Manuel Alberto Cerino Gomez
Expediente 261/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 261/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Manuel Alberto Cerino Gomez
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, y la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de la materia, en contra del acuerdo de diez de marzo del presente año, en el cual se desechó la demanda de amparo. En tal virtud, se declara que el referido proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; en consecuencia, previas las anotaciones conducentes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda y que carece de relevancia documental. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, diez de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan estos autos y la certificación de cuenta, de la que se advierte que a la fecha ya transcurrieron los cinco días otorgados a la parte quejosa en proveído de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, a fin de que precisara si también señalaba como acto reclamado la omisión de contestar el escrito que presentó el veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, sin que diera cumplimiento. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento de mérito y se tiene únicamente como acto reclamado el que inicialmente se señaló en su demanda. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA Vista la demanda de amparo promovida por Manuel Alberto Cerino Gómez, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama del Secretario y Jefe del Departamento de la Dirección Jurídica, ambos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, que según se desprende de la lectura integral de la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, como una facultad exclusiva del juzgador federal, es el siguiente: ACTO RECLAMADO La retención del vehículo de su propiedad marca Nissan, tipo CHASIS CABINA, modelo dos mil once, con número de serie 3N6DD25T1BK002448, número de motor KA24478676A y placas de circulación CP85919 del Estado de Campeche. DESECHAMIENTO Ahora bien, conforme a lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la demanda de amparo, que conlleva a su desechamiento de plano. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra imposibilitado para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no, es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal. Así, este órgano jurisdiccional federal, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a pronunciarse sobre dicha figura jurídica de conformidad con lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la Jurisprudencia número 814, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Así, en el caso se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, en relación con los numerales 17 y 18, ambos de la Ley de Amparo, por los motivos que a continuación se exponen. De los artículos anteriores, se desprende que es improcedente el juicio de amparo cuando la demanda no se promueve dentro de quince días, contados éstos, a partir del día siguiente que surta sus efectos la notificación a la parte quejosa del acto que reclame, al en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución; y que se exceptúan de la regla anterior, según el numeral 17, los casos siguientes: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Partiendo de las anteriores premisas, se desprende que un acto se entiende como consentido tácitamente, cuando siendo susceptible de ser impugnado por la vía del amparo no se realiza dentro del término señalado por la ley. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis de jurisprudencia VI.2º. J/21, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 291, Tomo II, agosto de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registrada en el disco óptico IUS 2001, con el número 204,707, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." Ahora bien, se afirma que en la especie se actualiza la citada causa de improcedencia, toda vez que de la lectura íntegra del escrito de demanda, se advierte que el propio quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento del acto reclamado el veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, de la retención del vehículo de su propiedad. Lo cual constituye una confesión que se traduce en una prueba plena de ese hecho, según lo dispone el artículo 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, que establece: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse, II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio, o en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." Por lo cual, basta con que el promovente, tratándose de una persona con capacidad jurídica, con pleno conocimiento de lo que expresa, se manifieste sabedor del acto reclamado en determinada fecha, sin que medie coacción o violencia de tal hecho y que éste le perjudique, para que el juzgador al proveer sobre la admisión de su demanda, se encuentre obligado a computar el término para determinar la oportunidad de su presentación a partir del día siguiente de que manifestó haber tenido conocimiento del acto que reclama. Así, de lo anteriormente expuesto, resulta indudable que el término de quince días a que se refiere el transcrito numeral 17 de la Ley de Amparo, transcurrió en exceso para cuando promovió el quejoso su demanda. Se afirma lo anterior, dado que dicho término comenzó a correr a partir del día veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, y feneció el doce de enero de dos mil veintitrés, sin contarse los días sábados y domingos por ser inhábiles. Luego, si la demanda de amparo en estudio fue presentada por buzón judicial ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, el diecisiete de febrero del presente año, según se desprende de la boleta de registro correspondiente, válidamente se concluye que la presentación de la misma resulta extemporánea al haber fenecido el plazo que la ley le concedía para tal efecto, y como consecuencia de ello, los actos reclamados se encuentran tácitamente consentidos para los efectos del juicio constitucional, lo que por sí solo, hace que se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, tesis de jurisprudencia visible con el número 556, en la página 370, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de 1917-1995, que es del tenor literal siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Desde el momento en que se decretó el embargo en el juicio seguido en contra de la demandada, quien se ostentó tercero extraño, tuvo pleno conocimiento de dicho embargo por sí y como representante de sus menores hijos, en virtud de haberse entendido con ella la diligencia de emplazamiento a la demandada, resultaron afectados los derechos de los ahora inconformes, quienes debieron combatir el procedimiento dentro del término de quince días a partir de aquel en que conoció la existencia del embargo (artículo 21 de la Ley de Amaro), pero como no lo hicieron, se considera que consintieron no solamente el embargo, sino también los demás actos como son la sentencia de remate y el procedimiento de ejecución de sentencia, al ser éstos una consecuencia legal y forzosa del aseguramiento practicado en el juicio del que derivan los actos reclamados." Y la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 71, Volúmenes 193-198, Primera Parte, Materia Común, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, con Registro 232213, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan 'que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día', como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, en relación con los numerales 17 y 18, ambos de la Ley de Amparo, con apoyo en el artículo 113 de la invocada ley, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE MÉRITO, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan 'que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día', como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado." Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO.Mérida, Yucatán, veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Manuel Alberto Cerino Gómez, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama del Secretario y Jefe del Departamento de la Dirección Jurídica, ambos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. RADICACIÓN Al respecto, fórmese expediente, regístrese con el número 261/2023-I-A y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado. PREVENCIÓN Ahora bien, a fin de estar en aptitud de acordar lo que legalmente corresponda en el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo, se requiere a la parte promovente, para que dentro del improrrogable término de CINCO DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la legal notificación que se le haga del presente proveído, aclare su demanda en los términos siguientes: Indique si también señala como acto reclamado la omisión de contestar el escrito que presentó el veintitrés de diciembre de dos mil veintidós. En el entendido que, de ser posible, deberá adjuntar copia del escrito de referencia, o en su caso, transcribirlo en su totalidad, o la parte conducente que le agravia. REQUERIMIENTO DE COPIAS En la inteligencia que deberá además, acompañar dos copias de su escrito aclaratorio, a fin de correrle debido traslado a todas las partes, de conformidad con el invocado artículo 110 de la ley de la materia. Lo anterior, en razón de que una será para la autoridad responsable y la restante para la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado. Apoya lo anterior, la tesis P./J. 36/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, página 79, registro 189977, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." APERCIBIMIENTO Se apercibe a la parte promovente que, de no cumplir con el requerimiento señalado, dentro del plazo otorgado (cinco días), únicamente se tendrá por presentada la demanda de amparo, respecto del acto relativo a la retención del vehículo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala para tal fin en su demanda de amparo, y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de Ley de Amparo a********************. De igual manera a la restante profesionista que indica, pero con las limitaciones que establece el citado numeral de la ley de la materia, hasta que acredite estar debidamente autorizada para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho. Para lo cual, deberá no solamente proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización, sino proceder a su registro en los términos que establece el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL JUICIO EN LÍNEA Además, en atención a lo indicado en el artículo 263, fracción II, párrafo último, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de catorce de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes, a que con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la citada Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales de este Juzgado realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conlleven al retraso de las actuaciones judiciales. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De acuerdo con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el uso de aparatos electrónicos (cámaras digitales, grabadoras, lectores y otros medios de reproducción portátiles), para la reproducción de los acuerdos dictados en este asunto. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. TRAMITACIÓN VÍA ELECTRÓNICA Además, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. PRECISIÓN RESPECTO DE LAS COPIAS Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar las constancias conducentes que integran el presente juicio, en el entendido que las constancias que cuenten con su respectiva evidencia criptográfica, harán las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que aún se encuentra transcurriendo el término de veinte días que se le concedió a la parte quejosa, mediante auto de veintisiete de enero del año en curso, a efecto de que acredite ante este Juzgado haber entregado para su publicación los edictos relativos al emplazamiento a juicio del tercero interesado ********************. En virtud de lo anterior, es claro que no es factible llevar a cabo la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por lo que se impone su diferimiento y se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y NUEVE MINUTOS DEL CATORCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria que autoriza y da fe.
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