Manuel Alberto Martínez Zaragoza

Expediente 384/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 6 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
384/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
10/12/2021

Partes del expediente

  • Manuel Alberto Martínez Zaragoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    PRAL 384/2021 MESA 2°San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de diciembre de dos mil veintiuno. Devolución de documental a la parte quejosa. Visto el estado de autos, de los que se advierte que la parte quejosa ofreció como prueba en este juicio de amparo, la documental, consistente en copia con firmas autorizadas de diversos acuerdos y diligencias deducidas del expediente laboral 397/2013; por tanto, con fundamento en el artículo 21, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, se requiere a la citada parte procesal, para que, en el plazo de noventa días (en horas hábiles), contado a partir de aquél en que surta efectos la notificación de este proveído, acuda a este órgano jurisdiccional a recoger esas constancias; con apercibimiento que, si no se presenta para tal fin, sin previo acuerdo, serán destruidas junto con este expediente que es destruible. Para ese efecto, deberá obtener su cita con código QR para tener acceso al edificio en el que se encuentra este Juzgado de Distrito, mismo que podrá obtener en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL 384/2021-2B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de junio de dos mil veintiuno. 1. Ejecutoria de sentencia. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la sentencia dictada el once de junio de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en este juicio de amparo promovido por Manuel Alberto Martínez Zaragoza, sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. 2. Precisión. Resulta innecesario jurídicamente esperar a que transcurra el plazo al que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, para la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, autoridad responsable y parte tercera interesada, dado que, como se precisó, en la sentencia se sobreseyó en este juicio de amparo, por lo que ningún agravio genera a esa parte procesal, pues carece de legitimación para inconformarse. Se invoca como apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, registro 316096, con el siguiente rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". 3. Publicación de los datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Instrucción Secretaría y Actuaría. Por otra parte, se instruye a el(la) secretario(a) y actuario(a), que se atiendan los lineamientos precisados en la circular DGGJ/STG/17/2020, de quince de octubre de dos mil veinte, para que la versión pública de esta sentencia sea consultable por internet. 5. Se ordena archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5.1. Destino. Transcurrido el plazo de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21 y 24 del referido acuerdo. 5.2. Archivo reciente. Conforme al artículo 21, del Acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruible, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que este último es destruible. 6. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 7. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Concepción Aragón Santiago, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL.384/2021.MESA-2 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca siendo las nueve horas con veintidós minutos del once de junio de dos mil veintiuno, hora y fecha señaladas para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo, como se ordenó en acuerdo de doce de mayo del año en curso, Ponciano Velasco Velasco, titular de Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de Concepción Aragón Santiago, secretaria de juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrarla, sin asistencia de las partes. Apertura de audiencia. Abierta la audiencia, la secretaria hizo relación de las constancias de autos, leyéndolas en su totalidad, entre las que se encuentran la demanda de amparo promovida por Manuel Alberto Martínez Zaragoza, a través de su apoderada legal Aurora del Carmen Enríquez Martínez e informe justificado de la responsable. Asimismo, hace constar que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales. Enseguida, se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales conducentes. II. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente al dictarse sentencia. Etapa probatoria. Acto continuo, abierta la fase probatoria en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, se hace constar que las partes ofrecieron la documental siguiente: La parte quejosa, copia con firmas autógrafas de diversos acuerdos y diligencias deducidas del expediente laboral 397/2013. Autoridad responsable presidenta por ministerio de Ley de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en Oaxaca de Juárez, copia certificada de diversas constancias deducidas del expediente laboral 397/2013, de su índice. Acto continuo, se acuerda: Con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo se admite la referida prueba documental, la que se desahoga por su propia naturaleza; con ello se cierra esta etapa. Fase de alegatos. Abierto el periodo de alegatos, se hace constar que las partes no los expresaron, por lo que se declara cerrado este período y se procede a emitir la siguiente: Sentencia. Vistos, para resolver el juicio de amparo 384/2021; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el dieciséis de abril del año en curso en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio y, turnada a este órgano jurisdiccional el diecinueve del mismo mes y año, Manuel Alberto Martínez Zaragoza, a través de su apoderada legal Aurora del Carmen Enríquez Martínez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por el acto que se precisará en el considerando relativo. 1.2. La parte quejosa narró los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado; invocó como derecho fundamental vulnerado el contenido en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Trámite de la demanda de amparo. Por auto de veinte de abril de dos mil veintiuno se ordenó formar expediente impreso y electrónico; registrar la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número 384/2021; se admitió a trámite; se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional; se solicitó de la autoridad señalada como responsable su informe justificado; y se ordenó el emplazamiento de la autoridad tercera interesada, lo que tuvo verificativo el veintidós de abril del año en curso. Tercero. Cita para audiencia. En proveído de doce de mayo de dos mil veintiuno se citó a las partes a la audiencia constitucional, la cual, en sus fases de pruebas y alegatos, consta en los términos que anteceden; y, C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza laboral, y el acto que se reclama es de una autoridad residente en la ciudad de Oaxaca de Juárez, lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Ahora, de la lectura integral efectuada a la demanda de amparo y demás constancias que integran este juicio, se desprende que la parte quejosa reclama de la presidenta de Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje: - La parte relativa del acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente laboral 397/2013, de su índice, en el que determinó procedente deducir la cantidad pagada con anterioridad al actor por el concepto de subsistencia, del monto total que aún se le adeuda a dicha parte procesal para efectos del pago de la condena. Sin que pase inadvertido para este órgano jurisdiccional que la parte quejosa en la demanda de amparo haya señalado como autoridad responsable a la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje; sin embargo, de las constancias que obran en autos, se aprecia que el acto reclamado fue emitido por la presidenta de la junta mencionada, en la etapa de ejecución del laudo emitido en el expediente laboral 397/2013, como lo dispone el artículo 940 de la Ley Federal del Trabajo. Tercero. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable, presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Oaxaca de Juárez, al rendir informe justificado, aceptó la existencia del acto que se le reclama, consistente en la emisión del acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente laboral 397/2013, de su índice, pues manifestó, en lo sustancial, lo siguiente: ".En efecto, es cierto en parte el acto reclamado que se nos atribuye, por cuanto a que efectivamente con fecha veinticuatro de marzo del año dos mil veintiuno, se dictó un acuerdo, en el que entre otras cosas, se le dijo que: ""Por otra parte, y en atención al escrito de cuenta y como efectivamente se desprende la comparecencia que obra de fecha 25 de agosto del año 2015 y que obra agregada a la carpeta de Amparo A.D. 228/2017 del índice de esta Junta, la perdidosa INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, cubrió al actor la cantidad de $156,485.12 por concepto de subsistencia, mediante título de crédito de número 0008148 de fecha 27 de agosto del año 2017, por lo que resulta procedente deducir la cantidad pagada al actor por concepto de subsistencia de la cantidad total que aún se le adeuda a la parte actora, es por ello que a fin de no causar perjuicio a la perdidosa INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL se considerará la cantidad indicada para efectos del cumplimiento del pago de la condena. Lo anterior con apoyo en la tesis de Jurisprudencia de rubro: SUSPENSIÓN EN MATERIA DE TRABAJO. EL DINERO QUE EL PATRÓN ENTREGA AL TRABAJADOR PARA ASEGURAR SU SUBSISTENCIA, CON MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL LAUDO RECLAMADO, FORMA PARTE DE LA CONDENA Y, LLEGANDO EL CASO, DEBE DEDUCIRSE DEL PAGO TOTAL ."" Lo anterior, se corrobora con la copia certificada de diversas constancias relativas de dicho expediente que allegó al juicio la autoridad mencionada, en las que se advierte la emisión del acuerdo citado en los términos siguientes: (Imágenes escaneadas). Constancias a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que fue remitida por un servidor público en el ejercicio de sus funciones; atento a la la jurisprudencia 226 del Máximo Tribunal del país, publicada en la página 153 del tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Cuarto. Causas de Improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación y de la constitucionalidad o no de los actos reclamados, se procede analizar si, en el caso, se actualiza alguna de las hipótesis que hacen improcedente el juicio de amparo, que por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se tendría que analizar de oficio, conforme lo previene el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, respecto del acto reclamado precisado con anterioridad, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, párrafo segundo y tercero, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." La causa de improcedencia prevista en esa disposición no establece un motivo concreto, pues requiere complementarse con otra norma jurídica, de la propia Ley de Amparo o, en su caso, con la jurisprudencia del Pleno, de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados de Circuito. En ese contexto, el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; .". (Lo resaltado es propio). Del referido texto se advierte que cuando se esté en procedimiento de ejecución de sentencia, el amparo indirecto sólo es procedente cuando el acto reclamado sea la última resolución dictada en aquél; pudiendo reclamarse las demás violaciones cometidas en ese período que hubiesen dejado sin defensa al quejoso. El legislador definió qué se debe entender por la expresión "última resolución"; a saber: a) la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, b) declara la imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento o c) la que ordena el archivo definitivo del expediente. Es importante mencionar que la limitación de actos contra los que procede el juicio de amparo, tiene como finalidad no retardar o entorpecer la ejecución de la sentencia, pues se prioriza que la sentencia se ejecute lo más pronto posible. Sin embargo, esas hipótesis no son absolutas, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, entre la sustentada por la primera y segunda sala, estimó que, tratándose de actos intermedios dictados en el procedimiento de ejecución, existe la posibilidad de impugnarlos por las partes, siempre y cuando: El acto infrinja directamente derechos sustantivos. Que esos derechos sustantivos sean ajenos a la cosa juzgada; es decir, independientes a los que se puedan afectar por la propia ejecución de sentencia. Criterio que dio origen a la jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 163152, de rubro y texto: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Es decir, a pesar que la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo no prevé la procedencia del amparo contra actos intermedios en la etapa de ejecución, de acuerdo con el criterio citado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sí es factible promover el juicio de amparo indirecto contra actos intermedios en la ejecución, siempre y cuando el acto afecte derechos sustantivos de difícil reparación. Antecedentes del caso. De los antecedentes de la demanda de amparo, narrados bajo protesta de decir verdad, así como de las constancias que existen en el expediente, se advierte lo siguiente: El nueve de febrero de dos mil diecisiete la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje emitió laudo en el expediente 397/2013, en el que condenó al Instituto Mexicano del Seguro Social, entre otras prestaciones, a la reinstalación del quejoso. Inconforme con tal determinación, el instituto demandado promovió amparo directo, por lo que solicitó la suspensión del acto reclamado consistente en la reinstalación del quejoso; medida suspensional que le fue negada. En audiencia de veintiuno de agosto de dos mil diecisiete se tuvo a la parte demandada sustituyendo la reinstalación del trabajador por la subsistencia de seis meses de salario; por lo que, en diversa diligencia de veinticinco del mismo mes y año, se tuvo a la parte demandada exhibiendo la cantidad correspondiente. El tribunal colegiado que correspondió resolver el juicio de amparo directo negó la protección de la Justicia Federal a la parte demandada. En proveído de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, entre otros tópicos, se tuvo al Instituto Mexicano del Seguro Social cumpliendo parcialmente con la última parte del resolutivo tercero del laudo dictado en el juicio laboral; asimismo, se requirió a la parte demandada para que diera cumplimiento total a la condena establecida en la última parte del considerando citado y, finalmente, en atención a la solicitud de la parte demandada, la presidenta de la Junta Especial Numero Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje determinó procedente deducir la cantidad pagada con anterioridad al actor por el concepto de subsistencia, del monto total que aún se le adeuda a dicha parte procesal para efectos del pago de la condena. Determinó procedente deducir la cantidad pagada con anterioridad por la parte demandada a la parte actora por el concepto de subsistencia, de la cantidad total que aún se le adeuda a dicha parte procesal para efectos del pago de la condena. Última parte del acuerdo mencionado que constituye el reclamado en este juicio de amparo. El citado acto reclamado, jurídicamente, no debe ser considerado como la última resolución que se dictó en el procedimiento de ejecución. Además, ese acuerdo no causa un perjuicio de manera directa a los derechos sustantivos de la parte quejosa, ya que la Ley Federal de Trabajo, en los artículos 849 al 852, contempló el recurso de revisión para actos dictados en el procedimiento de ejecución. Así, se puede establecer que la parte relativa del acuerdo impugnado no vulnera ningún derecho sustantivo, porque únicamente se determinó procedente deducir la cantidad pagada con anterioridad por la parte demandada a la parte actora por el concepto de subsistencia, de la cantidad total que aún se le adeuda a dicha parte procesal para efectos del pago de la condena, por ello, es inconcuso que se continuará con el trámite de ejecución; por lo que se actualiza dicha causal de improcedencia. Al actualizare la causal de improcedencia analizada, lo procedente es, atento a lo dispuesto por el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sobreseer en el juicio, respecto del citado acto. Quinto. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la misma se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, además en los artículos 1, 74 y 76 de la Ley de Amparo, se: Resuelve: Primero. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por Manuel Alberto Martínez Zaragoza, contra el acto reclamado a la presidenta de Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, consistente en el acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente laboral 397/2013, de su índice, en términos del considerando cuarto de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo y realícense las anotaciones en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Concepción Aragón Santiago, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    PRAL 384/2021-2B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de mayo de dos mil veintiuno. Se agrega informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el oficio de la presidenta por ministerio de ley de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante el que rinde informe justificado; con el mismo dése vista a las partes, para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia respectiva. Prueba. En términos del diverso precepto 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la citada autoridad responsable, la documental que anexa a su informe de cuenta, misma que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Concepción Aragón Santiago, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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