Manrique Robledo Romero

Expediente 2465/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 11 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
2465/2019
Año
2019
Actuaciones
11
Última actuación
30/06/2021

Partes del expediente

  • Manrique Robledo Romero
  • Cristian Noel Aceituno Castillo
  • Manrique Robledo Romero y Otros.
  • Cristian Noel Aceituno Castillo y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Vista la cuenta, téngase por recibido el sobre que contiene el oficio 6209, dirigido al Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa de Suchiate, Chiapas, devuelto por el Servicio Postal Mexicano, con residencia en esta ciudad, por los motivos que en él expone. En consecuencia, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa en su numeral 2, agréguese únicamente para que obre como corresponda el citado sobre, en virtud que en proveído de doce de abril de dos mil veintiuno, se ordenó el archivo del presente asunto.

  2. Principal

    Agréguense a los autos los sobres que devuelve el Servicio Postal Mexicano, de esta ciudad, que contiene los oficios 15929, 101 y 3446, dirigidos al Fiscal del Ministerio Público, adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa de Suchiate, Chiapas, por los motivos que expone. En mérito de lo anterior; y sin hacer mayor pronunciamiento, se ordena reexpedir los citados oficios a la autoridad correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar en razón, en razón que el presente asunto se encuentra concluido

  3. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede se advierte que transcurrió el plazo de quince días, que el artículo 202 de la Ley de Amparo, concede para interponer recurso de inconformidad, contra el auto de cinco de marzo de dos mil veintiuno, mediante el cual se declaró por cumplida la sentencia emitida por este órgano jurisdiccional, sin que las partes interesadas lo hubiesen hecho; en consecuencia, se tiene por consentida dicha determinación. En razón a que el presente asunto se encuentra concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena su archivo; glósese a los autos el original del incidente de suspensión y hágase las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales; publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al ubicarse en la hipótesis prevista en la fracción I del inciso b) del artículo 18 de dicho acuerdo, se considera que es susceptible de depuración el presente expediente, toda vez que por una parte sobreseyó y por la otra se concedió el amparo de la Justicia Federal; asimismo, que no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en la caratula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Consecuentemente, una vez que transcurran tres años, contados a partir de esta fecha, procédase a transferirse este juicio de amparo, así como el original del incidente de suspensión, previo aviso a la Dirección General de General de Archivo y Documentación. Posterior, procédase a la depuración del presente juicio de amparo, debiéndose generar previamente los documentos por duplicado que establece el artículo 29 del Acuerdo General de mérito, a efecto de tener plena identificación del expediente destruido

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, con el propósito de declarar lo procedente acerca del cumplimiento de la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo. El artículo 77, de la Ley de Amparo dispone: "Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso en delitos que la ley no considere como graves, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto de vinculación a proceso y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." De acuerdo con el numeral antes transcrito, la sentencia que conceda el amparo y protección de la Justicia Federal tendrá por objeto restituir a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exige. En ese contexto, en sentencia de doce de noviembre de dos mil veinte (foja 47 a 61), este Juzgado Federal resolvió por una parte sobreseer y por otra conceder la protección constitucional a Manrique Robledo Romero y Cristina Noel Aceituno Castillo, contra el acto reclamado al Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa de Suchiate, Chiapas y a la Coordinadora de Ministerios Públicos Foráneos de la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa Fronterizo Costa, respectivamente, y para que, ésta última autoridad, realizara lo siguiente: ? ".Proceda a dar respuesta inmediata y congruente a la petición que le formularon por escrito el veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, lo cual deberá ser notificado en el domicilio que señalaron para tal efecto, conforme lo establece el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo anterior a fin de restituirle en el goce de su garantía individual violada..." Mediante proveído de siete de enero de dos mil veintiuno (foja 67-68), causó ejecutoria la sentencia amparatoria, al no ser recurrida por alguna de las partes, no obstante encontrarse legalmente notificadas de ello; y, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 192, de la Ley de Amparo, se requirió su cumplimiento a la Coordinadora de Ministerios Públicos Foráneos de la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa Fronterizo Costa. Por auto de veintiséis de enero del actual (foja 8687), se agregó el oficio signado por la Coordinadora de Ministerios Públicos Foráneos de la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa Fronterizo Costa, remitiendo constancia respectiva, esto es, en acuerdo dictado el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve en la Carpeta de Investigación 285-0350504-2019, del índice del Fiscal del Ministerio Público Investigador de la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa en esta ciudad, da contestación al escrito de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, suscrito por los quejosos, lo cual les fue notificado a través del oficio 250/2020, de veintitrés de noviembre de dicho año, en el cual les remiten copias de tal acuerdo. En esa guisa, se tiene que con la determinación de la autoridad responsable, Coordinadora de Ministerios Públicos Foráneos de la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa Fronterizo Costa, se ha restituido a la parte quejosa el goce de la garantía reclamada, pues la autoridad en mención dio respuesta inmediata y congruente a la petición que le formularon por escrito el veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, lo cual se notificó en el domicilio que señalaron para tal efecto, conforme lo establece el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo anterior a fin de restituirle en el goce de su garantía individual violada, ello en cumplimiento al fallo protector. En consecuencia, toda vez que transcurrió el término otorgado a la parte quejosa, sin que haya realizado manifestación alguna, lo procedente es declarar cumplida la sentencia de mérito, en términos del artículo 196, de la ley de la materia. Es aplicable a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 414, tomo IV, octubre 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Al igual que la diversa jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 203, tomo VI, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes y las anotaciones en el libro de corresponda.

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