Manuel Abascal Diaz

Expediente 752/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
752/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
27/10/2020

Partes del expediente

  • Manuel Abascal Diaz

Actuaciones

  1. Principal

    En la Ciudad de México, veintisiete de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, en los que se advierte que ha transcurrido el plazo para recurrir el proveído de veintidós de septiembre de dos mil veinte, sin que se hubiese hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a), y 98, párrafo primero de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, fracción I, inciso b) del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 2 del Manual referido, en razón de que se trata de un expediente en el que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Sin que haya lugar a conservar en su integridad el presente expediente, en virtud de que este Juzgado Federal considera que no tiene ninguna relevancia documental, ni se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido en relación con el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, deberá conservarse el presente juicio de amparo, por el término de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, y una vez concluido este plazo, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el expediente, conservando la demanda, la sentencia, en su caso las resoluciones recurridas, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y el presente proveído. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Francisco De Paz Becerril, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad de México, a treinta de septiembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días concedido al promovente para atender el requerimiento ordenado mediante proveído de veintisiete de agosto pasado, sin que éste se hubiese desahogado. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el auto mencionado y no se tiene como acto reclamado el cumplimiento y ejecución del Decreto combatido, ni como autoridad responsable al Administrador General de Aduanas. Ahora bien, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, es necesario analizar si es procedente o no la demanda en cuestión, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El artículo en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De lo anterior se desprenden diversos lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda, los cuales son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Precisado lo anterior, previo a determinar la causa de notoria improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia 40/2000, aplicada por analogía, de rubro y datos de localización siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (No. Registro: 192,097, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, Abril de 2000, Tesis: P./J. 40/2000, Página: 32). Ahora bien, de la lectura integral de la demanda se advierte que el promovente, reclama el decreto por el que se modifica la "TARIFA DE LA LEY DE LOS IMPUESTOS GENERALES DE IMPORTACIÓN Y DE EXPORTACIÓN", publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de febrero de dos mil veinte. Precisado lo anterior, a juicio del suscrito se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII de la Ley de Amparo, que prevé: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; La fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, dispone la improcedencia del juicio respecto de dos supuestos. El primero, cuando se desprende de actos que no afectan el interés jurídico o legítimo de la parte quejosa en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de ese ordenamiento y, el segundo, contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. En relación con lo expuesto, es conveniente poner de manifiesto lo dispuesto por el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, que establece lo siguiente. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De igual manera, deben citarse, además, los diversos 5, fracción I, y 6 de la Ley de Amparo, que prevén: Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley. De los preceptos transcritos se desprende que en el juicio de amparo constituye un requisito indispensable que el gobernado resienta una afectación real, objetiva, actual y directa en su esfera jurídica. Conforme a los artículos 107, fracción I, de la Constitución, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es un medio de control constitucional para proteger los derechos humanos reconocidos de los gobernados y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de los gobernados contra los actos de las autoridades, que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, es decir, aquélla a quien perjudique una ley, un tratado internacional, un reglamento o cualquier otro acto que se reclame, y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa (interés jurídico) o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Ahora bien, el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado que deriva de una situación particular frente al orden jurídico. En otras palabras, los mencionados supuestos son excluyentes entre sí, ya que no resultaría lógico que se aduzca tener un interés jurídico y legítimo en forma simultánea, pues forzosamente el quejoso se debe situar en uno u otro supuesto, pero no es posible que se ubique en ambos. Para demostrar que se actualiza la causa de improcedencia en cuestión es necesario señalar que en el caso concreto, el estándar de afectación que resulta aplicable es el de interés legítimo y no el de interés jurídico, toda vez que la afectación que alega el promovente la hace depender de su especial situación frente al ordenamiento jurídico, con respecto a la norma general combatida, Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió que el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una persona o colectividad, identificada e identificable y supone que la parte quejosa pertenece a ella. Lo anterior se aprecia del criterio de rubro siguiente: Por otra parte, la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, al respecto, estableció que el interés legítimo permite a las personas combatir actos que estiman lesivos de sus derechos humanos, sin la necesidad de ser titulares de un derecho subjetivo, por lo que el interés legítimo se actualizará, en la mayoría de los casos, cuando existan actos de autoridad, cuyo contenido normativo no es dirigido directamente a afectar los derechos de los quejosos, sino que, por sus efectos jurídicos irradiados colateralmente, ocasiona un perjuicio o priva de un beneficio en la esfera jurídica del ciudadano, justamente por la especial situación que tiene en el ordenamiento jurídico. Lo cual se podría considerar como un agravio personal e indirecto, en oposición al agravio personal y directo exigido por el interés jurídico. Esto es, el interés legítimo puede definirse como aquél interés personal (individual o colectivo), cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico a favor de la quejosa. Además, la Sala referida aseveró que ese interés debe estar garantizado por un derecho objetivo, sin que dé lugar a un derecho subjetivo; por lo que debe haber una afectación a la esfera jurídica de la quejosa en sentido amplio, que puede ser de tipo económico, profesional, de salud pública, o de cualquier otra índole. Dicha Sala al respecto emitió el criterio, de rubro: En virtud de lo anterior, debe precisarse que el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos y que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Por otra parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, definió como normas autoaplicativas, tratándose de interés legítimo, como aquellas cuyos efectos ocurran en forma incondicionada, esto es, sin necesidad de un acto de aplicación, lo que sucede cuando se constata la afectación individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante de la parte quejosa con la mera entrada en vigor de la ley, es decir, una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra, siempre que dicho interés esté garantizado por un derecho objetivo y que pueda traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico al quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis que establece: LEYES AUTOAPLICATIVAS. NORMAS QUE ACTUALIZAN ESTA CALIFICATORIA SOBRE LA BASE DEL INTERÉS LEGÍTIMO. Tratándose de interés legítimo, se entenderá que son normas autoaplicativas aquellas cuyos efectos ocurran en forma incondicionada, esto es, sin necesidad de un acto de aplicación, lo que sucede cuando se constata la afectación individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante de la parte quejosa con la mera entrada en vigor de la ley, es decir, una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra, siempre que dicho interés esté garantizado por un derecho objetivo y que pueda traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico al quejoso. Conforme a esta definición de interés legítimo, los quejosos no deben ser destinatarios directos de la ley impugnada, sino que es suficiente que sean terceros que resientan una afectación incondicionada, pues se requiere un análisis integral de las relaciones jurídicas en que se encuentran los particulares, siendo en el contexto de este tráfico de relaciones donde se puede apreciar la afectación de la ley. Por tanto, las normas autoaplicativas, en el contexto del interés legítimo, sí requieren de una afectación personal, pero no directa, sino indirecta, la cual puede suceder en tres escenarios distintos: a) Cuando una ley establezca directamente obligaciones de hacer o no hacer a un tercero, sin la necesidad de un acto de aplicación, que impacte colateralmente al quejoso -no destinatario de las obligaciones- en un grado suficiente para afirmar que genera una afectación jurídicamente relevante; b) Cuando la ley establezca hipótesis normativas que no están llamados a actualizar los quejosos como destinatarios de la norma, sino terceros de manera inmediata sin la necesidad de un acto de aplicación, pero que, por su posición frente al ordenamiento jurídico, los quejosos resentirán algunos efectos de las consecuencias asociadas a esa hipótesis normativa; y/o c) Cuando la ley regule algún ámbito material e, independientemente de la naturaleza de las obligaciones establecidas a sus destinatarios directos, su contenido genere de manera inmediata la afectación jurídicamente relevante. En caso contrario, cuando se requiera un acto de aplicación para la consecución de alguno de estos escenarios de afectación, las normas serán heteroaplicativas. Del criterio citado, se advierte que en los casos en que los promoventes aduzcan un interés legítimo para combatir una norma de carácter autoaplicativo, no deben ser destinatarios directos de la ley impugnada, sino que es suficiente que sean terceros que resientan una afectación incondicionada. Por tanto, las normas autoaplicativas, en el contexto del interés legítimo, requieren de una afectación personal, pero no directa, sino indirecta, la cual puede suceder en tres escenarios distintos: a) Cuando una ley establezca directamente obligaciones de hacer o no hacer a un tercero, sin la necesidad de un acto de aplicación, que impacte colateralmente al quejoso -no destinatario de las obligaciones- en un grado suficiente para afirmar que genera una afectación jurídicamente relevante. b) Cuando la ley establezca hipótesis normativas que no están llamados a actualizar los quejosos como destinatarios de la norma, sino terceros de manera inmediata sin la necesidad de un acto de aplicación, pero que, por su posición frente al ordenamiento jurídico, los quejosos resentirán algunos efectos de las consecuencias asociadas a esa hipótesis normativa; y o c) Cuando la ley regule algún ámbito material e, independientemente de la naturaleza de las obligaciones establecidas a sus destinatarios directos, su contenido genere de manera inmediata la afectación jurídicamente relevante. En ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que para analizar si los quejosos cuentan con interés legítimo para impugnar una norma autoaplicativa, debe responderse a la siguiente pregunta: "La puesta en operación de la norma impugnada genera al quejoso una afectación jurídicamente relevante". Al momento de analizar si la parte quejosa acredita contar con interés legítimo para impugnar una norma, el juez de amparo debe precisar en primer lugar la ubicación jurídica desde la que se le combate: como destinatario o como tercero. Ello se logra mediante el análisis del ámbito personal de validez de la norma y de la posición del quejoso frente a ésta. Al respecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha concluido que mediante la introducción constitucional del concepto de interés legítimo, las personas pueden acudir a cuestionar la validez de normas desde la ubicación de terceros al contenido o relación jurídica por ella contemplada, en cuyo caso la respuesta a responder para tener por acreditado ese requisito es: ¿La puesta en operación de la norma impugnada genera al quejoso una afectación jurídicamente relevante? Las distintas hipótesis de actualización de esa afectación se describen en la tesis aislada 1a. CCLXXXII/2014 (10a.),¹ de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS, NORMAS QUE ACTUALIZAN ESTA CALIFICATORIA SOBRE LA BASE DEL INTERÉS LEGÍTIMO.". Para describirlas, se han utilizado fórmulas como "irradiación colateral de la norma a los quejosos como terceros", o simplemente, "afectación colateral". Ahora bien, conviene precisar que la premisa básica de este estándar es el requisito de que la afectación colateral alegada debe presentar una relación causal con la norma impugnada que no puede ser hipotética, conjetural o abstracta. En otras palabras, debe tratarse de una afectación palpable y discernible objetivamente del análisis de la ley, al grado de ser calificable como una verdadera creación de la obra del legislador. El principio de división de poderes que inspira el requisito de parte agraviada, obliga a los jueces a reconocer interés legítimo únicamente a la persona que acredite una afectación real en sentido cualitativo, pero también temporal, actual o inminente, nunca hipotético o conjetural. Época: Décima Época, Registro: 2009198, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: 1a. CLXXXII/2015 (10a.), Página: 445. Ahora bien, en el caso concreto, el quejoso reclama el Decreto por el que se modifica "TARIFA DE LA LEY DE LOS IMPUESTOS GENERALES DE IMPORTACIÓN Y DE EXPORTACIÓN", por medio del cual se crean las fracciones arancelarias 3824.90.83 (soluciones y mezclas, utilizadas para lo comprendido en la fracción arancelaria 8543.70.18); 8543.70.18 (sistemas electrónicos de administración de nicotina (SSAN), sistemas alternativos de consumo de nicotina (SACN) sistemas similares sin nicotina (SSSN), cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos similares) y 8543.90.03 (De las reconocidas para lo comprendido en la fracción arancelaria 8543.70.18); lo mismo se adiciona su correlativa nota explicativa de aplicación nacional. Bajo ese orden de ideas, siguiendo los parámetros del Alto Tribunal, este órgano jurisdiccional llega a la conclusión de que la quejosa no cuenta con interés legítimo para impugnar el reglamento combatido, por las consideraciones siguientes: Esto es así, ya que, en el capítulo de antecedentes, bajo protesta de decir verdad, en esencia, indicó que luego de padecer dependencia al cigarrillo y sus nocivos efectos para la salud, encontró como alternativa a su consumo el uso de vaporizadores. Agregó que optó por el vapeo de forma libre e informada y ha obtenido notables mejorías en su salud y condición física en el corto, mediano y largo plazo. Resaltó que, debido a la prohibición establecida por el gobierno federal, en el decreto combatido ha tenido dificultad para encontrar y adquirir de diversos vendedores los productos que le permitan seguir "vapeando". Lo anterior es así, en razón de que el Decreto combatido se encuentra dirigido a las personas físicas o jurídicas con interés en el comercio exterior (importadores y exportadores de productos), de "Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN), Sistemas Alternativos de Consumo de Nicotina (SACN), Sistemas Similares Sin Nicotina (SSSN), cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos similares". Sin que la parte quejosa acredite encontrarse en alguno de esos supuestos, pues como se ve de sus antecedentes, él es un consumidor/usuario, y no una persona con interés en el comercio exterior (importador de productos), que, con motivo de la aplicación de dicho decreto, haya sufrido el decomiso, aseguramiento, destrucción, embargo o retención de vaporizadores, accesorios o suministros para estos; por lo que no se evidencia que sea el destinatario del decreto reclamado. Además, dicho decreto, no contiene una prohibición para el uso de dichos dispositivos electrónicos, lo que en el caso evidenciaría una posible afectación a los derechos fundamentales de dignidad humana y a la libre determinación de la salud y la persona; sino que establece una prohibición a su legal importación al territorio nacional. En efecto, para acreditar que la norma general que reclama, efectivamente, irrumpe en su esfera de derechos, de tal forma que le produzca una afectación en mayor grado que a otros individuos sólo por una especial posición frente al orden jurídico, ante la existencia del derecho objetivo y la norma combatida que al impugnar le podría revelar un beneficio (interés cualificado), es necesario que la norma establezca alguna obligación a un tercero que le impacte colateralmente; es decir, que se estableciera alguna hipótesis normativa, cuyos efectos y consecuencias le afecta, y que se el contenido de la norma le genera una afectación inmediata. En ese sentido, resulta incorrecto considerar que la operación de la norma impugnada le causa una afectación jurídicamente relevante, esto es, que derivado de ella no pueda conseguir los productos que refiere y menos aún que le impida su uso, puesto que si bien impide su importación, no prohíbe su comercialización o consumo en territorio nacional. Por lo anterior, queda evidenciado que el quejoso no se encuentre situado en una especial posición frente al marco legal a diferencia de otro individuo y que al impugnar la norma general, le pueda generar un beneficio en su esfera de derecho. En tal virtud, toda vez que el ordenamiento combatido, no trastoca el interés legítimo del quejoso, ya que si bien tal norma existe para efectos del presente juicio de amparo, lo cierto es que el quejoso no acredita ubicarse en esa especial posición frente al marco normativo de modo que se le afecte un derecho, y que de lograr su invalidación le revele un beneficio. Al no acreditar ese extremo de su reclamo, este órgano jurisdiccional considera que éste es derivado de un interés simple, asemejado al de cualquier gobernad, sin demostrar el beneficio que la invalidación revelaría en su esfera de derecho. Por tanto, el promovente del juicio no acreditó su especial posición frente a la norma y el acto de autoridad actual y real, a fin de establecer ese interés cualificado y hacer patente que defiende un interés legítimo. A mayor abundamiento, tratándose de una norma general, reclamada en su carácter autoaplicativo, en el caso de una eventual concesión de amparo, el efecto sería únicamente para que la norma no le sea aplicada al promovente en lo futuro, no así para que sea adicionada, reformada o derogada, ni mucho menos para que no se aplique a diversas personas (importantes o exportadores), atendiendo al principio de relatividad, pues de considerar lo contrario, implicaría que a través del juicio de amparo, se podría exigir tanto al Ejecutivo como a autoridades legislativas, a emitir leyes o disposiciones de carácter reglamentario, en un determinado sentido; por lo que en todo caso, la pretensión del quejoso resulta inatendible. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro. Época: Novena Época, Registro: 192846, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Noviembre de 1999, Materia(s): Constitucional, Común, Tesis: P./J. 112/99, Página: 19. En mérito de lo anterior, al no acreditarse el interés legítimo del quejoso, con fundamento en el artículo 113 y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda por notoriamente improcedente. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 57/2017, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo no simple (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable." Con similares consideraciones se pronunció el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, al resolver la queja 369/2019, en sesión de treinta de enero de dos mil veinte. Notifíquese, vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Alberto Torres Rivera, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos de lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con el oficio CCJ/ST/2243/2020, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido por el Secretario Francisco De Paz Becerril, quien autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad de México, a veintisiete de agosto de dos mil veinte. Vista la demanda de garantías promovida por Manuel Abascal Díaz, por su propio derecho, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 752/2020 IV. Con fundamento en los artículos 21 y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de junio de dos mil veinte, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Del estudio integral de la demanda de mérito que autoriza el artículo 114 de la Ley de Amparo, se aprecia que ésta contiene irregularidades que deben subsanarse por la parte promovente, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento. En tales condiciones, con apoyo en los artículos 108, fracción IV, 110 y 114, fracción I, II y IV de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, por escrito y bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: a) Cabe destacar que el promovente señala como acto reclamado "la expedición del Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales a la Importación y Exportación" en su carácter de autoaplicativo, es decir con motivo de su entrada en vigor, y por otra parte refiere combatir su cumplimiento y ejecución por parte del Administrador General de Aduanas, sin precisar el acto en específico; lo que genera incertidumbre respecto del carácter con el que combate la disposición que se tilda de inconstitucional. Sirve de apoyo a lo anterior las jurisprudencias P./J.55/97 y 2a./J. 95/2005, de rubros: LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Época: Novena Época, Registro: 198200, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Julio de 1997, Materia(s): Constitucional, Común, Tesis: P./J. 55/97, Página: 5. LEYES AUTOAPLICATIVAS COMBATIDAS CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. CUANDO LA DEMANDA ES EXTEMPORÁNEA RESPECTO DE ÉSTE, TAMBIÉN LO ES EN RELACIÓN CON LA LEY, AUN CUANDO NO HAYA TRANSCURRIDO EL PLAZO DE 30 DÍAS PARA SU IMPUGNACIÓN. (Época: Novena Época, Registro: 177265, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Septiembre de 2005, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 95/2005, Página: 328.) En consecuencia, deberá indicar cuál es el acto de ejecución que en concreto le atribuye al Administrador General de Aduanas, y que se materializó en su perjuicio, así como las circunstancias de modo tiempo y lugar en tuvo conocimiento del mismo, omitiendo insertar calificativos, antecedentes y/o argumentos en vía conceptos de violación que demeriten su claridad y fijación de la litis constitucional, apercibido que de no hacerlo, no se tendrá como autoridad responsable ni como acto reclamado los citados. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis de jurisprudencia número XX.57 K, que a la letra dice: ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTIAS. (Registro 202856, visible en la página 871, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 1996, Novena Época, Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito). Así como por similitud la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, bajo rubro y textos siguientes: ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACIÓN SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD. (No. Registro: 239,099 Jurisprudencia Materia(s): Común: Séptima Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación 18 Tercera Parte Tesis: Página: 159 Genealogía: Informe 1969, Segunda Sala, tesis 4, página 116. Informe 1970, Segunda Parte, Segunda Sala, página 25. Apéndice 1917-1985, Octava Parte, tesis 8, página 16.). b) Asimismo, deberá exhibir original y seis copias de su escrito aclaratorio, tres para emplazar a las autoridades responsables, una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y dos más para tramitar el incidente de suspensión. Se cita en apoyo por su aplicación analógica, la jurisprudencia P./J.36/2001, la cual establece literalmente lo siguiente: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. (No. Registro: 189,977, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XIII, Abril de 2001, Página: 79) Importa destacar que el requerimiento que antecede únicamente podrá ser desahogado por el promovente no así por las personas que éste autorice en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, dada la responsabilidad penal que, de la protesta de decir verdad, pudiera derivarse. Sirve de apoyo a lo anterior, aplicada por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 88/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que es del tenor siguiente: DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. No. Registro: 189,977, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XIII, Abril de 2001, Página: 79). Así como la Jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.), del siguiente rubro y texto: AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. (Registro: 2007285, Décima Época, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Asimismo, en atención a las solicitudes del quejoso, con fundamento en el artículo 3, 26, fracción IV, 30, párrafo primero fracción II y 31, fracción III de la Ley de Amparo, así´ como en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, numerales 35, a 38 y 55, en relación con el diverso 23 del citado Acuerdo General 21/2020, se instruye al Actuario Judicial adscrito para que las notificaciones que deriven del presente asunto, incluso las personales se practiquen a la parte quejosa vía electrónica por conducto del usuario "VHMAYA", toda vez que se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, autorización que de conformidad con el último párrafo del artículo 57 del primero de los Acuerdos citados, lleva implícita la necesaria para la consulta del expediente electrónico. Se autoriza en términos de la primera parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Víctor Hugo Maya Bernal, quien tiene inscrita su cédula profesional en el registro correspondiente y con apoyo en la última parte del segundo párrafo del numeral en cita, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que menciona, así como a Rafael Lara Liy, limitación que se le establece hasta en tanto el profesionista registre su cédula profesional que lo acredite como licenciado en Derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales y hecho lo anterior lo haga del conocimiento en el expediente en que se actúa, a través de nueva promoción. Ahora bien, conforme a lo determinado en el Acuerdo General 11/2017, del cinco de septiembre de dos mil diecisiete, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan los alcances de la protección del nombre de personas físicas o morales contenido en los distintos instrumentos jurisdiccionales, se determina que el presente asunto no guarda relación alguna con algún supuesto de información sensible, por lo que en la versión pública de este proveído y de los subsecuentes, así como en la lista de notificación respectiva, no deberá suprimirse el nombre de las partes. No obstante lo anterior, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 108 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, aunque las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales distintos del nombre. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Francisco De Paz Becerril, quien autoriza. Doy fe.

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