Manuel Alavez Gomora

Expediente 1076/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1076/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
01/08/2023

Partes del expediente

  • Manuel Alavez Gomora

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; primero de agosto de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el acuerdo de siete de julio de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en cita, se declara que dicho proveído ha causado estado. ANOTACIONES Y ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que establece las disposiciones de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1) El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se desechó la demanda de amparo (artículo 20, fracción IV, del acuerdo en cita). 2) A consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que, de conformidad con el Acuerdo en mención, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años, y posteriormente, con base en lo establecido en el párrafo primero del artículo 20 del Acuerdo en comento, serán destruidos. Asimismo, una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, el expediente en que se actúa se enviará físicamente al archivo. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; diecinueve de julio de dos mil veintitrés. RAZÓN ACTUARIAL. Vista la razón mediante la cual el Actuario Judicial adscrito asentó la imposibilidad de notificar personalmente a la parte quejosa el auto de siete de julio de dos mil veintitrés, por los motivos que expone; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2 de la Ley de Amparo agréguese al expediente electrónico y físico para los efectos legales procedentes. Asimismo, se tienen por hechas tales aseveraciones para los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 161 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues dichas diligencias tienen valor probatorio, al tratarse de actuaciones de un funcionario investido de fe pública, por lo que lo asentado en su razón corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe. Es aplicable la jurisprudencia 563, visible en la página 405, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1995, tomo IV, cuyo rubro y texto son: "NOTIFICACIÓN. VALOR PROBATORIO DE LAS RAZONES DE LOS ACTUARIOS. Las razones de notificación realizadas por los secretarios actuarios, que gozan de fe pública, tienen pleno valor probatorio respecto de los hechos que en ellas se consignan, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 403 en relación con la fracción VIII del 327, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, a menos que el contenido de las mismas sea desvirtuado por prueba en contrario." En esas condiciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa el presente auto, así como el de siete de los cursantes, y las subsecuentes notificaciones, aun las que deban ser personales, por medio de la lista que se fija en este órgano jurisdiccional. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese por lista a la parte quejosa el presente proveído y el diverso de siete de julio del año en curso. AUTO DE SIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS oluca, Estado de México; siete de julio de dos mil veintitrés. RECEPCIÓN DE DEMANDA. Visto el oficio signado por el Actuario Judicial del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, mediante el cual remite el contenido del proveído de cuatro de julio del año en curso, emitido en los autos del juicio de amparo directo 1463/2023, de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Alfredo Corona Samaniego, apoderado legal del quejoso Manuel Alavez Gómora, contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físicamente a los autos para los efectos legales procedentes. SE ASUME CONOCIMIENTO. En esas condiciones, en términos del artículo 48 de la Ley de Amparo, este juzgado asume el conocimiento del asunto; háganse las anotaciones respectivas. Acúsese recibo. RADICACIÓN y REGISTRO DE LA DEMANDA. Radíquese la demanda de amparo promovida por Alfredo Corona Samaniego, apoderado legal del quejoso Manuel Alavez Gómora, personalidad que se acredita con las constancias que obran en el expediente laboral J.1./630/2005, contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, fórmese expediente físico y electrónico, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese bajo el número 1076/2023-IV PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Del escrito de demanda se obtiene que por esta vía se reclama: El acuerdo de ocho de marzo de dos mil veintitrés, por medio del cual ordena el archivo definitivo del expediente laboral J1/630/2005. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando lo que realmente quiso impugnar la parte quejosa y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia publicada con el registro 195745, en la página 17, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyo rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo.". DESECHAMIENTO. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito debe examinar la demanda, y de existir causa manifiesta e indudable de Juicio de Amparo 1076/2023-IV. improcedencia, la desechara de plano. Por ello, en acatamiento a dicho precepto, del escrito de demanda, se concluye que debe desecharse de plano, porque se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 17 y 18 de dicha legislación, pues el acto que pretender reclamar la solicitante de amparo se encuentra consentido tácitamente. La fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 17 y 18 de dicha legislación, de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Los artículos anteriormente citados, establecen las reglas generales para la presentación de la demanda de amparo; esto es, en cuanto a la oportunidad en que debe promoverse. Así, el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, precisa como regla general que el juicio de amparo debe promoverse dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación practicada a la parte quejosa, del acto o resolución que se combate, pero atendiendo siempre a la legislación que la rija, o bien al día siguiente en que el peticionario de amparo haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución o, en su caso, al día siguiente en que el solicitante de amparo se hubiese ostentado sabedor de los actos tildados de inconstitucionales. Por su parte, las fracciones I, II, III y IV del precitado artículo 17 de la Ley de Amparo, establecen las excepciones a la regla general ya mencionada; a saber: a) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o bien, el procedimiento de extradición. b) Cuando se impugne la sentencia definitiva condenatoria, en un proceso penal que imponga pena de prisión. c) Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; o bien, en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Con base en lo antes expuesto, resulta incuestionable que los actos de autoridad que se tildan de inconstitucionales no se ubican en ninguna de las hipótesis establecidas en el artículo 17 de la Ley de Amparo, en razón de que no se está impugnando la vigencia de una ley, tampoco actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, y mucho menos se trata de aquellos actos prohibidos en el artículo 22 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, por el artículo 15 de la Ley de Amparo; finalmente, con la promoción de este juicio constitucional no se pretende defender o salvaguardar derechos agrarios de los núcleos de población ejidal o comunal. Ahora bien, a efecto de determinar el momento en el cual comienza a correr el plazo para presentar la demanda de amparo, debe traerse a contexto el artículo 18 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.". Conforme a lo anterior, el plazo para promover el amparo se contará desde el día siguiente: 1. Al en que surta sus efectos conforme a la ley que rige el acto la notificación al quejoso de la sentencia, resolución o acuerdo que reclame; 2. Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, 3. Al en que se hubiese ostentado sabedor de tales actos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 30/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época, registro electrónico 172550, de título, subtítulo y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto." Establecido lo anterior, es menester precisar que el acto aquí reclamado consistente en el auto ocho de marzo de dos mil veintitrés, por medio del cual ordena el archivo definitivo del expediente laboral J1/630/2005, fue dictado en cumplimiento de la ejecutoria dictada por este órgano federal en el juicio de amparo indirecto 1914/2022-VII. Como hechos notorios derivados del juicio de amparo de indirecto 1914/2022-VII, del índice de este juzgado federal, se advierte que mediante proveído de trece de marzo de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes con la resolución dictada el ocho de marzo de dos mil veintitrés, emitida en el expediente laboral J.1/630/2005. El auto anterior, aviso de notificación que se dejó en el domicilio que señaló el quejoso para oír y recibir notificaciones, fue notificado por lista el diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, por lo que desde esta data tuvo conocimiento del acto que reclama en el presente amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XXII. J/12, del Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, novena época, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo V, enero de 1997, página 295, materia común, que dice: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." Luego de conformidad en la contradicción de tesis 45/2015, que dio origen a la jurisprudencia P./J. 40/2015 (10a.), se determinó que el cómputo para presentar la demanda cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento de su ejecución y no así hasta el momento en que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del acuerdo que declare cumplida la ejecutoria de amparo, ya que ese supuesto no está previsto en las disposiciones legales apuntadas y, por tanto, no constituye una salvedad a la regla general para el cómputo del plazo establecido en la ley para presentar la demanda respectiva Dicha jurisprudencia cuenta con el registro digital: 2010666, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 26/04/24 18:05:37 Nación y es consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I , Décima Época, página 5, es cuyos rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE EMITE EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se sigue que el plazo para presentar la demanda cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución, y no así hasta el momento en que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del acuerdo que declare cumplida la ejecutoria de amparo, ya que ese supuesto no está previsto en las disposiciones legales apuntadas y, por tanto, no constituye una salvedad a la regla general para el cómputo del plazo establecido en la ley para presentar la demanda respectiva." Las consideraciones de dicha contradicción de tesis 45/2015, que dio origen a la jurisprudencia P./J. 40/2015 (10a.), son en esencia las siguientes: ". La Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece (7) establece, en sus artículos 17 y 18, el plazo para promover la demanda de amparo, sus excepciones, así como los lineamientos para computarlo. Dichos preceptos establecen textualmente lo siguiente: Plazos para presentar la demanda de amparo "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: "I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; "II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; "III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; "IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Cómputo de plazos para la presentación de la demanda "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los preceptos transcritos se desprende, en lo que a esta resolución interesa, que el legislador federal previó un plazo general de quince días para presentar la demanda de amparo, con excepciones específicas de treinta días, tratándose de leyes autoaplicativas o del procedimiento de extradición; ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión; siete años, si el amparo se promueve contra actos que puedan ser violatorios de los derechos agrarios de los núcleos de población ejidal o comunal; y cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Asimismo, se advierte que, salvo que se trate de normas generales autoaplicativas, el propio el legislador determinó, de manera categórica, tres supuestos a partir de los cuales debe comenzar a computarse ese plazo, a saber: a) A partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; o b) A partir del día siguiente a aquel en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c) A partir del día siguiente a aquel en que el quejoso se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. 39. De lo anterior se sigue que la Ley de Amparo prescribe como referente para iniciar el cómputo respectivo el momento en el cual, el quejoso tiene noticia del acto reclamado, bien sea por la notificación de este último o porque el propio quejoso tiene conocimiento o se ostenta sabedor del mismo o de su ejecución -supuestos que deben estar plenamente acreditados en el expediente respectivo-, con la única salvedad de aquellos casos en que se reclame una norma 26/04/24 18:05:37 general autoaplicativa, en que el plazo respectivo comenzará a partir del día de su entrada en vigor. 40. Por tanto, en la Ley de Amparo no se estableció una excepción para el cómputo del plazo tratándose de actos emitidos en cumplimiento de sentencias federales que concedieron la protección constitucional, sin que, a juicio de este Tribunal Pleno, resulte posible considerar que en ese supuesto opere una salvedad a la regla general, ya que el legislador federal no lo previó de esa forma. 41. Siendo esto así, es posible concluir que también en esos casos el plazo transcurre a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación al quejoso del acto reclamado emitido en cumplimiento del fallo protector o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del mismo o de su ejecución, lo que es acorde con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo; sin que pueda tomarse como referencia para iniciar el correspondiente cómputo la notificación de la resolución que tiene por cumplido el fallo protector o la fecha en que el quejoso tiene conocimiento de esta última o se ostenta sabedor de la misma, en razón de que ello sería contrario al texto expreso de la ley. 42. Desde esta perspectiva, resulta intrascendente el que exista la posibilidad de que en los hechos, la resolución por la que se tenga por cumplido el fallo protector se llegue a emitir ya fenecido el plazo para la presentación de la nueva demanda de amparo, puesto que en la ley no se estableció una excepción a la regla general en tal supuesto. 43. Cierto es que podría darse el caso de que, de las constancias agregadas en autos, se desprenda que el quejoso no tuvo conocimiento del acto reclamado, sino hasta que se llevó a cabo el procedimiento de cumplimiento de la sentencia de amparo o, incluso, hasta que se dictó el auto de cumplimiento respectivo; sin embargo, también en ese supuesto hipotético el referente para realizar el cómputo del plazo para la presentación de la demanda lo será el conocimiento del acto reclamado y no así del auto de cumplimiento propiamente. 44. Cabe reiterar que el artículo 18 de la Ley de Amparo, se funda en un principio de conocimiento de los actos reclamados y desarrolla a través de tres supuestos la forma de computar el plazo para solicitar el amparo, en la inteligencia de que, en el caso que nos ocupa, dichos supuestos deberán entenderse referidos, no a las resoluciones por las que el juzgador de amparo tenga por cumplida su sentencia protectora (auto de cumplimiento), sino a los actos emitidos en cumplimiento de dicha sentencia de amparo por la autoridad responsable. Consecuentemente, una interpretación en la que se asumiera que el plazo a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, debe computarse a partir del día siguiente al en que el quejoso adquiere conocimiento de la resolución que tiene por cumplida la sentencia de amparo, es decir, tomando como referente un supuesto no previsto en el artículo 18 del mismo ordenamiento, traería consigo, como consecuencia, alterar el contenido de esa norma jurídica -cuya racionalidad descansa en el conocimiento del acto reclamado-, ampliando, sin tener fundamento legal para ello, los plazos establecidos por el legislador democrático. 45. Así, desde el momento en que se actualice la hipótesis que corresponda del artículo 18 de la Ley de Amparo -la cual, se insiste, debe estar acreditada plenamente en autos-, la parte agraviada está en aptitud de formular conceptos de violación en su contra, ya que es cuando adquiere conocimiento del acto reclamado. Circunstancia que de ninguna forma deja al quejoso en estado de indefensión, en tanto no se le impide promover el juicio constitucional, ni mucho menos acudir a algún otro medio de defensa en vía de ejecución de la sentencia federal, tal como puede ser el recurso de inconformidad, en caso de que el órgano de amparo dicte la resolución en la que tenga por cumplido el fallo protector y el quejoso considere que no es así, o bien, la denuncia de repetición del acto reclamado, cuando estime que la autoridad responsable ha incurrido en esta conducta. 46. Por tanto, este Tribunal Pleno considera que computar el plazo para la promoción del juicio de amparo en contra de un acto emitido en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional a partir de que el quejoso es notificado, tiene conocimiento o se ostenta sabedor del mismo, es acorde con el principio de seguridad jurídica, pues este criterio tiene su fundamento en los referentes normativos determinados de manera general, abstracta e impersonal en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo. 47. Sin que pueda considerarse que este último criterio deje a los quejosos en estado de indefensión e incertidumbre, puesto que ellos saben cuáles son las posibles violaciones del acto dictado en cumplimiento que pueden combatir en una nueva demanda de amparo desde el momento en que tienen conocimiento del mismo, aun cuando la declaración de cumplimiento del fallo protector sea posterior. 48. Así las cosas, este Alto Tribunal considera que de la interpretación de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, se sigue que el plazo para promover la demanda de amparo cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concede la protección constitucional debe computarse a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución. Supuestos que, desde luego, deben quedar plenamente acreditados en el expediente respectivo." Así las cosas, en el asunto de nuestra atención en la etapa de cumplimiento del juicio de amparo indirecto 1914/2022-VII, se le dio vista al quejoso con el acto reclamado en el presente amparo 1076/2022-IV, consistente en la resolución dictada el ocho de marzo de dos mil veintitrés, emitida en el expediente laboral J.1/630/2005. Resolución que como ya se dijo se le notificó al quejoso el diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. En ese orden, si la resolución reclamada se le notificó al quejoso el diecisiete de marzo de dos mil veintitrés; dicha notificación que surtió efectos al veintidós siguiente, de modo que los quince días transcurrieron del veintitrés de marzo al diecisiete de abril de dos mil veintitrés, sin contar los días dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veinticinco y veintiséis de marzo, así como uno, dos, cinco, seis, siete, ocho, nueve, quince y dieciséis de abril de dos mil veintitrés por haber sido inhábiles Por tanto, si la demanda de amparo se presentó el diecinueve de abril de dos mil veintitrés, se recibió fuera del plazo legal establecido para ello y por tanto es extemporánea, sin contar los días inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la ley de la materia y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, como se ejemplifica en el siguiente cuadro. Marzo 2023 DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 1 2 3 4 5 6 7 8 Acto reclamado que se combate 9 10 11 12 13 14 15 16 17 notificación por lista en el juicio de amparo 18 19 14/2022 19 20 Día inhábil 21 Día inhábil 22 Surte efectos la notificación del acto reclamado 23 Día 1 24 Día 2 25 26 27 Día 3 28 Día 4 29 Día 5 30 Día 6 31 Día 7 Abril 2023 DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 1 2 3 Día 8 4 Día 9 5 Día inhábil 6 Día inhábil 7 Día inhábil 8 9 10 Día 10 11 Día 11 12 Día 12 13 Día 13 14 Día 14 15 16 17 Día 15 Último día para presentar la demanda 18 19 Día de presentación de la demanda 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 En ese sentido, se hace evidente que transcurrió en exceso el plazo que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, motivo por el cual se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, del ordenamiento antes citado, pues aquélla se promovió en forma extemporánea Orienta a lo anterior, la jurisprudencia VI.2º.C. J/194, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la página 1148, Tomo XII, diciembre de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTO RECLAMADO, FECHA DE CONOCIMIENTO POR EL QUEJOSO. DEBE DEDUCIRSE DE LAS CONSTANCIAS DEL JUICIO AUN CUANDO SE HAYA MANIFESTADO UNA DISTINTA EN LA DEMANDA DE AMPARO". De igual forma, es aplicable el criterio sustentado por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "DEMANDA DE AMPARO EXTEMPORÁNEA. También se cita la jurisprudencia 14, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, del Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del año mil novecientos noventa y cinco, Quinta Época, materia común, con número de registro 393970, que establece: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil, y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." Por tales motivos, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Alfredo Corona Samaniego, apoderado legal del quejoso Manuel Alavez Gómora, contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, por notoriamente improcedente. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. AUTORIZADOS. Por otra parte, en términos del arábigo 12 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado en los términos que precisa, a la persona que señala dada la naturaleza del presente asunto y en atención a que quien promueve es la clase trabajadora. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones del presente asunto, aún las de carácter personal TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese personalmente al quejoso

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; siete de julio de dos mil veintitrés. RECEPCIÓN DE DEMANDA. Visto el oficio signado por el Actuario Judicial del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, mediante el cual remite el contenido del proveído de cuatro de julio del año en curso, emitido en los autos del juicio de amparo directo 1463/2023, de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Alfredo Corona Samaniego, apoderado legal del quejoso Manuel Alavez Gómora, contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físicamente a los autos para los efectos legales procedentes. SE ASUME CONOCIMIENTO. En esas condiciones, en términos del artículo 48 de la Ley de Amparo, este juzgado asume el conocimiento del asunto; háganse las anotaciones respectivas. Acúsese recibo. RADICACIÓN y REGISTRO DE LA DEMANDA. Radíquese la demanda de amparo promovida por Alfredo Corona Samaniego, apoderado legal del quejoso Manuel Alavez Gómora, personalidad que se acredita con las constancias que obran en el expediente laboral J.1./630/2005, contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, fórmese expediente físico y electrónico, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese bajo el número 1076/2023-IV PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Del escrito de demanda se obtiene que por esta vía se reclama: El acuerdo de ocho de marzo de dos mil veintitrés, por medio del cual ordena el archivo definitivo del expediente laboral J1/630/2005. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando lo que realmente quiso impugnar la parte quejosa y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia publicada con el registro 195745, en la página 17, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyo rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo.". DESECHAMIENTO. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito debe examinar la demanda, y de existir causa manifiesta e indudable de Juicio de Amparo 1076/2023-IV. improcedencia, la desechara de plano. Por ello, en acatamiento a dicho precepto, del escrito de demanda, se concluye que debe desecharse de plano, porque se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 17 y 18 de dicha legislación, pues el acto que pretender reclamar la solicitante de amparo se encuentra consentido tácitamente. La fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 17 y 18 de dicha legislación, de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Los artículos anteriormente citados, establecen las reglas generales para la presentación de la demanda de amparo; esto es, en cuanto a la oportunidad en que debe promoverse. Así, el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, precisa como regla general que el juicio de amparo debe promoverse dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación practicada a la parte quejosa, del acto o resolución que se combate, pero atendiendo siempre a la legislación que la rija, o bien al día siguiente en que el peticionario de amparo haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución o, en su caso, al día siguiente en que el solicitante de amparo se hubiese ostentado sabedor de los actos tildados de inconstitucionales. Por su parte, las fracciones I, II, III y IV del precitado artículo 17 de la Ley de Amparo, establecen las excepciones a la regla general ya mencionada; a saber: a) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o bien, el procedimiento de extradición. b) Cuando se impugne la sentencia definitiva condenatoria, en un proceso penal que imponga pena de prisión. c) Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; o bien, en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Con base en lo antes expuesto, resulta incuestionable que los actos de autoridad que se tildan de inconstitucionales no se ubican en ninguna de las hipótesis establecidas en el artículo 17 de la Ley de Amparo, en razón de que no se está impugnando la vigencia de una ley, tampoco actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, y mucho menos se trata de aquellos actos prohibidos en el artículo 22 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, por el artículo 15 de la Ley de Amparo; finalmente, con la promoción de este juicio constitucional no se pretende defender o salvaguardar derechos agrarios de los núcleos de población ejidal o comunal. Ahora bien, a efecto de determinar el momento en el cual comienza a correr el plazo para presentar la demanda de amparo, debe traerse a contexto el artículo 18 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.". Conforme a lo anterior, el plazo para promover el amparo se contará desde el día siguiente: 1. Al en que surta sus efectos conforme a la ley que rige el acto la notificación al quejoso de la sentencia, resolución o acuerdo que reclame; 2. Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, 3. Al en que se hubiese ostentado sabedor de tales actos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 30/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época, registro electrónico 172550, de título, subtítulo y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto." Establecido lo anterior, es menester precisar que el acto aquí reclamado consistente en el auto ocho de marzo de dos mil veintitrés, por medio del cual ordena el archivo definitivo del expediente laboral J1/630/2005, fue dictado en cumplimiento de la ejecutoria dictada por este órgano federal en el juicio de amparo indirecto 1914/2022-VII. Como hechos notorios derivados del juicio de amparo de indirecto 1914/2022-VII, del índice de este juzgado federal, se advierte que mediante proveído de trece de marzo de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes con la resolución dictada el ocho de marzo de dos mil veintitrés, emitida en el expediente laboral J.1/630/2005. El auto anterior, aviso de notificación que se dejó en el domicilio que señaló el quejoso para oír y recibir notificaciones, fue notificado por lista el diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, por lo que desde esta data tuvo conocimiento del acto que reclama en el presente amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XXII. J/12, del Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, novena época, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo V, enero de 1997, página 295, materia común, que dice: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." Luego de conformidad en la contradicción de tesis 45/2015, que dio origen a la jurisprudencia P./J. 40/2015 (10a.), se determinó que el cómputo para presentar la demanda cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento de su ejecución y no así hasta el momento en que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del acuerdo que declare cumplida la ejecutoria de amparo, ya que ese supuesto no está previsto en las disposiciones legales apuntadas y, por tanto, no constituye una salvedad a la regla general para el cómputo del plazo establecido en la ley para presentar la demanda respectiva Dicha jurisprudencia cuenta con el registro digital: 2010666, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 26/04/24 18:05:37 Nación y es consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I , Décima Época, página 5, es cuyos rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE EMITE EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se sigue que el plazo para presentar la demanda cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución, y no así hasta el momento en que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del acuerdo que declare cumplida la ejecutoria de amparo, ya que ese supuesto no está previsto en las disposiciones legales apuntadas y, por tanto, no constituye una salvedad a la regla general para el cómputo del plazo establecido en la ley para presentar la demanda respectiva." Las consideraciones de dicha contradicción de tesis 45/2015, que dio origen a la jurisprudencia P./J. 40/2015 (10a.), son en esencia las siguientes: ". La Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece (7) establece, en sus artículos 17 y 18, el plazo para promover la demanda de amparo, sus excepciones, así como los lineamientos para computarlo. Dichos preceptos establecen textualmente lo siguiente: Plazos para presentar la demanda de amparo "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: "I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; "II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; "III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; "IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Cómputo de plazos para la presentación de la demanda "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los preceptos transcritos se desprende, en lo que a esta resolución interesa, que el legislador federal previó un plazo general de quince días para presentar la demanda de amparo, con excepciones específicas de treinta días, tratándose de leyes autoaplicativas o del procedimiento de extradición; ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión; siete años, si el amparo se promueve contra actos que puedan ser violatorios de los derechos agrarios de los núcleos de población ejidal o comunal; y cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Asimismo, se advierte que, salvo que se trate de normas generales autoaplicativas, el propio el legislador determinó, de manera categórica, tres supuestos a partir de los cuales debe comenzar a computarse ese plazo, a saber: a) A partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; o b) A partir del día siguiente a aquel en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c) A partir del día siguiente a aquel en que el quejoso se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. 39. De lo anterior se sigue que la Ley de Amparo prescribe como referente para iniciar el cómputo respectivo el momento en el cual, el quejoso tiene noticia del acto reclamado, bien sea por la notificación de este último o porque el propio quejoso tiene conocimiento o se ostenta sabedor del mismo o de su ejecución -supuestos que deben estar plenamente acreditados en el expediente respectivo-, con la única salvedad de aquellos casos en que se reclame una norma 26/04/24 18:05:37 general autoaplicativa, en que el plazo respectivo comenzará a partir del día de su entrada en vigor. 40. Por tanto, en la Ley de Amparo no se estableció una excepción para el cómputo del plazo tratándose de actos emitidos en cumplimiento de sentencias federales que concedieron la protección constitucional, sin que, a juicio de este Tribunal Pleno, resulte posible considerar que en ese supuesto opere una salvedad a la regla general, ya que el legislador federal no lo previó de esa forma. 41. Siendo esto así, es posible concluir que también en esos casos el plazo transcurre a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación al quejoso del acto reclamado emitido en cumplimiento del fallo protector o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del mismo o de su ejecución, lo que es acorde con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo; sin que pueda tomarse como referencia para iniciar el correspondiente cómputo la notificación de la resolución que tiene por cumplido el fallo protector o la fecha en que el quejoso tiene conocimiento de esta última o se ostenta sabedor de la misma, en razón de que ello sería contrario al texto expreso de la ley. 42. Desde esta perspectiva, resulta intrascendente el que exista la posibilidad de que en los hechos, la resolución por la que se tenga por cumplido el fallo protector se llegue a emitir ya fenecido el plazo para la presentación de la nueva demanda de amparo, puesto que en la ley no se estableció una excepción a la regla general en tal supuesto. 43. Cierto es que podría darse el caso de que, de las constancias agregadas en autos, se desprenda que el quejoso no tuvo conocimiento del acto reclamado, sino hasta que se llevó a cabo el procedimiento de cumplimiento de la sentencia de amparo o, incluso, hasta que se dictó el auto de cumplimiento respectivo; sin embargo, también en ese supuesto hipotético el referente para realizar el cómputo del plazo para la presentación de la demanda lo será el conocimiento del acto reclamado y no así del auto de cumplimiento propiamente. 44. Cabe reiterar que el artículo 18 de la Ley de Amparo, se funda en un principio de conocimiento de los actos reclamados y desarrolla a través de tres supuestos la forma de computar el plazo para solicitar el amparo, en la inteligencia de que, en el caso que nos ocupa, dichos supuestos deberán entenderse referidos, no a las resoluciones por las que el juzgador de amparo tenga por cumplida su sentencia protectora (auto de cumplimiento), sino a los actos emitidos en cumplimiento de dicha sentencia de amparo por la autoridad responsable. Consecuentemente, una interpretación en la que se asumiera que el plazo a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, debe computarse a partir del día siguiente al en que el quejoso adquiere conocimiento de la resolución que tiene por cumplida la sentencia de amparo, es decir, tomando como referente un supuesto no previsto en el artículo 18 del mismo ordenamiento, traería consigo, como consecuencia, alterar el contenido de esa norma jurídica -cuya racionalidad descansa en el conocimiento del acto reclamado-, ampliando, sin tener fundamento legal para ello, los plazos establecidos por el legislador democrático. 45. Así, desde el momento en que se actualice la hipótesis que corresponda del artículo 18 de la Ley de Amparo -la cual, se insiste, debe estar acreditada plenamente en autos-, la parte agraviada está en aptitud de formular conceptos de violación en su contra, ya que es cuando adquiere conocimiento del acto reclamado. Circunstancia que de ninguna forma deja al quejoso en estado de indefensión, en tanto no se le impide promover el juicio constitucional, ni mucho menos acudir a algún otro medio de defensa en vía de ejecución de la sentencia federal, tal como puede ser el recurso de inconformidad, en caso de que el órgano de amparo dicte la resolución en la que tenga por cumplido el fallo protector y el quejoso considere que no es así, o bien, la denuncia de repetición del acto reclamado, cuando estime que la autoridad responsable ha incurrido en esta conducta. 46. Por tanto, este Tribunal Pleno considera que computar el plazo para la promoción del juicio de amparo en contra de un acto emitido en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional a partir de que el quejoso es notificado, tiene conocimiento o se ostenta sabedor del mismo, es acorde con el principio de seguridad jurídica, pues este criterio tiene su fundamento en los referentes normativos determinados de manera general, abstracta e impersonal en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo. 47. Sin que pueda considerarse que este último criterio deje a los quejosos en estado de indefensión e incertidumbre, puesto que ellos saben cuáles son las posibles violaciones del acto dictado en cumplimiento que pueden combatir en una nueva demanda de amparo desde el momento en que tienen conocimiento del mismo, aun cuando la declaración de cumplimiento del fallo protector sea posterior. 48. Así las cosas, este Alto Tribunal considera que de la interpretación de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, se sigue que el plazo para promover la demanda de amparo cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concede la protección constitucional debe computarse a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución. Supuestos que, desde luego, deben quedar plenamente acreditados en el expediente respectivo." Así las cosas, en el asunto de nuestra atención en la etapa de cumplimiento del juicio de amparo indirecto 1914/2022-VII, se le dio vista al quejoso con el acto reclamado en el presente amparo 1076/2022-IV, consistente en la resolución dictada el ocho de marzo de dos mil veintitrés, emitida en el expediente laboral J.1/630/2005. Resolución que como ya se dijo se le notificó al quejoso el diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. En ese orden, si la resolución reclamada se le notificó al quejoso el diecisiete de marzo de dos mil veintitrés; dicha notificación que surtió efectos al veintidós siguiente, de modo que los quince días transcurrieron del veintitrés de marzo al diecisiete de abril de dos mil veintitrés, sin contar los días dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veinticinco y veintiséis de marzo, así como uno, dos, cinco, seis, siete, ocho, nueve, quince y dieciséis de abril de dos mil veintitrés por haber sido inhábiles Por tanto, si la demanda de amparo se presentó el diecinueve de abril de dos mil veintitrés, se recibió fuera del plazo legal establecido para ello y por tanto es extemporánea, sin contar los días inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la ley de la materia y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, como se ejemplifica en el siguiente cuadro. Marzo 2023 DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 1 2 3 4 5 6 7 8 Acto reclamado que se combate 9 10 11 12 13 14 15 16 17 notificación por lista en el juicio de amparo 18 19 14/2022 19 20 Día inhábil 21 Día inhábil 22 Surte efectos la notificación del acto reclamado 23 Día 1 24 Día 2 25 26 27 Día 3 28 Día 4 29 Día 5 30 Día 6 31 Día 7 Abril 2023 DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 1 2 3 Día 8 4 Día 9 5 Día inhábil 6 Día inhábil 7 Día inhábil 8 9 10 Día 10 11 Día 11 12 Día 12 13 Día 13 14 Día 14 15 16 17 Día 15 Último día para presentar la demanda 18 19 Día de presentación de la demanda 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 En ese sentido, se hace evidente que transcurrió en exceso el plazo que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, motivo por el cual se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, del ordenamiento antes citado, pues aquélla se promovió en forma extemporánea Orienta a lo anterior, la jurisprudencia VI.2º.C. J/194, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la página 1148, Tomo XII, diciembre de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTO RECLAMADO, FECHA DE CONOCIMIENTO POR EL QUEJOSO. DEBE DEDUCIRSE DE LAS CONSTANCIAS DEL JUICIO AUN CUANDO SE HAYA MANIFESTADO UNA DISTINTA EN LA DEMANDA DE AMPARO". De igual forma, es aplicable el criterio sustentado por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "DEMANDA DE AMPARO EXTEMPORÁNEA. También se cita la jurisprudencia 14, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, del Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del año mil novecientos noventa y cinco, Quinta Época, materia común, con número de registro 393970, que establece: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil, y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." Por tales motivos, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Alfredo Corona Samaniego, apoderado legal del quejoso Manuel Alavez Gómora, contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, por notoriamente improcedente. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. AUTORIZADOS. Por otra parte, en términos del arábigo 12 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado en los términos que precisa, a la persona que señala dada la naturaleza del presente asunto y en atención a que quien promueve es la clase trabajadora. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones del presente asunto, aún las de carácter personal TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese personalmente al quejoso

  4. Principal

    Notifíquese personalmente al quejoso.

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