Manuel Alberto Sánchez Hidalgo Larenas

Expediente 448/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 34 actuaciones registradas, la última del 28 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
448/2023
Año
2023
Actuaciones
34
Última actuación
28/08/2023

Partes del expediente

  • Manuel Alberto Sánchez Hidalgo Larenas
  • Titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, Con Sede En la Ciudad de Mexico

Actuaciones

Las 4 más recientes de 34.

  1. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, a veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio firmado por el Actuario adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, mediante el cual transcribe el auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, emitido en el recurso de revisión 404/2023, de su índice. Ahora bien, del auto citado se advierte que el Tribunal de Alzada declaró sin materia el recurso de revisión hecho valer por la parte quejosa; en contra de la resolución interlocutoria de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, dictada dentro del presente incidente de suspensión; lo anterior, se tiene por informado a este órgano jurisdiccional para todos los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a quince de agosto de dos mil veintitrés. Estado procesal Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación con que se da cuenta, de la que se advierte que a la fecha ya transcurrió el término de diez días a que se refiere el numeral 86, de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido la sentencia dictada en estos autos, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Causa ejecutoria En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que la sentencia, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, se reserva el archivo del presente juicio, hasta en tanto sea devuelto el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en contra de la resolución interlocutoria de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, emitida en el incidente de suspensión, medio de impugnación que fue remitido para su trámite y resolución el catorce del mes y año en curso. En razón de lo anterior, gírese oficio, de este acuerdo, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en turno, a efecto de hacerle saber que causo ejecutoria la sentencia dictada en el juicio de amparo de la que se deriva la medida cautelar recurrida. Notifíquese.

  3. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, a catorce de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta se advierte que, por auto de siete de julio del año en curso, se tuvo a la autoridad responsable Instituto Mexicano del Seguro Social, interponiendo recurso de revisión, y toda vez que ya obran las constancias de notificación efectuadas a las partes respecto del citado medio de impugnación, es evidente que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado. En consecuencia, y en acatamiento a lo ordenado en el acuerdo mencionado, habilítese el expediente electrónico al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en turno, a efecto de que pueda visualizar vía electrónica la totalidad de las constancias que integran este expediente, y se pronuncie respecto del medio de impugnación interpuesto Por tanto, con fundamento en lo establecido en el artículo 73, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena a la Oficial Judicial "A" adscrita a este Juzgado, que permita al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en turno, que conocerá de este juicio el acceso vía electrónica del expediente 448/2023. Lo anterior, en atención a las políticas de optimización de recursos, así como de consumo responsable de materiales, previstas en el Considerando Décimo y artículo 251, incisos a), d), f) y g), del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo"; así como en el "Programa Interinstitucional de Desarrollo Sustentable del Poder Judicial de la Federación", el cual tiene como uno de sus objetivos principales el modificar los hábitos de consumo que contribuyen al deterioro de nuestro medio ambiente. Asimismo, remítase al citado Tribunal Colegiado el escrito original de expresión de agravios, una copia para correr traslado al agente del Ministerio Público de su adscripción, así como el tomo de pruebas formado con las documentales enviadas por la autoridad responsable, solicitando se sirva acusar el recibo correspondiente. Notifíquese.

  4. Principal

    V I S T O S para resolver los autos relativos al juicio de amparo 448/2023-II, promovido por ********************, contra los actos que reclama de la Sala Regional Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad y otras autoridades, por considerarlo violatorio del derecho humano de acceso efectivo a la jurisdicción. TRÁMITE PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el tres de abril de dos mil veintitrés (fojas 2 a 12), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Decimoctavo Circuito, remitido el tres siguiente, por razón de turno, a este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y el acto que se transcriben a continuación: AUTORIDAD RESPONSABLE Titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, con domicilio conocido en la Ciudad de México. Titular de la Delegación Estatal de Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social, con domicilio en Boulevard Benito Juárez No. 18, Colonia Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos. Titular de la Subdelegación de Cuernavaca del Instituto Mexicano del Seguro Social, con domicilio en Avenida Plan de Ayala No. 1201, Ricardo Flore Magón, C.P. 62370, Cuernavaca, Morelos. Director General de Atención a autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con domicilio en Avenida Insurgentes Sur 1971, Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, C.P.01020, Ciudad de México. Titular de la Dirección General Adjunta de Atención a autoridades "C" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con domicilio en Avenida Insurgentes Sur 1971, Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México. Representante legal de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero, BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma No. 510, Colonia Juárez, C.P. 06600, Cuauhtémoc, Ciudad de México. Representante legal de Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V., con domicilio en Paseo de la Reforma No. 1230, Colonia Santa Fe Cuajimalpa, C.P. 05348, Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de Mexico. ACTOS RECLAMADOS "La orden verbal o escrita para boquear, cancelar, suspender, retirar o revocar la totalidad de las cuentas bancarias de mi representada, así como el impedimento de disponer los recursos que existen en dichas cuentas, en especial las cuentas bancarias ********************de la institución financiera de Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V., y la cuenta bancaria número ******************** de BBVA México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero, BBVA México, lo que provoca que el quejoso no pueda dar cumplimiento con los diversos pagos a proveedores y servicios en lo que me encuentro obligado a realizar, y que me está generando intereses. (.) d. Toda orden verbal o escrita dirigida a las instituciones bancarias de Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. y BBVA México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero, BBVA México, para que bloque, cancele, suspenda, embargue o revoque la totalidad de las cuentas bancarias de mi representada, e impida disponer de los recursos que existen en dichas cuentas, en especial las cuentas bancarias ********************y ********************, aperturadas en las citadas instituciones bancarias. (.) .así como la omisión de resolver la queja interpuesta en contra del incumplimiento a la SUSPENSIÓN por parte de la Subdelegación de Cuernavaca del Instituto Mexicano del Seguro Social." [2] SEGUNDO. Prevención, desechamiento parcial, admisión, trámite de la demanda y audiencia constitucional. Previa prevención debidamente desahogada, por auto de doce de abril de dos mil veintitrés, se desechó parcialmente la demanda y se admitió a trámite únicamente respecto de los actos ahí precisados, se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley. TERCERO. Ampliación de demanda. En acuerdo de catorce de junio de dos mil veintitrés (fojas 172 a 176), se tuvo por ampliada la demanda respecto de las autoridad y por los actos ahí precisados. CUARTO. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 1°, fracción V, 49 y 61, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo previsto en el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, dado que se reclama una omisión de naturaleza laboral atribuido a una autoridad en esa materia en la jurisdicción que corresponde a este órgano constitucional. Previamente a la precisión del acto reclamado, se destaca que conforme a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, para la resolución del presente asunto se citan, entre otras tesis, jurisprudencias integradas conforme a la legislación de amparo abrogada, al no oponerse a lo previsto en la Ley de la Materia vigente. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, deben fijarse de manera clara y precisa los actos reclamados, por lo que de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que la autoridad responsable y el acto reclamado son: I.- De la Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Cuernavaca, Morelos, lo siguiente: a.- La omisión de resolver la queja interpuesta mediante escrito de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés en el expediente ******************** II.- Del Titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, Titulares de la Delegación y Subdelegación, así como el Jefe de la Oficina de Cobros como Órgano Integrante de la Subdelegación de Cuernavaca, todos del Instituto Mexicano del Seguro Social, Director General de Atención a autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Titular de la Dirección General adjunta de Atención a autoridades "C" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Representante legal de BBVA México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, y Representante legal de Grupo Financiero Banorte, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, lo siguiente: a.- La orden verbal o escrita para bloquear, cancelar, suspender, retirar, y/o revocar, así como el impedimento de disponer de los recursos que existen en las cuentas bancarias ********************y ********************, de Grupo Financiero Banorte, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable y BBVA México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, respectivamente. III.- Jefe de la Oficina de Cobros como Órgano Integrante de la Subdelegación de Cuernavaca, del Instituto Mexicano del Seguro Social. a) La orden verbal o escrita para el retiro de la cantidad de ********************de la cuenta bancaria número ********************de la institución financiera de Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V., lo que está provocando que el quejoso no pueda dar cumplimiento con los diversos pagos a proveedores y servicios en los que me encuentro obligado a realizar, y que me están generando intereses. b) El retiro de la cantidad de ********************de la cuenta bancaria número ********************de la institución financiera de Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V., lo que está provocando que el quejoso no pueda dar cumplimiento con los diversos pagos a proveedores y servicios en los que me encuentro obligado a realizar, y que me están generando intereses. TERCERO. Actos reclamados inexistentes. Previamente al estudio de la inexistencia del acto reclamado, resulta pertinente destacar el contenido de los artículos 1°, fracción I, 63, fracción IV y 75 de la Ley de Amparo, que estipulan: "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.]" "Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. [.]". El artículo 1°, fracción I, de la Ley de Amparo establece que el objetivo del juicio de amparo es resolver toda controversia que se origine por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, se refiere a actos existentes, no probables o eventuales, conclusión que se corrobora con lo dispuesto por el diverso 75 de la propia ley, al establecer que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. Luego, al analizar el artículo 63, fracción IV, de la ley reglamentaria del juicio de amparo en armonía con los diversos 1º, fracción I, y 75, se advierte, sin lugar a dudas, que los actos reclamados deben estudiarse atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo. Al rendir su informe justificado la Jefa de la División de Amparos Fiscales del suplencia del Director General del Instituto, el Titular de la Subdelegación Cuernavaca y el Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, ambos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos, y todos del Instituto Mexicano del Seguro Social (fojas 129 a 138); manifestaron que no son ciertos los actos reclamados, pues no se encuentran dentro de sus facultades emitirlos. De igual forma, la Jefa de la Oficina de Cobros de la Subdelegación Cuernavaca del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social (fojas 182 a 186), manifestó que no son ciertos los actos reclamados consistentes en la orden verbal o escrita para el retiro, así como el retiro de la cantidad de ********************de la cuenta bancaria número ********************de la institución financiera de Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. Cabe precisarse que en acuerdos de ocho de mayo y cuatro de julio de dos mil veintitrés, respectivamente, se dio vista a la parte quejosa, con los informes justificados rendidos por las citadas autoridades responsables. Asimismo, cabe destacar que la negativa de la existencia del acto reclamado en el juicio de amparo, arroja la carga probatoria a la parte quejosa para demostrar su existencia en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, sin que hasta el dictado de la presente resolución, haya realizado manifestaciones al respecto, u ofrecido prueba alguna con la que acreditara la existencia de los actos reclamados a dichas autoridades, transcurriendo debidamente el plazo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen XLIII, Primera Parte, página 181, registro 804176, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Circunstancia que pone de manifiesto la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables. En esas circunstancias, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de la Materia, procede sobreseer en el juicio respecto de las autoridades y por los actos precisados en este considerando. CUARTO. Actos reclamados existentes. Los apoderados legales de BBVA México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México y Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte (fojas 62 a 123), así como la Jefa de la Oficina de Cobros de la Subdelegación Cuernavaca del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social (fojas 182 a 186), al rendir el informe justificado, aceptaron la existencia de los actos reclamados consistentes en la orden verbal o escrita para bloquear, cancelar, suspender, retirar, y/o revocar, así como el impedimento de disponer de los recursos que existen en las cuentas bancarias ********************y ********************, por lo que se tienen por ciertos. Apoyo lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Septiembre de 2011, Tomo II, Página 830, de rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Por su parte, el Magistrado Presidente de la Sala Regional Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Cuernavaca, al momento de rendir su informe justificado, negó la existencia del acto que se le atribuye; sin embargo, dicha autoridad responsable expuso motivos y razonamientos para sostener su legalidad, lo que desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por cierto el acto reclamado, con base en el examen de dicho informe. Cobra aplicación la tesis sin número, del Segundo Tribunal Colegiado Del Sexto Circuito, del Semanario Judicial de la Federación.Tomo XIV, Julio de 1994, página 391, Octava Época, número de registro 211004, que se copia: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Certeza que se robustece con las copias certificadas relativas al expediente ********************a las que se concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 (Son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones) y 202 (Los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan; pero, si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones; pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado) del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, por disposición de su artículo 2°. Cobra aplicación al respecto, la tesis I. 3º. A 145K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con número de registro digital 210315, visible en la página 385, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Octava Época, que a la letra dice: "VALOR Y ALCANCE PROBATORIOS. DISTINCION CONCEPTUAL. AUNQUE UN ELEMENTO DE CONVICCION TENGA PLENO VALOR PROBATORIO, NO NECESARIAMENTE TENDRA EL ALCANCE DE ACREDITAR LOS HECHOS QUE A TRAVES SUYO PRETENDA DEMOSTRAR EL INTERESADO. La valoración de los medios de prueba es una actividad que el juzgador puede realizar a partir de cuando menos dos enfoques; uno relacionado con el continente y el otro con el contenido, el primero de los cuales tiene como propósito definir qué autoridad formal tiene el respectivo elemento de juicio para la demostración de hechos en general. Esto se logrará al conocerse qué tipo de prueba está valorándose, pues la ley asigna a los objetos demostrativos un valor probatorio pleno o relativo, previa su clasificación en diversas especies (documentos públicos, privados, testimoniales, dictámenes periciales, etcétera. Código Federal de Procedimientos Civiles, Libro Primero, Título Cuarto), derivada de aspectos adjetivos de aquéllos, tales como su procedimiento y condiciones de elaboración, su autor y en general lo atinente a su génesis. El segundo de los enfoques en alusión está vinculado con la capacidad de la correspondiente probanza, como medio para acreditar la realización de hechos particulares, concretamente los afirmados por las partes. A través de aquél el juzgador buscará establecer cuáles hechos quedan demostrados mediante la prueba de que se trate, lo que se conseguirá al examinar el contenido de la misma, reconociéndose así su alcance probatorio. De todo lo anterior se deduce que el valor probatorio es un concepto concerniente a la autoridad formal de la probanza que corresponda, para la demostración de hechos en general, derivada de sus características de elaboración; a diferencia del alcance probatorio, que únicamente se relaciona con el contenido del elemento demostrativo correspondiente, a fin de corroborar la realización de los hechos que a través suyo han quedado plasmados. Ante la referida distinción conceptual, debe decirse que la circunstancia de que un medio de convicción tenga pleno valor probatorio no necesariamente conducirá a concluir que demuestra los hechos afirmados por su oferente, pues aquél resultará ineficaz en la misma medida en que lo sea su contenido; de ahí que si éste es completamente ilegible, entonces nada demuestra, sin importar a quién sea imputable tal deficiencia o aquélla de que se trate". Por su parte, las autoridades responsables Director General de Atención a Autoridades y el Titular de la Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "C", ambos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; todos con residencia en la Ciudad de México, fueron omisas en rendir su informe justificado, no obstante de encontrase debidamente notificadas y haber transcurrido el lapso para ello; por tanto, se presumen ciertos los actos a ellas reclamados en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Marzo de 1999, página 26, Novena Época, Registro 194401, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. CONSECUENCIAS DEL MOMENTO DE RENDICIÓN O DE SU OMISIÓN (HIPÓTESIS DIVERSAS DEL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO). Del contexto del artículo 149 de la Ley de Amparo, en relación con los efectos que se producen en el juicio de amparo con la rendición u omisión del informe justificado, se advierten las siguientes hipótesis: a) Por regla general, el Juez de Distrito, al solicitar los informes justificados de las autoridades responsables, concede un término de cinco días, contados a partir de la notificación del auto correspondiente; b) Si el Juez Federal lo estima conveniente, por la importancia y trascendencia del caso, a lo que procede agregar que puede haber situaciones de complejidad para la obtención de constancias, es posible discrecionalmente ampliar el término por cinco días más, para que la autoridad responsable rinda su informe con justificación; c) La circunstancia de que las autoridades responsables presenten sus informes justificados con posterioridad al término de cinco días o, en su caso, al de su ampliación discrecional, no trae como consecuencia que se deba tener por presuntivamente cierta la existencia de los actos que se les atribuyen, según se destacará en inciso subsecuente; d) Las autoridades responsables rendirán sus informes con justificación con la anticipación que permita su conocimiento por el quejoso, al menos ocho días antes de la audiencia constitucional; e) La consecuencia de que se rinda el informe justificado con insuficiente anticipación en relación con la fecha de la celebración de la audiencia constitucional, será que el Juez difiera o suspenda tal audiencia, según lo que proceda, a solicitud de las partes, que inclusive podrá hacerse en la misma fecha fijada para la celebración de la diligencia; f) Si el Juez de Distrito omite dar vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido con insuficiente anticipación en relación con la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, el tribunal revisor podrá ordenar la reposición del procedimiento, atento lo que establece el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo; y g) Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Esta parte del precepto se refiere a casos de ausencia de rendición de informe justificado por parte de la autoridad responsable, o bien, para el evento en que dicho informe hubiera sido rendido con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, lo que hace precluir cualquier oportunidad de las partes para apersonarse, presentar promociones o aportar constancias en el juicio de garantías." QUINTO. Causales de improcedencia. Con apoyo en el artículo 62 de la Ley de Amparo, previamente al estudio de fondo del asunto, se analizarán las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes, o de oficio se advierta su actualización, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente. La tutela judicial efectiva, consagrada como derecho humano en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de recurso efectivo, implica la obligación para los tribunales de amparo de resolver los conflictos que se les plantean evitando interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial, esto es, en caso de duda entre abrir o no el presente juicio en defensa de los derechos humanos que invoca la parte quejosa, por aplicación de los principios pro homine e in dubio pro actione, se debe elegir la respuesta afirmativa. Sirve de sustento la tesis aislada Tesis: 1a. CCXCI/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Registro 2007064, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I. Materia Constitucional, Página 536, de rubro y texto: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LOS ÓRGANOS ENCARGADOS DE ADMINISTRAR JUSTICIA, AL INTERPRETAR LOS REQUISITOS Y LAS FORMALIDADES ESTABLECIDOS EN LA LEY PARA LA ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LOS JUICIOS, DEBEN TENER PRESENTE LA RATIO DE LA NORMA PARA EVITAR FORMALISMOS QUE IMPIDAN UN ENJUICIAMIENTO DE FONDO DEL ASUNTO. La tutela judicial efectiva, consagrada como derecho humano en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de recurso efectivo, implica la obligación para los tribunales de resolver los conflictos que se les plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial, por lo que los órganos encargados de administrar justicia, al interpretar los requisitos y las formalidades procesales legalmente previstos, deben tener presente la ratio de la norma para evitar que los meros formalismos impidan un enjuiciamiento de fondo del asunto. Por tanto, los requisitos para admitir los juicios, incidentes en ellos permitidos, o recursos intentados, establecidos por el legislador, son de interpretación estricta para no limitar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, haciendo posible, en lo esencial, el ejercicio de dicho derecho, por lo que debe buscarse, con apoyo en los principios pro homine e in dubio pro actione, la interpretación más favorable al ejercicio de ese derecho humano, sin soslayarse los presupuestos esenciales de admisibilidad y procedencia de los juicios, incidentes en éstos permitidos o recursos intentados." Por tanto, las causales de improcedencia del juicio de amparo deben interpretarse de manera estricta para no limitar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, haciendo posible, en lo esencial, el ejercicio de dicho derecho, por lo que debe buscarse, con apoyo en los principios pro homine e in dubio pro actione, la interpretación más favorable al ejercicio de ese derecho humano; de ahí que ante distintas posibles interpretaciones de las fracciones que componen el artículo 61 de la Ley de Amparo, se acogerá únicamente aquella que se haya acreditado fehacientemente, evitando dejar, con base en presunciones, en estado de indefensión al promovente, lo que es acorde al derecho a la tutela judicial efectiva, que condiciona la actuación de todos los poderes públicos, incluido este Juzgador. Lo anterior tiene sustento en la tesis 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, Novena Época, Registro 165538, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI. Enero de 2010. Materia Común. Página: 324, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben interpretarse de manera estricta, de manera que la salvaguarda de la Constitución y de las garantías individuales a través de dicho proceso sea efectiva, de lo cual deriva que ante distintas posibles interpretaciones de las fracciones que componen el artículo 73 de la Ley de Amparo, el juez debe acoger únicamente aquella que se haya acreditado fehacientemente, evitando dejar, con base en presunciones, en estado de indefensión al promovente, lo que es acorde al derecho a la tutela judicial efectiva previsto en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, que condicionan la actuación de todos los poderes públicos, incluido el juez de amparo." Este Juzgado Federal de oficio advierte que respecto del acto reclamado consistente en la omisión de resolver la queja interpuesta mediante escrito de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, en el expediente ********************se actualiza la improcedencia a que se refiere la fracción XXI del ordinal 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Al respecto, la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y con ello la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Tratándose de actuaciones, esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación, en virtud de la cual se revoque o anule el acto motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada. La anterior consideración encuentra apoyo, en la jurisprudencia 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese orden de ideas, tal como ha quedado precisado en el apartado correspondiente la parte quejosa señaló como acto la omisión de resolver la queja interpuesta mediante escrito de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, en el expediente ******************** Ahora bien, de las constancias que remitió la autoridad responsable Magistrado Presidente de la Sala Regional Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Cuernavaca, se desprende que el diez de mayo de dos mil veintitrés (fojas 143 a 153), se resolvió la queja por incumplimiento a la orden de suspensión definitiva de la ejecución de los créditos impugnados de catorce de septiembre de dos mil veintidós. Luego, si la parte peticionaria de amparo reclama la omisión de resolver la queja interpuesta mediante escrito de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, en el expediente ******************** y mediante sentencia de diez de mayo de dos mil veintitrés, se resolvió dicha queja por incumplimiento a la suspensión definitiva; es dable concluir que han cesado los efectos del acto reclamado. En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento, se sobresee el presente juicio de amparo por cuanto hace al acto consistente en la omisión de resolver la queja interpuesta mediante escrito de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, en el expediente ******************** Por otra parte, respecto del acto reclamado consistente en la orden verbal o escrita para bloquear, cancelar, suspender, retirar, y/o revocar, así como el impedimento de disponer de los recursos que existen en las cuentas bancarias ********************y ********************, de Grupo Financiero Banorte, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable y BBVA México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, respectivamente, este órgano jurisdiccional advierte de oficio, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo. Para demostrar dicho aserto, resulta necesario precisar que la porción normativa que establece la causa de improcedencia es del siguiente tenor: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado;" Del análisis del citado numeral, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal interpuesto por el promovente, que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. En ese orden de ideas, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 144/2000, estableció que para que pueda actualizarse la causa de improcedencia en alusión, es menester que concurran las siguientes circunstancias: La parte quejosa sea quien interpuso el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; El recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de derechos fundamentales; y, El recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Tales consideraciones derivan de la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Diciembre de 2000, página 15, Novena Época, Registro 190665, que dice: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo." Ahora, de los antecedentes del presente juicio de amparo se advierte: La Oficina de Cobros de la Subdelegación Cuernavaca del Instituto Mexicano del Seguro Social, Órgano Operativo, practicó dentro del procedimiento administrativo de ejecución, embargo respecto de las cuentas bancarias del quejoso ********************y ********************, con motivo de los créditos fiscales ******************** Por su parte, ********************promovió juicio de nulidad en contra de los créditos fiscales ********************demanda que fue admitida en acuerdo de diez de agosto de dos mil veintidós (fojas 8 y 9 del tomo I de pruebas), y en proveído de esa misma fecha dictado en el cuaderno incidental (fojas 8 y 9 del tomo II de pruebas), se concedió la suspensión provisional. Posteriormente, en resolución de catorce de septiembre de dos mil veintidós (fojas 35 a 39 del tomo II de pruebas), se concedió la suspensión definitiva únicamente por cuanto a los créditos fiscales ********************toda vez que el actor acreditó haber otorgado la garantía del interés fiscal. En atención a lo anterior, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, ordenó el embargo de las cuentas bancarias del quejoso, con motivo de los diversos créditos fiscales ******************** Siendo dicha inmovilización de cuentas bancarias, el acto que reclama la parte quejosa. Asimismo, se precisa que al juicio de nulidad ********************aún no se ha resuelto. Enseguida se analizará si en el caso se actualiza la causal de improcedencia invocada. El primero de los requisitos precisados en párrafos precedentes se encuentra colmado, pues ********************promovió juicio contencioso administrativo ante la Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el cuatro de agosto de dos mil veintidós (fojas 1 a 5 del tomo I de pruebas), en donde solicitó la nulidad de los créditos fiscales ********************y por ende, las consecuencias jurídicas derivadas de éstos, como en el caso es la inmovilización de cuentas bancarias. El segundo de los requisitos también se encuentra acreditado, pues el juicio contencioso administrativo promovido por ********************se admitió a trámite el diez de agosto del año dos mil veintidós, quedando radicado dicho expediente con el número ********************del índice de la Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y no obran constancias de las que se advierta que dicho medio de defensa a la fecha se encuentre concluido, sino por el contrario, de las constancias remitidas por dicha Sala, se advierte que se encuentra en trámite, y por tanto, sub judice. También se tiene por cumplido el tercero de los requisitos relacionado con la idoneidad del recurso o medio de defensa legal para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo con base a las siguientes consideraciones. El artículo 2° de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y el numeral 3° de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, establecen lo siguiente: "ARTÍCULO 2o.- El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa." "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.) II. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación; (.) V. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores" De la interpretación de estos preceptos se obtiene que el juicio de nulidad federal (cuyo fin es la anulación del acto administrativo que afecta la esfera jurídica del particular) es procedente entre otras, contras las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación, así como las que causen un agravio en materia fiscal diverso a los previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ahora bien, el embargo practicado sobre las cuentas bancarias del quejoso, deriva del oficio ******************** de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés (foja 199 a 201), emitido por la Jefa de la Oficina para Cobros de la Subdelegación Cuernavaca del Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que es consecuencia directa de la ejecución de los créditos fiscales ********************, decretados al quejoso ********************. En ese sentido, se advierte que la orden de inmovilización de las cuentas bancarias reclamadas en el presente juicio, se practicó dentro del procedimiento administrativo de ejecución de los créditos fiscales determinados al ahora quejoso ********************por oficio ********************. El referido procedimiento administrativo de ejecución es el conjunto de actos y formalidades realizados por la autoridad administrativa en materia hacendaria, para hacer efectivo coactivamente el cumplimiento de un crédito fiscal no pagado o no garantizado por el contribuyente. El artículo 4o. y 145 del Código Fiscal de la Federación disponen: "Artículo 4o.- Son créditos fiscales los que tenga derecho a percibir el Estado o sus organismos descentralizados que provengan de contribuciones, de sus accesorios o de aprovechamientos, incluyendo los que deriven de responsabilidades que el Estado tenga derecho a exigir de sus funcionarios o empleados o de los particulares, así como aquellos a los que las leyes les den ese carácter y el Estado tenga derecho a percibir por cuenta ajena. (.) Artículo 145. Las autoridades fiscales exigirán el pago de los créditos fiscales que no hubieren sido cubiertos o garantizados dentro de los plazos señalados por la Ley, mediante procedimiento administrativo de ejecución." El artículo 287 de la Ley del Seguro Social, menciona: Artículo 287. Las cuotas, los capitales constitutivos, su actualización y los recargos, las multas impuestas en los términos de esta Ley, los gastos realizados por el Instituto por inscripciones improcedentes y los que tenga derecho a exigir de las personas no derechohabientes, tienen el carácter de crédito fiscal. Acorde a lo anterior, los créditos fiscales que el Estado o sus organismos descentralizados tengan derecho a percibir, el Estado está facultado a proceder a su cobro, inclusive a través del procedimiento económico-coactivo previsto en el capítulo tercero del título quinto del Código Fiscal de la Federación, en virtud de que en su artículo 145, así se establece. De lo anterior, resulta evidente que el juicio contencioso administrativo incoado por ********************por el que solicita la nulidad los créditos fiscales ********************constituye vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal de los actos de autoridad señalados como reclamados en el juicio de amparo, en el caso, la orden de inmovilización de cuentas bancarias ********************y ******************** a nombre del quejoso derivada del oficio ******************** de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, emitido por la Jefa de la Oficina para Cobros de la Subdelegación Cuernavaca del Instituto Mexicano del Seguro Social, al ser ésta, ejecución directa de la resolución que determinó los créditos fiscales. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo II , página 1377, Décima Época, Registro 2008718, que dice: "INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS. CONTRA EL ACTO QUE LA DECRETA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De los artículos 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su texto reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2010, 116, 117, 120, 121 y 127 del Código Fiscal de la Federación, deriva que el acto que decreta la inmovilización de cuentas bancarias puede impugnarse en forma optativa a través del recurso de revocación, o bien, del juicio contencioso administrativo y que, en ambos casos, puede solicitarse la suspensión de tal acto, sin mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo. En esta línea, una vez dictada la sentencia en el procedimiento contencioso administrativo, puede promoverse el juicio de amparo en la vía uniinstancial." Máxime que se advierte de autos, que por resolución interlocutoria de catorce de septiembre de dos mil veintidós, la Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ya se había pronunciado en relación a la suspensión de la ejecución de la resolución de los créditos fiscales, la cual surtiría todos sus efectos al garantizar el interés fiscal ante la autoridad exactora. En ese sentido, queda patente que los actos que aquí se combaten, que forman parte del procedimiento de ejecución de los créditos fiscales indicados, se encuentran siendo combatidos a través de juicio ordinario, por el que son susceptibles de que sean nulificados sus efectos, ya que se combaten los créditos fiscales de los cuales derivó la orden de embargo de cuentas bancarias, que puede dejarse insubsistente de obtenerse resolución favorable. En atención a las razones hechas con anterioridad, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley invocada. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, página 61, Novena Época, Registro 196114, que dice: "RECURSO ORDINARIO INTERPUESTO EN CONTRA DEL ACTO RECLAMADO. HACE IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NO SE HAYA ACORDADO SU TRÁMITE. En términos del artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional de garantías es improcedente cuando se está tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, por lo que basta que esté acreditado que se interpuso un recurso ordinario en contra del tal acto para que opere la causal en comento, independientemente de que no se haya admitido, pues lo cierto es que se encuentra pendiente de trámite, máxime si no se demuestra que ha habido desistimiento del mismo. Es decir, aun suponiendo que en el recurso todavía no hubiera sido admitido, por estar pendiente de acuerdo, esto no implica, para efectos del juicio de amparo, que no se esté tramitando, debido a que si bien, en términos procesales, todavía no se le da trámite o se desecha o se tiene por no admitido, esto de ninguna manera trae como consecuencia que deba tenerse por no interpuesto, porque conforme a lo dispuesto en el citado numeral, al hablar de que se está tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso, se está haciendo referencia a la existencia de un medio de defensa que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, independientemente de que se alegue que no ha sido admitido, ya que sigue subsistiendo esa posibilidad." Además el sobreseimiento se hace extensivo a los actos de ejecución señalados por la parte quejosa, en virtud de que éstos no fueron reclamados por vicios propios, sino como consecuencia del embargo de las cuentas bancarias ordenado en el trámite del procedimiento administrativo de ejecución. Sobre el particular, resulta aplicable la jurisprudencia emitida por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 91-96, Sexta Parte, página 286, materia común, que es del tenor literal siguiente: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." En virtud del sentido del presente fallo, resulta inadmisible jurídicamente estudiar los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues frente al análisis del fondo del asunto se presentó una razón de mayor peso como lo es el sobreseimiento por actualizarse una causal de improcedencia; por tanto, al actualizarse un impedimento procesal para conocer de este asunto, este órgano jurisdiccional se encuentra legalmente imposibilitado para analizar el tema debatido, sin que ello pueda ser considerado como una negación de justicia, pues así lo obliga la ley y jurisprudencia aplicable al caso. Sustenta lo anterior, la tesis con registro 239006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 24, Tercera Parte, materia común, página 49, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". SEXTO. Publicación de la sentencia con supresión de datos personales. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, Base A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los numerales 1, 3, 11, fracción VI, 16, 68, 110, 113, y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos preceptos 1, 3, fracciones IX y X del decreto por el que se expide la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicados en el Diario Oficial de la Federación nueve de mayo de dos mil dieciséis y el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, respectivamente, se hace del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública protegiendo los datos considerados sensibles, confidenciales o reservados. IV. DECISIÓN Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, fracción I, 61 a 63, 73 a 79 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, respecto de las autoridades y actos precisados en el considerando segundo, por las razones y fundamentos expuestos en los diversos tercero y quinto. Notifíquese.

Quedan 30 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · 15,864 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano