Manuel Acevedo Pérez y Otros.

Expediente 159/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
159/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
13/03/2019

Partes del expediente

  • Manuel Acevedo Pérez y Otros.
  • Oscar Acevedo Pérez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que el término de tres días concedido en proveído de cinco de los actuales, para que los quejosos ***, se presentaran en el local que ocupa este órgano de control constitucional, a ratificar el libelo por el que se desisten de la demanda que dio origen al presente juicio de amparo, transcurrió para éstos del ocho al doce del mes y año en curso, sin que lo hayan hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento señalado en el acuerdo en mención y se continúa con el procedimiento en el sumario en que se actúa; archívese; consecuentemente es susceptible de destrucción.

  2. Principal

    El presente asunto ha causado estado, resérvese el envío físico al archivo.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el escrito signado por los quejosos, mediante el cual se desisten de la demanda que dio origen al presente juicio de amparo. Al respecto, debe precisarse que el impetrante cuenta con ese derecho en cualquier momento, hasta en tanto transcurra el término de cinco días establecido por el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo; lo que no ha sucedido en este asunto.

  4. Principal

    Vista la demanda de cuenta promovida por ***, contra el acto del agente del Ministerio Público de la Unidad de Integración FDS-2-01, adscrito a la Fiscalía Central de Investigación de Delitos Sexuales en la Ciudad de México; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el consecutivo 159/2019. II. DESECHAMIENTO. Ahora bien, de la demanda de cuenta, se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: "La negativa de la autoridad señalada como responsable, de darnos el acceso e intervención a la carpeta de investigación ***, que existe en nuestra contra, o bien en que los suscritos quejosos estén relacionados en la Unidades Administrativas de Investigación a su cargo...". Del señalado acto reclamado descrito en el párrafo que antecede, este Juzgado de Distrito advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que, de conformidad con los artículos 113 y 61, fracción XXIII, ambos de la Ley de Amparo, en relación con los ordinales 20, apartado B, fracción VI, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 113, fracción VIII, 218 y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, por los motivos que se expondrán. En efecto, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, el diverso 20, apartado B, fracción VI, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el precepto 113, fracción VIII, 218 y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 20.- El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.] B. De los derechos de toda persona imputada: [.] VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa" "Artículo 113. Derechos del Imputado El imputado tendrá los siguientes derechos: . VIII. A tener acceso él y su defensa, salvo las excepciones previstas en la ley, a los registros de la investigación, así como a obtener copia gratuita, registro fotográfico o electrónico de los mismos, en términos de los artículos 218 y 219 de este Código. "Artículo 218. Reserva de los actos de investigación. Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios Última Reforma DOF 17-06-2016 66 de 143 son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables. La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento. El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código. En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en perjuicio del imputado y su Defensor, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo lo previsto en este Código o en las leyes especiales. Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme. Artículo reformado DOF 17-06-2016 Artículo 219. Acceso a los registros y la audiencia inicial. Una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su Defensor tienen derecho a consultar los registros de la investigación y a obtener copia, con la oportunidad debida para preparar la defensa. En caso que el Ministerio Público se niegue a permitir el acceso a los registros o a la obtención de las copias, podrán acudir ante el Juez de control para que resuelva lo conducente." De los numerales transcritos se establecen los momentos en los que un imputado puede tener acceso a los registros de una carpeta de investigación, a saber: Cuando el imputado se encuentre detenido, Cuando se reciba su declaración o sea sujeto de un acto de molestia y se solicite su entrevista y Antes de su primera comparecencia ante el Juez con la oportunidad debida para preparar su defensa. De lo anterior, se advierte que existe una restricción constitucional que impide que a quien tenga reconocido el carácter de imputado y más aún a quién no tenga reconocida esa calidad, durante la etapa de investigación inicial, pueda acudir de manera espontánea a imponerse de los registros que obran en una carpeta de investigación, sino hasta en tanto el Ministerio Público así lo estime conveniente para el éxito de su investigación; sin que lo anterior viole los derechos de debido proceso y de defensa reconocidos en favor del imputado, pues en caso de que la autoridad ministerial no decidiera citarlo durante la etapa de investigación inicial a fin de comparecer y acceder a los registros de la carpeta respectiva, aquél aún tendría la oportunidad de conocer los datos de prueba recabados por el Ministerio Público en la fase inicial de investigación al grado de tener la posibilidad de controvertirlos y desvirtuarlos ante el juez de control. Máxime que el inicio de una carpeta de investigación, en la que se encuentre involucrada una persona, no implica, per se, un perjuicio en su esfera jurídica, o bien que esta pueda ejercer su derecho de acceso a la jurisdicción o de defensa adecuada por el simple hecho de estar relacionada en una investigación, pues puede darse el caso que de los registros de la carpeta de investigación no se configure la actualización de un delito, y por tanto, no se judicialice. Razón por la que, "La negativa de la autoridad señalada como responsable, de darnos el acceso e intervención a la carpeta de investigación ***, que existe en nuestra contra, o bien en que los suscritos quejosos estén relacionados en la Unidades Administrativas de Investigación a su cargo", no afectan de manera irreparable sus derechos. Aunado a ello, no exhibe las documentales conducentes de las que se advierta solicitaron a la autoridad ministerial responsable si los quejosos están relacionados en las unidades administrativas de Investigación a su cargo; pues dicha prerrogativa es un derecho subjetivo que requiere ser ejercido para que la autoridad se encuentre constreñida a darle efectividad. Lo anterior se sustenta en la resolución del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito de ocho de marzo de dos mil dieciocho, dictada en el R. P. 18/2018; ello es así, dado que el referido órgano de alzada comparte la anterior determinación. Así también, resulta aplicable por identidad de razón, la tesis aislada con número de registro 2014279, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, cuyo rubro y texto exponen lo siguiente: "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. LA OMISIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, DEBE IMPUGNARSE ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Durante la fase de investigación de un delito, el imputado, su defensor y la víctima u ofendido, pueden solicitar al agente del Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos; luego, si dicho agente comete omisiones o negligencia en el desempeño de sus funciones de investigación, la víctima u ofendido tiene derecho a impugnar esa conducta ante la autoridad judicial, en términos de los artículos 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por su parte, el artículo 258 del código citado, prevé un medio de impugnación a través del cual la víctima u ofendido puede inconformarse contra las determinaciones que le afecten o impidan lograr su pretensión, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, las que, por similitud en sus efectos, son equiparables a la afectación que sufren sus pretensiones cuando el agente investigador es omiso o negligente en cumplir con sus funciones. Así, de una interpretación sistemática de las normas mencionadas, con la finalidad de armonizar el nuevo sistema de justicia penal, que busca que los asuntos de esta materia sean resueltos de forma breve y garantista en favor del imputado, así como de la víctima u ofendido, se concluye que la omisión del agente del Ministerio Público de cumplir con sus obligaciones en la etapa de investigación en el sistema procesal penal acusatorio y oral, es impugnable en la vía jurisdiccional ordinaria, ante el Juez de control, en términos del referido artículo 258; por tanto, es imperativo para la víctima u ofendido agotar ese medio de impugnación, previo a promover el juicio de amparo indirecto, el que procederá, en todo caso, contra la resolución que emita la autoridad judicial, sin que opere algún supuesto de excepción al principio de definitividad. Considerar lo contrario, impone a la víctima u ofendido un mayor gravamen o dilación, ya que en términos de la legislación ordinaria, en una audiencia el Juez de control resolvería lo conducente, en tanto que acudir directamente al juicio de amparo implica, además del desconocimiento de la Constitución, la tramitación de un juicio constitucional biinstancial, con la dilación que ello conlleva, lesionando con esto el artículo 17 de la Constitución Federal, para llegar, eventualmente, al mismo resultado." (Tesis: XVIII.1o.P.A.2 P, Libro 42, Mayo de 2007, Tomo III, Página: 2141, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación). En mérito de lo expuesto y fundado, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los ordinales 20, apartado B, fracción VI, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 113, fracción VIII, 218 y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales; por lo que, de conformidad con el numeral 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo. III. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista de acuerdos que se publica en este juzgado, en virtud de que señaló los estrados de este recinto para tal efecto; por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la invocada ley a los profesionistas que señala, en virtud de que al ingresar a la página http://www.cedulaprofesional.sep.gob. mx/cedula/indexAvanzada.action, se desprende que se encuentran legalmente acreditados para ejercer la profesión de licenciado en Derecho. Sin que haya lugar a reconocer como representante común a Celestino Galindo Moreno, dado que en términos del ordinal 13 de la invocada ley reglamentaria, dicha designación opera únicamente entre los impetrantes de garantías y, en su caso, por los TERCEROS INTERESADOS. IV. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el arábigo 21, párrafo tercero, de la indicada ley, se faculta al actuario judicial adscrito a practicar las notificaciones personales en días y horas inhábiles que surjan en este juicio. V. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USO DE MEDIOS ELECTRONICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto.

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