sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, de rubro siguiente: SUSPENSIÓN, NATURALEZA DEL ACTO QUE SE RECLAMA PARA CONCEDER O NEGARLA. Sobre el particular, se atiende el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido que, para conceder la suspensión, sin dejar de observar los requisitos plasmados en los artículos 128 y 139 de la Ley de Amparo, se puede realizar la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por la quejosa. Es decir, de acuerdo con un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declare la inconstitucionalidad del acto reclamado, sin que ello implique prejuzgar sobre la certeza del derecho, pues este se resolverá en la sentencia definitiva en el estudio de fondo del juicio, sin que el otorgamiento de la medida cautelar permita que se trastoquen el interés social y el orden público, pues entonces deberá negarse la suspensión, pues no puede estar el derecho individual por encima del de la sociedad. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 204/2009 de la Segunda Sala, localizable en el Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, página trescientos quince, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, número de registro 165659, de rubro: SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. Además, se debe ponderar el peligro en la demora que consiste en la posible frustración de los derechos del solicitante de la medida, que se pueden concretar como consecuencia de la tardanza en el dictado de la sentencia. Así, la medida cautelar exige un preventivo cálculo de probabilidad sobre el peligro en la dilación, que no puede separarse de otro preventivo cálculo de probabilidad, que se hace sobre la existencia del derecho cuya tutela se solicita a los tribunales. Luego, el análisis de la naturaleza de la violación alegada, supone la necesidad de realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho esgrimido, con miras a otorgar la medida cautelar para evitar daños y perjuicios de difícil reparación al menor quejoso y conservar viva la materia del juicio, siempre y cuando, con la concesión de la suspensión no se lesionen el interés social y el orden público, en el entendido de que si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso, deberá negar la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público y el interés de la sociedad están por encima del interés particular afectado. De tal manera, que para evitar que la medida cautelar concedida sea ineficaz con la sola paralización del acto reclamado se tiene la facultad de dictar las medidas pertinentes que no impliquen propiamente una restitución, sino un adelanto provisional del derecho cuestionado para resolver posteriormente, en forma definitiva -sentencia de fondo-, si los actos impugnados son o no constitucionales. Además, no debe invocarse para negar la suspensión, pues del juicio anticipado de la sentencia de amparo, como se estableció, que debe llevarse a cabo concomitantemente con el posible perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o la contravención a disposiciones de orden público, tal como se advierte de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 10/2014 (10a.) también de la Segunda Sala, localizable en el Tomo II, Febrero de dos mil catorce, página mil doscientos noventa y dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 2005719, de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO NO PUEDE INVOCARSE PARA NEGARLA" En ese entendido, a juicio de esta juzgadora resulta necesario ponderar la intensidad del perjuicio que resentiría el inconforme, frente al perjuicio que resentiría la parte tercera interesada, por lo que se determina que de no concederse la medida suspensional solicitada se podrían ocasionar daños de imposible reparación. En tales consideraciones, se concede la suspensión provisional para el único efecto de que la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 32, con sede en esta ciudad se pronuncie en relación a la suspensión que -a decir del promovente de amparo- solicitó el diecinueve de julio de dos mil veintitrés, en el expediente ******************** de su índice, toda vez que ello se traduce en una paralización del procedimiento en el que se encuentran involucrados los derechos agrarios del aquí quejoso, en el entendido que la determinación que en su caso deberá notificarse personalmente a la parte interesada. En ese tenor, resulta necesario precisar que la presente medida suspensional no menoscaba la esfera de atribuciones constitucionales y legales que posee para decidir, en su caso, lo relativo a la procedencia o no de las solicitudes que le fueron formuladas; de ahí que la determinación que emita en cumplimiento a la suspensión provisional será en ejercicio de esa plena libertad de jurisdicción. Precisión. La presente suspensión surtirá efectos únicamente si efectivamente fue realizada dicha solicitud en el expediente ******************** del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 32, con sede en esta ciudad. No se fija garantía. La suspensión concedida en los anotados términos surte sus efectos sin necesidad de otorgar garantía, al actualizarse la hipótesis a que se refiere el artículo 135 de la Ley de Amparo, toda vez que los bienes del contribuyente embargados se estiman suficientes para asegurar la garantía del interés fiscal. Vigencia de la suspensión provisional. La medida cautelar concedida surte sus efectos desde esta fecha en que se decreta, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables la resolución de la suspensión definitiva; lo anterior de conformidad con la jurisprudencia 1a.lJ. 33/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Junio de 2014, Tomo 1, Libro 7, página 431, con registro digital 20006797, de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SURTE SUS EFECTOS AL DECRETARSE y NO AL NOTIFICARSE." Notificación a la parte quejosa. En términos del artículo 29 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista de acuerdos que se publica electrónicamente en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, debido a que la ley en cita, no contempla como tal los estrados. Autorizados. Se tiene como facultados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a********************por contar con el registro de su cédula profesional ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, según la consulta realizada a la página oficial correspondiente. Copias. Toda vez que el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente ya que será el expediente electrónico el que tenga validez para consulta de las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que rige la tramitación del presente juicio, se hace del conocimiento de las partes autorizadas (con firma electrónica vigente) que podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en el presente expediente ya que, cuando éstas incluyen la evidencia criptográfica, se consideran como copias certificadas electrónicamente, sin necesidad de hacer mayor gestión.
- Principal
Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Recepción. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por********************, por derecho propio, contra actos de la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 32, con sede en esta ciudad. Radicación. Intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número de registro ********************. En ese sentido, se hace del conocimiento de las partes que conforme a los lineamientos establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan las partes en un asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad para la tramitación de este juicio la aplicación del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el SISE; razón por la cual en términos del artículo 263 de dicho acuerdo, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Admisión. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 1°, 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 5, 35, 37, 107, 108, 112, 116 y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite a trámite la demanda. Incidente de suspensión. De conformidad con el artículo 128, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, tramítese por separado el incidente respectivo al haberse solicitado la suspensión. Sin que sea necesaria la formación del duplicado físico del incidente de suspensión, en términos del artículo 264, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y acorde con la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Audiencia constitucional. Se señalan las diez horas con cincuenta minutos del veintiséis de diciembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional. Solicitud de informe justificado. Con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, pídase el informe justificado a la(s) autoridad(es) señalada(s) como responsable(s), quien(es) deberá(n) rendirlo por escrito dentro del término de quince días hábiles, a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de este proveído. En el informe deberá(n) exponer las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado acompañando, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, con el apercibimiento que de no rendir su informe, o bien, de no acompañar las constancias que avalen la existencia del acto reclamado y que soportan su emisión, completas, legibles, foliadas y ordenadas en forma secuencial, se hará(n) acreedora(s) a una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, en términos lo dispuesto por los artículos 260, fracción II y 238 de la Ley de Amparo. En el entendido, que se deberá atender el contenido del artículo 117 de la Ley de Amparo, en el que se desprende que, tratándose de materia agraria, como es el caso, en el informe justificado que rinda se expresarán nombre y domicilio del tercero interesado, los preceptos legales que justifiquen los actos que en realidad hayan ejecutado o pretendan ejecutar y si las responsables son autoridades agrarias, la fecha en que se hayan dictado las resoluciones que amparen los derechos agrarios del quejoso y del tercero, en su caso, y la forma y términos en que las mismas hayan sido ejecutadas, así como los actos por virtud de los cuales aquéllos hayan adquirido sus derechos, de todo lo cual también acompañarán al informe copias certificadas, así como de las actas de posesión, planos de ejecución, censos agrarios, certificados de derechos agrarios, títulos de parcela y demás constancias necesarias para precisar los derechos de las partes. Para tal efecto, se hace del conocimiento de la autoridad que el informe que se le requiere debe preferentemente enviarlo al correo electrónico oficialia8jdo7cto@correo.cjf.gob.mx (medio magnético); previa confirmación que se realice por este juzgado en el número telefónico (229) 923-67-80 extensión 1591. En caso de que deban de acompañar constancias para justificar sus actos, la autoridad las remitirá por la mensajería rápida que estime conveniente a la dirección Boulevard Manuel Maples Arce, número 188, colonia Enrique Rodríguez Cano, código postal 92880, Tuxpan, Veracruz; lo anterior, con fundamento en el artículo 117, primer párrafo, de la ley de la materia, en relación con el numeral 17 constitucional, que obliga a una justicia pronta. Solo en el supuesto de que no tenga la posibilidad o los medios para enviarlos así, lo puede hacer en la forma tradicional (por escrito). En la inteligencia que de ser cierto el acto reclamado, dicho informe deberá remitirse vía interconexión, por mensajería acelerada, por correo certificado, o bien, por el medio que la autoridad determine a fin de que este juzgado cuente con las constancias originales o copias certificadas que acrediten la existencia del acto reclamado. En el entendido de que la remisión del citado informe deberá hacerla por cualquiera de las vías que estime conveniente, sin que deban hacerlo por todas. Notificación por medios electrónicos para autoridades responsables foráneas. Con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso a) en relación con el 28, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se autoriza el envío de oficios a la(s) autoridad(es) responsable(s) mediante correos electrónicos oficiales, quien(es) deberá(n) acusar recibo por la misma vía y rendir su(s) informe(s) de ley a través del correo institucional oficialia8jdo7cto@correo.cjf.gob.mx. Requerimiento por causa de improcedencia o sobreseimiento. Conforme al artículo 64, de la ley de la materia, se requiere a las partes para que, de tener conocimiento de alguna causa de improcedencia o sobreseimiento la comuniquen de inmediato a este juzgado y; de ser posible acompañen las constancias que acrediten tal extremo. De hacer caso omiso al presente requerimiento, se les impondrá multa equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 251 de la Ley de Amparo. Tercero interesado. Se reserva acordar lo procedente respecto a su existencia y, en su caso, emplazamiento, hasta en tanto obren las constancias relativas al juicio de origen; lo anterior, para tener la plena certeza de a quién le resulta ese carácter. Intervención al agente del ministerio público federal. Con base en lo que establece el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención que corresponda, al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, corriéndole traslado con copia de la demanda. Notificación a la parte quejosa. En términos del artículo 29 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista de acuerdos que se publica electrónicamente en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, debido a que la ley en cita, no contempla como tal los estrados. Autorizados. Se tiene como facultados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a********************por contar con el registro de su cédula profesional ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, según la consulta realizada a la página oficial correspondiente. Habilitación de días y horas inhábiles. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio. Asimismo, se instruye al actuario para que, en caso de que alguna autoridad se niegue a recibir un oficio de notificación, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; esto es, informarle que, no obstante dicha circunstancia, se tendrá por hecha la notificación correspondiente. Copias. Toda vez que el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente ya que será el expediente electrónico el que tenga validez para consulta de las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que rige la tramitación del presente juicio, se hace del conocimiento de las partes autorizadas (con firma electrónica vigente) que podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en el presente expediente ya que, cuando éstas incluyen la evidencia criptográfica, se consideran como copias certificadas electrónicamente, sin necesidad de hacer mayor gestión. Protección de datos personales. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente electrónico conforme a las disposiciones aplicables de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese por lista.
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